Finalmente los piqueteros argentinos pusieron fin a la ilegalidad de los cortes de rutas en la provincia de Entre Ríos, una insoportable afrenta a toda la legislación común que se establece en el acuerdo de integración que formó el MERCOSUR y, por supuesto, lo establecido en la propia legislación argentina. Ello determinó que el gobierno uruguayo, en un polémico camino de reciprocidad, negociara con las empresas que construyen las obras en las inmediaciones de Fray Bentos, la suspensión de los trabajos por un lapso de, al parecer, 90 días. Claro, que para lograr el acuerdo – como ocurre tradicionalmente en nuestro país – se deberán socializar las pérdidas emergentes de esa paralización, por cuanto los salarios se seguirán pagando como resultado de un evidente y tácito acuerdo, no informado pero notorio, del que solo se conocen las palabras del ministro de Trabajo y Seguridad Seguridad Social, Eduardo Bonomi, en el sentido de que ningún trabajador dejará de percibir su salario durante la detención de las obras. De esta forma cayó sobre toda la sociedad la necesidad que tenía el presidente argentino Néstor Kirchner, de que se suspendiera la construcción de las plantas y de esa forma no quebrar, definitivamente, su relación con los piqueteros de Entre Ríos que, como mínimo, le reclaman tal extremo. Pese a que se violaron, en definitiva, claras normas constitucionales que hacen al funcionamiento democrático mismo de estos países. Y ello ocurrió con el apoyo de un gobierno provincial y la "vista gorda" del propio gobierno nacional argentino que incluso, en alguna oportunidad, envió a un representante - el mismísimo jefe de gabinete Alberto Fernández, que hoy negocia con el secretario de la Presidencia de la República, Gonzalo Fernández, un acuerdo “definitivo” para solucionar el diferendo – quién estuvo presente en una asamblea de los piqueteros en Gualeguaychú. El gobierno de Néstor Kirchner es el responsable central de toda una situación que determinó graves perjuicios para Uruguay, para el comercio exterior, cuyo ingreso y egreso, debió de modificar sus conductos y, fundamentalmente, para el tránsito de vehículos y personas. Quiérase o no el turismo se vio resentido por esta situación, pues muchos visitantes que habitualmente llegaban a Uruguay por vía terrestre, especialmente por automóvil, prefirieron no hacerlo por temor a quedar varados en la frontera. También se perjudicó al transporte, tanto a las empresas de carga, como a las especializadas en pasajeros que debieron suspender frecuencias y multiplicar costos por el alargamiento de sus rutas en cientos de kilómetros, ya que debían pasar a la Argentina por la zona de Salto-Concordia. Una responsabilidad bien clara, evidente, que todos debemos tener presente, no para enrostrar a cada momento y utilizar a cada paso, sino para medir la seriedad de un gobierno, como el Argentino, que está negociando desde una posición de fuerza, tratando de imponer condiciones al gobierno uruguayo para lograr una salida favorable a sus intereses de una situación que es transparente y que no tendrá soluciones fáciles sin magullones, dolores y contradicciones políticas. ¿Qué otra explicación tiene, entonces, la suspensión a último momento, con “la comida caliente”, del encuentro presidencial en la Estancia Presidencial de Anchorena? Porque, por más que los técnicos que se designen para medir el impacto ambiental sean probadamente imparciales y se atengan estrictamente a sus mediciones, el informe final siempre disgustará a los piqueteros de Entre Ríos, que siguen planteando el extremo de que las plantas salgan de las inmediaciones de Fray Bentos, y que sean trasladadas a otras zonas del país. Quizás ocurra, porque a algún empresario turístico de Gualeguaychu, le molesta que el bucólico panorama que se aprecia desde su complejo turístico, sea mellado en el horizonte por la aparición de gigantescas plantas industriales. Es el mismo empresario que les está dando albergue a los militantes de la organización Greenpeace y, que dejó atracar en el muelle de su balneario, al buque insignia de esa organización. El mismo lugar de donde partieron los gomónes que violaron la soberanía uruguaya, colocando sus tripulantes leyendas provocativas en una de las obras en marcha. De allí también despegó el helicóptero de la misma organización que tanto molestó a los fraybentinos. Entonces, ¿hay algo para negociar? Tabaré Vázquez, por imperio de las circunstancias y como consecuencia de una imposición poco clara, estaba dispuesto a quemar etapas hablando mano a mano con Kirchner para, en el marco señorial de la estancia presidencial de Anchorena en Colonia, se firmaran acuerdos sobre la construcción de las plantas. Pero, ¿qué acuerdos? El gobierno uruguayo exigió a las empresas que construyen las plantas que utilicen la más moderna tecnología que evite la contaminación, tal como ocurre en los países de la Unión Europea. Esto ya está decidido y en marcha, pues la construcción de los emprendimientos que procesarán madera para convertirla en celulosa, se realiza con estas características. Las plantas que se levantan en Fray Bentos no contaminarán el agua ni el aire, esto está bien claro. Ello, entonces, no hay que discutirlo con Kirchner, porque es un resorte enteramente del gobierno uruguayo, que en su momento impuso ese criterio que fue de recibo de las empresas. El pasado ahora no está en consideración, lo que sería un absurdo inadmisible y otra inaceptable pretensión argentina. Cuando estaba todo listo para la esperada reunión en el bucólico paisaje, la “mesa tendida”, todo volvió a fojas cero. La versión oficial es que se necesita una semana más para “redactar un documento completo” sobre el conflicto bilateral por las papeleras acusadas de contaminación. La información que trascendió en Buenos Aires, era que Argentina quería un documento muy preciso para definir los alcances y atribuciones de la comisión técnica y Uruguay no lo aceptó. Es cierto que no se pusieron de acuerdo. Oficialmente se dice que las negociaciones no fracasaron, si bien son delicadas y complejas. ¿Ello es realmente así? Se debate, en rigor, sobre la comisión técnica que definirá el impacto ambiental de las plantas. “La comisión recomendaría soluciones para que no contaminen”, se dice en la Argentina, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Hay fallas en los estudios uruguayos? Ello constituye el nudo del conflicto binacional que debían resolver, políticamente, Kirchner y Tabaré, Pero el encuentro se canceló, sorpresivamente, el martes a la noche, cerca de las 21. “El documento que iban a firmar era tan breve, genérico y abstracto como inaceptable para los asambleístas de Gualeguaychú, que iban a redoblar su protesta. Es muy delicado el tema y ellos están muy duros”, dijo una alta fuente gubernamental argentina. Los ambientalistas exigen “contaminación cero” y los más duros reclaman que las papeleras se radiquen en otro lugar. “Esta es una postura de máxima”, relativizan cerca de Kirchner. Para el Gobierno, hay que evitar el impacto ambiental; pero las plantas se harán y será en Fray Bentos. Kirchner procuraba definir con mucha precisión los puntos del impacto ambiental sobre los cuales la comisión técnica debía definir y trabajar durante los próximos 90 días luego de que Botnia y ENCE paralizaron sus obras por ese lapso para permitir un acuerdo. Para Uruguay aceptar discutir el tema es exponerse a que se plantee una modificación del proyecto de construcción, a gusto y medida del gobierno argentino, que obviamente, nunca ha pensado en recorrer un camino ni siquiera parecido en la docena de fábricas de celulosa diseminadas por su territorio. Nuestro gobierno también ha sostenido la necesidad de crear una comisión técnica binacional, de alto nivel, con el fin de hacer un seguimiento permanente de cada etapa en la producción de las fábricas de celulosa, para que las mismas mantengan los estándares de calidad acordados y, por supuesto, no violenten con alguna trasgresión o error, la preservación del medio ambiente. Esto también está decidido, no hay porque discutirlo con el presidente argentino. Lo que seguramente sobrevoló para la suspensión del encuentro fue el hecho de que cualquier informe que surja de una comisión mixta, de alto nivel, que mida el impacto ambiental, que si expresa lo que todos sabemos y lo que han sostenido hasta el cansancio científicos argentinos y uruguayos que han estudiado a fondo el problema, no contentará a los piqueteros de Entre Ríos, que recomenzarán su movilización. ¿Qué hará Kirchner ante esa alternativa que es bien posible? ¿Le dará intervención a la Gendarmería para restablecer la legalidad en la zona o, seguirá mirando para otro lado, buscando que los zapallos se reacomoden por si solos en el carro? Más bien el Presidente argentino no quiere enfrentarse a estas alternativas y prefiere, de antemano, lograr un acuerdo “satisfactorio”, pese a que algunos sectores piqueteros duros, estén disconformes. Solo por el resultado de una presión indebida, metida en medio de una mala negociación, se aceptó como contracara del levantamiento de los cortes de rutas, que las empresas tuvieran que suspender por 90 días las obras, con lo que ello significa con sus costes por lucro cesante, salarios caídos, atrasos en los trabajos, etc. ¿Para qué detener los trabajos, entonces? No lo entendíamos. Y menos ahora, cuando al parecer el gobierno se hará cargo de la situación de los trabajadores afectados por el cese momentáneo de las actividades. A algunos analistas les pareció como otra imposición inadmisible de argentina, una especie de piedra de cambio que el gobierno de Kirchner trataba de utilizar para no romper totalmente con los piqueteros. La suspensión de los trabajos se anunció junto con la afirmación del ministro Bonomi de que los operarios afectados no pederán jornales, costo qué, obviamente, no estará a cargo del empleador multinacional. Un tema que debería haber estado en la mesa de discusión a la que se sentarían en Anchorena los dos mandatarios, es el resarcimiento a Uruguay por los perjuicios provocados por los ilegales cortes de rutas. Ese tema no debía estar ausente, de ninguna manera, pues lo hecho por el gobierno argentino tuvo una connotación demasiado grave, onerosa para nuestro país y ahora, porque estamos "respirando de nuevo", no es bueno olvidar todo aquel sufrimiento por la “falta de oxigeno” que vivió todo el país. - Carlos Santiago es periodista, secretario de redacción de Bitácora.