Politización de la lucha antidroga, o cooperación entre iguales

07/07/2013
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Introducción
 
La lucha contra el tráfico ilícito de drogas ha sido uno de los temas donde mayor coincidencia ha existido entre Cuba y los Estados Unidos de América, en cuanto a la necesidad de luchar contra el tráfico ilícito de drogas. Gracias a ello se ha establecido una coordinación puntual para su enfrentamiento, que ha estado avalada por la eficiente labor de las autoridades cubanas en el control e interdicción de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. A partir de este entendido, el trabajo tiene como objetivo presentar los retos y perspectivas entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos de América, en torno a la posible y necesaria profundización en la cooperación para la lucha antinarcóticos.
 
El tráfico de drogas es un negocio que genera prácticas ilícitas y se asocia a delitos conexos de criminalidad transnacional como el lavado de dinero, el tráfico de armas, personas y órganos. Las disímiles repercusiones de narcotráfico lo convierten en una de las amenazas más importantes para la seguridad nacional de los estados-naciones, así como la seguridad internacional.
 
El comercio de drogas ilícitas y estupefacientes tiene un importante trasfondo económico. A través del negocio ilícito de las drogas genera cada a nivel internacional anualmente 320 000 millones de dólares, con un mercado que sobrepasa los 200 millones de consumidores a nivel global. (ONUDC, de United Nations Office on Drugs and Crime, 2012). Alrededor de estas realidades se tejen una serie de intereses económicos, políticos y diplomáticos. Ello repercute en los niveles de violencia, criminalidad e inseguridad de la sociedad internacional.
 
 
El papel de los EE.UU. en el enfrentamiento al tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos.
 
En la década de 1980, el tráfico de estupefacientes de América Latina y el Caribe hacia los Estados Unidos comenzó a tomar repercusión en la seguridad de ese país. Ante esa situación, el entonces presidente Ronald Reagan promulgó la declaración de la guerra contra las drogas en febrero de 1982. (Bagley, 1989)
 
Obviamente Reagan no fue el primer presidente en atender este flagelo. En 1914 fue aprobada el Acta de Harrison que ilegalizaba el consumo de la cocaína y de los opiáceos. El presidente Nixon también atendió el tema al igual que el demócrata James Carter. Sin embargo, Ronald Reagan fue el que planteó una política más fuerte contra este problema que, además, ya había tomado una mayor importancia en cuanto a los montos de tráfico y consumo.
 
 La política exterior de Reagan construyó pretextos para justificar la injerencia de ese gobierno en los asuntos internos de otros Estados y evaluar la bilateralidad multi-causal del tema del narcotráfico. Este fue un aspecto cardinal de la proyección hacia Centroamérica en el contexto del apoyo a las fuerzas contrarias a la Revolución Sandinista y a los movimientos de liberación nacional, particularmente en el Salvador.  
 
Los conflictos en Centroamérica durante la década del 80, acrecentaron las diferencias entre Cuba y los Estados Unidos. El gobierno de Reagan incrementó la agresividad contra la mayor de las Antillas con nuevos planes desestabilizadores, que eran justificados con una fuerte campaña mediática y diplomática que criticaba el apoyo que ofrecía el gobierno cubano a los movimientos progresistas de la subregión centroamericana. El Informe de Santa Fe I de mayo de 1980, expresa la resistencia de Washington a la colaboración brindada por Cuba a los movimientos de izquierda en Latinoamérica, especialmente hacia Nicaragua, el Salvador y Guatemala. (García, 2008)
 
Entre los objetivos de esta política estaban impedir la aparición en Centroamérica y el Caribe, de nuevos estados de corte cubano, que pudiera amenazar la seguridad de Estados Unidos, convirtiéndose en una plataforma de actividad subversiva que pusiera en peligro las vías marítimas vitales para dicha seguridad. En este sentido, la Administración Reagan (1981-1989) dispuso como una de las condiciones para restablecer las relaciones con el Archipiélago, el compromiso por la parte cubana a no exportar la Revolución. (García Iturbe, 2008)
 
Debido a estas circunstancias y al hábil manejo del presidente Reagan en los medios de comunicación, la cruzada contra las drogas obtuvo el apoyo de los sectores conservadores, que le permitió crear las bases sociales y políticas para impulsar una legislación contra el narcotráfico más severa. De esta forma, en 1986 se aprobó en el Congreso Federal un Acta antidrogas que solicitaba un papel más activo de las fuerzas armadas en las fronteras aéreas y marítimas, para la interdicción de estupefacientes. Con ello se impulsó a nivel Federal el aumento de los gastos para el programa de control de narcóticos en los siete años posteriores de sus dos mandatos, alcanzando 43 billones de dólares anuales en el año 1988. (Bagley, 1989)
 
El objetivo central del Acta antidrogas era la reducción del trasiego preveniente del exterior, particularmente desde América Latina y el Caribe. La legislación facilitó el incremento en 1.7 billones del total de las autorizaciones del presupuesto federal para la campaña antinarcóticos, que llegó al monto de 3.9 billones para el año fiscal de 1987. (Bagley, 1989)
 
En 1988 el Congreso Federal cuestionó las políticas de Reagan en la guerra antidrogas. En estas críticas se destacó el actual Secretario del Departamento de Estado del segundo mandato de Obama, John Kerry, que por aquel entonces era senador demócrata del Estado de Massachusetts. Kerry protestó la “pasividad” de las investigaciones gubernamentales respecto a los Contras que participaron en el negocio de las drogas, para costear la guerra contra los Sandinistas en Nicaragua.
 
La política de Reagan contra las drogas tuvo como limitante que solo fue aplicada de manera unidireccional. Por ello, se priorizó el control sobre la oferta de estupefacientes provenientes de América Latina y el Caribe, sin atender las consecuencias de este negocio para las poblaciones de donde provenían las drogas, ni la desproporción entre la seguridad de la frontera estadounidense y la de los países emisores, lo que posibilitó variar las rutas de acceso al mercado estadounidense, vulnerando su seguridad.
 
Durante las dos últimas décadas se han incrementado los programas antidrogas en la región, entre los que se destacan el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, a través de los cuales se ha desarrollado la militarización, con efectos perjudiciales para la seguridad interna de los países más afectados. La extensión de las estrategias del gobierno estadounidense contra el narcotráfico por todo el hemisferio occidental, muestra que más allá de los logros en interdicción de estupefaciente y sustancias psicotrópicas que se suelen reportar, el negocio de la producción y comercialización de drogas ilícitas se sigue esparciendo por las Américas, con un creciente impacto internacional. (Perdomo, 2012)
 
Luego de más de 30 años de la mencionada declaración de guerra contra las drogas de Reagan, el narcotráfico continúa afectando la seguridad y la prosperidad interamericana, ampliando sus cárteles desde la subregión andina hacia todo el hemisferio, con particular incidencia en México y Centroamérica. Esta situación denota fallas en las políticas aplicadas hasta el momento, que argumentan la necesidad de una modificación de los instrumentos y vías, particularmente militares, en la lucha antinarcóticos. Con ese fin debe impulsarse una cooperación más coordinada, donde se atiendan las peculiaridades de cada país y se tomen en cuenta los intereses de ambas partes.
 
Hacia un necesario acuerdo bilateral entre Estados Unidos de América y la República de Cuba
 
Desde 1999 se estableció una cooperación caso a caso para la lucha contra el narcotráfico entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, a sólo unos meses del fin del segundo mandato del presidente demócrata William Clinton. A partir de esta coordinación se dispuso de un encargado de Guardacostas en la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana (USINT), para mantener una comunicación operacional con las autoridades cubanas, estableciéndose los protocolos para la cooperación caso a caso entre ambos gobiernos. En las coordinaciones realizadas por más de una década se ha probado la factibilidad de esta relación, apreciándose las potencialidades existentes por ambas partes para una relación más activa. (Beardsworth, 2009)
 
Sobre este aspecto realizó declaraciones positivas el general Barry McCaffrey, quien en su desempeño como jefe de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca,  señaló la conveniencia de una expanción de la colaboración entre Guardacostas y Guardafronteras, así como la ampliación de los contactos y la coordinaciones entre los mandos militares en la zona de Guantánamo. (Alzugaray, no. 62-63: , abril-septiembre de 2010.) 
 
No obstante a este avance, académicos estaodunideses como Randy Beardsworth, opinan que incuso dentro de los marcos existentes, Estados Unidos pudiera ampliar las relaciones bilareales. Sin embrago, el escenrario ideal sería con la firma de un acuerdo entre ambas naciones que diera paso a una relación más fructífera en la lucha contra el narcotráfico.
 
La posibilidad de la firma de un acuerdo bilateral con la República de Cuba sería un paso trascendental del gobierno de los Estados Unidos de América, en favor de conducir una política más profunda en la lucha antinarcóticos, donde prevalezcan los intereses de seguridad sobre la politización sufrida en la relación bilateral.
 
El gobierno estadounidense ha reconocido la eficiencia de Cuba en el enfrentamiento al tráfico ilegal de estupefacientes en los últimos informes anuales del Departamento de Estado, como se corrobora en el reporte del 7 de marzo de 2012, titulado “Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos”. (INCSR, 2012) Estos documentos reflejan las oportunidades que existen para el cambio hacia una política más pragmática, que priorice los intereses de seguridad nacional sobre los factores político-ideológicos, influidos por el lobby cubanoamericano, que impiden la consolidación de la seguridad de los EE.UU. en el Caribe.
 
La coordinación positiva que se ha establecido entre los especialistas del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba, desde la Dirección Nacional Antidrogas (DNA) y las Tropas Guardafronteras (TGF) con el gobierno estadounidense, mediante el encargado de Guardacostas de la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana (USINT), demuestra las potencialidades existentes. Según la USINT entre los objetivos básicos de su trabajo se encuentra realizar “(…) los esfuerzos por reducir la amenaza global que representa el crimen y el narcotráfico”. (Sitio oficial de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana ( USINT), 2012)
 
El establecimiento de un acuerdo con Cuba, abriría un abanico de posibilidades para profundizar las relaciones, sobre la base del respeto y el interés mutuo. No obstante a que en la actualidad existe una cooperación caso a caso entre ambos gobiernos, la práctica ha mostrado que esta cooperación resulta insuficiente.
 
  A pesar de que la propuesta de Cuba para un acuerdo bilateral con Estados Unidos de América es similar a la establecida con los otros países con que mantiene relación, el acuerdo no ha sido respondido por Estados Unidos. Mediante la concertación de un acuerdo bilateral, el gobierno de Estados Unidos América podría lograr:
 
•              Una mayor seguridad en sus fronteras aéreas y marítimas, con un intercambio de información operacional en tiempo real que aumentaría la eficiencia y competitividad de las autoridades a cargo.
•              Podría disminuir la penetración de drogas a partir de un intercambio más sistemático y no caso a caso entre los especialistas de ambos Estados. Ello perfeccionaría los niveles de control e interdicción por las autoridades ambos países, con el impulso de cursos de capacitación técnica-operacional, propicios para el intercambio de experiencias.
•              Le concedería un mayor pragmatismo en la lucha antinarcóticos, al concertar de manera oficial con un actor de prestigio y credibilidad en el hemisferio occidental para el enfrentamiento a este flagelo.
•              Podrían establecerse mecanismos de cooperación en la asistencia médica-humanitaria. La colaboración médica, desarrollaría la prevención y los tratamientos de rehabilitación para los consumidores no sólo de ambos países, sino también para la cooperación con terceros.
•              Obtendrían una actualización más precisa sobre las rutas y los medios que se ejecutan en el trasiego de drogas y otros delitos conexos, que dinamizaría las vías de información e identificación coordinada de grupos criminales, embarcaciones, así como las distintas formas en que operan para el trasiego de cargas, lo cual permitiría hallar las formas más viables para su control y captura.
•              Estados Unidos de América consolidaría su sistema de seguridad al profundizar el intercambio técnico–operativo con un país de alta eficiencia en la lucha antinarcóticos.
•              Este acuerdo, además, mejoraría la imagen internacional de EE.UU. al preponderar sus intereses de seguridad nacional sobre el conflicto político-ideológico entre ambos países.
 
Un paso diplomático de esta índole, demostraría la voluntad política del gobierno estadounidense para avanzar en la regularización de las relaciones con Cuba, desde una óptica más objetiva, que tome en cuenta los beneficios que tendría para su seguridad nacional y respete la soberanía y autodeterminación del pueblo cubano.
 
El sistema de enfrentamiento, prevención y cooperación internacional de Cuba en la lucha antidroga
 
El tráfico ilícito de drogas entre América Latina y el Caribe y EE.UU., influye sensiblemente en las medidas que debe tomar el Estado cubano para proteger su territorio y a sus ciudadanos del trasiego y consumo de drogas, a pesar de que los índices de consumo y trasiego en Cuba no son significativos respecto a la regularidad en la región. Ante la posición geoestratégica de Cuba (Véase Anexo 1 y 2), ubicada en un área donde se entrecruzan varios corredores (aéreos y marítimos) del tráfico de estupefacientes hacia y desde los Estados Unidos, el sistema de vigilancia y control del gobierno cubano ha debido configurarse en función de enfrentar responsablemente a ese flagelo.
 
La seguridad cubana establecida para este problema, se organiza desde el Ministerio del Interior (MININT), en coordinación con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR). Para ello cuentan con la Dirección Nacional Antidrogas (DNA), la Comisión Nacional de Drogas (CND) y las Tropas Guardafronteras (TGF), que vigilan las aguas jurisdiccionales, las costas y el espacio aéreo con la Operación Aché, en sus diferentes ediciones. La Aduana General de la República se encarga del control en los aeropuertos, puertos y marinas internacionales. Para enfrentar el escaso mercado interno existe la Operación Coraza Popular, iniciada en 2003.
 
El MINFAR le presta una gran importancia al enfrentamiento al tráfico de drogas. La Marina de Guerra revolucionaria (MGR) colabora estrechamente con las Tropas Guardafronteras (TGF) en la localización e intercepción de naves sospechosas que penetran las aguas cubanas. La Fuerza Aérea actúa de forma similar, ubicando los movimientos de las naves y detectando la posible existencia de cargas de drogas en los mares que rodean al archipiélago. El Ejército tiene la tarea de barrer extensas zonas de playas y pantanos con el objetivo de detectar recalos de drogas. (Keplak, abril-septiembre 2010) 
 
La Dirección Nacional Antidrogas (DNA) es la dirección rectora del Sistema Ministerial de Enfrentamiento a las Drogas y por tanto la encargada del enfrentamiento operativo y estratégico contra el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos como el lavado de dinero. Para ello centraliza la información relacionada con estos delitos, y desarrolla los contactos con la INTERPOL y los servicios antidrogas de otros países. Esta cooperación con otros países e instituciones, se fundamenta en la firma de acuerdos bilaterales y regionales de colaboración conjunta en la lucha contra el narcotráfico.
 
La Comisión Nacional de Drogas (CND) se encarga de dirigir elsistema de prevención, en coordinación con los órganos pertinentes de la Administración Central del Estado y las diversas organizaciones políticas y de masas con que cuenta la nación. Este trabajo tiene un impacto favorable en la reducción de la demanda de estupefacientes y la socialización de los programas de prevención.
 
El programa nacional de prevención del uso indebido y control de drogas, es dirigido por la Comisión Nacional de Drogas (CND), en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y las diferentes organizaciones políticas y de masas, que apoyan el sistema de prevención y rehabilitación. Este programa se traza hacia áreas específicas de atención, como la salud mental y las adicciones, y la labor en el sistema educacional; con planes de atención que van desde el trabajo con la niñez, la adolescencia y juventud, hasta las universidades.
 
Los objetivos esenciales del sistema de enfrentamiento y prevención del trafico consumo ilícito de estupefacientes son la reducción de oferta de drogas (la cual es insignificante respecto a la norma de la región), imposibilitando que los narcotraficantes tengan en el archipiélago una ruta establecida.
 
La legislación cubana ha mantenido una política estricta en la prevención y penalización del tráfico ilícito de estupefacientes y otros delitos conexos. En el Código Penal cubano, máxima ley sustantiva penal, en el título tercero del capítulo V de la sección cuarta, en el artículo 190.1 y siguientes, el legislador cubano ofrece una protección amplia a tales delitos, pues tipifica las conductas de: “Producción, Venta, Demanda, Tráfico, Distribución y Tenencia Ilícitos de Drogas, Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas y Otras de Efectos Similares.”
La denominación de esta sección fue modificada por el artículo tercero del Decreto-Ley número 150 del 6 de junio de 1994. (Véase en: Gaceta Oficial de la República de Cuba. Código Penal de Cuba. En: http://www.gacetaoficial.cu/html/codigo_penal.html#A6).
 
También han sido implementadas otras medidas sancionadoras de índole administrativa entre las que se destacan: el Decreto 277 de 1995 y el Decreto Ley 232 del 21 de enero del 2003,para la confiscación de tierras y bienes por cultivo de marihuana.El decreto Ley 232 dispone en su artículo número uno: “la confiscación o, en su caso la pérdida del respectivo derecho de las viviendas o locales, en los que: a) se produzca, trafique, adquiera, guarde, consuma, oculte o de cualquier otro modo se realicen hechos que, directa o indirectamente, se hallen relacionados con las drogas ilícitas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efectos similares.” (Gaceta Oficial de la República de Cuba. en: www.gacetaoficial.cu)
 
También se perfeccionó la tipificación contra el delito de lavado de dinero y la aplicación de la confiscación de bienes y productos obtenidos a través del negocio de las drogas. En el título XIV en el capítulo segundo, artículo 346.1 regula: “ El que adquiera, convierta o transfiera recursos, bienes o derechos a ellos relativos, o intente realizar estas operaciones, con conocimiento o debiendo conocer, o suponer racionalmente por la ocasión o circunstancias de la operación, que proceden directa o indirectamente de actos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas o de personas, o relacionados con el crimen organizado, incurre en sanción de privación de libertad de cinco a doce años.”   (Gaceta Oficial de la República de Cuba. Véase: Código Penal de Cuba. En: http://www.gacetaoficial.cu/html/codigo_penal.html#A6)
 
En el enfrentamiento al blanqueo de capitales, el Banco Central de Cuba emitió la Resolución número 66 de 1998, en materia de secreto bancario y la Resolución número 91 de 1997, referida a la metodología para la detección de dinero ilícito.Para la prevención del uso de drogas ilegales se han realizado importantes modificaciones como las recogidas en Ley 41 de 1983; la Resolución número 67 de 1996, que regula el Control de los Precursores y Sustancias Químicas Esenciales y la Resolución número 37 de 1998 del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).  
 
Gracias a este sistema de enfrentamiento y prevención, la República de Cuba ha mantenido un riguroso control que registra entre sus últimas cifras, la ocupación de 1,44 toneladas de narcóticos en los primeros cinco meses del año 2012, la mayoría de estos relacionados con los recalos. (Sitio Oficial del MINREX, 2012)  El trabajo de las autoridades cubanas en el enfrentamiento a este flagelo le ha posibilitado una alta eficiencia, logrando sus mayores cifras en 2011. “En total se enfrentaron 399 hechos de recalos (291 más que en el 2010), en los que se incautaron 8 508 kg de drogas, la mayoría marihuana (8 418 kg), 81.7 kg de cocaína y 7.42 kg de hachís.”(Fernández, Granma, 13 de enero de 2012)
 
En el ámbito internacionalCuba ha demostrado seriedad en el cumplimiento de sus responsabilidades como país signatario de las Convenciones de la ONU, relativas a la lucha antidroga como la Convención Única de la ONU de 1961, ratificada por Cuba el 30 de Agosto de 1962 y su Protocolo enmendado en 1972, al cual se adhiere La Habana el 14 de diciembre de 1989; el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de la ONU de 1971, ratificado por la Isla el 26 de abril de 1976; la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988,ratificada por Cuba el 5 de junio de 1996; la Convención de la ONU contra la Corrupción de 1988; la Convención de ONU contra la Delincuencia Transnacional Organizada y de su Protocolo contra la Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego.
 
La República de Cuba es Estado Miembro de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas desde 1996, de las reuniones de Jefes de Organismos Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (HONLEA) de la ONU para América Latina y el Caribe, del Plan de Acción de Barbados para la Cooperación en el Caribe sobre Drogas, desde su creación en 1996 y del mecanismo de Coordinación y Cooperación de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, también desde su fundación en el año 1999.
 
Cuba participa sistemáticamente en conferencias internacionales de lucha contra el narcotráfico, como la reunión de Jefes de las Naciones Unidas de los Organismos Nacionales Encargados de Hacer Cumplir la Ley (HONLEA), presentando las estadísticas trimestrales sobre las interdicciones de drogas a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (JIFE), según afirma el informe de la Oficina de Asuntos Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley, del Departamento de Estado en el INCSR del 7 de marzo 2012. (Véase en: http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/vol1/184098.htm)
 
Las autoridades cubanas mantienen también una coordinación fructífera con la Organización Mundial de Aduanas (OMA) confirma su compromiso a colaborar en la lucha internacional contra este flagelo. Con ese objetivo, el gobierno cubano ha fomentado su cooperación con diversos países y ha ratificado acuerdos con la Federación Rusa, y con Canadá y el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) ha llegado a memorandos de entendimiento. Estos memorandos de entendimiento en la práctica resultan acuerdos bilaterales, como el acuerdo bilateral entre Cuba y Estados Unidos por el tema migratorio.
 
Un ejemplo de la factibilidad de estas colaboraciones se aprecia en la establecida con el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) desde 1994. Esta relación ha permitido la concertación de un amplio programa de entrenamiento actualizado para los oficiales cubanos y el suministro de equipos de alta tecnología al MININT, destinados a la lucha contra las drogas, lo que muestra el respeto y consideración de ese país por la rigurosa política antidroga que establece Cuba. (Keplak, 2010) 
 
Según el jefe de la Dirección Nacional Antidrogas (DNA), el Coronel Domingo Ibáñez: “Cuba tiene suscritos acuerdos bilaterales en ese esfuerzo con 35 naciones, entre estas Argentina, Bahamas, Brasil, Bolivia, Chile, Chipre, Colombia, Ecuador, Francia, Haití, Italia, Jamaica, Líbano, Mongolia y Venezuela.” (DNA, 2012) A partir de estas colaboraciones, las autoridades cubanas han profundizado los intercambios informativos en tiempo real, así como otros contactos de trabajo con los servicios antidrogas de varias naciones, con el propósito de fortalecer la cooperación operacional, en la lucha contra ese flagelo.
 
Perspectivas de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos para la lucha contra el tráfico de estupefacientes y otros delitos conexos
 
Las acciones de la República de Cuba a nivel nacional e internacional para la lucha antinarcóticos, reflejan una práctica eficiente y solidaria, que validan la posibilidad de un acuerdo bilateral de cooperación con Estados Unidos. Lo índices de tráfico de la región en los últimos años, según a las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen (ONUDC); la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en las Américas, así como los datos que reporta el Departamento de Estado, reconocen la generalización del trasiego drogas por todo el hemisferio occidental. En estas circunstancias, la colaboración entre ambos países resulta un tema de suma importancia geoestratégica donde el gobierno estadounidense tiene una alta responsabilidad.
 
La reelección Barack Obama para un segundo periodo, alienta las expectativas hacia un mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El presidente demócrata, sin las presiones de otra elección y favorecido por el comportamiento del voto cubanoamericano del Estado de la Florida, pudiera favorecer una relación con la República de Cuba, donde se potencien los aspectos de interés mutuo. 
 
 En el plano internacional existe un consenso sobre la necesidad de ese camino. La votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva york, el 13 de noviembre de 2012, a la Resolución:“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, fue aprobada con 188 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, lo que refleja el consenso internacional para la abrogación de esa política.
 
La intervención del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, en el marco de esas votaciones, confirmó la voluntad de Cuba para la realización de un acuerdo bilateral en la lucha antidroga, al expresar “(…) el ofrecimiento al gobierno de los Estados Unidos de negociar acuerdos de cooperación en áreas del mayor interés mutuo, como el enfrentamiento al narcotráfico, al terrorismo, al tráfico de personas y para la completa regularización de las relaciones migratorias, así como para la prevención y la mitigación de desastres naturales y la protección del medio ambiente y de los mares comunes.” (Rodríguez, 2012)
 
Entretanto, muchas de las críticas realizadas por el gobierno estadounidense al cubano, han quedado descolocadas en el tiempo, debido a las transformaciones que la República de Cuba ha realizado en los últimos años, como parte de un proceso autónomo y necesario para la prosperidad del pueblo cubano.
 
Las posibilidades de cooperación que presenta la mayor de las Antillas en tres temas de especial prioridad en la región, como la preparación y el enfrentamiento a los desastres naturales, la lucha antinarcóticos y la asistencia médica, resultan muy factibles ya no sólo para el intercambio bilateral sino también para la cooperación con otros países del hemisferio.
 
Un ejemplo del gran potencial de Cuba en este sentido, lo constituyó la relación concertada luego la catástrofe ambiental en Haití, donde nuestro país mostró cómo se puede concertar una relación bilateral fructífera para la ayuda a terceros. Sin embargo, estas posibilidades resultan mediatizadas, desconociendo realidades que lejos de toda lógica política, responden a los intereses de la humanidad.
 
 
Conclusiones
 
La República de Cuba reconoce la importancia de una cooperación constructiva con Estados Unidos en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos. Las consecuencias de este flagelo para la seguridad ciudadana, los derechos humanos y la convivencia democrática de los estado-nacionales lo ameritan.
 
Sin embargo, la responsabilidad común y compartida entre ambos países en el enfrentamiento al narcotráfico, no se asume de manera integral por Estados Unidos. Las limitantes establecidas por Washington para la cooperación con la República de Cuba, a pesar de los niveles de seguridad que mantiene el archipiélago, y su disposición para firmar un acuerdo de cooperación bilateral, son una prueba de ello.
 
Estados Unidos de América tiene una inmensa capacidad para asistir a Cuba en la realización de una tarea aún mejor, en las áreas de mayor preocupación para los organismos de seguridad norteamericanos; mientras que la mayor de las Antillas posee los recursos humanos necesarios para llevarla a cabo. Si bien el país norteño cuenta con su poderío económico, tecnológico y militar, el archipiélago tiene el personal médico, la experiencia y voluntad política, patentizada en su gran prestigio internacional.
 
No obstante, ante la ausencia de un acuerdo bilateral, la República de Cuba continúa desarrollando su sistema de seguridad y prevención contra el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos, con una actitud cooperativa y responsable en las relaciones que se mantienen caso a caso con Estados Unidos. El gobierno cubano, consciente de la pertinencia de este acuerdo, realiza una cooperación puntual, donde refleja el respeto al ordenamiento jurídico y a las competencias de cada parte.
 
Independientemente de lo que reflejen los grandes medios de comunicación, el pueblo cubano mantiene abierta su solidaridad y cooperación, bajo los marcos del respeto a los principios internacionales de los pueblos, pues la politización que sufren temas tan vitales para la prosperidad y la seguridad de ambos países, deberá de cambiar algún día.
 
Las potencialidades existentes en ambas naciones para el intercambio de información operacional, de una forma sistemática, que contribuya al mejoramiento de la seguridad, la salud y el bienestar social de ambos pueblos, ameritan la continuidad de los esfuerzos político-diplomáticos, para la realización de un acuerdo bilateral.
 
Con ese acuerdo, Cuba pudiera brindar mecanismos más dinámicos de cooperación, así como una mayor coordinación para la asistencia a otros países de la región. Se tendría la oportunidad histórica, de concertar políticas para enfrentar el tráfico de estupefacientes y otros delitos conexos, de una forma más transparente y participativa.
 
La importancia de la mayor de las Antillas desde el orden geoestratégico en el Gran Caribe y su legitimidad en el enfrentamiento a estos delitos, indicaría un camino más expedito en la relación de EE.UU. con el hemisferio occidental. Desde una colaboración más integral y responsable, Washington pudiera mejorar las consecuencias del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, para la violencia, la criminalidad y la convivencia democrática de los países más afectados.
 
Los niveles de seguridad que garantiza el Estado cubano en el enfrentamiento al narcotráfico, permitirán ampliar sus relaciones de cooperación político-diplomáticas y militares con otros países y organismos internacionales, donde el alcance de un acuerdo bilateral con EE.UU. es un paso inminente, para la paz y la seguridad interamericana.
 
 
- Alejandro L. Perdomo Aguilera y Santiago Espinosa Bejerano son investigadores del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI).
 
 
Anexos:
 
Anexo 1 Actividad marítima sospechosa para Cuba
Anexo 2 Actividad aérea sospechosa sobre Cuba
 
 
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