Los rechazos surgidos en Sudamérica a la nacionalización de los hidrocarburos favorecen a EE.UU. Las corporaciones petroleras están dispuestas a todo, incluso a fabricar guerras. ¿Quién nos dijo a los latinoamericanos que la guerra por el petróleo es patrimonio de sufrimiento exclusivo de los pueblos de Medio Oriente, de Iraq, de Afganistán y muy probable que de Irán en un corto plazo? En esta región del mundo no tenemos derecho a ser ingenuos ni mucho menos a pecar por ignorantes. Sería bueno estar alerta. Las corporaciones petroleras -incluso algunas que de estatales sólo tiene la cobertura jurídico-formal, como Petrobras- y en general el entramado empresario transnacional abocado a la explotación de los recursos naturales, ya están en guerra desde hace mucho. Allí están los ejemplos señalados en el primer párrafo de este artículo; las decididas acciones que los gobiernos centrales emprenden en defensa de los intereses corporativos nacionales, el rol del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) como administrador general de sanciones y guerras. Allí está la administración estadounidense de George W. Bush, integrada por ejecutivos de muchas de las transnacionales que combaten sin cuartel. ¿Cómo es posible que en medio de la tormenta que vive el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el gobierno de Brasil haya proclamado que la reciente nacionalización de los hidrocarburos, dispuesta en Bolivia por el presidente Evo Morales, se trata de un "gesto inamistoso"? ¿Cómo se le permite al presidente de Petrobras, José Gabrielli, afirmar que su empresa adoptará "todas las medidas posibles, en todos los niveles posibles, para garantizar el abastecimiento de gas en el mercado brasileño"? ¿Acaso Petrobras entiende que el hecho de tener en su manos entre el 15 y el 20 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de Bolivia le da derecho a decirle al gobierno de ese país lo que debe hacer sobre los recursos naturales que pertenecen a la órbita de su soberanía? ¡Que parecidas resultan esas bravatas orales de Gabrielli al lenguaje de Estados Unidos, cuando el presidente Bush reconoce que no descarta ninguna medida contra el gobierno de Irán! ¿Es que acaso sobre nuestra América sobrevuela una especia de pandemia de incontinencia verbal? No se trata aquí de agitar fantasmas y regodearse con especulaciones catastrofistas. Sin embargo, cada vez que el sistema de poder económico del bloque hegemónico lo necesitó, supo encontrar en nuestros países a suficientes alcahuetes para crear conflictos binacionales o regionales, que en algunas oportunidades llegaron hasta los cañones. Recordemos la ignominiosa guerra de la Triple Alianza y la del Pacífico, "la del fútbol" en Centroamérica, y los constantes cruces entre Ecuador, Perú, Bolivia y Chile; por no poner el acento en las nunca bien explicadas provocaciones de Colombia a Venezuela. No en vano un alemán decía hace ya mucho tiempo que la guerra es la continuación de la política a través de las armas. En Buenos Aires, las legítimas medidas adoptadas por Morales son seguidas con atención, porque también Argentina goza desde hace mucho tiempo de precios más que preferenciales para la compra de gas boliviano. El derechista diario La Nación, por ejemplo, sostuvo que en ámbitos gubernamentales y empresarios se dice más o menos lo siguiente: habrá que esperar; por un lado Morales requiere de las inversiones extranjeras y por el otro las grandes petroleras, cuando les conviene, están dispuestas a operar pese a los recortes de rentabilidad, sin dejar de bregar por todo tipo de mejoras para su actividades. Se trata de un enfoque que no deja de encerrar verdades, como la constatación de que, si tenemos en cuenta el escenario internacional, a las corporaciones petroleras, América Latina les interesa mucho, y a cualquier precio. No hay que olvidar tampoco que ciertas condiciones militares están dadas en nuestra región. Al decir de Bush y del titular de Petrobras, no se debe descartar ninguna opción. Algunas de esas condiciones son la vigencia del Plan Colombia y sus distintas variantes; el despliegue de fuerzas de seguridad estadounidenses sobre toda Sudamérica, con la excusa del enfrentamiento que merecerían "los nuevos desafíos", llámense narcotráfico, crimen organizado o contrabando de camisas y televisores -para Washington células de terrorismo islámico- en la Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil; ejercicios conjuntos en le mar Caribe, en el Atlántico y en el Pacífico, los trabajos en marcha para una superbase en Paraguay, justamente muy cerca de Bolivia, y participación de países de la región en "operativos humanitarios" en Haití. No es vano tampoco reparar que por algo la academia y los medios de comunicación proclives al sostén del discurso estadounidense insisten en que una "izquierda buena" es la que gobierna Chile, país en el que las fuerzas armadas casi conforman un Estado dentro del propio Estado, con el 10 por ciento de lo que factura la exportación de cobre con vía directa hacia sus arcas. Poco ayuda ante semejante escenario la crisis desatada dentro del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), atacado por la forma en que el virus de los Tratados de Libre Comercio (TLC) está siendo inoculado en la región: Chile, Colombia, Perú y ahora Uruguay casi a un paso, sin mencionar al Paraguay del presidente Nicanor Duarte Frutos, quien parece estar esperando la señal para lanzarse también a la arena pro estadounidense. Hasta aquí el por qué del alerta. Recordemos a continuación lo que sucede en Bolivia desde que, el lunes pasado, el presidente Morales simplemente cumplió con una de las promesas electorales que, en diciembre último, lo llevaron al gobierno con más del 50 por ciento de los votos. Decretó la "nacionalización de los hidrocarburos" y ordenó a las fuerzas armadas tomar los campos de hidrocarburos para evitar eventuales "sabotajes". Distintas agencias internacionales de noticias informaron que el decreto de Morales obliga a las transnacionales a entregar toda su producción al Estado de inmediato y establece que si rechazan la medida deberán abandonar Bolivia en 180 días. "Llegó la hora, el día esperado, un día histórico para que Bolivia retome el control absoluto de nuestros recursos naturales", dijo Morales desde San Alberto, campo petrolero que administra la brasileña Petrobras y que tiene también por socias a la firma española-argentina Repsol-YPF y a la francesa Total. En la ciudad oriental de Santa Cruz, sede de las principales transnacionales, una unidad del ejercito asumió el control físico de la refinería de Palmasola, propiedad de la brasileña Petrobras. "Se trata de dar seguridad a las operaciones," dijo el comandante de la unidad, capitán Jorge Lenz. Morales firmó el decreto en un acto público en San Alberto, 700 kilómetros al sureste de La Paz. Con el mismo también impone la transferencia "a título gratuito" al Estado de las acciones de los bolivianos en las petroleras resultantes de la privatización en la década pasada. También obliga a las empresas que intervinieron en la privatización a vender lo que sea necesario de su paquete accionario para que la estatal YPFB obtenga, con las acciones de los bolivianos, "el 50 por ciento más uno de las acciones". Desde Madrid y en defensa de Repsol-YPF, el gobierno español expresó "honda preocupación" por las medidas legales que adoptó el gobierno boliviano. "El Gobierno espera que el plazo de 180 días anunciado por el presidente de Bolivia a las empresas extranjeras para regularizar sus actuales contratos abra un proceso de auténtica negociación y diálogo entre gobierno y empresas en el que se respeten los intereses de uno y otros", señala un comunicado emitido por la cancillería española. Al menos fue un poco más prudente que el presidente de Petrobras, lo cual no quiere decir que no comparta con él su decisión de "defenderse" como fuere de los actos soberanos del presidente Morales. Otras empresas que deberán someterse a la nueva son Andina S.A, filial de Repsol; Chaco S.A., controlada por la británica British Petroleum; y Transredes, cuyo mayor paquete accionario pertenece a la anglo holandesa Shell y a un consorcio estadounidense que reemplaza a la quebrada Enron. Cuando ellas se constituyeron, los inversionistas controlaban el 50 por ciento de las acciones, mientras que "el pueblo boliviano" -no el Estado- y los trabajadores de YPFB detentarían el otro 50 por ciento. Las acciones de los bolivianos estaban administradas por fondos de pensiones privados, que no pertenecen al Estado. "Se acabó el saqueo de las empresas extranjeras", dijo Morales tras la firma del decreto, que da a YPFB el control pleno de la industria. Añadió que en lo inmediato las transnacionales que en 2005 hubieran producido 100 o más millones de pies cúbicos de gas por día deberán reconocer al Estado beneficios por el 82 por ciento del valor de su producción. En el caso de las que produjeron menos, deberán mantenerse en el régimen actual, que es de entregar al Estado el 50 por ciento en impuestos y regalías. Bolivia tiene las segundas reservas brutas de gas de Latinoamérica (48,7 trillones de pies cúbicos), debajo de Venezuela, pero las primeras de gas libre, no asociado a petróleo. Las venezolanas ascienden a 151 trillones de pies cúbicos, pero sólo el 10 por ciento es libre. A las corporaciones petroleras no le faltan aliados internos en su estrategia de desgaste contra el gobierno de Evo Morales. Agencias internacionales de noticias informaron este martes que dirigentes del Comité pro Santa Cruz reafirmaron el martes que el próximo jueves esa región, la mayor y más rica de Bolivia, llevará a cabo un "paro cívico" en protesta contra lo que consideran "desatención" del gobierno del presidente Morales a las demandas regionales. El portavoz del Comité, Daniel Castro, dijo que el gobierno está en busca de una "confrontación con este departamento, el único donde la economía de libre mercado goza de plena vigencia" y que la región se dispone a "manifestarse cívicamente contra esos propósitos". El paro había sido anunciado días atrás y la decisión de llevarlo adelante tuvo lugar sólo horas después de la decisión del gobierno de Morales de nacionalizar los yacimientos gasíferos del país. "Lo que sí nos preocupa y estamos en desacuerdo es con la manera de hacerlo y con la fijación de los porcentajes anunciados por Morales", dijo Castro, quien agregó que el Comité, la organización de derecha y monopolizada por grupos empresarios que cuentan con el apoyo de Estados Unidos, aguardaría una "explicación técnica" sobre esos porcentajes. En sintonía con los intereses de la rica burguesía de Santa Cruz de la Sierra, la que no esconde sus pretensiones separatistas respecto del gobierno nacional, Luis Vaca, uno de los gerentes de producción de Repsol-YPF, dijo que la firma petrolera tiene un horizonte de largo plazo, pero que también debe generar lucros para sus accionistas. "Si no hay lucro, no hay inversiones", destacó al subrayar que desde el año pasado la empresa ha reducido sus inversiones anuales en Bolivia de 600 millones de dólares a 200 millones de dólares. La reducción de las inversiones se traduce en poco tiempo en menores volúmenes de producción. El Comité pro Santa Cruz aseguró que el paro se cumplirá pacíficamente y que sólo funcionarán las instituciones de servicio público y hospitales. Castro dijo que al Comité le preocupaba lo sucedido con una empresa siderúrgica en el extremo sureste del departamento, en la frontera con Brasil. La empresa fue expulsada por el gobierno por provocar serios y sostenidos daños ambientales. Dirigentes cívicos del lugar, que defienden a la empresa siderúrgica EBX, de Brasil, solicitaron esta semana asilo en la ciudad brasileña de Corumbá arguyendo que se sienten perseguidos por el gobierno de Morales, sin que haya mediado causa legítima alguna que justifique esa solicitud. Este es el panorama. Sería bueno que, por los menos, los latinoamericanos estemos alerta. - Víctor Ego Ducrot, redacción de la Agencia Periodística del MERCOSUR, APM http://www.prensamercosur.com.ar