"El Gobierno Nacional consciente de la existencia de conflictos históricamente no resueltos en la relación Estado - Pueblos Indígenas, y que el proceso de ajuste estructural genera impactos en los pueblos indígenas y sectores pobres del país, acuerda con las Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Indígenas, impulsar un proceso de entendimiento y diálogo nacional permanente, orientado a tratar y generar políticas de estado para superar la histórica exclusión de los pueblos y las inequidades generadas por el ajuste. Para el efecto se crearán espacios de participación ciudadana que permitan la construcción colectiva de las soluciones que el país demanda y entablar un nuevo tipo de relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas". Bajo estos términos, en la tarde del 7 de febrero, se estableció el acuerdo entre el régimen del presidente Gustavo Noboa y los dirigentes de las organizaciones indígenas y campesinas que protagonizaron las movilizaciones que mantuvieron semiparalizado al país por más de diez días. El documento, compuesto de 23 puntos y 4 transitorias, contempla, entre otras cosas, la revisión parcial del paquete de medidas económicas dictadas a fines del año pasado, una vez que los indígenas flexibilizaron su postura de pedir la derogatoria total, a fin de desbloquear la negociación. Así, el gobierno accedió a reducir al 60% el alza del 100% del precio del cilindro del gas doméstico, y a congelar por un año del precio actual de los combustibles. Acordó reestructurar y capitalizar el Banco Nacional de Fomento para que pueda otorgar créditos a los pequeños y medianos productores; tomar medidas más enérgicas para recuperar las deudas de la banca estatizada; brindar apoyo a los migrantes dentro y fuera del país; y no involucrar al país en el Plan Colombia. El entendimiento incluyó también el compromiso oficial de indemnizar a los deudos de las personas que fueron asesinadas durante las protestas, al igual que a los heridos graves que hayan sido hospitalizados. No obstante el carácter pacífico del movimiento, en esta ocasión, la fuerza represiva fue utilizada a niveles extremos, situación que llevó incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a requerir aclaraciones del gobierno. Los desaciertos del gobierno Fue por el empuje desde las bases que las movilizaciones, iniciadas el 21 de enero, comenzaron a alcanzar proporciones mayores a partir del 29. La respuesta gubernamental mostró tantos desaciertos, que quedó claro que los responsables, en su mayoría costeños, y particularmente los ministros de Gobierno y Defensa, entienden poco o nada de la problemática indígena. De hecho, la reacción oficial osciló entre posiciones duras o conciliadoras, según las presiones ejercidas. El sector empresarial y las élites pidieron "mano dura", con un discurso abiertamente racista que ya se creía superado, amparado en el argumento de que no puede una minoría imponerse a todo el país. El presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil llegó incluso a afirmar que "la única salida es la fuerza" y a aplaudir que el Estado de Emergencia (decretado el 2 de febrero) le daba al presidente la potestad de usarla. Por el otro lado, amplios sectores de la sociedad exhortaron a la apertura de un diálogo. No obstante, cuando el gobierno accedió a dialogar, lo abordó bajo los parámetros de una negociación con un gremio, circunscrita a las demandas específicas del sector. A ello, el movimiento indígena contestó: nada para nosotros si no es para todo el país. Entre otros resultados, la movilización permitió al movimiento indígena recuperar su espacio (algo disminuido en los meses anteriores) y lograr un nivel inédito de unidad de todas las organizaciones indígenas, dejando sin piso los intentos del gobierno de aislar a la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Paralelamente, se reactivaron numerosos espacios sociales (derechos humanos, ONGs, intelectuales, sectores religiosos, entre otros) que hicieron pronunciamientos a favor de las reivindicaciones y en rechazo a la represión y el racismo, interpelando al presidente para que gobierne para el país y no solo para los banqueros y el sector empresarial. Queda por ver ahora si el gobierno tomará en serio su compromiso de abrir un amplio y serio diálogo.