Comicios con impugnaciones
28/11/2000
- Opinión
El 26 de noviembre se realizan las elecciones presidenciales en Haití.
De los siete candidatos inscritos, se da por descontado que ganará el
ex-presidente Jean-Bertrand Aristide, único candidato que cuenta con un
amplio respaldo en la población. También se debe renovar en esta fecha a
un tercio del senado. No obstante, el proceso electoral se encuentra
impugnado por la oposición, hecho que amenaza con poner en duda la
legitimidad de los resultados.
De hecho, la mayoría de partidos de oposición se han retirado de la
contienda electoral, en razón de su inconformidad con el manejo de las
elecciones legislativas del 21 de mayo pasado. Aquellos comicios fueron
impugnados por los partidos de oposición, como también por la misión de
observación de la Organización de Estados Americanos -OEA-, debido a la
forma de calcular los votos, que permitió que Fanmi Lavalas (FL -partido
actual de gobierno, creado por Aristide hace cuatro años) saliera como
el gran ganador de la primera vuelta. La oposición consideró que el
método fue inventado, en violación de la Ley Electoral, para permitir a
FL controlar el parlamento.
Los partidos de oposición, desde la socialdemocracia hasta la extrema
derecha, e incluyendo el principal partido de oposición, la Organización
del Pueblo en Lucha, OPL, conformaron la Convergencia Democrática (CD),
para llevar a cabo las negociaciones con el Gobierno, intermediadas por
la OEA. Inicialmente pidieron la anulación de las elecciones de mayo.
Luego accedieron a reconocerlas, a condición de que se nombre un nuevo
Comité Electoral Provisional, que tendría a su cargo reconsiderar el
cálculo de votos del escrutinio de mayo y organizar las elecciones
presidenciales, cuya fecha sería postergada.
Cinco meses de intentos de negociaciones entre la CD y la FL resultaron,
el 20 de octubre, en un fracaso, a raíz de lo cual se produjo el retiro
de la oposición del proceso de noviembre. Con este motivo, la comunidad
internacional ha tomado distancia del proceso actual, pidiendo a las
facciones en pugna llegar a un acuerdo antes de la realización de nuevas
elecciones. El Secretariado de Estado Adjunto de Asuntos Hemisféricos
de EE.UU., Peter Romero, ha expresado reservas sobre la legitimidad de
la administración que surja de este proceso; y por su parte, Luigi
Enaudi, jefe de la misión de la OEA, opinó que la realización de
elecciones en las actuales condiciones sería la peor opción para el
país.
No obstante, el presidente Robert Preval, allegado a Aristide,
reconfirmó su realización, y ratificó el 7 de febrero próximo como fecha
del cambio de mando.
Una campaña sin debate
El candidato Aristide, quien fue Presidente entre 1991 y 1996, con un
paréntesis de tres años debido a la dictadura, ha prometido ?un país
nuevo? y ?la paz?. El programa de FL pone énfasis en las obras de
infraestructura a nivel nacional, el crecimiento de la agricultura y la
industria de exportación, la sustitución de importaciones y el impulso a
la artesanía, un plan de educación y de salud. No obstante, se ha
observado que hay poco desarrollo de las propuestas y ausencia de debate
sobre un proyecto de país.
Las organizaciones populares haitianas están divididas en cuanto al
proceso electoral. Un sector de organizaciones cercanas a Aristide está
comprometido con el proceso, al considerar que contribuirá a la
construcción de una democracia participativa. Otras en cambio están
inconformes. Por ejemplo, el Movimiento de Campesinos de Papaye, del
este del país, que hace dos meses realizó una movilización de unas 8000
personas contra el Gobierno -la primera de esta envergadura- rechazó el
proceso electoral de mayo, además de denunciar la situación
socioeconómica. Otra evidencia del escaso entusiasmo popular hacia el
proceso es el hecho de que, al 20 de noviembre, solo 25 mil de los 800
mil jóvenes que recién cumplieron 18 años, se habían inscrito en el
registro electoral.
Otro factor que ha contribuido al desconcierto es la ola de violencia
que se desató en el país desde inicios de noviembre. Testigos han
informado de vehículos sin placas desde donde se dispara con armas de
fuego sobre los pasantes y las colas de quienes esperan los autobuses.
Se reportó al menos cinco muertos y varios heridos. Gobierno y
oposición se enfrentan en acusaciones mutuas en cuanto a la
responsabilidad de estos hechos.
El 21 de noviembre, la OPL denunció un complot "concebido por el poder
Lavalas" para responsabilizar a la oposición por un atentado que tendría
lugar el día siguiente, como pretexto para desatar la represión. Al día
siguiente se produjeron siete atentados con bombas y centenares de
miembros de organizaciones populares salieron a las calles a exigir la
arrestación de dirigentes de la CD. Las iglesias se pronunciaron
pidiendo la reanudación del diálogo.
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