(En la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, del 21 al 23 de febrero, con la presencia de unos 200 delegados de Europa, las Américas y organismos internacionales mundiales y regionales, se realizó la IV Conferencia Transatlántica Interparlamentaria sobre el Control de Drogas. Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, por intermedio de su presidente, el diputado nacional Evo Morales Ayma, se hicieron presentes al evento para decir su palabra, la cual recogemos a continuación.) A partir de la Convención Unica sobre estupefacientes de New York del 24 de enero de 1961, se han venido violando los derechos humanos fundamentales de las Naciones Aymara, Quechua y Guaraní, ya que una resolución de la misma se plantea eliminar el masticado de la hoja de coca, esto significa un desconocimiento pleno a la esfera histórica y cultural de los pueblos andinos, y más aun cuando el primer artículo de la Constitución Política del Estado de Bolivia, se refiere a la pluriculturidad y multietnia. Se debe tomar conciencia que la hoja de coca, representa una identidad andina y que su transformación química es narcótico, no corresponde a nuestra historia, sino a la europea y occidental. La hoja de coca también es materia prima para la medicina, sobretodo en el área de la anestesia, así como para la bebida mas cotizada del planeta como es la coca cola. Es importante entender que coca más coca es igual coca, un producto natural, medicinal y agrícola, pero coca más precursores, es droga, por esto pedimos a la comunidad internacional un control y castigo severo a los productores y comercializadores de estos agentes químicos. La zona mas afectada con la erradicación forzosa de la hoja de coca es el trópico de Cochabamba, donde se viola constantemente los derechos humanos y esto se puede evidenciar con los amplios presupuestos para la militarización y las diferentes denuncias sobre las violaciones a las garantías constitucionales, es así que a partir del año 1998 han sido asesinados 66 campesinos, 300 heridos a bala, 2000 presos y torturados por Umopar, actualmente existen 8 mil efectivos de las fuerzas de tarea conjunta, financiados por decisiones de políticas de decisiones exteriores impuestas, violando el derecho humanitario internacional así como de soberanía, en complicidad de los gobiernos de turno, al extremo que el propio Defensor del Pueblo ha sido víctima de agresiones e intimidaciones que estas fuerzas contrarias a los principios. Es oportuno denunciar la persecución y procesamiento arbitrario de dirigentes sindicales, alcaldes, concejales y diputados, legítima y legalmente elegidos y reconocidos por la sociedad civil. Los gobiernos de turno y la comunidad internacional permanentemente han comprometido a las zonas afectadas por la erradicación forzosa de la hoja de coca, con proyectos, planes y programas impuestos desde arriba y afuera, con lamentables resultados que carecen de eficiencia económica. Por lo mencionado repudiamos la mala utilización de los fondos en la corrupción y malversación. El derecho internacional es la única limitante a la política exterior, y el individuo se convierte en sujeto de este derecho cuando existen violaciones a los derechos humanos y denunciamos que el plan dignidad pretende cero coca es decir el APOCALIPSIS ANDINO y también se pretende expulsar y despojar de sus comunidades y tierras, a los quechuas y aymaras. El Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, ha expresado su preocupación y repudio por la constante violación de los derechos humanos, tanto en la erradicación de los cocales como en las detenciones amparadas por la Ley 1008. Es importante señalar que existe sobreproducción de productos agrícolas en el Trópico de Cochabamba, los mismos que carecen de mercados seguros con precios justos en la esfera nacional e internacional, así mismo se requiere de una adecuación tecnológica que permita ser competitivos en los marcos de comercio mundial. Estamos convencidos que el desarrollo y el bienestar de los pueblos dependen de la educación y de la revolución científica. Por lo tanto proponemos: Una auditoría transparente e internacional a los diferentes programas sobre desarrollo alternativo y así poder evidenciar el rotundo fracaso de estos programas, el mal uso de los recursos provenientes de la comunidad internacional y sancionar a los responsables dentro de las normas penales. Proponemos dentro de la llamada responsabilidad compartida, que se nos dote de oportunidades socioeconómicas, otorgando a la corporación campesina del trópico de Cochabamba y a los municipios que comprenden la zona en conflicto los recursos necesarios para acceder a un desarrollo productivo sostenible e integral. Contamos con los recursos naturales suficientes para encarar un ambicioso proyecto, donde seamos los actores principales en el diseño de nuestros objetivos, por ejemplo en la agroindustria, en la industrialización de la madera, el ecoturismo, la hoja de coca y en todas las variables que se refieren a conseguir el bienestar social, que todavía permanece como una utopía o un sueño truncado. Buscamos mercados seguros con precios justos para nuestros productos y sugerimos una política de subvención para la comercialización y así evitar pérdidas irreparables. Es de suma importancia la creación de una universidad con especialidad de agricultura tropical y otras ramas, para contar con profesionales idóneos, que permitan elevar la capacidad de producción con eficiencia socioeconómica. Denunciamos, que el actual gobierno de Bolivia, ha cumplido el acuerdo firmado en Chimore el 13 de octubre del año 2000, donde se comprometió a otorgar entre otros, 80 millones de dólares americanos, para que estos sean administrados por la Corporación campesina del trópico de Cochabamba, la mancomunidad de municipios y el gobierno, el cumplimiento de este acuerdo ha causado un gran daño moral y económico a más de 40 mil familias campesinas. Es por lo mencionado en este corto resumen, que exhortamos a través de los representantes de diferentes Estados ante la IV Conferencia Transatlántica Interparlamentaria Sobre el Control de Drogas, se persuada al gobierno de Bolivia, de que cumpla con los diferentes acuerdos, respete los derechos humanos, sé indemnice por las víctimas de la represión, se desmilitarice la zona del trópico y promocione un verdadero y transparente desarrollo productivo sostenible e integral del trópico de Cochabamba pero incluyéndonos como actores de nuestro propio desarrollo. Condenamos las políticas de genocidio, como el Plan Colombia en Colombia y Plan Dignidad en Bolivia, que ambos se orientan en masacre y rebelión de los pueblos y solo atienden a intereses geopolíticos y geoeconómicos. Reafirmamos nuestro repudio al narcotráfico y pedimos a los diferentes gobiernos una lucha sin tregua contra la narcocracia, que en su gran mayoría permanece impune y solventa la comercialización de droga especialmente en la gran potencia como los Estados Unidos de América; y nos referimos a las palabras del Presidente George W. Bush, en su encuentro con el Presidente de México, donde reconoce que los Estados Unidos de América padece de una enfermedad de consumo de drogas. Finalmente, muy respetuosamente, decimos a la IV Conferencia Transatlántica Interparlamentaria Sobre el Control de Drogas, que el movimiento campesino del trópico de Cochabamba busca soluciones pacíficas económicas y duraderas, mediante el diálogo y la concertación con el gobierno de Bolivia y la comunidad internacional, para evitar más luto y una rebelión popular. Santa Cruz de la Sierra 21 de febrero del 2001