El 30 de noviembre de 1964, el entonces régimen militar promulgó, a través de decreto, la primera ley de reforma agraria de Brasil. La Ley 4.554 se llamó Estatuto de la Tierra. Muchos analistas agrarios de la época alabaron su promulgación, pues en su esencia la ley era progresista. De hecho, traía aspectos progresistas en su concepción, porque fue resultado de la propuesta de un grupo de técnicos que venía preparando la ley desde el gobierno João Goulart y se inspiraba en las ideas defendidas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL): utilizar una amplia distribución de tierras como un mecanismo de distribución de renta, estímulo al mercado interno y al desarrollo rural. Entre los aspectos progresistas de la ley, estaba la creación del mecanismo de desapropiación por el Estado. Acababa, por lo tanto, con el derecho absoluto de la propiedad de la tierra, en vigor hasta entonces, y establecía el pago de la tierra expropiada en títulos del tesoro nacional, pagables en un período de veinte años. Con el Estatuto de la Tierra, el gobierno creó el actual Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), en su época llamado Instituto Brasileño de Reforma Agraria (IBRA). Instituyó también la posibilidad de que los beneficiarios de la reforma agraria se organicen cooperativas de producción. Estableció el catastro de todos los inmuebles rurales del país, hasta entonces inexistente, y los clasificó, por ley, en minifundios (inmueble con una área inferior a las necesidades de desarrollo de una familia campesina); empresas rurales (inmueble con una área y condiciones de progreso económico); y latifundios (inmueble que era improductivo en relación a su potencial, o tenía dimensiones que por sí sólo era nefasto para la sociedad). Entre otros elementos progresistas, la ley estableció por primera vez el cobro de Impuesto Territorial Rural (ITR). Y aún más: determinaba un impuesto progresivo, año a año, si su propietario no aumentaba la producción. Los recursos serían recogidos por la Unión y deberían ir directamente a las arcas del INCRA, para ayudar a financiar los costos de la reforma agraria. Pura propaganda de Cardoso A lo largo de esos cuarenta años, diversos gobiernos intentaron agilizar el impuesto. Ya el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC) intentó estadualizarlo. El ex ministro Raul Jungmann cambió los criterios del ITR anunciando que el nuevo impuesto sería una verdadera revolución agraria, como instrumento de corrección de la concentración de la propiedad agraria. ¡Pura propaganda! En la realidad, durante todos esos años, el ITR nunca fue usado de forma progresiva. También nunca hubo ningún mecanismo de sanción para aquellos propietarios que no pagaban o mentían en sus declaraciones. Así, se unieron dos factores, todos los gobiernos que pasaron por el Palacio de Planalto, para mantener sus alianzas electorales, nunca quisieron elevar el impuesto y penalizar a los grandes propietarios. Y la Reserva Federal se hacía de la vista gorda en la recaudación de este impuesto. En todo ese periodo, justicia sea hecha, hubo sólo un caso ejemplar de la superintendente de la Reserva Federal de Ceará, durante el gobierno Itamar Franco (1992-94), que usó la ley y trató de penalizar y recaudar el ITR en su Estado. Pagó caro su osadía. Pasado el gobierno de Itamar, sufrió, hasta hoy, el ostracismo en la Reserva Federal. Entre los mentalizadores del Estatuto de la Tierra, estaba uno de los mayores especialistas de reforma agraria del país, miembro de la Secretaría Agraria del Partido de los Trabajadores (PT), y fundador de la Asociación Brasileña de Reforma Agraria (ABRA), el viejo José Gomes da Silva, fallecido en 1996. Él siempre defendió el uso riguroso del ITR como un instrumento que contribuiría para presionar el aumento de la productividad, penalizar el malo uso de la tierra por parte de los grandes propietarios y ser una fuente importante de recursos para financiar la reforma agraria. Él defendió siempre, en el PT, en la ABRA y en todos los foros posibles la agilización de ese impuesto. Y se rebeló siempre, con fuertes argumentos, cuando en diversas ocasiones, los gobiernos federales intentaron estadualizar o municipalizar el impuesto. José Gomes defendía lo contrario: era necesario mantenerlo como impuesto federal, pues eso permitiría a la Reserva Federal cruzar las informaciones de los declarantes, con su impuesto de renta y con otros impuestos. Y, así, los latifundistas no podrían mentir o usar la propiedad de la tierra inclusive como forma de escabullirse del pago del impuesto a la renta. José Gomes defendía también que el gobierno federal debería cumplir la ley a la raya, expropiar los latifundios y pagar sólo el valor declarado por el propio hacendado al pagar el ITR. La Reserva Federal actualiza el índice de hectáreas de tierra por región, pero el propietario es quien dice cuanto vale cada hectárea. De ese modo, para efecto del impuesto a la renta, las personas declaran cuanto vale su casa, su terreno, su apartamento. Las ideas de José Gomes cayeron en el vacío y ninguno de los gobiernos las utilizó. Murió soñando que un día Lula llegara al poder, y entonces podría aplicar lo que siempre defendió en los programas del PT. Como resultado de esa política de todos los gobiernos, el gobierno recaudó por concepto del ITR sólo R$ 280 millones durante el 2004. Eso equivale al Impuesto sobre Propiedad Territorial Urbana (IPTU) de sólo un barrio de la ciudad de São Paulo. Según las reglas actuales del ITR, las pequeñas propiedades están exentas del pago. Entonces, si sumáramos los inmuebles clasificados como mediana y gran propiedad, tendremos alrededor de 270 mil propietarios (342 mil inmuebles por encima de 200 has - según el INCRA - y 272 mil establecimientos rurales por encima de 200 has, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística). Esos medianos y grandes propietarios controlan 298 millones de hectáreas. Se estima, entonces, que el actual ITR cobra menos de un real por hectárea por año. Y cada hacendado paga, como promedio, mil reales por año por propiedad, lo que es una bagatela y no representa ninguna presión, penalización y, mucho menos, mecanismo fiscal correctivo de la concentración de la propiedad de la tierra. Al gusto de los latifundistas La situación es esa. ¿Qué hizo el actual gobierno con respecto a esta situación? Podía seguir la ley y las ideas de José Gomes da Silva: aumentar la tasa del ITR por hectárea; aumentarlo progresivamente, año a año; pagar las desapropiaciones sólo por el valor declarado por el latifundista; y destinar esos recursos a la reforma agraria (una vez que, en los últimos años, era destinado a la caja común del Tesoro). El gobierno de Lula se olvidó de los consejos del viejo Zé Gomes. E hizo lo que ningún otro gobierno se atrevió: municipalizó el cobro y el destino del ITR. Así, envió un Proyecto de Ley al Congreso, que fue aprobado en última instancia por el Senado y de forma casi unánime (¿extraño?) el día 15 de diciembre pasado. Y, el último día del año del 2005, para que entre en vigor en el año fiscal de 2006, el presidente Lula promulgó la nueva ley del ITR, que deja de ser un impuesto para la reforma agraria. Ahora pasa a ser un impuesto a ser cobrado, fiscalizado y recaudado por los Ayuntamientos Municipales, que podrán usar el dinero como a bien tuvieren. El ITR fue muerto y sepultado. La Reserva Federal va a perder el control del catastro y de la oportunidad de cruzarlo con las declaraciones del impuesto a la renta. Los latifundistas están eufóricos, ya pagaban poco y, ahora, basta engañar a sus amigos alcaldes y pagarán aún menos. El INCRA pierde la tasa que le venía siendo negada, pero que estaba en la ley, y pierde el poder de expropiar por el valor declarado. Pierde la reforma agraria. Hace falta el viejo Zé Gomes para explicar mejor la gravedad de ese cambio a su amigo Luiz Inácio Lula da Silva. (Traducción: ALAI) - João Pedro Stedile es dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin tierra (MST) y de la Vía Campesina – Brasil