¿Se imagina el lector cómo un juez hubiera actuado en una hipotética fuga del vasco Lariz Iriondo, cuando estaba por ser extraditado a la Argentina? ¿Y la Policía? ¿El juez hubiera indicado que no se cometieron delitos por tratarse, el arresto que cumplía el preso, de carácter administrativo, dejando por ello en libertad a todos sus cómplices? En nuestro país existen bastantes ejemplos de acciones de la Justicia y de la propia Policía que, obviamente, en el caso que ejemplarizamos, no hubiera tratado de convencer antes de disparar, aunque – reconozcámoslo – en este caso su diligenciamiento y efectividad fue sorprendente Todo lo ocurrido por estos días es más que extraño y está lleno de conjeturas, de suposiciones, de malos entendidos, que alguien debería aclarar, más allá de que se deberían dar explicaciones sobre lo ocurrido y responder si realmente es verdad la versión que el coronel Gilberto Vázquez abrió la puerta del consultorio en que se encontraba en el Hospital Militar, salió caminando y por los corredores, atestados de gente, se escapó del nosocomio por la salida principal. ¿No tuvo ayuda exterior? ¿Por qué el juez Fernández Lecchini recién lo interrogará al término de la feria judicial de invierno y por qué no lo hizo, de manera urgente, al momento de ser detenido? ¿Es verdad que el detenido portaba un carné que lo acreditaba como funcionario de INTERPOL y una célula falsa? Si ello es así, ¿cómo las obtuvo? Y las armas: ¿cómo estaban en su poder? Son todas interrogantes que nos hacemos y que seguramente nadie develará, porque al parecer este coronel Vázquez, está amparado por un código del honor especial, el de los militares. Un militar que fue uno de los principales responsables de la base clandestina Valparaíso, que funcionara junto al zoológico de Villa Dolores y donde estuvo recluida - entre otras personas - María Claudia de Gelman, y que recién ahora puede haber mancillado el honor militar para lo que se convoca a un Tribunal de Honor que analizará su situación. Base clandestina que se caracterizaba por utilizar automotores con apariencia de taxímetro para los “operativos” que realizaban sus responsables en la ciudad, por supuesto, siempre bajo las órdenes del actual coronel retirado Gilberto Vázquez, acompañado por algún otro militar cuyo nombre aparece ahora también como vinculado a la circense fuga del retirado que pasaba sus “vacaciones” en dependencias militares y recibía sus visitas en el propio despacho del general, jefe de ese importante comando militar. Alguien decía alguna vez que "el honor es a los militares como la música militar es a la música". Y, por supuesto, que algo de eso hay, porque ese Tribunal de Honor de sus pares en todo caso, en la peor de las opciones, en la más desfavorable a Vázquez, si se entiende que “enlodó el honor de las Fuerzas Armadas”, puede determinar que él en persona no haga efectivo el 100 por ciento de su retiro militar, el que no le sería suspendido ni anulado, sino dividido. El tendrá derecho a una parte y su familia a otra, sin ninguna quita. Esa es la sanción más drástica, la que se llama "pase a reforma" Además, por supuesto, de no poder usar el uniforme y de tener que afiliarse a una mutualista, porque no podrá seguir recurriendo para ser atendido al Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Las otras van desde la amonestación simple, hasta el aplauso - me imagino - con felicitaciones de la mesa. Por supuesto que este triste personaje no será juzgado por sus andanzas en la base Valparaíso, ni por haber torturado o, presuntamente, haber hecho desaparecer a algún detenido. Ello no les importa a los militares que consideran que estaban cumpliendo “con su misión” y respondiendo a “órdenes de la superioridad” Será juzgado, palabra que también es un eufemismo, por haberse fugado del Hospital Militar, no cumpliendo la palabra empeñada con el comandante del Ejército, teniente general, Carlos Díaz y desoído las reglas del juego establecidas con el grupo Gavazzo, que ahora en la Cárcel Central, espera que se sustancien los extremos de los trámites judiciales, que los magistrados actuantes de la otra orilla puedan convencer a Fernández Lecchini de que existe mérito para el traslado contestando las trece preguntas que les envió el magistrado uruguayo, que podrían determinar o no la extradición del grupo o de alguno de sus integrantes para ser juzgados en la Argentina. La mafia de Pinochet Lo que ocurre es que debe existir preocupación entre el grupo Gavazzo, o “patota de la OCOA”, como motejan algunos, porque los antecedentes de impunidad se han comenzado a destruir y, para poner un ejemplo aleccionante, de los tres militares extraditados a Chile, al parecer, uno de ellos tiene que responder la acusación, al parecer fundada, de haber participado directamente en el asesinato del químico chileno Eugenio Berrios. Y eso no es todo lo que ocurre. El general Manuel Contreras, quién a perdido todos los límites y habla sobre la época de plomo sin ningún tipo de límites, lo sigue haciendo. La información de la agencia Notimex da cuenta de declaraciones de este general director de la Dina, que involucran a Augusto Pinochet y a Eugenio Berrios, en el tráfico de drogas. ¿Otro velo que se descorre? Si los militares uruguayos que ayudaron al operativo Berrios, que terminó con el asesinato del químico chileno cuyo cadáver apareció en Parque del Plata, creían que estaban colaborando con los servicios de inteligencia trasandinos, también se equivocaron. Ni siquiera eso les quedó. Estaban actuando en favor de una organización mafiosa, encabezada por el ex dictador chileno, destinada a enriquecerlo de la peor manera. ¿O es que hay una relación entre los servicios de inteligencia y las organizaciones mafiosas? El ex jefe de inteligencia de la dictadura militar chilena, aseguró que Pinochet y su familia obtuvieron su millonaria fortuna gracias al tráfico de drogas y armas. La edición digital del diario chileno La Nación precisó este domingo que "la fortuna amasada por el ex dictador se debe al tráfico de drogas realizado por su hijo Marco Antonio junto al empresario chileno de origen sirio Edgardo Bathich". En esas operaciones también habría participado, según informó a la justicia chilena, el químico Eugenio Berríos, quien trabajaba para la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), aparato represor de la dictadura (1973-1990) que dirigió Contreras. Contreras entregó hace unos días un informe al juez Claudio Pavez, quien investiga el crimen en 1992 del ex agente de inteligencia, el coronel Gerardo Huber, donde vincula a la familia Pinochet con ese crimen y con actividades ilícitas, indicó La Nación. El diario informó que el juez Pavez interrogó a Contreras por el crimen de Huber porque éste había pertenecido a la Dina mientras el primero se desempeñaba como jefe de ese órgano de inteligencia, desarticulado en la década de los 70. Contreras, quien estuvo 11 años en prisión por el crimen del ex canciller Orlando Letelier en Washington en 1976, cumple en la actualidad condena en una cárcel militar por la desaparición de un militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) en 1975. La Nación acotó que Contreras "asegura en su informe que cuando Huber se hizo cargo del Complejo Químico del Ejército, a mediados de los 80, el químico de la Dina, Eugenio Berríos, junto a otro `cocinero", se encargaban de elaborar cocaína `negra" o `rusa"". "La fórmula para fabricarla era mezclar el alcaloide con sulfato ferroso y otras sales minerales para ayudar a que éste se impregnara del pigmento, de modo que se adhiriera a distintas superficies y careciera del tradicional olor que permite detectarla", acotó. Contreras dijo, según la fuente, que "la elaboración de cocaína en el recinto del Ejército fue autorizada por la más alta autoridad del mismo (Pinochet), donde trabajó Berríos. En esta actividad habrían participado Marco Antonio Pinochet y Edgardo Bathich". Berríos fue asesinado por agentes de la Dina y de la Inteligencia de Uruguay en 1993, donde se encontraba oculto, primero apoyado y luego retenido por militares de ese país, para evitar declarar ante la justicia chilena sobre las operaciones de inteligencia del aparato represor. Añadió que la producción "era enviada a Estados Unidos y Europa, donde el pariente político de Bathich, el famoso traficante internacional de armas y drogas Monser Al Kassar, la distribuía para posteriormente enviar remesas a distintas cuentas". Un informe del Senado estadounidense divulgado en 2004 precisó que Pinochet y su familia tenían millonarias cuentas secretas en Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales, recursos por al menos 27 millones de dólares cuyo origen es investigado por la justicia. Podríamos seguir con detalles de este operativo que enriqueció al dictador chileno y en el que colaboraron militares uruguayos, tres de los cuales se encuentran en Chile, donde están siendo juzgados por el asesinato del siniestro Berrios en Uruguay. Si los militares uruguayos creían, como aquí los responsables de las Fuerzas Armadas, que se trataba de otra colaboración ínter militar, dentro de una etapa tardía del Plan Cóndor, se equivocaban. Al parecer estaban trabajando para uno de los más siniestros personajes de la historia de continente y allí, ninguno de ellos – incluso quién podría eventualmente haber apretado el gatillo como cree poder probar la Justicia chilena – ha sentido mancillado su honor militar ni reclamado ser juzgado por sus pares. ¿Es que también cumplían órdenes? Tampoco a ningún comandante del Ejército se le ocurrió convocar un Tribunal de Honor para analizar la acción de militares en actividad que actuaban a favor – ahora lo sabemos – de una organización presuntamente mafiosa que actuaba en el tráfico de drogas. - Carlos Santiago es periodista, secretario de redacción de Bitácora.