La Contraloría General de la República condenó a Saludcoop a devolverle al Sistema de Salud 1,42 billones, en pesos de 2013, porque esa EPS se los apropió ilegalmente –se los robó, se diría en lenguaje coloquial–, mediante un conjunto de maniobras dolosas efectuadas entre 1998 y 2010. Pero lo peor es que esa plata podría quedarse para siempre en manos de los defraudadores, dada la actitud del gobierno nacional.

La Contraloría demostró que Saludcoop –e igual ocurre por norma con las demás EPS– no se limitó a cobrarse de los recursos públicos del sistema de salud los costos de administración y una ganancia, sino que los convirtió en patrimonio suyo mediante decisiones descaradamente ilegales. Con la plata de la salud de los colombianos Saludcoop montó como propias decenas de clínicas e IPS, una empresa de medicina prepagada en Ecuador, empresas de medicamentos, de auditoría, de diálisis, de servicios de administración, de equipo médico y de software; también compró a Cafesalud EPS por 25 millones de dólares, acciones del club de fútbol La Equidad, terrenos para el Gimnasio Los Pinos y hasta se pagó una reunión del consejo de administración en el Hotel The Stamford, en Singapur. Y el ente de control demostró además que las IPS, de propiedad de los mismos dueños de Saludcoop EPS, le hacían cobros fraudulentos a esta, en un mar de ocultamiento y corrupción.

Por las denuncias en el Congreso, la presión ciudadana y la actuación de la Contraloría, al gobierno le tocó intervenir a Saludcoop –y a Cruz Blanca EPS y Café Salud EPS, las otras cabezas del Grupo. Pero por ello no debe olvidarse la actitud negligente del ministro Santa María ante el fraude de Saludcoop con los precios de las medicinas ni tampoco que el Consejo de Estado tumbó una decisión del supersalud Conrado Gómez que abría el camino para que dicha EPS se apoderara ilegalmente de 600 mil millones de pesos del sistema de salud.

Y con la intervención no concluyó la actuación laxa del gobierno frente al Grupo Salucoop. Por el contrario, según lo ha explicado la Contraloría, el primer hecho inaceptable consistió en que solo fueron intervenidas las EPS, con lo que los socios de Palacino siguieron manejando las IPS del Grupo, empresas que también ha debido el gobierno intervenir para que cesaran las malas prácticas y para que hubiera con qué responder por los 1.4 billones de pesos de la sanción. Aunque parezca mentira, a estas alturas el Ministerio de Salud dice que Saludcoop apenas tiene participación en nueve IPS, mientras que la Contraloría afirma que son –o eran– 174 las IPS del Grupo Saludcoop, empresas refundidas en una telaraña de propietarios y figuras legales para que el Estado no pueda cobrarse con ellas, pero que siguen contratando, en integración vertical, con las EPS del Grupo.

La Contralora Sandra Morelli ha cuestionado a los dos últimos superintendentes así: “Siguen poniendo en duda a través de decisiones en foros, declaraciones públicas y privadas, la naturaleza pública de los recursos que reciben” las EPS (!!!). “Nombran interventores que siguen o dejan seguir las relaciones con quienes desviaron recursos”. “No supervisan el trabajo de los interventores”. “Dejan interventores sobre los que pesan denuncias graves de conflicto de intereses y relaciones propias de personas allegadas con el intervenido”. “No coadyudan las decisiones de la Contraloría General sino que hacen todo lo posible para evitar su aplicación”. Se “han seguido utilizando los recursos para gastos no relacionados con la salud, incluyendo readquisición de aportes, pagos de leasing y promesas de compraventa”. “Coadyuvan a la no transparencia y adecuada revelación en los Estados Financieros de las EPS, permitiendo la no contabilización y provisión oportuna de las cuentas por cobrar y pagar”. “Omiten aplicar la ley en cuanto a causales de intervención, órdenes de capitalización y liquidación de las EPS”.

Para concluir este brevísimo resumen, en el que se quedan sin mencionar otros aspectos graves que espero que el santismo no me impida debatir cuanto antes en el Senado, el gobierno no ha decidido liquidar al Grupo Saludcoop –acto que no significaría el cese de los servicios a los afiliados ni el despido de los trabajadores–, a pesar de que está incurso en todas las causales de liquidación. Es notorio que la decisión de Santos y Gaviria, y la del BID, que con un crédito de 250 millones de dólares impone el proyecto de ley en curso para reencauchar a las EPS y mejorarles el negocio, es modificar las cosas pero para que pueda seguir la exacción de la intermediación financiera, incluida la del Grupo Saludcoop, a cuyos controladores-socios-propietarios consienten ambos en contra del interés público (http://bit.ly/1hqmZhN).