Temuco La Presidenta Michelle Bachelet confirmó que durante su mandato no aplicará la ley Antiterrorista 18.314 en los juicios iniciados por los procesos de reivindicaciones de tierras de grupos indígenas, tal como hace unas semanas lo había afirmado su ministro del Interior, Andrés Zaldívar. La mandataria enfrentó este sábado en Viena, Austria, una nueva manifestación de grupos que reclaman la libertad de tres comuneros mapuches y una activista de la causa indígena, que se encuentran en huelga de hambre desde hace 61 días en la cárcel de Temuco, en la Novena Región de la Araucanía. La Presidenta chilena Michelle Bachelet se reunió este sábado con la comunidad chilena en Austria, ocasión en la que se comprometió a no aplicar nuevamente en el país la ley antiterrorista, tras la polémica que ha significado la huelga de hambre que mantienen tres mapuche y una activista, por más de 60 días en la cárcel de Angol, Novena Región. Durante el encuentro con unos 200 chilenos, celebrado en le Rathaus Keller, en la Alcaldía de Viena, la Presidenta explicó a los asistentes los proyectos del Gobierno y los resultados de su participación en la IV Cumbre Eurolatinoamericana. En la oportunidad, un manifestante interpeló a Bachelet, pidiendo libertad para los presos políticos mapuches, condenados a 10 años, acusados de terrorismo, por la quema del fundo Poluco-Pidenco de la empresa Forestal Mininco. La mandataria respondió al manifestante, deteniendo su discurso, "Sí, yo le voy a explicar. Es necesario que exista una democracia para que la justicia sea autónoma y no siga los vaivenes de los gobiernos de turno. En Chile, tal como en ninguna parte del mundo donde existe un gobierno democrático, el gobierno puede cambiar una sentencia judicial" sentenció la Presidenta. La Presidenta chilena sostuvo que quienes están pidiendo la liberación de los mapuches presos, deben actuar dentro de los marcos que establece el Estado, solicitando la revisión del proceso a la Corte Suprema. "No voy a aplicar la ley antiterrorista porque considero que la justicia ordinaria tiene bastante fuerza para actuar", afirmó Bachelet a los manifestantes. Sin embargo, aclaró que ello no implica que valide hechos de violencia en los reclamos mapuches. "Tampoco hay legitimidad para hechos y delitos violentos", recalcó. La de este sábado es la primera referencia directa de la gobernante a las demandas de los mapuches Juan y José Marileo Sarabia, Juan Huenulao y la activista Patricia Troncoso Robles, quienes se encuentran en ayuno desde el pasado 13 de marzo. Los cuatro huelguistas exigen la nulidad del juicio que en 2005 los condenó a 10 años de cárcel y al pago de una indemnización de $ 400 millones por el siniestro registrado en el fundo Poluco-Pidenco, propiedad de Forestal Mininco, en calidad de autores del delito de "incendio terrorista". Sin embargo, ésta fue la segunda oportunidad en que Bachelet se vio obligada a referirse a las demandas indígenas durante su gira por Europea, luego que el jueves en Madrid el Premio Nobel de Literatura 1999, el portugués José Saramago, la instara a “mirar a los mapuches”. La última vez que el Gobierno de Ricardo Lagos invocó esta ley fue en noviembre de 2005, durante un ataque registrado a un fundo de Lleu-Lleu, en la Octava Región, en que encapuchados incendiaron automóviles y mantuvieron retenida a una familia. Se trató, además, de la primera vez en dos años en que se adoptaba una medida de esa naturaleza. Descarta revisar juicios En Viena, Bachelet recalcó que el Gobierno está imposibilitado de iniciar la revisión de procesos judiciales, tal como lo ha recalcado Zaldívar, que junto al director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena [Conadi], Jaime Andrade, ha sido el encargado de negociar con los voceros de los huelguistas. “Es necesario que exista una democracia para que la justicia sea autónoma y no sigan los vaivenes de los gobiernos de turno. En Chile, como en ninguna parte del mundo donde existe un gobierno democrático, el gobierno no puede cambiar una sentencia judicial”, puntualizó. El Gobierno de Bachelet ha dejado la solución al conflicto en manos del Congreso, donde el senador PS Alejandro Navarro presentó un proyecto destinado a otorgarle beneficios carcelarios a los mapuches condenados por ley Antiterrorista, tal como hace un par de años se hizo con los sentenciados por delitos terroristas con móviles políticos. La mencionada normativa, dictada durante el régimen militar, ha sido objeto de severas críticas de parte de organismos internacionales. De hecho, el relator de Naciones Unidas para Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, ha expresado cuestionado en reiteradas oportunidades su aplicación. Concordante con lo señalado por Bachelet en Europa, el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, reiteró hoy que el Gobierno no puede otorgar la libertad que exigen los comuneros mapuches condenados por delitos terroristas, que hace 62 días se encuentran en huelga de hambre en Temuco. "Nosotros no podemos ni indultar, ni rebajar penas, ni decretar la libertad incondicional como ellos quieren, ni la libertad condicional", comentó Zaldívar. Agregó que "nosotros lo único que tenemos en nuestras manos es, como lo hemos dicho desde un comienzo, mitigar en parte los regimenes carcelarios, pero tienen que cumplirse las penas, nosotros tenemos que cumplir con las sentencias dictadas por los tribunales, no podemos dejar de hacerlo, estaríamos incumpliendo con la Constitución". El vicepresidente de la República reconoció que si el Parlamento aprueba una ley que permita entregar beneficios a los condenados, como el proyecto presentado por los senadores Alejandro Navarro y Nelson Ávila, el Gobierno podría utilizarlo para resolver el conflicto. El proyecto que impulsan los parlamentarios plantea una solución político-jurídica para que los huelguistas puedan acceder a la libertad condicional con el beneficio retroactivo pro-reo. Los hermanos Juan y José Marileo, Juan Huenulao y Patricia Troncoso, están en ayuno desde el 13 de marzo en demanda de la nulidad del juicio que en 2005 los condenó a 10 años de cárcel y al pago de una indemnización de 850 mil dólares por el incendio de un predio agrícola propiedad de la empresa Forestal Mininco. Diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado la "legalidad" del proceso judicial, realizado bajo las disposiciones de la polémica Ley Antiterrorista / Fuente: http://www.nodo50.org/azkintuwe/may14_2.htm