El Senado chileno aprobó un proyecto de acuerdo impulsado por la legisladora Soledad Alvear, para pedir a la Presidenta Michelle Bachelet, la reapertura de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y con ello, dar una segunda oportunidad a quienes fueron víctimas de tormentos durante la dictadura de Pinochet. La senadora Alvear expresó que “para muchas familias en nuestro país, saber que van a poder entregar su testimonio respecto de la tortura sufrida por ellos o alguno de sus familiares, es algo que va a contribuir a su sanación”. Agregó la parlametaria democrata cristiana que “la Comisión Valech funcionó durante algunos meses y se entregaron muchos testimonios, más de 30 mil. Sin embargo, muchos chilenos y chilenas no se atrevieron a ello, porque revivir experiencias dolorosas de hace 30 años o tener que compartirlas con sus hijos, hacerlas públicas, les daba vergüenza relatar aquellos sufrimientos que vivieron”. La Comisión sobre Prisión Política y Tortura, tuvo por objeto determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presentaron, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. La Comisión debía también proponer medidas de reparación al Presidente Ricardo Lagos, para las víctimas que identificara y elaborar un informe de todo ello. Al final del proceso, fueron reconocidas como víctimas de prisión política y tortura 28 mil 459 personas, que corresponden a 34 mil 690 detenciones. Del total de personas, mil 244 eran menores de 18 años y de éstas 176 eran menores de 13 años. El 12,72 por ciento, que equivale a tres mil 621 personas, son mujeres. Un primer informe, con los nombres de 27 mil 255 víctimas, fue entregado a Ricardo Lagos en noviembre de 2004. El ex presidente solicitó hacer una nueva revisión de los testimonios presentados a través de la dictación del Decreto Supremo N° 1.086 de Interior de 2004 . Luego de revisar todas las solicitudes de reconsideración la Comisión presentó un Informe Complementario en mayo de 2005, en el que se reconocen otras mil 204 personas. El proyecto de acuerdo del Senado, fue patrocinado también por los senadores Fernando Flores, Guido Girardi, José Antonio Gómez, Roberto Muñoz Barra, Hosaín Sabag, Jaime Gazmuri, Carlos Ominami, Alejandro Navarro, Pedro Muñoz y Juan Pablo Letelier. No obstante, Soledad Alvear explicó que “cuando se entregó el informe y esas personas vieron que tantos lo habían hecho, les surgió el deseo de volver a tener una oportunidad y así lo plantearon a muchos parlamentarios, entre los cuáles me cuento, a través de correos electrónicos y de cartas” Por su parte, el senador radical José Antonio Gómez, quien integró la primera Comisión Valech, coincidió con su par en el sentido que “muchas personas quedaron fuera de dar su testimonio, entre ellos, las viudas de algunas personas que fallecieron durante el período en que funcionaba la comisión. Por eso, es muy importante que la Presidenta de la República acoja este llamado”. Organizaciones de ex presos políticos piden que Bachelet cumpla con sus promesas El dirigente de la Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos, Julio Aranguiz, dijo a Crónica Digital, la presidenta Michelle Bachelet, debería cumplir con los compromisos con las organizaciones de derechos humanos. ”Ella (Bachelet) tiene una tarea ciudadana con los derechos humanos, hasta ahora los avances en materia de justicia ha sido por la presión de las organizaciones de familiares de las victimas y de la sociedad civil, y no por parte de las instituciones del Estado”, comentó el dirigente. “Esperamos que en el gobierno de Michelle Bachelet se apoye muy decididamente en la decisión del Senado y reabra la Comisión Valech”, apuntó Aranguiz. Recordó que la mandataria, se comprometió cuando era candidata presidencial con las organizaciones de derechos humanos a que no iba haber ninguna “iniciativa enmascarada de impunidad y es lo que el país requiere en estos momentos”. Explicó que a la Comisión sobre la Prisión Política y Tortura, acudieron sólo la tercera parte de las victimas, y el reconocimiento de aquellas victimas que fallecieron y el reconocimiento de las pensiones mínimas que se entrega a los familiares. ”También es importante por parte del Estado apoyar las causas de derechos humanos en la justicia, y pedir nuevamente a los jueces especiales que sigan investigando, para reconstruir la negra historia de nuestro país”, subrayó. Por último reiteró que las organizaciones de derechos humanos deben tener hoy un rol más activo en esta materia, para mantener abierto el tema y lograr un mayor compromiso de toda la sociedad. Cifras que no mienten Según un informe del CODEPU de comienzos de los años 90, sostuvo que la represión desatada por el régimen de Pinochet sobre la población chilena era tan amplia, que algunos sectores inmediatamente se organizaron para atender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a pesar de los peligros que esto implicaba. Al hacerlo, - organizaciones tales como el Comité para la Paz, creado en octubre de 1973 y la Vicaría de la Solidaridad, fundada en enero de 1976, así como un gran número de organizaciones no-gubernamentales – lograron recaudar información que hoy en día aporta a la reflexión sobre la extensa y profunda naturaleza de la estrategia de represión llevada a cabo por agentes del estado. Desde marzo de 1974 en adelante, el Comité para la Paz, comenzó a recibir un gran número de recursos de amparo, de parte de familiares de personas detenidas o desaparecidas. A fines de 1974, el Comité había recibido 1,341 de éstos. Entre 1976 y 1985 la Vicaría atendió a 34 mil 000 personas para asistirlas en materias legales, sociales, médicas o psicoterapéuticas. Según cifras entregadas por el régimen militar y registradas por la Vicaría de la Solidaridad, entre 1973 y 1975 hubo 42 mil 486 detenciones políticas a lo que se suma, según datos de la Vicaría, 12 mil 134 detenciones individuales y 26.431 detenciones masivas en el período 1976 - 1988, así como cuatro mil 134 situaciones de amedrentamiento. En tanto, El Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), creado en 1988 con el objetivo de atender a víctimas de violaciones a los derechos humanos, estimó que un 10 por icento de la totalidad de la población chilena a principios de los años ochenta se encontraba afectada por alguna situación represiva. El ILAS definió a una "situación represiva" como detenciones de cualquier duración de tiempo, amenazas, familiares presos, asesinados o desaparecidos, o expulsiones del lugar de estudio o trabajo por motivos políticos. El ILAS advirtió que su estimación es más bien conservadora. De este total ILAS estimó que "situaciones extremas de trauma" afectaron a unas 200.000 personas, un número derivado de la cantidad de prisioneros de los campos de concentración hasta 1975, personas obligadas a vivir en el exilio, personas torturadas, ejecutadas o desaparecidas, y sus familiares inmediatos. Fuente: Crónica Digital (Santiago de Chile) http://www.cronicadigital.cl