En la primera semana de marzo, el número de ejecuciones judiciales realizadas en Estados Unidos, desde que se reintrodujo la pena de muerte en 1977 en 31 estados, alcanzó la cifra de 700. Entre los ejecutados, muchos tenían condiciones atenuantes: sea que eran personas con sospechado retardo mental, o que cometieron crímenes siendo aún menores de edad, o su culpabilidad queda en duda o carecían de representación legal adecuada. De los nueve presos destinados a ser ejecutados en estos días, al menos seis responden a una u otra de estas condiciones, según un comunicado de Amnistía Internacional. En el mismo período se cometieron medio millón de asesinatos en EE.UU. Los motivos para aplicar la pena capital a unos de los condenados por tales delitos, y a otros no, parecen ser bastante arbitrarios. Pero no cabe duda que la raza sigue siendo un factor importante para determinar quienes reciben sentencia de muerte: más del 40% de los prisioneros en el "death row" (corredor de la muerte) son negros, y en el 80% de los 700 casos mencionados, las víctimas eran blancas. Amnistía Internacional critica que "Estados Unidos está comprometido en una actividad cruel, brutal, poco confiable, innecesaria y enormemente cara, sin ninguna ganancia medible", y con claras evidencias de violación de los derechos humanos. Linchamiento institucional Algunos comparan la aplicación racista de la pena de muerte a una institucionalización de los "lynch mobs" (turbas), que menos de medio siglo atrás, linchaban impunemente a los negros acusados o sospechados de crímenes. "No hay otra nación supuestamente democrática que emplea la pena de muerte como método rutinario para disciplinar a las clases bajas y a quienes se impliquen en sus causas; ninguna en la que los procedimientos judiciales sean violados de manera tan abierta; ninguna por la que la vida de un hombre sea amenazada, por lo que no es más que un linchamiento legalizado", denuncia un artículo de Jane Charilaou, publicado en la revista Spectre. El artículo se refiere a la campaña por la libertad de uno de los integrantes más famosos del corredor de la muerte, el periodista Mumia Abu- Jamal (ver recuadro). Antiguo miembro del movimiento negro de los Black Panthers, Abu-Jamal tiene 16 años luchando contra la sentencia de muerte, dictada en circunstancias de flagrante mal manejo de la justicia. Desde la cárcel Abu-Jamal sigue escribiendo y comentando (con frecuente censura), para denunciar las condiciones inhumanas de la realidad carcelaria y el carácter racista de la pena de muerte. Abu-Jamal dice que su delito es el de pintar una imagen poco complementaria del sistema carcelario, que se alimenta de cientos de millones de dólares por año para torturar y lesionar a decenas de miles de hombres y mujeres. La orden de ejecutar la sentencia contra él podría ser inminente, no obstante la amplia campaña internacional por su libertad. Muchos están convencidos de que se trata de silenciarlo. "El Estado preferiría entregarme un Uzi que un micrófono", afirma Mumia, quien se califica de preso político. Una generación encarcelada EE.UU. tiene más de dos millones de presos en sus cárceles, o sea cerca del 0.08% de la población, que constituye la proporción más alta en el mundo. El número de reclusos ha crecido casi 10 veces en los últimos 30 años, bien por encima de la tasa de crecimiento de la población en general. A pesar de tener solo el 5% de la población global, tiene 25% de la población carcelaria mundial. La cuarta parte está encerrada por crímenes no violentos ligados a las drogas. Más del 60 por ciento de los presos pertenecen a grupos raciales y étnicos minoritarios, porcentaje que ha ido en aumento constante. La mitad son Afroamericanos, a pesar de constituir solo el 12% de la población total, pero que reciben una cantidad desproporcional de las sentencias relacionadas con drogas. En Nueva York, uno de cada tres hombres jóvenes negros está o preso o en libertad condicional. En la práctica, toda una generación de jóvenes Afroamericanos, excluidos sistemáticamente de oportunidades de empleo, no considerados aptos para ser consumidores, está siendo encerrada para que no moleste a la sociedad. Según un estimado, si prosigue la tasa actual de encarcelación, de aquí hasta al año 2010, la mayoría de hombres Afroamericanos entre las edades de 18 y 49 años estará en prisión. El trato a los indígenas nativos de Norteamérica es similar, con casos flagrantes de injusticia contra ellos. El más conocido es Leonard Peltier, indígena y activista de los derechos nativos, quien lleva más de 20 años en la cárcel, luego de un juicio plagado de irregularidades (ver recuadro). La November Coalition, que agrupa a defensores de los derechos civiles y proponentes de reformas legales con relación a las drogas, critica que se quiere hacer del encarcelamiento la solución a todos los problemas sociales, cuando por el contrario, lo que hace es romper las familias y destruir las comunidades. Paradójicamente, la mayoría de estados gasta más en construir cárceles que escuelas. Un negocio lucrativo El desvío de recursos fiscales de los servicios sociales para invertir en el sistema penitenciario ha creado, en cambio, una industria muy lucrativa. La inversión en construcción de prisiones se ha ubicado en un promedio de US$ 7 mil millones anuales, en la última década. Su factura anual de operación es de US$ 35 mil millones. La industria carcelaria emplea más de 523.000 personas, lo que la convierte en el equivalente al segundo empleador más grande del país, después de la General Motors. Hay tanto dinero invertido en el sistema que se estima que sería muy difícil para los políticos revertir la tendencia, en contra de las presiones de poderosos intereses económicos. El sector carcelario privado está en expansión, y por lo general está bien cotizado en el mercado de valores. Actualmente administra más de 100 presidios en 27 estados, con más de 100.000 reclusos, que constituyen una mano de obra barata y (literalmente) cautiva. No obstante, la constante rebaja en la tasa de crímenes en EE.UU. en la último década indicaría que la demanda debería también disminuir. Pero entre las influyentes presiones, y la opinión pública favorable a la política de "get tough with crime" (ponerse duros con el crimen), alimentada por el sensacionalismo mediático, que hace del crimen un espectáculo diario, es improbable que ello se dé. Es preocupante también que se está buscando exportar el modelo a otros países. Por ejemplo, la mayor empresa carcelaria de EE.UU., la Corrections Corporation of America, empresa transnacional financiada por el mismo inversionista que la Kentucky Fried Chicken, ya tiene operaciones en Inglaterra y está buscando abrir nuevos mercados. Asimismo, en 1998 el estado de Arizona admitió que estaba considerando contratar a una empresa privada para la construcción de una cárcel en México, con la principal motivación que resulta más barato mantener sus presos al otro lado de la frontera. Resulta evidente que el sector privado no está interesado en la rehabilitación de quienes cometen crímenes, sino en construir y llenar las cárceles, siguiendo la política hotelera de "plena ocupación". Con lo cual bien podríamos llegar a la conclusión de que el crimen sí paga. Mumia Abu-Jamal (Recuadro) Luego de ingresar a los Black Panthers a los 15 años, Mumia Abu-Jamal se hizo conocer por su carrera de periodista radiofónico, por la cual la comunidad negra lo nombró "la voz de los sin voz". En el momento de su detención era presidente de la Asociación de Periodistas Negros de Philadelphia. Fue detenido en diciembre de 1981, por un incidente en el que murió un oficial de la policía. Las circunstancias nunca han sido claras, pero algunos consideran que pudo haber sido montado para arrinconar a quien era un crítico acérrimo del sistema. Abu-Jamal siempre ha declarado su inocencia. El juez que presidió el juicio, Albert Sabo, ha enviado a más gente al corredor de la muerte que cualquier otro juez de EE.UU., la mayoría negros o latinos. En el juicio se llegó a usar medios ilegales para limitar la presencia de personas negras en el jurado. A pesar de numerosas gestiones y respaldos para permitirle un nuevo juicio, el sistema de justicia de EE.UU. no da paso atrás. Un último recurso de apelación se ha presentado recientemente a la Corte Federal. A inicios de este año hicieron eco amplias campañas para que el saliente Presidente Clinton conceda la amnistía, tanto a Mumia Abu-Jamal, como a Leonard Peltier. Pero como es de conocimiento público, quienes se beneficiaron de la amnistía fueron, entre otros, narcotraficantes, mas no estos luchadores populares. Leonard Peltier (Recuadro) Leonard Peltier, miembro del Movimiento Indio Americano (AIM), está cumpliendo dos cadenas perpetuas consecutivas por la muerte de dos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), ocurrida en 1975. En los dos años inmediatamente anteriores, la Nación Oglala había sufrido un régimen de terror, que resultó en numerosas matanzas y casas incendiadas. Peltier está reconocido como preso de conciencia por organismos internacionales de derechos humanos, que consideran que está preso por sus ideas de liberación y defensa de los derechos indígenas, y la defensa de la identidad cultural de su pueblo, la Nación Oglala. La única prueba en su contra en el juicio fue el testimonio de una supuesta testiga, que luego confesó que habló bajo amenazas. En 1992, la procuradora, Lynn Crooks, admitió que "el gobierno americano no sabe quién en particular, ha matado a los dos agentes del FBI en Oglala y que no puede probar la presencia de Peltier a menos de 300 metros del tiroteo". No obstante, Peltier sigue en la cárcel, sin que se le permita un nuevo juicio, y sin cuidados de salud adecuados, a pesar de que su vida corre un grave riesgo.