En este artículo intentamos demostrar y denunciar la forma como una de las ONG, que se encuentran trabajando el tema de la conservación y el desarrollo comunitario en Centroamérica, en las áreas definidas por el Banco Mundial, como de importancia para el Corredor Biológico Mesoamericano, obtienen el apoyo de los donantes internacionales en esta materia y desarrollan sus funciones fraudulentas, que luego de más de 15 años y millones de dólares invertidos por la comunidad internacional no han generado absolutamente ningún impacto. En el mismo nos concentraremos en una empresa de conservación de estas características, apoyados en nuestra experiencia empírica en trabajos realizados en otros países de Centroamérica, podemos decir que la mayoría de estas empresas vinculadas al Corredor Biológico Mesoamericano, poseen un accionar similar. Este artículo refiere a una denuncia sobre el funcionamiento de la Organización No Gubernamental, Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación –FUNDAECO-, en las áreas del Caribe de Guatemala. Esta empresa autodefinida como ONG de conservación (Abaziou, 2005), originada en el seno de la clase política de Guatemala, posee una historia de más de 15 años de trabajo en el tema de la conservación de áreas protegidas. Bajo este título y al amparo de la estructura política más totalitaria de Centroamérica, (Castillo, 2003), es que el hijo del ex Presidente Cerezo Arévalo (1985 – 1990), ha logrado numerosas fuentes de financiamiento internacional y nacional, que han servido para multiplicar condiciones de vida típicas de la oligarquía guatemalteca. Estos recursos, destinados al desarrollo de comunidades indígenas Maya Q’eqchi’ y a la conservación de áreas protegidas en el departamento de Izabal, de Guatemala, son completamente malversados en un complejo sistema burocrático, que se ha vuelto muy eficiente para engañar a las entidades financieras internacionales. Esta ONG, con una amplia trayectoria, ha recibido una evaluación de funcionamiento en el año 2005, por un grupo consultivo Colectivo de Investigación Sociolaborales (COISOLA, 2005). En el año 2006, se me contrató para asesorar programas de desarrollo, en una de las oficinas responsables de una extensa región en la Sierra Santa Cruz en el departamento de Izabal, en la costa caribe de Guatemala. Como resultado de mis funciones me he visto envuelto en una serie de procesos de manipulación y fraude a las comunidades indígenas de la zona, lo que motivó mi renuncia al trabajo y la confección de un informe de denuncia, en el cual se expresan ciertos detalles del accionar de estas empresas, que actualmente se multiplican en la región Centroamericana, con intenciones ocultas y con el apoyo siempre intencional de organizaciones muy orientadas a la conservación, pero con fuertes vínculos con las empresas petroleras y farmacéuticas (Choudry, 2003). Ubicación en el corredor biológico Mesoamericano El Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), fue concebido en el seno del capitalismo Neoliberal como alternativa para la protección de los recursos genéticos que en la región Centroamericana existen (Barreda, 2002). Centroamérica es la segunda región en biodiversidad del planeta (Barreda, 2002), que se ha puesto en peligro a partir de la puesta en marcha del Plan Puebla Panamá, que consiste en un megaproyecto de industrialización y de infraestructura mercantil y maquiladora en la región (Sur de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), propuesto y financiado por el BM. Este proyecto representa un proceso de deterioro ambiental y social (Valenzuela, 2003), para toda la región lo que ha llevado a los intereses principalmente de la industria biotecnológica y farmacéutica a adoptar fuertes medidas de conservación en las áreas de mayor biodiversidad, con la intención de conservar los recursos genéticos, imprescindible insumo para la industria más rentable del planeta (Barreda, 2002). Para ello han diseñado una política de apoyo a organizaciones que se dicen llamar ambientalistas, pero únicamente la estrategia está orientada al apoyo financiero a organizaciones con cierto espacio político es decir, con vínculos dentro del poder político de estos países en los sectores que apoyan el desarrollo industrial y mercantil, pero que a su vez poseen una visión burguesa, excluyente y totalitaria sobre el aprovechamiento y protección de los recursos naturales. Estas características en las organizaciones presentes ha permitido a los intereses de la industria biotecnológica, asegurarse un espacio en la protección y aprovechamiento indiscriminado y sin compromisos sociales sobre los recursos naturales de una de las regiones más ricas del planeta. La estrategia principal es dotar de recursos económicos a las organizaciones que se encuentran trabajando en estas áreas, parte de ese apoyo financiero está dirigido a la compra de tierras de interés para la conservación, con el fin de privatizar estas áreas a nombre de las ONG, quitando de esta manera la capacidad de intervención del estado sobre el uso de esos recursos existentes (Bravo, 2004). Por último, la militarización a través de sofisticados paquetes de vigilancia privada con la intención primera de desplazar a los pobladores autóctonos de las áreas sin tomar en cuenta su participación en la toma de decisiones y por lo tanto la no participación en la soberanía de los pueblos que han poseído históricamente estas tierras, generando complejos sistemas de interacción con la naturaleza. Para ello, como decíamos antes, es necesario trabajar con organizaciones, carentes de conceptos de soberanía, absolutamente incapaces técnicamente de realizar análisis de los procesos de la industria biotecnológica (Birriel, I 2006), que están gestadas en el seno del poder político centroamericano, con políticas arcaicas, absolutistas y de una visión y acción totalmente burguesas. Por todo esto es que el principal objetivo de estas ONG, es conseguir el financiamiento para reproducir su estilo de vida, representante de las oligarquías. Así es que adoptan actitudes de absoluta docilidad a los intereses de los donantes internacionales, interesados especialmente en la conservación y explotación indiscriminada de los recursos naturales. Es el caso de Guatemala, en que las ONG ambientalistas cabildean políticas que tienden a liberar el aprovechamiento de la biodiversidad por entidades de investigación extranjeras, a cambio de fuentes de financiación para el supuesto funcionamiento en proyectos de desarrollo que nunca se consolidan (oro por cuentas de vidrio que beneficia a una minoría representante de la clase política). La ONG, ambientalista Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO), trabaja principalmente en la zona de Izabal, en la región Caribe de Guatemala. Exactamente en el departamento donde se encuentra la mayor biodiversidad, de uno de los países más diversos del mundo (Universidad Rafael Landivar, 2004). Cumple claramente con las condicionantes antes planteadas, actuando por completo en un régimen de total entrega a los intereses internacionales de las multinacionales de la Biotecnología y en una actitud absolutista, racista y manipuladora de los intereses de las comunidades indígenas locales (Birriel, 2006). Esta empresa gestada en la propia casa presidencial (debido a que el Director General Marco Vinicio Cerezo Blandón, es el primer hijo del presidente de la época 1985 - 1990, Marco Vinicio Cerezo Arévalo), posee actualmente el control de cuatro áreas protegidas, en algunas de estas es propietario de las tierras, obtenidas en forma irregular durante el gobierno de Cerezo Arévalo y otras obtenidas a través de convenios de cooperación bilateral con la organización internacional The Nature Concervancy (TNC)(1). ¿De que conservación estamos hablando? Es necesario en este momento orientar la discusión en torno al tema conservación, desarrollo comunitario sustentable y cómo esta empresa representativa del proceso que se está dando en Guatemala actúa (hemos elaborado un informe de denuncia completo, que se puede solicitar al autor de este artículo). En el trabajo personal hemos podido determinar un exagerado número de irregularidades en las que incursiona FUNDAECO, en función de mantener su ineficiente y exagerada estructura. Describiendo rápidamente esta institución podemos decir que la característica principal del funcionamiento de la misma, es la ineficiencia, la falta de capacidad de sus funcionarios, la manipulación de la población de base (las comunidades indigena a las que está dirigido principalmente el financiamiento internacional), el machismo, racismo y absoluto abuso de poder. Características completamente consecuentes con el origen Burgués, Aristócrata de sus principales Directivos. Esta empresa fue evaluada en el año 2005, por un grupo consultivo Colectivo de Investigaciones Sociolaborales (COISOLA, 2005), después de más de 15 años de funcionamiento. El resultado de dicha evaluación arrojó nefastas conclusiones para la ONG, demostrando la absoluta incapacidad de la estructura para desarrollar los objetivos y misión para la que fue concebida. Actualmente está encargada de administrar las áreas protegidas en la región:“Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil”, “Área de protección especial Sierra Santa Cruz”, “Área de protección especial Río Sarstún” y “Área de protección especial Sierra Caral”. Este derecho de administración, la empresa lo ha logrado a partir de la obtención en forma no clara, de tierras nacionales ubicadas en el corazón de estas áreas. Es decir el presidente Cerezo Arévalo, generó un mecanismo justificado en la conservación de áreas aún con cobertura boscosa de buena calidad, para convertir a su hijo mayor en un Latifundista de la Conservación, ya que son más de 30,000 hectáreas (identificadas por mí), las que actualmente posee la ONG, FUNDAECO en su poder. Este hecho simple de poseer en forma privada las áreas con mayor diversidad de la región, ubican a esta empresa en un punto de privilegio ante los intereses colonizadores de las empresas de la biotecnología. Por lo tanto, basados en este sencillo hecho es que el financiamiento internacional destinado a la conservación de la naturaleza y al desarrollo humano sostenible de las comunidades indígenas que habitan en las áreas protegidas, debe ser destinado a la entidad que se encuentra administrando el área. El mismo representa un círculo vicioso, compuesto por la realidad de que FUNDAECO posee el derecho privado sobre las tierras a proteger por el financiamiento internacional, quedando de rehén las comunidades más pobres ubicadas en la zona. Este círculo tiende a ser cada día más grande, debido a la asociación de FUNDAECO con una de las empresas de la conservación más grandes del mundo, como es el caso de TNC (Proyecto FUNDAECO - TNC, 2005), la cual esta financiando la compra de tierras en áreas de interés para la conservación a nombre de FUNDAECO. En el área de protección especial “Río Sarstún”, donde FUNDAECO no posee ninguna ventaja comparativa como la posesión de tierras sobre los demás actores que existen en la zona (organizaciones comunitarias y otras ONGs), esta empresa se vio obligada a efectuar acciones en función de la declaratoria legal del área como protegida y el nombramiento de FUNDAECO, como administrador principal del área. Me quiero referir a acciones de cabildeo político ante el congreso de Guatemala, empujado por los actores políticos vinculados a la familia Cerezo, llevando el tema a la declaración formal de Área como protegida y la adjudicación de la administración de la misma a FUNDAECO. Este tremendo atropello de absolutismo, prepotencia y racismo, al no consultar a las organizaciones indígenas presentes en la zona, provocó un conflicto en el área (Mayo de 2005), llevando a las comunidades a oponerse totalmente a la intervención de FUNDAECO en el área e incluso a la expulsión de equipos de Investigaciones Biológicas del área (Testimonio local de un Investigador del Centro de Investigaciones Biológicas de FUNDAECO). Como consecuencia de la declaratoria del Área de “Río Sarstún”, se detuvieron los procesos de certeza legal de las tierras indígenas, las comunidades locales han perdido absolutamente la confianza con respecto al manejo de áreas de conservación y FUNDAECO hasta la actualidad no ha podido entrar más al área, lo que representa un absoluto fraude ante los donantes internacionales [Real embajada de los Países Bajos (Justicia Ambiental y Desarrollo), Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFMA) y Noruega (NORAD)] que han financiado proyectos de conservación y desarrollo sustentable comunitario en la zona. El Área de Protección Especial “Sierra Santa Cruz”, representa lo contrario a la anterior, debido que en esta existen más de 25.000 Hectáreas a nombre de esta institución, las cuales fueron otorgadas a FUNDAECO, en el gobierno de Cerezo Arévalo(2), dotando a la institución de una seguridad total sobre el accionar en la zona ya que posee la propiedad privada y por lo tanto el total control sobre la misma. Estas áreas en ese momento se encontraba poblada por veintisiete comunidades Maya Q’eqchi’, las cuales estaban gestionando la certeza jurídica del área desde el año 1.987. En los documentos que se defiende este hecho de adjudicación se expresa claramente que el área no estaba poblada, lo cual es una falsedad absoluta, ya que existían comunidades con más de veinte familias dentro del área y con explotación de las tierras allí presentes(3). Este hecho expresa las intenciones excluyentes, absolutistas, claras representantes del modelo de áreas protegidas que ha predominado en el siglo veinte (Colchester, 2002). Estas comunidades han desarrollado una dura batalla en conjunto con organizaciones indígenas (Coordinadora Nacional Indígena y Campesina) y la Iglesia (Comisión Pastoral de la Tierra de Livingston), en reclamo de la certeza jurídica de sus tierras históricamente posesionadas y conservadas. Este proceso que se viene desarrollando desde el año 1992, aún no ha tenido definiciones a favor de las comunidades indígenas y verdaderas poseedoras de la tierra. Esta empresa fraudulenta (FUNDAECO), se ha embarcado en un proceso de engaño y robo caracterizado por el machismo, racismo, abuso de poder, con absoluta tendencia a la exclusión de las comunidades y organizaciones indígenas en los espacios de decisión. El tema de la Tierra, uno de los más importantes en Guatemala (Castillo, 2003), se está resolviendo de una manera demasiado lenta y en un proceso muy favorable para FUNDAECO ya que esta empresa, a través del engaño y la manipulación, está literalmente robando tierras indígenas, resolviendo el tema legal de la certeza jurídica con la legalización de porciones muy reducidas de las tierras históricamente poseídas por las comunidades (Birriel, 2006). Es así, que esta empresa recauda anualmente más de 2.000.0000 de dólares, en nombre de la conservación y el desarrollo humano sustentable en las áreas protegidas, que provienen de financiamiento internacional, principalmente Países Bajos, Francia, Noruega y una buena parte de convenios efectuados con el estado de Guatemala. Así como lo especifica el informe de evaluación elaborado por el Colectivo de Investigaciones Sociolaborales (COISOLA, 2005), en el año 2005 y como se especifica claramente en un informe elaborado por mí en Mayo de 2006 (Birriel, 2006), nada de esta inversión Nacional y extranjera llega a las comunidades transformada en proyectos de conservación y desarrollo. El capital económico aportado por las entidades financieras, se pierde totalmente en el mantenimiento de una exagerada y totalmente ineficiente planilla de funcionarios (en FUNDAECO, existen más de 50 técnicos, los cuales no poseen formación adecuada y cobran salarios muy por encima de la realidad local), en infraestructura, etc. Se justifica esta modalidad de acción, sólo en la visión urbana y capitalista de los directores de la empresa, quienes engañan, mienten y cometen constantes irregularidades en función de mantener un estilo de vida propio, completamente consumista que posterga las necesidades de las comunidades indígenas a un segundo plano. Para la reflexión La información vertida en los espacios anteriores, nos conduce a entender el por qué de la existencia de estas instituciones fraudulentas en las áreas correspondientes al Corredor Biológico Mesoamericano. Claro está que los intereses colonialistas son los que dirigen las acciones en las áreas protegidas, con la más inmediata intención de obtener el derecho a la intervención y saqueo de la biodiversidad local. Que mejor para esto que asociarse con los dueños de las mismas, con un fuerte vínculo político que además, embebidos en su propio absolutismo y total incapacidad de análisis, son quienes hacen el trabajo sucio, entregando el oro por cuentas de vidrio. Encargándose del engaño a las comunidades locales, el robo indiscriminado de tierras comunales, el engaño a donantes bienintencionados y exponiéndose a las críticas de la opinión pública Mundial. Estas instituciones dóciles sólo aspiran a solventar sus necesidades consumistas, dejando que la gran riqueza de América Latina fluya incontroladamente hacia el norte, donde será transformada en la compleja industria biotecnológica, regresando al sur en forma de nuevos instrumentos de dominación. El Corredor Biológico Mesoamericano, es un completo fraude y una estrategia Neoliberal para de, alguna manera, solventar las pérdidas naturales que predicen el Plan Puebla Panamá y los Tratados de Libre Comercio. Con absoluta intención económica es que se están comprometiendo ONGs fraudulentas, gestadas en el propio proceso político que ampara los megaproyectos de infraestructura regional y que por lo tanto no están dispuestas a generar acciones en función de la conservación y el desarrollo sustentable real de las comunidades indígenas. - Ignacio Birriel es uruguayo, Dr. en Medicina Veterinaria, Especialista en Agroecología y Organización Campesina. Referencias: Abaziou, G. 2005. “Hacia una gestión comunitaria de los espacios forestales de la reserva forestal privada, Finca Chocón, Guatemala. 72 pag. Tesina MST AMVDR (versión español), Universidad de Rennes 1, France. Barreda, A, 2002. "Economía política del Plan Puebla Panamá".editorial Itaca. Ciudad de México, México. Birriel, I. 2005. Diagnóstico preliminar del uso de recursos naturales y biodiversidad, en el área q’eqchi’, de “Sierra Santa Cruz”, y “Cerro San Gil”. Departamento de Izabal, Guatemala. Birriel, I 2006. Una estrategia regional, cultural, para la conservación de variedades de Maíz, en Guatemala, amenazada por la introducción de ayuda alimentaria de E.E.U.U. Revista América Latina en Movimiento 11/01/2006. http://alainet.org/active/show_text.php3?key=7835. Birriel, I. 2006. Informe entregado a la dirección del proyecto de NORAD. Oslo, Noruega. Versión digital. Izabal, Guatemala. Bravo, E, 2004. Las áreas protegidas y la privatización de la vida. Revista Biodiv ersidad, Julio, 2004. Montevideo, Uruguay. Castillo, I. 2003. Desde los Siglos del Maíz Rebelde. Ediciones CEIBAS. Guatemala Ciudad, Guatemala. Choudry, A. 2003.Revista Seedling de GRAIN de octubre de 2003. ". La versión en inglés puede consultarse en http://www.grain.org/seedling/?id=272. COISOLA. 2005. “Estudio sobre el impacto social y económico en la zona de izabal. Estudio realizado para el fondo francés por COISOLA (Colectivo de Investigaciones Sociolaborales: investigadores a cargo: Neus Serena & Cristóbal Aldana 74 pag. Guatemala ciudad, Guatemala. Colchester, M, 2002. ¿Parques de áreas silvestres o conservación comunitaria?. Boletín Nº 62 del WRM, septiembre de 2002. Montevideo, Uruguay. Proyecto FUNDAECO - TNC, 2005. Convenio firmado entre ambas instituciones con el objetivo de compra de tierras en el área protegida, Reserva protectora de manantiales “Cerro San Gil”. Circulación interna. Universidad Rafael Landivar. 2004. Perfil ambiental de Guatemala, Informe sobre el estado del ambiente y bases para su evaluación sistemática. Guatemala. Versión digital. Valenzuela, I. 2003. Documento elaborado en el marco del Grupo de Acción y Propuesta para el Peten. El Remate, Petén, Guatemala. Notas: (1) Esta entidad conservacionista, financia la compra de tierras a nombre de las ONGs locales y con fuerte poder político (Bravo, 2004), con la intención de privatizar las zonas de alta biodiversidad y adquirir total acceso a estos recursos a través de convenios dóciles con instituciones que se encargan de hacer el trabajo sucio (legislar a favor propio, excluir la participación local, militarizar las áreas excluyendo a la población local y entregar el rico patrimonio genético al precio de reproducir una costosa clase social ), con el objetivo de quitar inferencia del estado (suprimiendo de esta manera la soberanía nacional sobre los recursos naturales presentes en estas áreas). (2) Procedimiento irregular que llevo al embargo de las tierras por más de diez años y que se ha resuelto recientemente de manera oculta, con muy poca transparencia. (3) Agregado a esto, la zona está representada por un área de excelentes condiciones de conservación debido a que estas comunidades poseen un complejo sistema de trabajo agrícola, desarrollado a través de una convivencia milenaria con la naturaleza, que en reproducción de la culturalidad indígena permite la total compatibilidad del hombre y la naturaleza en esas condiciones (Birriel, 2005).