España, tierra hostil para Chávez
11/04/2013
- Opinión
“El castrocomunismo penetró Venezuela”, “Chávez expropió fincas a 500 empresarios españoles”[i] . “Sería deseable que el extremismo de Chávez hubiera dejado a la mayoría de los venezolanos agotados y deseando volver a la normalidad”.[ii] “Chávez agitó el odio entre las clases sociales en su afán de equilibrar las diferencias entre la mayoría pobre y la élite”.[iii]
Prácticamente todo el arco de los grandes medios de comunicación españoles de ámbito estatal ofreció una cobertura sobre la muerte de Chávez similar. En sintonía con la política de acoso y derribo que los grandes medios de comunicación privados de Venezuela lanzaron contra él desde su llegada al poder y que alcanzó su máxima expresión en las semanas previas al golpe de Estado de 2002, los medios españoles practicaron una intensa guerra mediática contra el presidente venezolano.
Lo hicieron así en vida y lo siguieron haciendo el propio 5 de marzo, tras su fallecimiento. Las informaciones, editoriales, columnas de opinión y blogs de unos y otros, parecían disputarse el récord al mayor insulto y descalificación contra el líder bolivariano, el récord a la mejor historia inventada sobre su paradero, a la mejor y más morbosa foto falsa[iv] que jamás se le hubiera hecho.
Términos como “dictador”, “caudillo populista”, “régimen despótico”, “líder mesiánico”, “golpista” y similares, fueron utilizados indiferenciadamente tras la muerte de Chávez desde La Gaceta y todo el ultraderechista Grupo Intereconomía, pasando por La Razón, ABC, El Mundo hasta El País y demás medios del Grupo Prisa y una larga lista de otros igualmente serios y democráticos.
El acoso mediático alcanzó cotas que hicieron recordar la campaña que desataron en el Chile de Salvador Allende poderosos grupos mediáticos, y que jugarían un papel tan significativo en la preparación y éxito del golpe de Pinochet de 1973.
Ninguno de los medios españoles se privó de rescatar un lenguaje propio del mismísimo Bush junior en plena cruzada contra el terror y hasta de la Guerra Fría. “Como descubrieron las izquierdas europeas en su momento, la tan denostada democracia liberal concede a los partidos de izquierdas una ventaja estratégica nada desdeñable pues siempre que los pobres sean más numerosos que los ricos, los votos podrán llevarles al poder más rápido que las piedras o las balas”, nos decía el agudísimo Torreblanca en El País.[v]
“Las lágrimas del líder del eje del mal”, titulaba por su parte con sorna La Razón una nota sobre el abrazo del presidente iraní con la madre de Chávez. Curiosamente, en el pie de foto, llamaba a Ahmadineyad “presidente” y a Chávez “dictador venezolano”.
Los grandes grupos mediáticos se volvieron a situar de esta forma en la avanzadilla española del hostigamiento al proceso bolivariano, a todo lo que representa Hugo Chávez, al peligroso ejemplo que supone para Latinoamérica. Ya lo habían hecho ante el golpe de Estado contra él de 2002; o apoyando en 2007 el violento “¿por qué no te callas?”[vi] del rey borbón nombrado por Franco[vii] y en toda ocasión en que hubo alguna fricción entre España y Venezuela.
Así, si El Mundo dedicaba a fines de 2007 su suplemento El enemigo del año a Hugo Chávez, con su portadilla ilustrada a toda página con una caricatura con su rostro y cuerpo de gorila –ya en ese mismo diario Federico Jiménez los Santos lo había llamado “Gorila Rojo” y Gabriel Albiac “chimpancé”-, desde las páginas de El País Moisés Naim daba y sigue dando lecciones de democracia, transparencia y justicia social.
Y Naim fue nada menos que ministro de economía de Carlos Andrés Pérez cuando se produjo en 1989 el caracazo, el gran levantamiento popular contra los planes de ajuste dictados por el FMI que impuso ni bien llegar al poder, y cuya represión provocó cientos de muertos.
Los medios se han convertido de hecho en un grupo de choque, que utiliza su poderosa fuerza e influencia no solo para defender sus propios intereses empresariales –grupos como Prisa, Planeta o el Grupo Godó controlan numerosos medios y editoriales en Latinoamérica-, sino también para defender a ultranza los intereses de las multinacionales y del Estado español.
Esos medios dependen enormemente de dichas transnacionales. En muchos casos, las grandes empresas y bancos que operan en Latinoamérica son accionistas directos –o prestamistas en el caso de la banca- de los mismos periódicos, revistas, radios o canales de televisión que salen en su defensa arremetiendo contra cualquier gobierno que ose nacionalizar sus fuentes de energía y empresas estratégicas, cambiando las reglas de juego y afectando sus intereses.
Las empresas y bancos ejercen igualmente su poderosa influencia en líneas editoriales y coberturas informativas al ser los grandes anunciantes publicitarios de estos, los que con sus costosas campañas reportan buena parte de sus ingresos.
Y en años de crisis tan profunda como la que atraviesa España y el resto de Europa, los miles de millones de euros obtenidos por las inversiones españolas en una región en crecimiento como América Latina y el Caribe han pasado a ser claves para el conjunto de la economía española.
La defensa de esos intereses se ha convertido en cuestión de interés nacional en España, tanto como lo son en EEUU intereses de las multinacionales estadounidenses que republicanos y demócratas defienden por igual, aunque para ello haya que provocar guerras.
Si para defender esos intereses hay que mentir se miente. Y una mentira repetida tantas veces al unísono por tantos medios se convierte en verdad para miles y miles de personas, un principio esencial del pensamiento único. Y así ese coro mediático logra a diario infundir entre la ciudadanía un sentimiento de supuesta defensa de “lo nacional” frente a los “ataques” y “arbitrariedades” de “regímenes populistas”.
Mientras se demonizaba a Chávez, Morales, Correa, Kirchner, Zelaya, Castro y hasta a Lula -por apoyar a Zelaya y negarse a aislar al régimen iraní-, en España se loaba y otorgaban premios a Uribe, el presidente que dejó como legado las tumbas de desaparecidos mayores del continente y a cerca de 100 de los parlamentarios de su partido procesados por corrupción, connivencia con el narcotráfico y los paramilitares de ultraderecha.
Y no es casual. Colombia es un buen ejemplo. El Grupo Planeta compró en 2007 la Casa Editorial del Tiempo, cerró su semanario progresista Cambio a pesar de dar beneficios, y potenció y radicalizó el diario derechista El Tiempo, el de mayor tirada en el país, que se convirtió en una pieza clave del uribismo. El representante de Planeta para América Latina, Francisco Solé, contó con un intermediario clave para obtener todos los parabienes del Gobierno Uribe: su amigo José Obdulio Gaviria, abogado, familiar y asesor del presidente en ese momento. Gaviria es primo hermano del capo de las drogas Pablo Escobar y familiar de otro importante narcotraficante, Fabio Ochoa, ambos muertos.
Y Planeta se reacomodó fácilmente también al nuevo presidente, a Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Uribe y artífice de la guerra sucia. No en vano la familia Santos es copropietaria de El Tiempo.
El Grupo Prisa, por su parte, se hizo en 2004 con el control de Radio Caracol –con nueve millones de oyentes- y un año más tarde Uribe otorgaba a Jesús de Polanco la Orden Nacional al Mérito. Prisa pondría también luego la alfombra roja a Santos en Madrid, organizándole un gran foro con representantes de muchas de las 139 empresas españolas asentadas en Colombia.
Siguiendo la misma fórmula practicada con Ollanta Humala[viii] y otros presidentes, Prisa completó sus negocios con Santos publicándole una amplísima entrevista en El País hecha por propio presidente de este diario, Juan Luis Cebrián y editó un suplemento de promoción turística y estímulo a la inversión en Colombia, en sus páginas salmón. Información, promoción y publicidad en el mismo paquete.
Mientras los medios juegan ese papel, el Gobierno, los principales partidos políticos y los máximos dirigentes de las multinacionales españolas cuidan ahora las formas. Ante la muerte de Chávez la mayoría de ellos optó por la mesura, eran conscientes de lo mucho que está en juego. A pesar que Rajoy tanto criticó desde la oposición a Rajoy por “sus exóticos amigos”, desde que llegó al poder se preocupó de no irritar excesivamente a estos.
El Rey se limitó a resaltar el “empeño y dedicación” de Chávez por su país y por Latinoamérica; Mariano Rajoy dijo en su pésame que desaparecía “una de las figuras más influyentes de la historia contemporánea de Venezuela” y el ministro de Exteriores, García Margallo, que era “un personaje singular”.
Los representantes de las 120 empresas españolas que operan en Venezuela se asesoran desde el pasado 5 de marzo más que nunca sobre los entretelones de la política venezolana, sobre las posturas de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros dirigentes del PSUV y de las fuerzas armadas. Saben que no pueden contar con la “vuelta a la normalidad”, que la variopinta coalición de oposición de la Mesa de Unidad (MUD) no tiene otro proyecto que no sea la vuelta al “orden establecido” y que por ello volverá a perder inexorablemente las elecciones este 14 de abril.
Las alarmas se dispararon semanas atrás, cuando el gobierno del presidente encargado, Nicolás Maduro, decidió sancionar a Zara con un cierre de sus nueve tiendas por 72 horas y 85.000 euros de multa, tras denunciar los precios abusivos que aplicó recientemente, para paliar, según la justificación de la empresa, los efectos de la devaluación del bolívar. No es la primera vez que las multinacionales españolas protestan ante la disminución en sus beneficios provocados por devaluaciones de la moneda venezolana, especialmente las empresas de servicios, que acumulan capital en bolívares.
El hecho que esta medida se haya adoptado estando Maduro al frente del gobierno preocupa al capital español, temiendo un endurecimiento en las reglas de juego.
El otro gran litigio que han mantenido las multinacionales españolas con el gobierno de Venezuela ha sido a partir de las limitaciones impuestas para repatriar sus beneficios. “Ni Uribe, ni Calderón ni Piñera nos han hecho estas cosas”, parecieran decir.
Telefónica calculaba que perdería por esta razón 630 millones de euros. El BBVA, que mantiene desde hace tiempo una queja similar, ha sido advertido por el gobierno de Caracas del riesgo de que se nacionalice su filial en Venezuela -el Banco Provincial, que le reporta a la casa matriz la cuarta parte de sus ganancias en la región- si persiste en su política de no dar créditos agrícolas más que en cuentagotas.
En 2008 el Banco Santander terminó vendiendo sus activos al Gobierno ante el veto de este a su intento de venderlo a otro inversor privado.
Pero el hecho que seguramente más preocupa a España y a estos empresarios es que a partir del 25 de julio próximo se formalizará la separación de Venezuela del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), organismo del Banco Mundial mediador en conflictos entre gobiernos y empresas extranjeras, estableciendo indemnizaciones para estas en casos de sufrir nacionalizaciones o alteraciones importantes en sus contratos.
Chávez prometió ya en 1999 denunciar el tratado de Venezuela con el CIADI, recordando que de los 234 litigios en los que este participó, dio la razón 232 veces al capital transnacional. Si bien Venezuela mantiene abiertos conflictos con varias empresas extranjeras, especialmente con petroleras estadounidenses a las que nacionalizó en 2007, las multinacionales españolas se han visto menos afectadas por las nacionalizaciones en este país que las que experimentaron en la Bolivia de Evo Morales o la Argentina de los Kirchner.
En 2011 las inversiones españolas directas en Venezuela superaban los 100 millones de euros, los beneficios obtenidos seguían siendo suculentos y el intercambio importación-exportación entre los dos países positivo en 906 millones de euros para España.
Pero mientras el Gobierno Rajoy y las empresas se mantienen expectantes ante los resultados de los comicios de abril en Venezuela, los medios de comunicación mantienen constante la presión. Se enorgullecen, sin duda, de su poder para defenestrar presidentes elegidos democráticamente elegidos por sus pueblos.
- Roberto Montoya es Periodista y escritor, autor de los libros “El Imperio Global” y “La impunidad imperial” y coautor, entre otros, de “El caso Pinochet y la impunidad en América Latina” y “Mirando a Venezuela”.
Fuente: Le Monde Diplomatique de Abril, Ed. Española
https://www.alainet.org/en/node/75260
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