Reflexionar sobre el país que queremos, implica obligatoriamente determinar el estado actual de situación del país. Para nadie es un secreto que nuestro país existen dos Panamá: el de la opulencia y el de la pobreza. Siendo nuestra nación rica en recursos económicos, biodiversidad y envidiable posición geográfica, no se justifica que más del 50% de los panameños y panameñas sean pobres; que los niveles de informalidad laboral alcancen a más del 41% de la población trabajadora; que 95 de cada 100 indígenas viva en pobreza, que el 72% del campesinado no tenga acceso a la tierra, que hayan panameños que incluso mueren de hambre. La otra cara de los dos Panamá, se mira desde el escenario político. Por un lado una amplia mayoría de panameños buscando el cumplimiento de los principios democráticos en su más amplia connotación; por otro lado, una cúpula, cuya expresión máxima es la partidocracia, enquistada en la conducción del Estado y que niega la democracia participativa e intenta, incluso, penalizar la protesta social. Hoy día, toda la institucionalidad política burguesa se encuentra en crisis, porque sus instituciones fundamentales no cumplen con los principales requisitos de todo sistema democrático real: 1. Carecen de legitimidad, porque la correspondencia entre sus prácticas y sus supuestos credos fundacionales es virtualmente cero; 2. Sus capacidades de control democrático del Estado y de los titánicos poderes económicos de las elites dominantes, son raquíticas. Más bien, es un Estado cuya naturaleza y razón de ser es servir a las clases dominantes. Contextualizado el escenario en el que vivimos, podemos entrar a la reflexión de algunas interrogantes que se nos formulan. 1. ¿Gobernado por coacción o consenso? Más allá de lo conceptual, la experiencia concreta demuestra la coacción como forma de gobierno en el mundo y la manipulación de los llamados consensos. La coacción y el clientelismo electoral son indispensables en el marco del actual sistema de dominación, para que una minoría privilegiada se imponga sobre las grandes mayorías empobrecidas. Por ejemplo, de forma temprana las reacciones frente a la política neoliberal, se constituyeron de alguna manera en un freno a la velocidad y profundidad con que se pretendía imponer el ajuste, sobretodo en los países subdesarrollados. A su vez, en los noventa es clara la realización de la llamada globalización neoliberal, y las manifestaciones mundiales contra esta política. Para enfrentar esta reacción, desde inicios de la década del noventa, comienza a levantarse la tesis de la necesaria participación de la "sociedad civil" (participación ciudadana) y los procesos de "concertación social" (cláusulas sociales). Esta modalidad, es impulsada, en el primer momento en Europa, sobre todo a raíz de la puesta en vigencia de la OMC, para llevar adelante los llamados procesos de "reingeniería o reconversión" de los sectores productivos (principalmente el agro) y de flexibilización laboral. En el caso de la concertación social europea, la principal tónica es dar pie a la liberalización del mercado laboral a través de las cláusulas sociales. Se inicia un proceso tripartito (gobierno - empresarios - trabajadores) para alcanzar el "consenso", que partía del "congelamiento" de las aspiraciones del sector laboral. Indudablemente, en el plano ideológico, con estos procesos se esgrime la tesis del fin de la lucha de clases; en el plano organizativo, pretenden el sindicalismo amarillo y la desmovilización. En el plano político, se pretende con estos procesos dar muestra de que la democracia burguesa camina; ello ante la creciente deslegitimidad de la partidocracia. Los acontecimientos recientes en Francia y Alemania, entre otros, evidencian que la coacción es el instrumento de los gobiernos en su afán de imponer los mecanismos del mercado; que las llamadas cláusulas sociales se han constituido en un mecanismo donde los trabajadores para alcanzar el “consenso” han tenido que entregar sus reivindicaciones. En el caso de Panamá, ante la crisis de finales de los ochenta y la invasión norteamericana, en los noventa se comienza a plantear la llamada participación ciudadana o de la sociedad civil, con miras a mediatizar el descontento social e imponer al menor costo político la continuidad de la política neoliberal. Ninguna de las experiencias vinculadas con las demandas sociales, dónde en apariencia se vende la idea de “acuerdos de consenso”; éstos han sido avalados por la población panameña. La historia reciente registra el rechazo manifiesto en las calles a la reforma al Código de Trabajo en 1995 (Ley 44); el rechazo a las reformas tributarias (Ley 20 y Ley 6), el alza del pasaje del transporte colectivo en 2001 y el incuestionable rechazo a las reformas a la ley de seguridad social (Ley 51). ¿Por qué se rechazan estos “acuerdos de consenso”? En primer lugar por que la gran mayoría de las llamadas organizaciones que dicen representar a la sociedad civil no gozan de representatividad y están divorciadas de la población panameña; en segundo lugar, porque realmente no se construyen consensos, sino que los gobiernos ejercen procesos de cooptación en las “dirigencias” enquistadas y oportunistas de algunas organizaciones sociales. Estos escenarios son usados por los gobiernos para “apagar fuegos, sembrar falsas ilusiones y enfriar las luchas populares. Así pues, la experiencia demuestra que la toma de decisión por consenso en lugar de verse como una raíz de la democracia, ha sido institucionalizada por el modelo de globalización neoliberal, como un mecanismo de freno a la lucha por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que demandan los pueblos. 2. ¿Partidos Políticos y Gobierno que queremos los panameños(as)? Más que en pensar en que tipo de partidos y gobierno queremos, la reflexión básica inicia por el tipo de Estado que queremos construir los panameños y panameñas. Se trata entonces, de un Estado que rompa con el modelo un modelo que cada día desnacionaliza y concentra más recursos, riquezas y poder en unos pocos en perjuicio de los trabajadores, de las capas medias y de los sectores más vulnerables de la sociedad. Un Estado dónde la máxima no sea el mercado, sino la satisfacción de las necesidades humanas, que garantice el bienestar social y no la acumulación de riquezas. Que ponga fin a la inmensa brecha que separa a pobres y ricos. Un Estado, un gobierno y un partido político, que lucha contra el modelo que nos asfixia, contra la entrega de los principales recursos de nuestra patria , contra los tratados leoninos que nos empobrecen y nos hacen perder más de nuestros empleos, por la recuperación de nuestras empresas nacionales; todas ellas preocupaciones y necesidades sentidas por el conjunto de la ciudadanía. Un Estado que propicie una sociedad sin explotados ni explotadores. Para ello es necesario refundar el Estado, lo cual no es posible con las actuales estructuras del sistema político panameño. Una Constituyente Originaria, de amplia integración daría pie a la construcción de esta sociedad democrática y equitativa a la que aspiramos. A manera de Conclusión: ¿Qué hacer? Indudablemente si miramos este escenario, concluimos que el actual no es el tipo de país al que aspiramos los sectores populares, nacionales y democráticos. Para nosotros, por ende, es necesario construir una sociedad diferente a la existente, lo que demanda poner una nueva institucionalidad cualitativamente diferente a la existente; de allí la necesidad de una Constituyente Originaria que promulgue nuevas normas para regir el Estado. En medio de esta coyuntura los grandes desafíos de la población panameña giran en torno a: 1. La construcción de un plan nacional de desarrollo, diseñado por todas las fuerzas del país, que le dé dirección al acontecer nacional y convoque a todos a la construcción de una sociedad realmente democrática, justa y solidaria. En ello se inserta, como elemento esencial, que nuestro principal recurso económico, finalmente nuestro, el Canal, sea puesto al servicio de las clases más necesitadas y no de intereses foráneos, es decir del capital internacional, las grandes navieras o de grupos económicos favorecidos. El uso del excedente canalero es un ingrediente principal de este Plan de Desarrollo Nacional. Por ello el debate que se inicia acerca del futuro del Canal es crucial y muy oportunas las denuncias que se han hecho acerca de uso de los recursos del Estado por parte del Gobierno y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para publicitar el proyecto de ampliación sin que nuestro pueblo conozca aún sus implicaciones. 2. Lograr la convocatoria popular a una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes, es una tarea primordial para los sectores populares proyectada a crear una Constitución que signifique un vuelco radical en los cimientos de la república y la transformación profunda de la sociedad panameña. De allí que la Constitución que propugnamos debe garantizar una sociedad con principios democráticos de amplia participación ciudadana con plena libertad de pensamiento, organización, reunión, expresión y derecho a manifestarse libremente; una nueva moralidad solidaria, con transparencia en el manejo de la cosa pública y que acabe con la corrupción y la impunidad que hoy nos ahoga; pleno respeto a los derechos humanos; desarrollo nacional integral que busque el bienestar económico común y la equidad social; y la consolidación de la nacionalidad panameña, el respeto a nuestra soberanía e integridad territorial y neutralidad efectiva. 3. La lucha por el respeto a los derechos humanos, por la defensa ecológica, por la democracia y contra la partidocracia, contra la corrupción y la impunidad, por la defensa de la soberanía nacional y por la emancipación social. Se trataría de un planteamiento que recoja las demandas de la población, de ir creando conciencia de la necesidad de un cambio político transformador, donde el pueblo sea finalmente quien tome las decisiones que atañen a su propio destino. La tarea de dar solución a la situación socioeconómica, política y moral que padecemos corresponde al pueblo trabajador, a obreros, campesinos, indígenas, jóvenes, pequeños productores y capas medias de profesionales independientes, es decir, a los panameños y panameñas que se ganan honestamente el pan con el sudor de su frente. ¿Cómo hacerlo? En nuestro país, con esa fragilidad del tejido social que hemos mencionado, creemos que se empieza, como ya lo empezó a hacer FRENADESO, creando espacios de encuentro para todos aquellos que, aún teniendo diferentes intereses y reivindicaciones, derivadas precisamente de sus diferentes situaciones y posiciones están dispuestos a trabajar por la construcción de una sociedad más justa y equitativa, por la defensa de los derechos humanos, por una nación plenamente soberana, por una real democracia participativa. La misma polarización y exclusión social que el modelo neoliberal nos impone cada día con más fuerza, facilita la convergencia de intereses, de necesidades sentidas por todos, de reivindicaciones, y debería facilitar primero la unidad y luego la fusión y la síntesis de las reivindicaciones, de las necesidades, de las aspiraciones y de los intereses de todos los estamentos de los Sectores Populares en un Plan Nacional de Desarrollo. Panamá, 8 de Abril de 2006. - Gabriel Castillo es Secretario General de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI). Exposición presentada por Gabriel Castillo Secretario General de CONUSI en el marco de CADE 2006 “Partidos Políticos: crisis y desafíos”.