San Juan, 12 de abril de 2021 (NCM) – El comité de reglas del Senado de Estados Unidos se prepara para votar este mes sobre una extensa medida que incluye evaluar con premura una reorganización de los territorios bajo dominio colonial, con el efecto de extender el colegio electoral por más de 14.800 kilómetros, desde el Caribe hasta islas cercanas a China.

El cambio que se sometería a evaluación tendría impacto directo en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, colonias caribeñas, así como en las colonias Samoa Americana, la Mancomunidad de las Marianas del Norte y Guam, en el Océano Pacífico.

A contrapelo de la importancia geoestratégica de esa reorganización electoral de los territorios isleños bajo dominio estadounidense, sigue sin llamar atención importante en los medios noticiosos estadounidenses. Tampoco parece llamar mucho la atención en los propios territorios coloniales isleños, donde, sin embargo, han ido desarrollándose reclamos por la descolonización.

Esa evaluación está en unos cuantos párrafos enterrados entre las cerca de 800 páginas de la propuesta reforma electoral federal y, a pesar de que tiene muy poco que ver con la administración y financiamiento de las elecciones de EEUU, hasta ahora parece intocable.

De hecho, los intentos para hacerle cambios en la Cámara de Representantes fueron rechazados sin debatirlos o votarlos, y, los esfuerzos para lograr que se enmiende en el Senado todavía no han rendido frutos. Fue aprobada sin mayor problema en la cámara baja y en la vista pública del Senado a finales del mes pasado, ni siquiera se mencionó.

La fuente que previno de que la medida estaría lista para la votación del comité de reglas a finales de este mes, relató que cuando un par de congresistas intentaron que se enmendara al menos la parte sobre Puerto Rico, se encontraron con un repudio sólido. Mientras tanto, toda la atención legislativa y pública se centra en el debate con tintes de estridencia entre republicanos y demócratas sobre lo que conviene hacer para devolver credibilidad al sistema electoral de EEUU.

Se trata del proyecto del Senado S-1, gemelo del HR-1 que aprobó la cámara baja. La medida en el Senado ya cuenta con la coautoría de 48 de los 100 senadores. De ser avalada por el comité de reglas, pasaría al plenario de la cámara alta tan pronto se resuelva qué hacer con el problema de la obstrucción del llamado “filibusterismo”, con el cual se pueden retrasar medidas indefinidamente en el Senado.

La evaluación a ordenarse, según el texto del proyecto, es para determinar la viabilidad de que se implante en los territorios isleños la elección de congresistas -con voz y voto como los de los estados de la Unión- y de participación en las votaciones por el presidente y vicepresidente de EEUU. Eso dividiría las colonias en distritos representativos federales, con lo que se elegirían siete u ocho miembros de la Cámara de Representantes, mientras que habría que establecer el mecanismo de participación de las colonias en el colegio electoral, que es el organismo que en realidad elige al presidente estadounidense.

Entre las ideas que ya se han planteado está que se establezca una demarcación única que represente todos los territorios en el colegio electoral. Esa nueva demarcación estaría esparcida por más de 14.800 kilómetros, del noreste del Caribe hasta la llamada “segunda línea de islas” -ofensivas o defensivas- cercana a las costas chinas.

Uno de los principales promotores de la idea de extender las elecciones federales a las colonias, Neil Weare, reconoce que haría falta una enmienda a la Constitución de EEUU, pero asegura que ese proceso podría efectuarse rápido y con menos controversias de lo que podría parecer. El cabildero insiste en que se debería incluir de una vez la elección de senadores federales, por el poder extraordinario que éstos tienen, pero esa parte no ha sido incluida en los textos ahora ante el Congreso.

Weare, que también defiende la entrada de la capital Washington DC a la unión federal como estado, se hace cargo de que en los territorios hay el problema adicional del tema de la descolonización y las vías diversas que eso puede tomar en las distintas islas. En un artículo en la Stetson Law Review, publicado en marzo de 2017, planteó que esa reorganización electoral de los territorios “no tiene que aguardar a que se resuelva el status político, sea por la estadidad, la independencia o algo intermedio”.

En el caso de Puerto Rico específicamente, Weare afirma que podría ser “la única alternativa para proveer participación política completa” si el Congreso no actúa sobre las peticiones de convertirlo en estado de la Unión. Además, tanto para Puerto Rico como para los demás territorios coloniales, argumenta que esta reforma “no elimina de la mesa de negociaciones ninguna opción de status político”.

Para la visión de Weare, es imprescindible que Puerto Rico se mantenga dentro de la reforma de las colonias, pues de los cerca de cuatro millones de “ciudadanos americanos” que serían cubiertos por los cambios, más de tres millones viven en este territorio caribeño. Es como decir que sin los millones de puertorriqueños, la propuesta perdería mucha fuerza política en el Capitolio de EEUU.

Pero en Puerto Rico, donde el actual gobierno intenta que EEUU inicie el proceso hacia “la estadidad”, el asunto de los proyectos gemelos sobre el voto federal no ha sido siquiera discutido en las reuniones de estrategia del partido oficialista en el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación, según las respuestas reiteradas de los portavoces. Tampoco se escucha nada al respecto en los círculos de los partidos opositores, mientras el debate público se concentra entre los proyectos radicados en el Congreso para la “ley habilitadora” de la estadidad y el de convocar una asamblea de estatus que dialogue sobre alternativas viables con EEUU y luego las someta a un referéndum de los electores del país.

Estarían por verse los motivos de esa aparente ignorancia contumaz, o si, sencillamente, la historia camina otro derrotero.