"Aquí está lo que consideramos la vida, representada en nuestros alimentos, semillas, poemas, artesanías, y nuestros símbolos ", dijo la dirigente del MST, Atiliana Brunetto, al entregar una canasta de productos del MST a la presidenta Dilma Rousseff, el pasado jueves 23 de febrero.

 

Desde el inicio del gobierno de Dilma, hace tres años, el MST exigía una reunión con la presidenta para reclamar la implementación de la reforma agraria y mostrar los problemas latentes en el campo brasileño.

 

Pero sólo después de la lucha y la presión social ejercida por los campesinos sin tierra en la tarde del miércoles (12/02), en Brasilia, la presidenta decidió finalmente escuchar las demandas del movimiento, que presentó sus problemas más urgentes en este último año de su mandato.

 

En la evaluación que hicieron los Sin Tierra, señalaron que la mayor parte de la energía gastada en los últimos tres años sirvió sólo para que el gobierno actual no retrocediese en las conquistas de la última década.

 

"Toda nuestra propuesta de Reforma Agraria quedó a medio del camino.  Esto generó un gran descontento entre los Sin Tierra ", dijo Jaime Amorim, de la coordinación nacional del MST, a la presidenta.

 

Durante la reunión, los Sin Tierra pusieron sobre la mesa una serie de demandas en torno a las cuestiones relativas a los problemas de las familias acampadas o asentadas en todo Brasil.

 

"Pásennos todo lo que puedan de información a de lo que está mal para nosotros hacer los cambios", se comprometió la presidenta al escuchar las demandas y señalar que se necesita enumerar y hacer lo que es urgente.

 

Entre los puntos, Jaime recordó la discusión sobre el índice de falta de productividad, que comenzó desde el inicio del gobierno Lula.  "El gobierno debe crear las condiciones y enfrentar el problema", señaló el dirigente, afirmando que es necesario enfrentar a las fuerzas más conservadoras que orientan la gestión de la presidencia.

 

A finales del año pasado, se lanzó la Medida Provisional de Reforma Agraria que preveía la posibilidad de que las familias asentadas vendieran sus lotes, lo que permitiría una regresión de las conquistas de la Reforma Agraria y una reconcentración de la tierra en el país.

 

Según Débora Nunes, de la coordinación nacional del MST, el agronegocio también ha puesto el ojo sobre la tierra de las familias asentadas y está dispuesto a ofrecer mucho dinero para conquistar estas áreas.

 

"Esto puede estimular la venta, lo que desmoralizaría al propio Gobierno y a la propia reforma agraria", destacó al señalar que sería un retroceso de las conquistas y un incremento de la concentración de la tierra en el país.

 

"Estoy de acuerdo que no cabe la perspectiva de la venta", dijo Rousseff, al considerar que es importante que las familias sienten que la tierra les pertenece, pues aumenta la autoestima.

 

En este sentido, la presidente estuvo de acuerdo en defender la propuesta del Movimiento, que otorga el título de concesión de uso de la tierra, el derecho a la herencia, pero que prohibe  la venta.

 

Durante el gobierno de Rousseff, un poco más de 76 mil familias fueron asentadas, según datos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).  La mayoría de estas cifras, sin embargo, se refieren a la regularización en la Amazonía y no a decretos de expropiación de nuevas áreas.

 

"Todo el año es de lucha.  Hacemos jornadas en abril, agosto, octubre.  El gobierno hace promesas pero no pasa nada.  Los técnicos del Incra dicen que la Reforma Agraria no es una prioridad de la presidenta", dijo Amorim.

 

En este punto, los Sin Tierra señalaron la necesidad de crear una instancia interministerial para acelerar y resolver los problemas de los acampados.  "El Incra está desestructurado y sin influencia y es conducido de manera conservadora", señaló Jaime, al apuntar que es prioritaria la construcción de una meta de emergencia para resolver los problemas de las áreas que están con mayores conflictos.

 

Hace tiempo que los servidores del Incra reportaron al gobierno federal un déficit en su capacidad operativa y una desvalorización del cuerpo técnico.  Desde el año 2006, cerca del 40% de los servidores salieron de la institución y más de 2 mil personas se retiraron, disminuyendo la capacidad operativa en más del 50 %.

 

 

Con el fin de resolver parte de los problemas de las familias acampadas, que en todo el país suman cerca de 150 mil, los Sin Tierra expusieron la problemática en torno a las áreas del perímetro irrigado en el noreste de Brasil.

 

De estas 150 mil familias que esperan conseguir un pedazo de tierra, alrededor del 60% se concentra en el noreste.  En paralelo a esto, hay 80 mil lotes no cultivados en las áreas con regadío, lo que permitiría asentar a todas las familias de la región.

 

Las políticas desarrolladas en estas áreas, mientras tanto, dan prioridad a las alianzas con empresas privadas, en detrimento de resolver los problemas sociales de la región.  “Las asociaciones público-privadas son una afrenta para el desarrollo regional.  Se requiere construir un plan de recuperación para resolver el problema de la tierra en el noreste ", subrayó Amorim.

 

El Departamento de Obras Contra la Sequía (Dnocs), organismo responsable del control de estas áreas, es señalado por los movimientos sociales como un reducto de la oligarquía local, impidiendo que las políticas de carácter social puedan ser desarrolladas.  "Tenemos que romper con ese organismo y pasar la responsabilidad al Incra", dijo Joao Pedro Stedile.

 

"Personalmente voy a seguir el tema de los perímetros con regadío” garantizó la presidenta Dilma.  (Traducción ALAI)

 

- Luiz Felipe Albuquerque de la página del MST

 

Fuente: http://www.mst.org.br/node/15722