Para quienes no conocen la estructura del Estado colombiano es difícil comprender lo importante que es acceder a la presidencia de la república. No es un asunto menor. El régimen “presidencialista” en Colombia le otorga un enorme poder a quien lo ejerce, dado que tiene en sus manos una serie de herramientas para colocar a los demás poderes (legislativo, judicial, público y electoral) bajo su tutela. Los denominados “cupos indicativos” o cuotas parlamentarias, le da una gran capacidad para cooptar a senadores y representantes a la Cámara, y la forma como se eligen los magistrados, fiscal, procurador, contralor, defensor del pueblo y otros órganos de control, le permiten incidir en forma determinante en su selección, elección y nombramiento. 
 
 
Por ello en este país la oligarquía y la casta política tradicional no duda en hacer hasta lo imposible -fraude o asesinato- para evitar que los sectores populares puedan elegir a uno de los suyos en ese cargo. 

 
 
Ellos saben que un ejercicio de ese tipo puede ser una válvula que desencadene un movimiento social y político que ponga en peligro muchos de sus privilegios históricos. Son conscientes del grado de pobreza, desigualdad, inequidad e injusticia que existe en este país y temen que un gobierno democrático sea rebasado o superado por una avalancha de tipo popular. 

 
 
No obstante, la actual dirigencia progresista sabe que los cambios estructurales no se pueden realizar de un día para otro. Son conscientes que el camino insurreccional nos llevaría a nuevas guerras, al bloqueo imperialista y a la derrota. Y por ello, se plantean construir a mediano plazo un futuro común con los trabajadores y pueblos latinoamericanos, una economía productiva y sostenible (social y ambientalmente) y una democracia participativa como instrumento político. 

 
 
Es importante subrayar que en la mayor parte del territorio colombiano subsiste una dominación colonial en donde los herederos de la vieja aristocracia terrateniente y esclavista utilizan al Estado para controlar a la población mediante una especie de clientelismo burocrático, corrupto y mafioso, que interviene en todos los aspectos de la vida económica, social, política y cultural de las gentes. 

En las regiones donde el desarrollo capitalista ha reducido ese control (Bogotá, Cali y otras ciudades), y en las zonas en donde las comunidades campesinas, indígenas y afros han construido procesos de organización popular (Nariño, Cauca, Putumayo, parte del Tolima, Huila y Boyacá, etc.), se ha transitado por caminos de emancipación social. En otras regiones, especialmente las golpeadas por las Farc, ese control se mantiene, aunque se observan avances libertarios sustanciales. 
 
 

Sin embargo, se debe señalar que la violencia ha sido la herramienta preferida por la casta dominante colombiana para impedir el avance de los trabajadores y los pueblos. Desde siempre esa oligarquía terrateniente de origen esclavista (que hoy es una oligarquía financiera transnacional) ha usado la provocación violenta para generar alzamientos prematuros, para aislarlos y golpearlos, y así, ha desaparecido a los dirigentes populares mediante la persecución y el asesinato selectivo. 

 
 
Lo hicieron durante la revolución comunera (1781), en los primeros años de la guerra de independencia (1810-13), en la época de las sociedades democráticas y la acción del general José María Melo (1854), en los tiempos de la “guerra de los mil días” (1899-1902), durante las huelgas “salvajes” de finales de la década de los años 20s del siglo XX (masacre de las Bananeras), y antes y después de asesinar a Jorge Eliécer Gaitán (1948). Ha sido la constante en nuestra historia. 
 
 

Hoy, luego de 70 años de conflicto armado, en donde esa oligarquía consiguió instrumentalizar la acción de las guerrillas insurgentes para impedir la organización y la acción masiva de los sectores populares, se están presentando las condiciones para dar un salto de calidad, emulando en parte a los pueblos latinoamericanos vecinos, pero a la vez, tratando de superar esas experiencias con base en una serie de acumulados históricos que es necesario valorar y precisar. Existen acumulados organizativos entre las comunidades indígenas, negras y campesinas, en sus luchas medio-ambientales y en defensa del territorio; también están en construcción nuevos procesos de organización entre los jóvenes, las mujeres, y los profesionales precariados de las ciudades; y existen importantes experiencias productivas entre los pequeños y medianos productores agropecuarios. Además, el hecho de contar con una Constitución Política relativamente avanzada, nos libra de caer en el “fetichismo de la Ley” y nos coloca en la tarea práctica de combinar la institucionalidad existente (así sea colonial y capitalista) con las acciones propias y concretas de la gente. 
 
 
Por ello, la dirigencia progresista y de izquierda ha diseñado una estrategia para acceder por vías pacíficas a la presidencia de la república, establecer un “gobierno de transición” hacia la democracia y la paz, e iniciar un proceso tranquilo y paciente de transformación de la sociedad, que incluye el concepto del “Buen Vivir”. O el “vivir sabroso” que ha planteado Francia Márquez. Donde, “Convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida”, es su consigna principal. 
 

 
Es indudable que hoy tenemos una extraordinaria dupla de dirigentes que encarnan lo mejor de nuestro pueblo. Petro y Francia representan lo más avanzado de los trabajadores, mujeres y jóvenes de nuestras ciudades y de las comunidades campesinas, indígenas y negras, que han desarrollado durante las últimas dos (2) décadas luchas sociales de gran importancia regional y nacional. En 2008 la Minga Social y Comunitaria y el paro de los corteros de caña; en 2011 y 2018, las grandes movilizaciones estudiantiles universitarias; en 2013, el paro cafetero y el paro nacional agrario; en 2017, el paro cívico de Buenaventura y Quibdó; en 2019 y 2021, el paro nacional contra la reforma tributaria que se convirtió en un verdadero “estallido social” que impactó a todo el país durante varios meses. Y en medio de estas luchas se han desarrollado innumerables luchas locales o regionales por servicios públicos, contra los proyectos minero-energéticos que degradan nuestra naturaleza, por sustitución de cultivos de uso ilícito, y otra serie de causas particulares. 
 
 
Su propuesta programática recoge esas causas y plantea las principales soluciones. 

 
 
La coyuntura de la primera vuelta y cómo ampliar la coalición 

 
 
En esta coyuntura el Pacto Histórico afronta un problema táctico. Para derrotar al candidato “uribista-duquista” (Fico Gutiérrez) se necesita sumar por lo menos 6 millones de nuevos electores con relación a lo obtenido el 13 de marzo/22. Y, a pesar del extraordinario entusiasmo y de la enorme mística que ha desatado la candidatura a la vicepresidencia de Francia Márquez, todos son conscientes que para obtener el triunfo en la 1ª vuelta se debe ampliar la coalición. 

 
 
En ese sentido, aunque la mayoría de los dirigentes del Pacto Histórico tienen claro que se deben hacer esfuerzos para obtener el apoyo del Partido Liberal, no todos sus integrantes entienden la importancia de esa tarea. Es evidente que mientras César Gaviria sea su líder (expresidente que implementó las políticas neoliberales en 1990), tendrán que hablar con él y llegar a acuerdos. Es bueno tener en cuenta que una parte de los senadores liberales elegidos y la mayoría de los representantes a la Cámara liberales (electos) ya están con Petro, en parte, forzados por las bases sociales o por su propia convicción, pero el significado de un apoyo oficial es muy importante.   

 
 
Las llamadas líneas rojas que ha colocado Gaviria no tocan en lo esencial las reformas planteadas por el Pacto Histórico como son los cambios a las EPS, fondos de pensiones privados, reforma tributaria progresiva, industrialización del aparato productivo, etc. Además, no se ha pensado impulsar una Constituyente debido a que la Carta Política de 1991 tiene un margen de desarrollo por vía legislativa, y menos se va a proponer la reelección presidencial (que fue propuesta de Uribe), que son asuntos que preocupan a algunos sectores del liberalismo. 

 
 
Es más, hacer público esos posibles acuerdos -así Gaviria le saque el cuerpo a la alianza- es beneficioso para el Pacto Histórico por cuanto se envía un mensaje de tranquilidad a un conjunto de personas que militan en diferentes partidos o que no militan en ningún partido pero que pueden ser influenciados por las campañas engañosas y las mentiras que utilizan los contradictores de Petro para meter miedo con base en las supuestas pretensiones autoritarias y antidemocráticas del candidato del Pacto. 
 

 
Igualmente, llegar a acuerdos con los liberales no implica que el Pacto Histórico se someta a la voluntad de sus aliados, pero si le garantizaría una gobernabilidad suficiente a un eventual gobierno de Petro. Lo principal que se debe entender es que un “gobierno de transición” requiere de una gran convergencia política y social para consolidar la paz, fortalecer la participación democrática, y avanzar -con calma y tranquilidad- hacia los cambios que nuestro pueblo necesita y requiere. 

 
 
Es clave comprender que el hecho de buscar un acuerdo con esos sectores “tradicionales” es también un mensaje público sobre el talante democrático del Pacto Histórico y sus candidatos. Y no es un asunto menor cuando los contradictores de derechas y guerreristas tratan de posicionar la idea -como lo lograron hace 4 años (2018)- de que “Petro es una amenaza para la democracia colombiana”, y ante la posibilidad cada vez más cercana de su triunfo electoral, han iniciado una campaña agresiva que incluye amenazas y llamados a “armarse” para defender la libertad. 
 
 

El triunfo del Pacto Histórico está cada vez más cerca pero su dirigencia no puede dejarse provocar, aislar o tensionar. La alegría y la creatividad que ha mostrado nuestra juventud en las movilizaciones sociales debe seguir estando al frente de la campaña electoral como garantía de victoria.