Erradicar la violencia delincuencial y política
El Gobierno presentó un plan para la seguridad y la paz
01/03/2014
- Opinión
Diálogo: el 26 de febrero el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, reunió a gran parte de los sectores de la sociedad para instalar la Conferencia Nacional por la Paz. Desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el Presidente llamó a establecer una Comisión de enlace que permita aplicar estrategias entre sectores empresariales, industriales, políticos y religiosos para analizar todas las propuestas que se presenten. La Conferencia, centrada en el respeto a la Constitución y a la defensa de la nación frente a la injerencia imperialista, fue antecedida por el Plan de Pacificación y Convivencia Nacional.
A dos días de haberse desatado la violencia instigada por la derecha venezolana, el presidente Nicolás Maduro realizó anuncios acerca de las estrategias del Plan de Pacificación y Convivencia Nacional. Los lineamientos planteados son resultado de 500 mil propuestas recogidas durante un mes de consultas con gobernadores y alcaldes, universidades y con la población. El plan resultante fue expuesto durante la Jornada Nacional por la Paz, realizada en Caracas y diferentes puntos del territorio a fines de enero. La redistribución de la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles será acompañada por la profundización de políticas integrales que desde 2011 se vienen desarrollando en el marco de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela. Las mismas incluyen presencia de las misiones para la erradicación de la pobreza, establecimiento de zonas de paz, reformas judiciales, educación y trabajo en las penitenciarías, promoción de la cultura y el deporte, desmovilización de bandas y desarme y la conformación de una brigada policial-militar especial para detectar y neutralizar grupos criminales, destinada a disuadir el ingreso de paramilitares y narcotraficantes que ejercen el sicariato, principalmente en las ciudades de frontera.
Un breve recorrido por algunos de estos ejes da cuenta, por encima de las críticas opositoras y la histeria provocada por el brutal asesinato de la actriz Mónica Spears, del trabajo que la Revolución sostiene en distintas dimensiones y con diversos actores para atacar las causas más profundas de un problema que estructural y sistémico y que necesita de amplias reformas sociales, políticas e institucionales.
La primera medida anunciada por el Presidente es el mejoramiento del Plan Patria segura, lanzado en mayo del año pasado con la incorporación de tres mil efectivos militares que serán paulatinamente sustituidos por Policías Nacionales y efectivos de la Guardia del Pueblo. El plan incluye un sistema de patrullaje inteligente que consiste en distribuir las fuerzas de seguridad en los 79 municipios que registran mayores índices delictivos, divididos en cuadrantes.
Según los datos aportados por el ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, en una entrevista televisada, El Plan Patria Segura logró que 2013 cerrara con una disminución del 17% en los homicidios y del 51% en los secuestros. De acuerdo con cifras oficiales los índices de homicidios durante 2013 alcanzaron una tasa de 39 por cada 100 mil habitantes. La ONG Observatorio Nacional De Violencia (OVV), en la que se basan medios y políticos opositores dijo, por su parte, que la tasa es de 79 por 100 mil habitantes. Sin embargo, la propia organización advierte en su portal que tales cifras son el resultado de proyecciones que se realizan con “datos parciales” a los que se tiene acceso a partir de “diversas fuentes regionales y nacionales, y tomando en consideración las series estadísticas del país desde el año 1990”.
Al desestimar la tasa publicada por el OVV, Rodríguez Torres aseguró que quien dirige la ONG “es un militante y actor político, e indudablemente la información que da la brinda con una intención política”.
La seguridad y la violencia son una de las principales causas del malestar de las clases pudientes venezolanas que por estos días es utilizada como uno de los argumentos para pedir la salida del gobierno, aunque los propios estudios del OVV arrojen que quienes más sufren el problema son los sectores populares.
Cuestiones de fondo
Una importante línea de acción anunciada por el Presidente define dar continuidad a los planes de desarme y desmovilización de bandas violentas y criminales. “Yo quiero insistir en esa línea. Tenemos un mapa de 600 bandas con las cuales se ha conversado. Y con la ley en la mano, con justicia, se puede desmovilizar a todos, incorporarlos al trabajo, al deporte, a la cultura y que en vez de un arma 9 milímetros tengan un cuatro, un violín, un balón, una herramienta de trabajo, un libro para estudiar…”, afirmó Maduro y encargó dicha misión al secretario Ejecutivo del Movimiento por la Paz y la Vida y al colectivo juvenil Otro Beta.
A mediados de 2011 fue creada por decreto la Comisión Presidencial para el control de armas, municiones y desarme con el objetivo de fomentar el diseño e implementación de una política pública integral sobre la materia. Y a mitad de 2013 fue aprobada la Ley Orgánica para el Desarme y el Control de Armas y Municiones.
“El arma es un elemento de identidad, masculinidad. Se cree que al tenerla se está protegido, se es más fuerte”, explicó Pablo Fernández, ex secretario técnico de la comisión que dio origen a la ley, en una entrevista con el diario Correo del Orinoco a fines de 2013. El especialista considera imprescindible el desarme para terminar con la violencia. Más del 75% de las y los jóvenes “son las víctimas y los victimarios de tal problema”, expresó. “La generación de condiciones de vida dignas es fundamental para erradicar la violencia en los jóvenes de entre 15 y 25 años, en manos de quienes se concentra la mayor cantidad de armas”, afirmó.
En articulación con el desarme, la expansión del Movimiento por la Vida y la Paz lanzado en marzo del año pasado es otra directiva propuesta en el Plan de Pacificación. El movimiento, del que participan organizaciones populares y colectivos artísticos juveniles como Otro Beta, Trinchera Creativa, Redada y Hip Hop Revolución, fue creado con el fin de trabajar en propuestas y acciones a favor de una convivencia pacífica, segura, solidaria y libertaria.
Una gira nacional, cultural , artística y deportiva para la que deberán combinar esfuerzos los ministerios de Cultura, Deporte y Comunicación, más la promoción del establecimiento de zonas de paz, a cargo del vicepresidente Jorge Arreaza (plazas, canchas, bulevares, rutas, autopistas, centros de salud, teatros, espacios públicos para la paz) complementan las actividades destinadas a la generación de espacios para la reflexión, el entretenimiento y la promoción de valores relacionados con la paz.
En materia comunicacional Maduro ordenó la supervisión de los contenidos televisivos para la promoción de la cultura de paz. En enero de este año se adelantaron reuniones entre el Gobierno y los responsables de canales televisivos para tal fin.
Progreso en la situación carcelaria
La preocupación por los efectos que el caótico sistema carcelario heredado produce en las personas privadas de su libertad, también está presente en el plan. “Se trata de reconstruir los valores morales de quienes están allí, por medio de la creación de talleres de trabajo, de producción y educación obligatoria de los internos. Todos tienen que estudiar, el que no sabe leer que aprenda”, enfatizó el Presidente.
Desde 2011, existe en Venezuela un Ministerio de Servicios Penitenciarios, “único en el mundo”, según afirma Iris Varela, la ministra que ha emprendido desde 2012 la tarea de visitar cada cárcel del país para dialogar con los privados de la libertad, comprobar el complejo estado de situación del sistema y en ocasiones, desactivar motines. El logro a fines de 2013 del desarme de 85% de las cárceles del país es un importante avance para la recuperación del control de 35 centros penitenciarios (antes bajo el control de los privados de libertad). Además se ha prestado atención judicial a más de 50 mil personas recluidas para combatir el retardo procesal penal, se han incorporado más de 16 mil privados de libertad al trabajo y para revertir el hacinamiento se han remodelado los espacios existentes mientras se espera la inauguración, este año, de ocho centros para procesados.
Según la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, la población carcelaria alcanza una cifra de 50 mil hombres y 2.340 mujeres distribuidos en 33 y 16 centros respectivamente. Los ejes de acción del ministerio incluyen la transformación social del privado de libertad hacia la conciencia de clase, el respeto de los derechos humanos, la generación de adecuadas condiciones de reclusión y de alternativas para el cumplimiento de las penas y la atención postpenitenciaria.
El descongestionamiento de la justicia es otro punto necesario para la atención integral del problema de la seguridad. La Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia, la Procuraduría General, y los ministerios de Comunas y Comunicación estarán involucrados en la ejecución de un proyecto destinado a elevar facultades en las comunidades para el ejercicio de justicia de paz. La Ley Orgánica de Justicia y Paz, promulgada en 2011, sienta las bases para que las comunidades organizadas puedan solucionar conflictos con el apoyo de los jueces de paz.
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