“Hasta 1979 e incluso 1980, las páginas de El Mercurio llamaban a remates públicos de enormes predios, casi todos de aptitud forestal. La crisis económica generalizada de esos años permitía que solamente un puñado de instituciones, por lo general bancarias, pudiese acceder a esos remates y comprar a ‘huevo’ esos campos. Al mismo tiempo se vendían las fábricas de celulosas que había construido el Estado, los aserradores, en fin, se privatizó el sector forestal de manera completa. En esos años se realizaron estudios que demostraban que la compra del predio forestal, las plantas de pino que donaba la Conaf, los subsidios de mano de obra y el famoso decreto ley 701 que subsidiaba las plantaciones, hacía que esos bosques fueran gratis, totalmente pagados por el Estado”.

José Bengoa, Reforma agraria y revuelta campesina (2016)

Corría el año 1974 y la cesantía era un grave problema para la dictadura cívico-militar. He aquí cuando entra en escena el Decreto Ley 701, que permitió al Estado subsidiar las faenas forestales durante muchos años.

“Masas de trabajadores de la provincia de Arauco, exmineros, fueron subidos a camiones militares y llevados a la cordillera de Nahuelbuta a hacer hoyos y plantar pinos para las empresas forestales. La tierra la compraron a huevo y las plantaciones no solo les salieron gratis, sino que ganaron con ellas. Esta forma criolla de acumulación originaria condujo a la existencia de enormes fortunas que hoy se vanaglorian de exportar a todas partes del mundo”, señala José Bengoa en Reforma agraria y revuelta campesina.

La industria forestal es de las más poderosas del país e hizo su fortuna, según explica Bengoa, prácticamente gratis: “Recibieron del Estado la tierra, las plantas, los trabajadores, en fin, recibieron gratis los actuales bosques que cubren el sur del país”.

El libro ¡Xipamün Pu Ülka! (“váyanse los codiciosos” en mapudungun), relata la historia de cómo dos de los grupos empresariales más importantes del país (Matte y Angelini) se hicieron los dueños legales del territorio mapuche del Lavkenmapu y la Coordillera de Nahuelbuta. Un funcionario de Mininco, citado en la publicación y que trabajó para el Ministerio de Agricultura en dictadura, contó cómo “en algunos casos le cambiaban la aptitud, a los terrotorios, para pasarlos como forestales y tirárselos a la Conaf (Corporación Nacional Forestal), que fue el pasadizo para entregárselo a los dos grupos económicos”, en referencia a los Matte (a través de CMPC) y Angelini (Arauco).

Flor Laviqueo, dirigenta de la comunidad María Colipi, cuenta en el libro cómo en 1974 un grupo de su comunidad fue hasta el ministerio de Agricultura y ahí mismo fueron engañados para que la calificación de sus tierras fuera declarada como forestal; no obstante, y para el bien de esta comunidad, se recuperó parte del fundo Labranza hace algunos años. Dicho fundo corresponde a 808 hectáreas ubicadas en las cercanías de Quidico, comuna de Tirúa. En 1979, la Conaf de Ponce Lerou se lo vendió a la forestal Crecex -del Grupo Vial-, que en la década de 1980 sería absorbida por los Matte y su brazo forestal, Mininco en $3.686.849.  Un monto a todas luces ridículo.

Lo mismo sucedió con tierras como El Canelo y en localidades como Paillaco, Lleulleu, Antiquina y Huentelolén. Todas vendidas a precios de regalo. El más notorio es el fundo Choque, de 6.905 hectáreas, vendido a Crecex en $968 millones según el IPC actual. Apenas $140 mil pesos por hectárea.

El grupo Angelini, por su parte, pagó $200 millones (monto pecuniario actual) por 2.200 hectáreas del fundo Tranaquepe. En 2015, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), organismo estatal creado para la compra de tierras indígenas, pagó $5.151.134.962 por 1.859 hectáreas destinadas a las comunidades Juan Lincopan, Kellgo y Kralhue. Más de $2.700.000 por hectárea. ¡Flor de negocio!

 ¡Xipamün Pu Ülka! también cuenta cómo parceleros engañaron, en la compraventa, a muchos mapuche -cuya mayoría no sabía escribir- para después vender las tierras a las forestales en millonarias cifras. Una persona individualizada como Román Cea, que según los antiguos de las comunidades era guardabosques y “palo blanco” de Arauco, compró una parcela en 30 mil pesos y la vendió a sus jefes en más de $2 millones.

Muchos de los conflictos que existen hoy día por la devolución de tierras y autonomía de las comunidades originarias son el resultado de esta contrarreforma agraria que efectuó el régimen de Pinochet en connivencia con sus cómplices civiles. Los gobiernos de la Concertación sacaron una ley y un organismo que puede comprar tierras, pero no expropiarlas.

En toda esta historia, además, es clave Julio Ponce Lerou, quien en democracia se haría con el poder de SQM para financiar durante años a todo el espectro político. En la década de 1970 el entonces yerno de Pinochet estaba a la cabeza de la Conaf y fue clave en el DL 2247 de 1978, que permitió transferir las tierras de la reforma agraria a la Conaf, para que después sean vendidas a las empresas forestales. En total, fueron 352 mil hectáreas de la reforma que llegaron a la propiedad de Conaf. Fue, según una comisión investigadora de Cámara de Diputados, el 44% del total de las tierras expropiadas hasta 1973.

En 1972 Ponce Lerou comienza su carrera empresarial. En Panamá llega a ocupar un cargo de subgerente del aserradero El Chagres. Ahí se encontraba cuando ocurrió el Golpe de Estado en Chile y mientras realiza su práctica profesional de ingeniero forestal en Canadá, vuelve a Chile obteniendo un puesto de gerente general en Industrias Forestales S.A.

En 1978, Pinochet le asignó un puesto de mando en la Celulosa Constitución Celco (empresa estatal) y al año siguiente, Ponce Lerou fue designado gerente de empresas de la Corfo, que entonces mantenía vinculación directa con la mayoría de las grandes empresas del Estado.

En aquellos años, la dictadura militar dictó una serie de decretos que impulsaron el negocio y saqueo de los recursos naturales a manos de capitales privados y extranjeros a través de la privatización de una serie de empresas estatales. El discurso de los golpistas fue la ineficiencia de la gestión pública, mientras que en los sectores estratégicos cientos de trabajadores fueron perseguidos, desaparecidos y asesinados por cuestionar las ganancias de los ricos y empresarios poderosos. En 1974, la industria forestal presenta cambios profundos, donde la Conaf tenía a su cargo los predios expropiados de la Corporación de Reforma Agraria (CORA). Uno de estos cambios es el Decreto Ley 701, impulsado por el ministro de Economía Fernando Léniz e implementado por Ponce Lerou. Esta iniciativa de ley fortaleció la bonificación de la plantación forestal por parte del Estado, la cual implicaba la bonificación de un 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptus beneficiando a los empresarios del sector, siendo la base de la multiplicación de la riqueza de los grupos forestales como los Angelini y los Matte. Actualmente, algunas comunidades mapuche han atribuido al DL 701 la entrega de tierras a privados durante la gestión de Ponce Lerou en la Corfo, dando origen al ahora histórico conflicto que mantiene en constante disputa a los comuneros con las forestales, con el Estado, empresarios forestales y latifundistas.

Hacia fines de 1975 Julio Ponce Lerou se dio el tiempo para presidir el Complejo Forestal y Maderero Panquipulli, empresa surgida en 1971 en la provincia de Valdivia, que administró un área superior a 400.000 hectáreas y empleó a más de 3.000 trabajadores bajo un esquema de “comanejo” entre los obreros y el Estado. Ponce Lerou estaría a cargo del Complejo hasta 1982, donde tuvo a su cargo el traspaso a privados de las tres empresas forestales que estaban a cargo del Estado: Celco, Arauco e Inforsa.

Las empresas Celco y Arauco pasaron a manos del grupo Angelini, con esto, Julio Ponce Lerou consolidó poder e influencia en el ámbito forestal a través de su cargo directivo en Conaf.

De acuerdo con Manuel Salazar en su libro Todo sobre Julio Ponce Lerou, “desde 1976 a 2010 se bonificaron 1.400.000 hectáreas. 85,4% para forestacion; 14% recuperación de suelos degradados y forestación y 0,6% a estabilización de dunas. Lo cual desmiente que el DL701 fuera para recuperar suelos degradados. El DL701 bonifica el 75% de la plantación. Entre 1974 y 1999 la superficie plantada subió 470% (en solo 25 años) logrando perfilarse como el sector de mayor éxito de la economía nacional”.

Sin embargo, el éxito macroeconómico no se tradujo en beneficios para los bosques y comunidades campesinas, ya que aquel tristemente célebre decreto ley autorizó a la Conaf para enajenar las tierras en la denominada «contrarreforma agraria», proceso reaccionario que despojó al campesinado y el mundo mapuche de la victoria de recuperar parte de sus tierras.

Debe destacarse que en todo este panorama hoy en día regiones como el Maule, Biobío y La Araucanía concentran los mayores niveles de pobreza en el país, a la vez de que sus suelos están extensamente plantados con monocultivo forestal. Esto ha causado perjuicio en el sistema productivo del centro sur de chile, afectando la producción y costos de los alimentos.

Siguiendo a Diversidad.org, el historiador Fernando Pairican explica que el movimiento mapuche de la década de 1970 logró interpelar al gobierno socialista de Allende y “mapuchizar” la reforma agraria, transformándola en una lucha anticolonial por la recuperación de las tierras que habían sido arrebatadas en la ocupación de un siglo atrás. El mejor ejemplo es el llamado “Cautinazo”, la gran movilización de 1971 que llevó a miles de mapuche a ocupar fundos agrícolas en las cercanías de Temuco. El impacto fue tanto para el gobierno, que Allende determinó trasladar el ministerio de Agricultura a la capital de la novena región.

Entonces, el indio, el esclavo, pasó a ser el dueño de la tierra. Algo que el patrón no perdonaría, pues tocaba la fibra que más le dolía a la derecha conservadora: sus propiedades. “Con la contrarreforma agraria -de la dictadura pinochetista- los patrones de fundos apuntaban con el dedo a los dirigentes que habían recuperado sus tierras”, dice Pairican.

El informe Trabajo de investigación de ejecutados y desparecidos, 1973-1990, pertenecientes a la Nación Mapuche, del historiador Hernan Curiñir Lincoqueo, el sociólogo Pablo Silva Carrasco y el trabajador social Conrado Zumelzu Zumelzu, establece la cifra de 171 víctimas mapuche de la dictadura, 36 más que la comisión Rettig. “El asesinato de muchos de ellos está vinculado a la tenencia de tierra”, dice en una de sus conclusiones.

En dicho trabajo se da cuenta también de cómo muchas víctimas de la dictadura nunca pudieron acreditar que fueron torturados ante las distintas comisiones de verdad y justicia, pues no fueron detenidos en cuarteles, sino en los propios fundos de los patrones, convertidos en verdaderos campos de concentración para la tortura y desaparición. Los mapuche, dice el informe, eran torturados frente a sus familias y comunidades.

Pairican explica que el impacto sociocultural de la dictadura llegó a ser incluso más profundo para el mapuche que para el resto del país, porque con la detención o el asesinato del lonko, se desarma todo el tejido social comunitario y, por ende, se desestructuran los cimientos del mundo mapuche.