El conflicto con el gobierno argentino sigue en progresión geométrica. A la irracionalidad de muchos de sus dirigentes no se están oponiendo - en el vecino país - las voces de la coherencia y el respeto por los derechos de los demás que debería aparecer en los sectores progresistas, por lo cual el resultado final de este diferendo es de más que difícil pronóstico. La escalada de acciones es evidente y a ella se suman además de ciudadanos ahora organizaciones ecologistas que, lamentablemente, en un afán militante no atienden razones, dan por sentado que las plantas son contaminantes y no les importa que en el centro de la conflagración que tiene como factor desencadenante al gobierno de Entre Ríos, se encuentre una sorda lucha de intereses espurios, de prestigios personales, de absurdos protagonismos a los que se sumó, luego de un continuo bombardeo informativo, gente bien dispuesta a luchar por causas no muy claras, con dejos entremezclados de justicia y otros de reivindicación nacional. Es lamentable, por otra parte, que el gobierno que encabeza el fogoso Néstor Kirchner, en lugar de apaciguar el diferendo, poniendo paños fríos a una disputa claramente desmedida, ha echado más leña a la hoguera. ¿Qué pretende el presidente argentino? ¿Qué el gobierno del doctor Tabaré Vázquez ordene la paralización de la construcción de las plantas, lo que significaría aceptar esa especie de amedrentamiento desmedido y creciente? Doblarle el brazo al primer presidente socialista que tiene Uruguay es una tarea totalmente innoble, fuera de lugar, absurda por donde se la mire. Otra cosa es exigirle a nuestro país, más allá de otras cosas, que las plantas que se construyen sobre ríos de propiedad y utilización binacional, no sean un escollo para el medio ambiente, que no contaminen, que estén construidas con las máximas garantías las mismas que los argentinos deberían exigirles a las empresas instaladas en ese país, muchas de ellas claramente perjudiciales de la ecología. Un planteo adecuado debería ser que en esta zona del MERCOSUR todas las plantas industriales que se construyan ofrezcan las máximas garantías para no perjudicar la ya dañada naturaleza, pero no es justo que se haga de eso un planteo oportunista, dirigido a Uruguay, cuando en la propia Argentina – tal como lo denuncia la prensa del vecino país – la afectación ecológica del Paraná es muy alta a causa de distintas plantas, incluso elaboradoras de pasta de papel, y es considerado el Riachuelo, que corta la propia ciudad de Buenos Aires, como el hilo de agua más contaminado del mundo. Pero, por supuesto, se dirá que no existe ninguna planta de ese tipo en un río binacional, lo que es un tema para tener en cuenta con el fin de exigirles a las empresas inversoras el máximo respeto a las normas internacionales. Porque sería un papelón descomunal para nuestro gobierno, luego de esta lucha en que se están lesionando muchos elementos que parecían consolidados para siempre en las relaciones con Argentina, que al funcionar las plantas en la zona de Fray Bentos, las mismas no cumplieran con todas las exigencias prometidas. ¿Cuál sería el paso siguiente? ¿Se deberían cerrar las referidas plantas? Creemos que el gobierno uruguayo ha adoptado las debidas providencias para que ese extremo, absurdo, sea descartado en cualquier análisis. Porque, además, ningún empresario del mundo realiza una inversión millonaria del monto a la prometida en esta zona del Uruguay, si no cumple con los extremos de un cuidado ambiental que, además como en este caso, son el centro de un conflicto de estas proporciones. Hacer lo contrario sería un hecho de un aventurerismo insólito, impensable: que empresas insertadas en el mundo moderno, que están en el centro de una tormenta entre dos gobiernos, con rayos y centellas infrecuentes, cometan gafes de ese nivel, es algo que no parece de hoy de recibo. El camino de los tribunales de alzada A esta altura de los acontecimientos, cuando “Greenpeace” se suma a la campaña internacional en contra las plantas y en Uruguay – en una insólita conclusión de los analistas de la opinión pública – nos sentimos ratificados porque la opinión de los uruguayos es favorable a la construcción de los emprendimientos, cuando estamos frente a un conflicto internacional y los que habitamos en el país casi nada tenemos para hacer, es que debemos buscar y rebuscar cuales son los caminos que nos quedan como país para solucionar el diferendo. Obviamente que hay que agotar la acción de los tribunales internacionales pero, sabiendo de antemano, que esto tendrá poco andamiento en la parte argentina. Recordemos el rechazo a la resolución del Banco Mundial, cuyo onmusman entendió que las plantas “no planteaban impactos ambientales” La afirmación fue inmediatamente rechazada como “poco seria” por el gobernador de Entre Ríos, que unos meses antes había asegurado, con tono amenazante, que el tema se resolvería cuando fuera llevado ante ese organismo. A Busti solo le sirven los fallos que le favorecen y, al “solidario” Kirchner, también. Sin embargo, ¿qué otro camino le queda al gobierno que recurrir a los tribunales internacionales de mayor prestigio? ¿Cómo no recoger, entonces, el guante lanzado por el propio gobierno argentino y buscar una solución en el tribunal de justicia de La Haya? Sabemos que se afirma en el marco de nuestro gobierno que la decisión de aprobar la construcción de las plantas es una acción de gobierno que no debe ser considerada con ningún otro país, ni analizada en organismos internacionales, porque hacerlo sería menoscabar una acción soberana. Sin embargo el conflicto con Argentina ha superado ya todo lo previsible. En esta escala de presiones, de cortes de rutas y de presuntos “boicot”, de declaraciones altisonantes, ¿se está muy lejos de otras medidas, como el cierre de fronteras? Actualmente se practica de hecho, por parte de grupos de ciudadanos tras los que - se supone - se encuentra el propio gobernador de Entre Ríos. ¿Mañana no se producirá una medida más formal impulsada formalmente por el gobierno de Kirchner? ¿O una acción de otro tipo? A esta altura de los acontecimientos, ante la irracionalidad de los hechos, no debemos descartar nada. Y por ello nuestros gobernantes deberían arremangarse y estar dispuestos a llevar los hechos ante todos los tribunales de alzada que existen en el planeta para que la comunidad internacional tenga presente como un país pequeño está siendo presionado para que no reciba en su territorio a la mayor inversión foránea de su historia. Para que no se construyan dos plantas de fabricación de celulosa de papel para lo cual el capitalismo globalizador – forestación mediante – está preparando al país desde hace décadas. Y esto último – no hay que ser ingenuos - es algo para tener bien en claro, también. - El autor es periodista, secretario de redacción de Bitácora (Uruguay)