Esta semana los periódicos publicaron fotos de los soldados de adusto semblante que montan guardia en la frontera entre México y Estados Unidos. En ambos países, encendió protestas la decisión de comenzar el despliegue de miles de miembros de la Guardia Nacional en la frontera. También contradijo la benevolencia de la reforma migratoria que muchos proclamaban como un avance. Conforme las medidas de seguridad se instrumentan a todo vapor, los líderes de la Cámara de Representantes anuncian que deben estudiar la reforma en detalle antes de intentar una versión conjunta entre representantes y senadores. En la legislatura, la reforma migratoria parece haberse salido del carril de alta velocidad y, como las elecciones de mediados de noviembre complican el escenario político, puede quedar relegada hasta el año que entra. Dado el contexto actual, eso podría no estar tan mal. No hay duda de que la reforma migratoria es una urgente prioridad nacional. Que doce millones de personas vivan y trabajen sin ciudadanía, seguridad social o derechos laborales, lesiona su integridad pero también erosiona la base democrática de la sociedad, divide a las comunidades y fomenta el racismo y la discriminación. Un mercado laboral que impulsa una mano de obra migrante barata sin ofrecerle estatus legal envía mensajes confusos a la sociedad acerca del papel que juegan sus trabajadores. Estas profundas contradicciones deben resolverse. Pero las propuestas que están en la mesa hacen muy poco por resolverlas. La ley propuesta por la Cámara de Representantes miopemente interpreta la inmigración como un problema de crimen y castigo. La versión del Senado, siguiendo de cerca las propuestas planteadas por el presidente Bush, intenta reconciliar las necesidades de mano de obra con los llamados a la “seguridad fronteriza”. Pero no hay una manera lógica ni práctica de reconciliar el retrato de los migrantes como amenaza a la seguridad con su papel en el mercado laboral. Aunque ambas partes del perfil se basan en preocupaciones válidas, reflejan versiones tan contradictorias de la realidad y lecturas tan diferentes del problema que deberían separarse y formular políticas acordes a la distinta lógica de cada uno de estos desafíos nacionales. Arreglo en torno a una amplia reforma migratoria En la presentación de políticas públicas del 16 de mayo, el presidente Bush intentó ofrecerle un poco de algo a cada una de las partes. El Senado hizo lo mismo cuando pasó la ley Hagel-Martinez el 25 de mayo. Las propuestas de Bush y del Senado intentaban suavizar a la derecha anti-inmigrante, que se enfoca exclusivamente en la seguridad fronteriza, y al mismo tiempo darle seguridades a los intereses corporativos que buscan acceder a mano de obra. Pero al intentar tender un puente sobre la brecha que separa ambas versiones contradictorias de la moderna saga migratoria, las políticas anunciadas terminarán no satisfaciendo a nadie. Lo que es más, no funcionarán. La versión de compromiso trabajada por el Senado presenta un paquete mixto de reformas a la ley migratoria. Comienza por soltarle un hueso a los duros, afirmando la necesidad de brindarle seguridad a las fronteras de la nación sobre la premisa de que Estados Unidos ha perdido el control de su frontera sur debido al flujo masivo de inmigrantes ilegales. La militarización de la frontera ya comenzó y 6 mil tropas de la Guardia Nacional están programadas para agosto. También se incrementará la Patrulla Fronteriza. El plan presenta serios problemas, tanto prácticos como teóricos. En su discurso, Bush aludió al primer obstáculo práctico pero sin detalles—en la actualidad la Guardia Nacional se halla desplegada en Irak y está al borde de una crisis por falta de tropas suficientes y problemas de reclutamiento. En segundo lugar, una frontera militarizada—y no hay duda de que enviar tropas, sean permanentes o temporales es una militarización—conduce invariablemente a conflictos y a un incremento en las violaciones de derechos humanos. No son sólo los incrementos en la Guardia Nacional y en la Patrulla Fronteriza lo que duplicará el número actual de agentes del orden en la frontera. Están en marcha también planes para entrenar a oficiales estatales y locales que asuman esa tarea. Pedirle a los agentes del orden locales que rastreen a trabajadores indocumentados podría meter una cuña en las comunidades. Es más, en recientes entrevistas muchos agentes locales de los estados fronterizos han dejado claro que no quieren verse involucrados en este tipo de tarea, alegando que, dado lo limitado de sus recursos, buscar a los inmigrantes ilegales no es una prioridad en su labor de hacer cumplir la ley. Muchos gobiernos locales y estatales avizoran enormes querellas burocráticas, presupuestales y políticas si se meten a hacer cumplir las ordenanzas migratorias. Otras propuestas son igualmente impracticables. El plan de expandir los centros de detención y crear procedimientos de deportación express es demasiado costoso y probablemente conduce a violaciones de los derechos humanos y civiles. Imponer sanciones más estrictas a los empleadores ha resultado muy difícil de cumplir y dichas sanciones terminan usándose arbitrariamente para negar derechos laborales básicos. Incluso las medidas consideradas avances presentan enormes dificultades y desventajas. El esquema de legalización diseñado por el Senado legalizaría a menos de la mitad de los inmigrantes indocumentados que ya se encuentran en Estados Unidos y hacer cumplir las disposiciones, que implican la deportación del resto, sería oneroso, por decir lo menos. Los programas de trabajadores voluntarios tienen una historia de abusos. Es más, dado que la tendencia migratoria ha cambiado—de buscar trabajos estacionales a trabajar en empleos permanentes como los servicios o la manufactura—el programa de trabajadores voluntarios no es sino un ardid para convertir los empleos (con derechos y beneficios plenos) en contratos temporales (de bajos salarios con pocos o nulos beneficios), como lo apunta la AFL-CIO. Inmigración o seguridad En su dinámica y su negociación, la política fusiona diversos aspectos. Los políticos manipulan las emociones, a veces sin ingenuidad alguna, para elevar su popularidad y convencer a la gente de sus puntos de vista. Ambos procesos oscurecen el debate racional lo que, sobre todo en la reforma migratoria, ha devastado las soluciones reales. La crítica más importante a las medidas para “hacer segura la frontera” es que poco o nada tiene que ver la migración con dicha seguridad fronteriza. Las amenazas a la seguridad nacional como el tráfico de drogas y el terrorismo no están vinculadas con la inmigración ilegal excepto en casos puntuales y anecdóticos. La inmigración tampoco es un crimen que deba ser combatido como tal. A diferencia del asesinato o el robo, la inmigración misma no es un acto condenado universalmente como algo criminal. La historia de las leyes migratorias en este país prueba que las leyes cambian para conformarse a las realidades económicas y políticas, y a veces están a la zaga de forma significativa. Como ocurre ahora. Si los inmigrantes se vuelven legales o no depende de cómo una muy estrecha élite política considera su presencia en el país. Uno puede ser considerado legal al entrar a un país si es el número 500 e ilegal si es uno el 501, o legal si es uno cubano e ilegal si es haitiano. Como señala el propio presidente, ha habido muchos momentos en la historia del país en que los inmigrantes eran bien recibidos. Estos inmigrantes “buenos”—no es coincidencia que sean europeos y blancos—fueron considerados héroes y se volvieron los esenciales forjadores de la nación. La fusión de aspectos de seguridad con los de inmigración pinta a toda una población—no sólo a los trabajadores indocumentados sino crecientemente a los latinos en general—como criminales o como amenazas a la sociedad. Esa especie de brocha gorda utilizada es la cobertura perfecta para las tendencias extremistas. Miedo y repulsión en la frontera Si traer el asunto migratorio al centro del debate nacional es el resultado positivo de los últimos dos meses, lo negativo es que el debate se haya polarizado tanto. Aunque la gran brecha que divide los sentimientos de la población tiene que ver con qué tan abierta o cerrada está la frontera, la parte confusa es que no se centra en las políticas migratorias sino en una volátil mezcla de miedos y problemas que hallaron en el asunto migratorio el sitio propicio para brotar una llaga. Asumir en paquete la reforma migratoria y los asuntos de seguridad nacional confunde el debate y desata las profundas inseguridades de la sociedad. Pese a las masivas campañas en favor de los derechos de migrantes que expresaron su deseo de ser parte de la sociedad estadounidense—no de atacarla—los principales medios, los grupos vigilantes, los políticos y otros continúan relacionando espuriamente a los inmigrantes con los terroristas e incluso con la falsedad de que hay nacionalistas mexicanos que quieren reconquistar el suroeste. El nuevo movimiento anti-inmigrantes es un genuino movimiento de base que tiene una amplia base social. Aunque ha sido cuidadosamente orquestado desde arriba, alimenta el miedo al “otro” y las reales inseguridades relacionadas con el crimen, el desempleo y la seguridad nacional. Tiene también fuertes nexos con los peores aspectos de la sociedad: la primacía de la propiedad sobre la humanidad, la noción del excepcionalismo estadounidense, el racismo, y la supremacía blanca. La suma del mensaje revuelto que surge del gobierno es predecible y trágica. Un informe reciente de la Anti-Defamation League documenta una marcada alza en las campañas anti-inmigrantes y en los crímenes de odio cometidos en Estados Unidos, indiscriminadamente, contra los latinos. “Con el acicate recibido en semanas recientes por el debate en el Capitolio y por la amplia base del activismo en favor de la comunidad migrante de Estados Unidos, los extremistas se envalentonan más y más, y se obsesionan por la controversia en torno a la política migratoria, impulsando a sus simpatizantes a capitalizar el asunto, emprender activismo anti migrantes e incluso violencia contra todos los hispanos.” Es ésta una advertencia de que ahora estos grupos consideran la migración como una “cuña” para promover los programas de los supremacistas blancos, con particular éxito en las comunidades sureñas. Desde el 11 de septiembre de 2001, muchos estadounidenses abrigan temores válidos ante ataques externos. Sin embargo, la inmigración no es un ataque. No es un complot contra la paz y la seguridad de Estados Unidos. Es un problema de cómo fluye la mano de obra. Esto brota de profundas raíces económicas que incluyen las políticas económicas en los países de origen, en Estados Unidos, y especialmente en las formas de la integración que existe entre ellas. El lado negativo del doble discurso El doble discurso no es lo mismo que un arreglo. Las ambiguas posiciones irreconciliables son lo opuesto a tomar una posición firme. La única reforma migratoria abarcativa es aquella que acepta el derecho de aquellos migrantes que van a trabajar todos los días, que forman parte de sus comunidades, que educan a sus niños y que le añaden inmensamente a la riqueza y a la diversidad de nuestra sociedad para obtener su lugar, pleno de derechos, como miembros de la nación. Mientras que la propuesta de “compromiso” ofrece tropas a los restriccionistas y mano de obra barata a las empresas, el sector de la sociedad estadounidense que sigue fuera de la ecuación son los migrantes, sus familias, sus simpatizantes. Oficialmente nada se ha dicho o hecho para responder a las preocupaciones en torno a sus derechos humanos o laborales. ¿Dónde nos deja esta situación? Una cosa en que todo mundo concuerda es que la reforma migratoria es un asunto urgente que debe ser resuelto más temprano que tarde. Los legisladores han aceptado el desafío y están trabajando duro para hacer algo. Pero mientras en la interpretación de la reforma migratoria persista la perspectiva punitiva y militarista como modelo dominante, no habrá progreso posible. En ese caso, sería mejor para todos, tanto activistas de derechos como legisladores, que regresaran a sus comunidades y trabajaran en la construcción de un fuerte consenso nacional que tomara como prioridad la coexistencia pacífica, los derechos humanos y laborales y un sistema migratorio racional. Al mismo tiempo, debemos trabajar las políticas de seguridad de la frontera, de tal modo que se creen canales legales para los trabajadores y modos de persecución de los traficantes de drogas, los terroristas y los criminales. La política es el arte de negociar soluciones. Pero hay momentos en que es inútil y peligroso intentar reconciliar puntos de vista diametralmente opuestos, a partir de versiones contrapuestas acerca de la naturaleza del problema. Hay momentos en que uno de esos bandos no logra reflejar la realidad o viola los principios básicos de la sociedad. En otras palabras, ese bando está equivocado. Tan equivocado que las implicaciones para la sociedad son potencialmente desastrosos. Este es uno de esos momentos. - Laura Carlsen dirige el Programa de las Américas del IRC (www.americaspolicy.org) desde la Ciudad de México. Fuente: Boletín Transfronterizo, Programa de las Américas del International Relations Center (IRC). http://www.ircamericas.org