Los hechos son porfiados y las vueltas de la vida, como expresa el dicho popular, siempre determinan que se imponga la lógica sobre lo absurdo y el mecanismo probado, cien o mil veces, sobre el talenteo de algunos que solo trataron de llevar agua para sus molinos, hablando de compromisos, de honor, de responsabilidad, como hizo el comandante del Ejército, teniente general, Carlos Díaz, para zanjar la polémica sorda planteada por el jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Bernal, que planteaba mantener en la Cárcel Central – como se hace en todos los casos similares – a los militares detenidos en razón del pedido de extradición solicitado desde la Argentina. Y el teniente general impuso su opinión sobre la del Policía, y varios de los militares fueron recluidos desde aquella primera semana de mayo en unidades militares, rodeados de muy livianas medidas de seguridad, no en celdas, como estarían en el recinto en que Bernal los quería colocar y en ahora pararon a residir los que todavía están detenidos. Claro, en medio de todo el asunto, debió ocurrir lo que nadie esperaba. El coronel Gilberto Vázquez, uno de los detenidos reclamados desde la Argentina, aprovechando esa “liviandad” de la custodia o, lo que sería peor, en el marco de una serie de complicidades que de comprobarse deberían calificarse como una real asonada en contra el Estado nacional, se fugó. ¡Se fugó! Si, aunque parezca un absurdo, de un consultorio del Hospital Militar a donde había sido llevado para realizarse una análisis prostático. ¿Es que Vázquez vio la oportunidad de irse al quedar sin custodia en una habitación del nosocomio y, subrepticiamente, abandonó el lugar? ¿O su fuga fue el resultado de una conspiración de un grupo de militares (¿y civiles?) que, obviamente, ha servido para dejar en ridículo a las autoridades del Ejército y, por extensión, del propio Ministerio de Defensa Nacional? Es muy difícil que en las próximas horas de revele el misterio, porque Vázquez ya debe estar en algún lugar en que no puede ser alcanzado utilizando, eso si, las vinculaciones que le han quedado de su pasaje al frente del Servicio del Inteligencia del Ejército y, por que no, de haber actuado dentro del Plan Cóndor. Parecidas a las utilizadas por Manuel Cordero, que desde Brasil, continúa siendo una afrenta para la Justicia uruguaya, que lo reclama, pero que no logra su detención ya que el ex militar, otro de los “pesados” de la dictadura, alega ser un perseguido político. La fuga de Vázquez tiene lugar, además, cuando dentro de los círculos vinculados el Ministerio de Defensa Nacional, se está comenzando a hablar de la sustitución de la ministra Azucena Berrutti, de acuerdo a un compromiso que tendría la secretaria de Estado con el presidente de la República, de abandonar el cargo este año. Sin embargo a Vázquez le debe ser difícil encontrar un sustituto de los quilates de Berrutti para ese cargo, tan lleno de complicaciones, en la cúpula de un Ministerio, en donde el verticalismo no obvia a las presiones. Una ministra que logró varios éxitos, no fáciles, en su gestión: uno de ellos es tener alineadas a las Fuerzas Armadas dentro de un marco de legalidad estricto, imponiéndoles sin que hubieran contradicciones, la política de derechos humanos del gobierno que, en alguna medida, ha cambiado costumbres de impunidad que los uniformados creían rígidas. La doctora Berrutti, que responde estrictamente al presidente de la República, nunca dio muestras de flaqueza ni ha ingresado en componendas, tan habituales en la vida militar proclive al funcionamiento en logias, grupos, tendencias y armas. Por eso a Tabaré no le será fácil sustituir a su ministra de Defensa Nacional, aunque en los “mentideros” políticos se habla de posibles candidatos, como el actual presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro o el senador, José Korzeniak, este último, un hombre conocedor de la interna militar y con un relacionamiento directo con el presidente de la República. No se menciona, en cambio, un pasaje al primer plano del sub secretario de la cartera, José Bayardi, que en caso de movimientos en ámbito, no está dispuesto a continuar adelante: “No seguiré siendo el segundo de nadie”, habría expresado. La fuga del coronel Vázquez, de alguna manera, tiende a lesionar directamente al comandante del Ejército, Carlos Díaz, que se había responsabilizado personalmente por las detenciones de los militares e, indirectamente, a las autoridades el propio Ministerio de Defensa Nacional que, en su momento, aceptaron las indicaciones de los militares en contra de la opinión del jefe de Policía. Sin embargo, debemos reconocer, que la política militar del gobierno ha servido de mucho, imponiéndoles a los uniformados criterios impensables en otra época. La ley de Caducidad Por ello, de vez en cuanto, para no extralimitarnos en nuestras opiniones que, intentamos, tengan un marco republicano y democrático estricto, releemos un libro que no tiene nada de aburrido: la Constitución de la República. Allí encontramos respuestas claras y terminantes para algunos elementos que nos están preocupando hoy a los uruguayos, como el de la derogación o anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. De acuerdo a la carta magna, concretamente en el artículo 82, se establece que la soberanía de la Nación se expresa “directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente a través de los poderes representativos…” ¿Qué surge de este artículo? Qué el cuerpo electoral está por encima de los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), y por lo tanto lo que resuelva dicho cuerpo electoral no puede ser anulado ni derogado por ninguno de los tres poderes reseñados anteriormente. Como – recordemos – la Ley de Caducidad – fue aprobada por el cuerpo electoral, el Parlamento no puede dejarla sin efecto (se llame esto derogación o anulación). A esta altura parecería, que sólo otro pronunciamiento del cuerpo electoral podría modificar el resultado de ese plebiscito. Entonces, si queremos mantenernos dentro de lo que establece el régimen republicano y no buscar caminos “nuevos” que vulneren la letra de la Constitución de la República, tenemos que seguir buscando respuestas en ese texto. Algunos sostienen, quizás sin haber profundizado mucho en los aspectos jurídicos, “hagamos otro referéndum contra la Ley de Caducidad”. ¿Esto es posible? Por supuesto, que en esta viña del señor, todos los caminos se pueden recorrer, pero veamos que establece el texto constitucional: En el artículo 79 inc. 2º, se dice: “El recurso de Referéndum – palabras más o palabras menos – contra una Ley debe interponerse dentro del año de promulgación de la misma. ¿Qué caminos legales restan, entonces, para que la Justicia algún día comience a resplandecer luego de tantos años de impunidad? Solo los de actuar dentro de la norma existente, con la aplicación irrestricta de cada uno de los artículos y de las instancias que en los mismos se establecen. Y para ello es necesaria una clara definición política que, en evidencia, el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, está dando, excluyendo del amparo de la Ley de Caducidad a los jerarcas militares de la época, a los responsables de atrocidades realizadas en el exterior, como los responsables del campo de concentración Automotores Orletti y otros casos que se estudian y se estudiarán. Fue planteado el caso de la maestra Elena Quinteros, secuestrada de los jardines de la Embajada venezolana (territorio técnicamente extranjero), que podría también ingresar entre las exclusiones que hoy examina el Poder Ejecutivo. Entendemos que existen tiempos para todo, también para concretar la Justicia. No es lo mismo sancionar al delincuente a poco de cometer el delito que treinta años después, luego de largos períodos de impunidad del que fueron responsables gobiernos permisivos o cómplices. No así la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que por más que se haya usado mal, permite que muchos responsables de las violaciones de los derechos humanos y responsables de delitos de lesa humanidad, paguen todavía sus culpas. Seamos correctos en la valoración de todos los elementos que surgen y no pretendamos enredar más la madeja, que está cada vez más difícil de desmarañar para el gobierno. Busquemos el camino más idóneo, menos traumático, para que los atisbos de justicia que se puedan todavía ganar, se logren, evitando que el pueblo uruguayo se desgrane en luchas infecundas que erosionarían aún más las relaciones en el seno del movimiento popular. Claro, la fuga del coronel Vázquez, abre nuevas incógnitas. ¿Es posible que el gobierno mantenga en pie alguno de los compromisos asumidos con los uniformados, como el del irrestricto respeto de la Ley de Caducidad, luego de lo ocurrido? Hay hechos nuevos en el país. La fuga de Vázquez, puede ser la expresión de un descuido insólito, pero también, puede ser el resultado de una acción clandestina destinada a liberar a quienes son reclamados como violadores de los derechos humanos. ¿Esta segunda opción no cambiaría las reglas del juego? - Carlos Santiago es periodista, secretario de Redacción de Bitácora.