El candidato del opositor Partido Liberal (PL), Manuel Zelaya, tras trece días de espera, fue declarado triunfador de los comicios celebrados el domingo 27 de noviembre, al contar con el respaldo del 49.9% del electorado, contra el 46,17 de Porfirio Lobo, del oficialista Partido Nacional (PN), quien se había negado a reconocer su derrota hasta último momento. Un millón 700 mil votantes (de los tres millones y medio empadronados) acudieron a las urnas para elegir también 128 nuevos diputados y 298 alcaldes municipales. Pero al igual que con el computo presidencial, el tribunal electoral ha demorado para emitir las cifras oficiales. Sin embargo, todo indica que el parlamento estará nuevamente dominado por liberales y conservadores, los dos partidos grandes que se han alternado en el poder desde hace más de un siglo. En esta ocasión, la justa electoral se vio marcada por el clima de incertidumbre provocado por la demora en el conteo del Tribunal Supremo Electoral, básicamente por el alto nivel de politización del organismo que repercutió en una generalizada ineficiencia y una serie de irregularidades por no haber definido reglas del juego claras. Aunque también hay indicios que la demora en parte tuvo que ver con presiones para negociar el reconocimiento del triunfo liberal a cambio de, por ejemplo, impunidad para funcionarios acusados de corrupción. Las condiciones que deja el actual presidente Ricardo Maduro se presentan difíciles. Al asumir el gobierno, una de sus principales promesas fue enfrentar la corrupción, pero durante su gestión se ha profundizado y expandido en todos los planos, al punto que diversos analistas coinciden en señalar que ésta es una de las principales causas de la derrota del PN., junto al deterioro de las condiciones de vida y el incremento de la inseguridad. En el curso de los cuatro últimos años, el costo de la canasta básica ha crecido en más del 40%. El precio de los combustibles registro un severo incrementó, el diesel en particular que pasó de 26.42 lempiras el galón en enero de 2002 a 55.55 en octubre de 2005, un incremento del 110%. (1.00 USD = 18.8949 lempiras) Actualmente, el 80 por ciento de la población vive en situaciones de pobreza; y hay más de un millón de desempleados. El 42 por ciento de la población está desnutrido, con mayor impacto entre los niños. 400 mil niños hondureños trabajan para sobrevivir, y se estima que unas 10 mil niñas son explotadas sexualmente. Desde 1998 a la fecha, 2.879 menores han sido asesinados, muchos de ellos ejecutados por fuerzas de seguridad. La situación de la educación es muy grave, especialmente en el sector rural; las propias autoridades gubernamentales han aceptado que "nuestros niños promedio reciben 4.5 años de educación y quizás lo que es peor, todavía para aumentar un año de escolaridad nos toma diez años de historia". El Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) aseguró en octubre que la corrupción en el país ha superado los 6.800 millones de lempiras (360 millones de dólares); lo cual representa 6.5% del Producto Interno Bruto u 11 veces el déficit en la cuenta financiera del gobierno. Expectativas El futuro mandatario, que habrá de posesionarse el 27 de enero de 2006 para un periodo de cuatro años, fue directivo de la banca privada, diputado y ministro (1994-1998). Dice tener buenas relaciones con Washington, y tan pronto fue declarado ganador se anticipó a decir que su gobierno cumplirá los compromisos contraídos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales. Durante la campaña electoral, se comprometió a bajar el excesivo costo de la vida con incentivos a la producción y la reducción del impuesto a la gasolina, además de la creación de 100,000 empleos anuales. Contempla también aplicar una estrategia de seguridad alimentaria mediante el fomento a la producción de alimentos vía créditos con bajas tasas de interés; asistencia técnica y capacitación a los agricultores; y la incorporación de sistemas de riego para 100 mil manzanas de tierras cultivables. Para cumplir con las expectativas que ha creado en el electorado, Zelaya tiene a su favor el hecho que Honduras hace parte de los 18 países cuyas deudas fueron condonadas por el G8 el pasado mes de junio. Otra de las grandes promesas de Zelaya es la del "poder ciudadano", para que los distintos sectores de la población participen en la contraloría social. Para el efecto propone la Ley de Participación Ciudadana, estableciendo una Asamblea Ciudadana, como instrumento de vigilancia del poder público y frente a la corrupción. La Asamblea exigirá rendición de cuentas a los órganos administrativos y a los mismos funcionarios, y participará en el diseño, programación y ejecución de la inversión social.