A escasos días de juramentar como Presidente de la República del Bicentenario, el profesor Pedro Castillo Terrones tiene tareas inmediatas y estratégicas que impulsar para comenzar a transformar el país y cumplir con su promesa central de “No más pobres en un país rico”. Pero todo ello se dará en un escenario por demás complejo y lleno de necesidades insatisfechas y esperanzas demasiado frustradas en años anteriores. Para ello, más de la mitad de la población está de acuerdo con que se requiere un nuevo pacto social que reemplace a la constitución fraudulenta de 1993, que es la que nos ha llevado al caos político-institucional, ético-delincuencial, económico-productivo, socio-sanitario y ambiental, que sufrimos desde hace 30 años.
 

Pero el camino hacia este pacto está empedrado de dificultades de todo orden. Mientras tanto, probablemente en dos días más, “con despacito y calmancia”, dadas las alianzas que debe establecer, el Presidente definirá el gabinete de ministros que lo acompañará en este primer tramo de su gobierno, que ha despertado esperanzas en buena parte de la población, preocupación en otra y rabia en las minorías fujimontesinistas y sus aliados internacionales, como el marqués brujo neoliberal (ver el libro de Atilio Borón, publicado por Otra Mirada y Latindadd: El hechicero de la tribu: Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina”).
 

Hacia un proceso y momento constituyente
 

Aparte de afirmar los siete puntos del Plan de Gobierno Perú al Bicentenario sin Corrupción, en su Mensaje a la Nación del 28 de julio, el Presidente Castillo deberá decir algo respecto al tema del cambio constitucional, el mismo que será un proceso largo y con una correlación de fuerzas diferente a la que se tiene hoy día. Contra viento y marea fujimontesinista y empresarial opositora, contrario a varios consejos recibidos, el Presidente, tal como ha prometido, hablará de convocar a un referéndum constituyente y probablemente repetirá que:

“Nuestra Patria no merece tener una Constitución viciada en su origen, fruto de un golpe de estado, que se aprobó en medio de persecución contra movimientos sociales y sindicales … que prioriza los intereses privados sobre el interés público, el lucro por encima de la vida y la dignidad, debilita las garantías a los derechos laborales, borra el derecho a la vivienda social, crea un régimen privado de pensiones que compite deslealmente con el sistema público de seguridad social, tiene una matriz colonial, desconoce las instituciones políticas y culturales de pueblos originarios y comunidades campesinas. Por lo tanto, debe darse paso a una Constitución de la democracia, elaborada por todas las voces y todas las sangres, gestada por la voluntad del pueblo, con color y sabor a pueblo”.
 

Pero lo que está claro es que el profesor Castillo, Perú Libre y sus aliados, no tienen actualmente una correlación de fuerzas políticas, sociales y ciudadanas, favorables para hacer cambios profundos a la Constitución actual en el corto plazo. Para construir esta correlación de fuerzas favorables, he sostenido en otros escritos y aquí mismo  que es indispensable “cevichear” en la Costa, “coquear” en la Sierra y “masatear” en la Selva, recorriendo el país desde abajo y adentro y no desde Lima, arriba y afuera. Se trata de un proceso que permita que nos encontremos con la realidad de un país que es complejo, abigarrado y que es marítimo-andino-amazónico, agrícola y forestal, no sólo minero-petrolero, además de biodiverso, multicultural y con derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y de todas/todos, que debemos respetar (ver mi escrito: “Perú pandémico: hacia un nuevo pacto social con propuestas desde abajo, adentro y el común” con Jürgen Schuldt; y también “Perú: la Pandemia, la dicotomía Economía-Vida y el no retorno a la normalidad”.

Momento económico difícil
 

Mientras los indicadores de la pandemia continúan en lento ascenso en los últimos dos meses, pero con cerca de 200,000 fallecidos, 2.2 millones de contagiados, la bastante probable “tercera ola” del COVID 19 y su variante Delta, con menos del 12% de la población inmunizada por las vacunas hasta el momento (julio 2021), los indicadores macroeconómicos y sociales en general para el 2021 y el 2022 están estancados o a la baja.

El PBI tendrá un rebote de 8 a 10% en el 2021 luego de haber caído en 11% en el 2020 y, el crecimiento en el 2022, será de un modesto 5%, sin llegar a los niveles del 2019 previo a la pandemia (el PBI per cápita también ha ido en descenso). La inflación, jalada por la tasa de cambio en ascenso en los últimos seis meses – entre 6 y 9% de ascenso, llegando a casi 4 soles por dólar en julio - y el aumento de los precios internacionales de los hidrocarburos y alimentos importados, comienza a dispararse por encima de las metas, pudiendo llegar en 2021 a 4-5% y dos puntos más en 2022. Las exportaciones de minerales han crecido gracias al incremento de los precios de los commodities (básicamente cobre, plata y oro), en tanto que las exportaciones están estancadas y las importaciones han seguido incrementándose, pese a la recesión económica.
 

Las Reservas Internacionales Netas llegaron a US$ 68,316 millones a fines del 2019 y al 14 de julio del 2021 subieron a US$ 72,226 millones, pero no se explica por qué el BCRP no ha intervenido con más venta de dólares al sistema bancario para detener el alza de la tasa de cambio. Desde el inicio de la pandemia, el BCRP ha intervenido con US $11.000 millones, o el 5,4% del PIB, en el mercado de divisas, ya sea mediante compras directas o a través de derivados, según estimaciones del JP Morgan, pero no ha sido suficiente. Sin embargo, el presidente del BCRP, Julio Velarde explicó que la baja de las RIN por US$ 7,294 millones desde marzo 2021, se debe en parte al encaje con US$ 4,500 millones y, como es el 35% de depósitos en dólares, salieron US$ 13,000 millones del sistema, estimándose que se han fugado capitales por ese monto en los últimos 6 meses.

Las inversiones privadas, principalmente mineras y petroleras, se han retraído debido a la incertidumbre por la situación político-electoral y las inversiones públicas también debido a ineficiencias de los gobiernos regionales y a una expresa política de no aumentar el gasto, debido a que el déficit fiscal ha subido a 6% del PBI por la pandemia y la falta de ingresos fiscales. La consecuencia de lo anterior es la fuerte recesión económica que ha dejado sin empleos a más de 2.5 millones de peruanos y peruanas en un país con dos terceras parte de su fuerza de trabajo en situación de informalidad y/o actividades ilícitas como tráfico de drogas, minería aluvial ilegal de oro, tala de bosques, contrabando, trata de personas y corrupción pública y privada.
 

Lo macro en el corto plazo

En lo macroeconómico, sector que será manejado por el economista Pedro Francke en el MEF y Julio Velarde en el BCRP, existen tres temas que el nuevo gobierno deberá atender equilibradamente para que no se desbarranquen las diferentes variables e impacte sobre la situación social y política: 1) el programa fiscal manejado por el MEF, con nuevos impuestos y recuperación de fondos evadidos, para generar empleo e ingresos en una política expansiva de demanda e inversión pública en pequeños proyectos descentralizados y gasto corriente para apoyar ingresos familiares y, eventualmente, con bonos para los más empobrecidos; 2) el programa monetario-financiero gestionado por el BCRP que, sin interferencia del ejecutivo, debe controlar la inflación con los cuatro instrumentos que así lo permiten (tasa de cambio, tasas de interés, encaje bancario y emisión limitada), en coordinación estrecha con el MEF, la SBS, la SUNAT y el Banco de la Nación; y, 3) el programa de cuentas externas con el fin de monitorear/regular la balanza comercial de bienes y servicios, la balanza de pagos de inversión directa y capitales y el endeudamiento externo e interno, dándole atención a lo que señalan las centrales de riesgo, la bolsa de valores y los precios internacionales de los commodities.
 

Keynesianismo popular
 

El resumen se trata de utilizar los instrumentos monetario-fiscal-financieros para impulsar una política macroeconómica equilibrada, controlando inflación-devaluación, orientada a la generación de empleo e ingresos para los más empobrecidos por la pandemia y el modelo neoliberal, así como también hacia los sectores medios que se han visto afectados. Es decir, impulsar una suerte de keynesianismo popular de reactivación por demanda, que supone un rol preferente del Estado como regulador y como empresario no subsidiario - como sostiene el capítulo económico de la Constitución de 1993 -, en aquellos sectores de bienes y servicios en los que el sector privado no ingrese o lo haya hecho sin respetar normas éticas (monopolios, coimas y demás), laborales y ambientales.

El tema central, pues NO es la estatización sino la nacionalización de nuestros recursos naturales, tampoco la confiscación o expropiación de tierras de la llamada 2da Reforma Agraria, menos aún la confiscación de viviendas y departamento como denuncian por redes y sus medios monopólicos los fujimoristas y sus acólitos, sino sobre todo, tener independencia en la formulación de las políticas macroeconómicas y sectoriales, que sean propias y adecuadas para nuestro país, en pandemia y recesión productiva.

Tradicionalmente, los gobiernos progresistas o de izquierda se centran en la crítica a los problemas socio-políticos por encima de los de orden económico-fiscal-financieros, a la economía política sobre la política económica, a la macroeconomía sobre la microeconomía, a la estructura social sobre la gestión productiva, a la apropiación y distribución del ingreso sobre la generación de excedentes, al control a través del intercambio, a los métodos de planificación sobre los mecanismos de control mercantil, equiparando mecánicamente lo primero al socialismo y lo segundo al neoliberalismo capitalista. Estas discusiones debido a la despreocupación tradicional por los temas fiscal-financiero-monetarios, ya se dieron en el Perú con Belaúnde 2 y Alan García 1, así como en varios países de América Latina y el Caribe (Argentina, Bolivia, Chile, México, Nicaragua, Venezuela, Cuba, etc.) con resultados desastrosos para los más pobres, por el desarrollo de procesos hiperinflacionarios que provocan caos en el sistema de precios relativos, desempleo, informalidad y actividades ilícitas, aumento de la pobreza, concentración de la riqueza, desindustrialización y descampesinización, migraciones internas hacia las ciudades, endeudamiento externo por encima de la capacidad del país, etc.

Estos escenarios apocalípticos no son los que desea el Presidente Castillo para el Perú y estoy seguro que aplicará estrictamente lo que dice su programa al bicentenario con los 7 puntos principales que son: 1) Perú libre de pandemia; 2) relanzamiento del empleo y la economía popular; 3) inicio del proceso de segunda reforma agraria; 4) aporte justo de empresas; 5) gas para todos; 6) retorno seguro y oportuno a la educación presencial; y, 7) convocatoria a referéndum constituyente con gran diálogo nacional y popular. Estos serán y no hay por qué asustarse: “Palabra de Maestro”.