El primer gobierno del Bicentenario, será distinto a todos los anteriores, por varias razones, han coincidido en el tiempo: la pandemia que ha cambiado el  sentido común de la opinión pública nacional y mundial respecto de las “bondades” del mercado a ultranza, lo que da cuenta de una crisis estructural del modelo, la aparición de una oposición beligerante racista, violentista y golpista en el país, el bicentenario de la independencia nacional y la asunción a la Presidencia de la República, por primera vez, de un integrante de la izquierda orgánica peruana, provinciano, maestro, agricultor y rondero.

A todo ello, se une un fenómeno que, no siendo nuevo, define este escenario distinto del resto de la historia política de nuestro país, por lo menos del último siglo: la ausencia de partidos políticos. Todo indica que el camino está despejado para que el gobierno que se inicie el 28 de julio de 2021, tenga abierta la cancha para su relacionamiento directo con la población, sin intermediarios.

Siendo así, es fundamental que, entre sus primeras medidas, el nuevo gobierno fortalezca mecanismos democráticos de relacionamiento con los diversos sectores del país, que garantice la validez de multiplicidad de voces para la reconstrucción del tejido social, golpeado y pulverizado por el fujimorato.

Siendo que existe una agenda inmediata e ineludible: el cumplimiento con el cronograma de vacunación contra la pandemia y asegurar la adquisición de más vacunas, hitos del gobierno de Sagasti y la reactivación económica, con incidencia principalmente de la reactivación de la economía de los peruanos de a pie (77.3% empleo informal) que implica, la generación de empleo, así como de las condiciones óptimas para la recuperación de los micro y pequeños empresarios, golpeados por las restricciones por la pandemia, existe sin embargo, un elemento que debe atravesar todos los sectores del gobierno de Pedro Castillo, es el diálogo permanente y descentralizado.

Hay dos planos a tener en cuenta: primero, será vital su relacionamiento con los sectores que votaron por él en primera vuelta, el soporte de su gobierno es ese 18.9% y es fundamentalmente los sectores del sur del país, más precisamente, el llamado corredor minero y, en un segundo plano, ese amplio sector que ha sumado el 50.1% de la segunda vuelta que, siendo mayoritariamente un voto en contra de la otra excandidata, alberga también una esperanza de cambio principalmente en el terreno de la lucha contra la corrupción.

Es necesario aquí demostrar que los discursos de miedo en su contra que utilizó su adversaria, eran sólo eso.

La población de los asentamientos mineros esperara acciones inmediatas. Por ello, será necesario la estructuración de un gran mecanismo democrático de diálogo, que sincere la verdadera situación social, económica, medio ambiental, territorial, de derechos como la consulta previa y de compromisos asumidos por el Estado (en sus tres niveles) así como el empresariado minero, estableciendo cronogramas realistas de cumplimiento, que sean públicos y factibles de seguimiento por la sociedad civil.

Es imperativo reforzar los mecanismos para este nuevo concepto de diálogo, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM como ente rector, tiene la tarea de cambiar la perspectiva de la atención a las demandas, con una mirada de servicio y compromiso activo con la mejora de las condiciones de vida de la población.

Es fundamental darle sentido, objetivos claros y organicidad al conjunto de oficinas de diálogo que existen en cada ministerio, para ponerlas en favor del desarrollo y la inclusión de los más amplios sectores nacionales e involucrar a los gobiernos locales y regionales para la construcción de agendas territoriales de desarrollo. Es decir, generar una verdadera descentralización del país.

Este gobierno, será el primero del Tricentenario y, lo que haga, podría sentar nuevas bases.

*Abogada, especialista en conflictividad social.

NOTA ORIGINAL

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