Consideraciones generales

1. A diferencia del último trimestre de 2020, en el primer tramo del año la pandemia volvió a ubicarse como gran ordenador de la agenda pública. El incremento de casos experimentado en diciembre y enero y, luego, el reinicio del ciclo lectivo confluyeron con la segunda ola experimentada en el hemisferio norte y con la agudización de la disputa global por el acceso a las vacunas. El pico experimentado en los países limítrofes durante las últimas semanas completó un panorama cada vez más crítico. Luego de asumir que los niveles de vacunación están muy por debajo de las previsiones, desde el Gobierno Nacional se advirtió que hay que prepararse para una segunda ola de contagios.
   
    
2. En ese marco, la marchas y contramarchas en el proceso de vacunación, junto con la puja registrada respecto de los precios de bienes y servicios de primera necesidad, y las negociaciones con el FMI sintetizan en gran medida los conflictos que marcan el ritmo de la coyuntura actual.
   
    
3. Los sectores dominantes, que vienen actuando como un bloque opositor que opera en distintos frentes con la premisa de condicionar al Gobierno del FDT, han sostenido esa actitud, tal como lo hicieron en los momentos de mayor incertidumbre producto de la pandemia. Una mirada panorámica al comportamiento que durante los primeros meses de 2021 han sostenido los empresarios del sector agroindustrial y grupos exportadores, los propietarios de grandes cadenas de supermercados, algunas empresas de telecomunicaciones y sectores relevantes del Poder Judicial, alcanza para prever que lo más probable es que sigan moviéndose en ese sentido.
   
    
4. En medio de la consolidación del alza del precio de las materias primas a nivel internacional, el comportamiento del sector agroalimentario ha sido ejemplificador. En un marco de recesión y caída del poder adquisitivo de los ingresos populares, con una pobreza que supera el 40%, el nivel de aumento de los alimentos durante 2020 y lo que va de 2021 implica una realidad absolutamente incompatible con las necesidades de la población. El nivel de concentración en la producción y la comercialización de alimentos plantea un reto específico para cualquier proceso político que apunte a garantizar los derechos básicos del conjunto de la población.
   
    
5. El contexto de crisis global combinado con la profunda contracción sufrida por una economía local que además atraviesa un nuevo proceso de reestructuración de la deuda pública, abre las puertas a un reimpulso del modelo extractivo-exportador como vía de salida. El conflicto que se vive en la provincia de Chubut a raíz del intento de habilitar la megaminería, las ventajas promovidas desde el Gobierno Nacional para aumentar exponencialmente la producción en Vaca Muerta y las expectativas expresadas por Alberto Fernández, respecto de actividades extractivas tradicionales y emergentes, en su discurso de apertura de sesiones parlamentarias, son sólo algunos indicadores de esa tendencia.
   
    
6. En la derecha política prima la tensión entre jugarse todo a una polarización descarnada y la disposición a la negociación. Más allá de las pertenencias partidarias, la diferencia entre quienes gestionan y quienes solo hacen oposición al Gobierno Nacional es clara, aunque todos comparten dos elementos. Sin la capacidad de instalar una agenda propia rapiñan sobre los errores y limitaciones del FDT. Y están inmersos en una tendencia a agudizar la confrontación, a raíz de la proximidad de las elecciones legislativas y también de la emergencia de una “derecha de la derecha” que se viene haciendo un espacio poniendo en cuestión los modales instituidos en el sistema político.
   
    
7. El bloque social y político articulado en torno al FDT intenta sostener una línea de acción centrada en la recuperación económica y en paliar la pandemia con la concreción de la vacunación masiva. El Gobierno Nacional mantiene una estrategia basada en la concertación y el diálogo, que es en los hechos tensionada sistemáticamente por buena parte de sus interlocutores de las corporaciones económicas y erosionada desde la oposición política. En ese marco tuvo que enfrentar un momento crítico, luego de que saliera a la luz la provisión de vacunas por fuera del esquema previsto en el Plan Estratégico de Vacunación, que derivó en la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García. Los efectos políticos nocivos de ese hecho son realmente imprevisibles.
   
    
8. En medio de la crisis económica, financiera y sanitaria, el oficialismo ratifica el camino del “equilibrio fiscal”. El Estado no será la palanca fundamental de la reactivación, aunque el Gobierno apunta a poner en juego mecanismos para imponer regulaciones que alimenten el rebote que se registra en los últimos meses. Para eso apuesta a garantizar un piso de recomposición en los ingresos populares, para lo cual necesita ponerle coto a la inflación y seguir conteniendo el precio del dólar. El descongelamiento de las tarifas, el cierre de las paritarias más significativas, la negociación con el FMI y el desenvolvimiento de la pandemia aparecen como elementos clave en el corto plazo.
   
    
9. Los resultados económicos serán determinantes para los escenarios políticos que pueden darse en los próximos meses. La legitimidad de la coalición de gobierno está atada a la capacidad que demuestre para hacer frente a los condicionamientos de los grupos de poder y a las medidas que implemente para contener su ofensiva, al tiempo que garantiza una recuperación económica que -gestión de la pandemia mediante- tenga consecuencias palpables en las condiciones de vida de las mayorías. De cara a las elecciones de medio término, las dudas están planteadas en relación a esto último. No hay razones para pensar en grandes conflictos internos que pongan en duda la continuidad del FDT como herramienta electoral del peronismo unido más aliados.
   
    
10. Luego del affaire por las vacunas de privilegio y en vistas al proceso electoral, el presidente Fernández dio señales de lo que puede ser una estrategia que contenga una suerte de polarización selectiva. Mientras que para sostener la estabilidad cambiaria y desacelerar la inflación apela a las mesas de diálogo con los distintos sectores del poder económico, sube el tono de la confrontación con el Poder Judicial y las fuerzas políticas del gobierno anterior. Esa estrategia ya tuvo consecuencias en la composición del equipo ministerial. Marcela Losardo, de perfil moderado, proveniente del mundo judicial y muy cercana al primer mandatario, presentó su renuncia como Ministra de Justicia. En su lugar fue nombrado Martín Soria, quien ha construido toda su trayectoria como parte del peronismo rionegrino, ejerció cargos ejecutivos y legislativos y había trascendido en el último tiempo por sus denuncias por el accionar del Poder Judicial durante el gobierno de Macri. Soria aparece como una figura más acorde para una línea confrontativa. Sin ser un dirigente del riñón del kirchnerismo ni del propio presidente, aparece como una figura de consenso entre ambos sectores.
    
     
11. Como parte de ese delicado equilibrio entre la concertación y la confrontación, el oficialismo se ha mostrado capaz de avanzar con algunas iniciativas que pueden fortalecer el vínculo con su base social. A la aprobación de la Ley de interrupción legal del embarazo en diciembre pasado hay que sumar la modificación del impuesto a las ganancias y la Ley de Financiamiento del Sistema científico. En tanto, la decisión de no asumir desde el Estado el control de la Hidrovía Paraguay-Paraná y abrir una nueva licitación tiene lógica en virtud de dicho equilibrio, aunque representa una nueva concesión que tendrá costos significativos para la soberanía nacional.    
    
     
12. Luego de un último trimestre de 2020 caracterizado por movilizaciones callejeras importantes, la iniciativa política pasa casi enteramente por los espacios de representación institucional. Las organizaciones sindicales y sociales asumen por ahora un rol expectante. Las organizaciones feministas no han dejado el espacio público, aunque en el último período su dinámica estuvo atravesada por la denuncia de nuevos feminicidios, y por ende su accionar más marcado por demandas defensivas.
    
     
13. A nivel regional, la asunción de Biden genera expectativas modestas respecto del papel de gendarme que Estados Unidos se atribuye en la región, aunque el cambio de estilos y la necesidad de atender la crisis política interna pueden traducirse en  un escenario menos hostil para las fuerzas progresistas y de izquierda. Así como ocurrió con el triunfo electoral del MAS en noviembre pasado, la reversión de las causas judiciales contra Lula en Brasil son una buena noticia para el FDT. En ese marco, el Gobierno argentino oficializó su salida del Grupo de Lima. Se trata de una tendencia regional que puede reforzarse en caso de un triunfo del correísmo en la incierta segunda vuelta en Ecuador y, también, si el progresismo se impone en Perú.
    
     

    Las pujas económicas

     

    Es evidente que el efecto recesivo de la pandemia está teniendo una duración mayor a la prevista de acuerdo al optimismo de los últimos meses de 2020. El rebote es lento, la economía global con la excepción de China continúa en una crisis que acentúa la incertidumbre doméstica y Latinoamericana, y esta crisis atraviesa la propuesta económico-política del gobierno que esperaba con ansias un escenario menos adverso para lograr un pacto entre empresarios y trabajadores a los fines establecer un sendero de crecimiento con mayor estabilidad.
     

    Al parecer el sector empresarial, sobre todo aquellos sectores más concentrados, tienen una postura de confrontación más allá de los gestos del gobierno para acercar posiciones. Las pujas se expresan en varias dimensiones, pero las más importantes son sin duda: el frente inflacionario y fiscal; el frente externo; las posibilidades de un crecimiento estable a mediano plazo.

     

    La inflación y el déficit fiscal
     

    La acentuación del proceso inflacionario es una de las estrategias clave que el empresariado desarrolla para intentar recuperar sus ganancias y a través de esta estrategia también logran poner en tensión la política del gobierno. Los acuerdos de precios de la carne tuvieron un efecto muy reducido debido a que la mayor parte del consumo de carne del país se realiza a través de comercios minoristas, no incluidos en los acuerdos a los que habían llegado las grandes cadenas y frigoríficos. Por su parte, los aumentos de frutos y verduras y las manufacturas de origen agropecuario, sufrieron incrementos superiores al promedio  en los meses de diciembre, enero y febrero. En estos meses, la inflación acumulada traspasó la barrera del 11%, lo cual pone en tela de juicio la proyección del gobierno del 31% para este año.
     

    La inflación de alimentos responde, como siempre, a dos factores clave: el aumento de precios internacionales de materias primas e insumos; la estrategia de fijación de precios que las grandes empresas de cada sector de productos alimenticios impulsa para restablecer sus ganancias en el marco de la pandemia con una tasa de inversión reducida.
     

    Es evidente que el aumento de precios también se ve fogoneado por dos medidas que son directamente responsabilidad del gobierno: la autorización para los aumentos de combustibles y telecomunicaciones. También se esperan aumentos (supuestamente des-dolarizados y con una convergencia diferencial por nivel de ingresos) de las tarifas de servicios públicos que han sido uno de los principales ganadores durante los años de Macri. Estos incrementos, que en el caso de los combustibles rondan un acumulado de 15% en tres meses, no hace más que impactar en la tendencia alcista del nivel general de precios, sin que quede en claro la justificación para esta política.
     

    Por su parte, la política cambiaria también incidió en el aumento de precios. El canal externo de la inflación es por demás conocido en nuestro país. El ancla cambiaria no fue utilizada por el gobierno nacional que dejó depreciar el tipo de cambio en un 41% entre marzo de 2020 y marzo de 2021. Esto entraña un problema de análisis sobre el tipo de cambio que es relevante: el gobierno intentó sostener la competitividad cambiaria de Argentina en el marco de la pandemia, al costo de evidente del encarecimiento de los insumos importados, la caída del salario en dólares y el incremento de los precios de los bienes transables que se comercian a precios similares para compensar el diferencial de ganancias en el exterior y en el país.
     

    Por estos motivos, parece que la inflación es uno de los grandes problemas del año y que en el análisis oficial de este problema aparece el control del déficit fiscal y la emisión monetaria como los dos elementos de mayor peso. En este sentido, el análisis desde el Ministerio de Economía aparece más centrado en la política económica que en el rol de la estrategia del gran empresariado que son, en definitiva, los actores sociales que pueden tomar la decisión de remarcar sus precios.  Esta diferencia de diagnóstico reviste importancia para lograr converger a una inflación que deje espacio para incrementos del salario real y, por su intermedio, del consumo popular como dinamizador de la economía doméstica. En cierta medida, parece que la modificación del impuesto a la ganancias es una forma de recuperación del salario de un sector de los trabajadores y trabajadoras formales por otros medios, es decir, sin tocar los intereses del gran empresariado y sin provocar nuevo ciclo de puja distributiva.
     

    Como es sabido, el efecto concreto de este proceso de incremento general de precios viene impactando de lleno en los aumentos de la Canasta Básica Total (indicador de la pobreza) y en la caída del salario real que alcanzó un promedio en los últimos 3 años de 22%, con caída aún mayores para los trabajadores y las trabajadoras estatal e informales. La precisión del diagnóstico se vuelve cada vez más importante. Si bien es cierto que pueden no repetirse los meses iniciales del año con alta inflación por el boom de precios internacionales de commodities y ciertas dinámicas de ajuste de ajustes propios de los cambios en los costos que se reflejaron en estos primeros meses, la inercia, la desinversión de los sectores formadores de precios, la continuidad de un tipo de cambio que siga la inflación para compensar la pérdida de competitividad y la autorización de aumentos de precios regulados, pueden dar lugar a aumentos mensuales de precios más parecidos a los de enero 2021 que a los de mitad de 2020.

     

    El frente externo
     

    En estas condiciones de inflación elevada y salarios que no logran recuperar las pérdidas de poder adquisitivo de los últimos 4 años, la expectativa de crecimiento económico se centra en la posibilidad del dinamismo exportador como una solución a la falta de vigor de la demanda interna.
     

    Sin duda, los aumentos de precios de materias primas que tuvieron desde finales del año pasado representan una buena posibilidad de ingreso de dólares, volver a acumular reservas y fortalecer la estrategia de control cambiario que en el plano financiero ha tenido éxito. Por su parte, el acuerdo por la reestructuración de la deuda, permitió un ahorro importante: $71.600 millones en intereses lo cual hubiese implicado  un déficit cerca de 15 veces el actual.
     

    Por el lado de la balanza comercial, vemos que las exportaciones en febrero aumentaron un 9,1% en relación a febrero de 2020, pero todo el aumento se explica por los incrementos de precios, mientras que las cantidades exportadas cayeron un 4,5%. La contracara es un aumento de cantidades importadas cercana al 19% interanual y una caída de 2,2% de los precios de importaciones. Esto dió como resultado un superávit comercial de poco más de 1000 millones de dólares, que continúa estando por debajo del que tuvimos en el mes de febrero de 2020 con el arrastre de la crisis que nos dejó Cambiemos.
     

    Por esto, aún con la situación de aumento de precios y el crecimiento de China que es uno de los destinos de exportación centrales de nuestro país, el despegue de las exportaciones y el establecimiento de un modelo de crecimiento tirado por las exportaciones, está sujeto a un grado importante de incertidumbre. Más aún si tenemos en cuenta dos factores por demás significativos. Por un lado, el gobierno no logró avanzar en un control mayor del comercio exterior en ninguna de sus iniciativas. Esto hace que una estrategia basada en exportaciones pero con capacidad de reorientar recursos a otros sectores menos competitivos pero con alta capacidad de crear empleo, aparece como difusa. Por el otro, las exportaciones siguen concentradas en las ramas primarias, extractivas y las manufacturas de origen agropecuario. Esto hace que la volatilidad de los precios y la demanda global sea clave para explicar las fases de auge y declive de los saldos comerciales.
     

    Por su parte, el MERCOSUR viene mostrando un sinnúmero de limitaciones económicas y políticas, además de la situación de crisis sanitaria extrema en varios países miembro, que da cuenta de su fracaso como estrategia de integración de la región que debe pensar con mayor creatividad.

     

    Las posibilidades de crecimiento sostenido
     

    Recomponer la economía argentina luego de los cuatro años de ofensiva neoliberal y el impacto de la pandemia es una tarea que se muestra a las claras dificultades de peso. Un tejido industrial destrozado, un desarrollo agudo de la financiarización expresada en la especulación con el tipo de cambio, una híper rentabilidad de los sectores agrarios y de telecomunicaciones y servicios públicos que van en desmedro de una reconversión productiva acorde a la etapa que atravesamos a nivel global, son algunos de los puntos críticos de la coyuntura económica.
     

    Quizá hay que tener presente que la esperanza en un crecimiento del producto cercano al 5% que es lo esperable para este año, puede tener un impacto positivo en el empleo que ya muestra algunos signos de recuperación. Si bien el desempleo aún se encuentra en dos dígitos, la posibilidad de que el crecimiento arrastre la mayor creación de puestos de trabajo existe. Por supuesto, la situación epidemiológica a escala regional será un marcapasos de esta tendencia al alza del producto y el empleo.
     

    ¿Hasta qué punto las empresas privadas están dispuestas a realizar inversiones que permitan fortalecer el proceso de crecimiento? ¿Qué herramientas debe fortalecer el Estado para impulsar sectores dinámicos en empleo y que produzcan bienes que satisfagan necesidades de las mayorías? ¿Cuánto del dinamismo de la producción depende de las posibilidades de mejoras de salarios y niveles de empleo? ¿Empleo de qué calidad se va a generar en esta  situación de pandemia con la tenencia que ya arrastramos a la precarización de una parte importante de la clase trabajadora? ¿Qué mecanismos de redistribución de ingresos puede aplicar el Estado en el corto y mediano plazo?
     

    Estas preguntas que parecen de fondo, son en realidad urgentes por el grado de profundidad de la crisis que atravesamos. Una cuestión es clara: las chances de resolver las tensiones económicas que atraviesa el país fortaleciendo las alianzas con el gran empresariado, puede caer en saco roto rápidamente.
     

    El escenario político: vacunas, inflación y una confrontación selectiva

     

    En el último tramo de 2020, la dinámica política estuvo atravesada por las expectativas generadas a partir de los incipientes signos de reactivación económica, las tensiones derivadas de la corrida cambiaria y el relativo alivio al que dio lugar la estabilización de la crisis sanitaria de cara a la llegada del verano. El comienzo de año estuvo signado por cuestiones que si bien no desplazan a las mencionadas, implican ciertas novedades en los temas que explican los movimientos de las principales fuerzas sociales y actores políticos.
     

    En primer lugar, la pandemia volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública. Una  segunda ola azotó a los países del hemisferio norte y hubo rebrotes relevantes en países limítrofes. A nivel local, las medidas de apertura que se extendieron por todo el país, sumadas a la circulación creciente en el marco de las vacaciones de verano, se tradujeron en un aumento de casos que si bien no llegó a desbordarse sí se mantuvo en una meseta alta. Asimismo, el  debate acerca de la vuelta de las clases presenciales se transformó en terreno de disputa crucial entre el oficialismo y los sectores de la oposición que gobiernan distritos importantes, con especial atención en la Caba. Desde la política asumida por el Ministerio de Educación de la Nación, el oficialismo definió no dejar este franco abierto para la acumulación de la oposición, tempranamente aseguró que la vuelta a las clases presenciales no estaba en discusión y que de lo que se trataba era de garantizar condiciones seguras. Cualquier definición al respecto era realmente compleja por la adaptación que implica para los sistemas educativos provinciales y por lo que pone en juego respecto de la vida cotidiana de las familias y la sociabilidad de niñxs y adolescentes. Es muy probable que con esa orientación, que no estuvo acompañada de un aumento de recursos acorde a los cambios de funcionamiento que se requieren ni por una estrategia coordinada con los principales gremios del sector, el FDT apenas haya podido aminorar los costos de un proceso que estuvo lejos de la planificación requerida. En todo caso, los gobiernos provinciales de Juntos por el Cambio, pudieron anotarse en este tema una módica victoria al quedar como quienes sostuvieron su posición desde antes y con más coherencia.
     

    En segundo lugar, el oficialismo pudo mostrarse al cierre de 2020 como uno de los pocos gobiernos de la región que logró negociar en buenas condiciones la provisión de vacunas, algo que se vio reforzado cuando la vacuna Sputnik V recibió el aval en medios científicos internacionales. No obstante, la demora en los plazos de entrega -que el mismo presidente Fernández había anunciado- y. más aún, el escándalo por los casos de vacunación por fuera del Plan Nacional, que terminó con la renuncia de Ginés González García, colocaron a la defensiva al oficialismo, justo en el terreno en que podía hacerse más fuerte.
     

    La otra gran cuestión que se ha constituido en un nudo determinante de la actual coyuntura es el proceso inflacionario y, en especial, el aumento de precios de los alimentos. En un contexto de alza de los precios internacionales de las materias primas, la economía argentina, crecientemente concentrada y financierizada, sufre presiones diversas. A las que provienen del frente externo, se le suman las estrategias de las empresas de producción y comercialización de alimentos que en un contexto de caída exponencial del nivel de actividad (en 2020 el PBI se redujo casi un 10%) pujan por sostener e incluso incrementar su margen de ganancia. Contenida, al menos por ahora, la corrida devaluatoria contra el peso, este es un tema crucial por varios motivos. La contención de este fenómeno de alza de precios es clave para revertir el retroceso que los ingresos populares vienen sufriendo desde hace al menos un lustro y también para darle sostén a los indicios de reactivación de la economía. En este sentido, el capital político del FDT y los resultados económicos están ligados de un modo más que evidente.
     

    Tal como sucedió en su primer año de gestión, el accionar del Gobierno Nacional está concentrado, mayormente, en atender los distintos emergentes de una crisis que es financiera, económica y social. Son pocos los momentos en los que puede sostener una agenda y dar cuenta de los efectos positivos de las políticas que despliega. Su estrategia sigue teniendo como camino principal la concertación. Estrategia que no excluye momentos de confrontación, cuya dosificación no responde sólo a cuestiones programáticas, sino que deben ser leídos en tanto respuestas a las encerronas que le plantean sus adversarios.
     

    Afronta un cuadro muy complejo agravado por la herencia recibida del macrismo y potenciado por la actitud sostenida por los principales actores del poder económico, mediático y judicial que pugnan por condicionar al máximo su despliegue. Pero también por sus limitaciones a la hora de apoyarse más decididamente en su base social y en los errores que remiten a una cultura política que sostiene una mirada demasiado administrativa de la acción de gobierno y que naturaliza ciertos privilegios. Paradójicamente, especialmente, en esas limitaciones de “origen” las variantes de la derecha política encuentran un terreno propicio para construir una oposición que, aunque por ahora aparezca más concentrada en contener su núcleo duro, pretende capitalizar el descontento generado por una crisis económica que se prolonga y por la incertidumbre producto de la pandemia

     

    Los objetivos del Gobierno y la agenda del FDT
     

    “Alinear salarios, tarifas y alimentos”, la consigna que fijó CFK en aquel acto en el Estadio Único de La Plata viene teniendo eco en la orientación seguida por el equipo de Gobierno. Si bien la eficacia de las acciones desplegadas está por verse, desde los ministerios del área económica y los funcionarios de la jefatura de Gabinete que coordinan las instancias de negociación se impuso un discurso homogéneo y una política que apunta a un objetivo más bien mínimo: frenar el retroceso que vienen sufriendo los ingresos populares.
     

    Para eso la intervención gubernamental ha tenido líneas diversas. A nivel discursivo se afirma que la pauta de inflación anual prevista por el presupuesto elaborado por el Ministerio de Economía y aprobado en el Congreso es viable, a pesar de que el nivel de inflación no bajó del 3% en los últimos tres meses. Dándole continuidad a un discurso que apuesta por el “equilibrio fiscal”, el Ministro Guzmán viene afirmando que las causas macroeconómicas del proceso inflacionario serán atacadas, en tanto el Ejecutivo se comprometió a no emitir moneda para hacer frente a las urgencias que plantea la crisis y a promover aumentos de salarios y jubilaciones que no signifiquen un salto en la demanda que derive en aumentos de precios. Junto con eso, Guzmán enfatiza en que para la recuperación es necesario un crecimiento del salario real. El Gobierno dio señales que van en ese sentido al cerrar la paritaria nacional docente en un 34,5%. Y al anunciar un aumento en jubilaciones y AUH del 8%, que será complementado con bonos para quienes perciben el haber mínimo y con un incremento del 50% en la tarjeta Alimentar.
     

    En esta primera parte del año, las instancias de diálogo con distintos actores de la economía estuvieron a la orden del día. Por medio de diversas convocatorias, el Gobierno se mostró activo para generar espacios con sindicalistas y empresarios, con la pretensión de alinear expectativas y sobre todo mostrar que pretende fortalecer el papel del Estado como árbitro y regulador. Por un lado, hubo encuentros para trabajar sobre el eje precios y salarios. Por otro, se establecieron mesas sectoriales de diálogo pensadas para el mediano plazo. En esas instancias el mensaje del Gobierno tuvo tres premisas fundamentales. Paritarias sin techo, sin cláusula gatillo, pero con revisión. Monitoreo y control de precios. Programas de asistencia a la producción y promoción del consumo. Por otro lado, el Gobierno puso en funcionamiento el Consejo Económico y Social, una instancia en la que pretende construir acuerdos de más largo alcance, y que con la dirección de Gustavo Béliz trabajará sobre un arco de temas bien diversos. Se trata además de una propuesta de campaña de Alberto Fernández, con la que el presidente intenta poner en escena tanto su impronta acuerdista como su llamado a construir un nuevo pacto social. Toda esta línea de intervención muestra una continuidad con acciones desplegadas en los meses previos y refuerza un rasgo a destacar: la presencia dominante de las grandes corporaciones y la ausencia o el lugar testimonial de los actores pyme y del mundo de la economía popular.
     

    Más allá de tales convocatorias y de la puesta en marcha de esas instancias de diálogo, el Gobierno atraviesa tensiones constantes que marcan la pauta de la dinámica política que promueven los sectores del gran capital. Luego de una puja que se extendió durante semanas el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con los productores y exportadores de maíz que pretende evitar que la suba del precio internacional de ese producto genere desabastecimiento interno o una mayor suba de alimentos, dado que se trata de un insumo fundamental para la producción ganadera, avícola y porcina. Luego de decretar límites diarios a las exportaciones, con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, a la cabeza, el Gobierno estableció un monitoreo permanente de las distintas variables en conjunto con el sector privado, representado por la Mesa Intersectorial del Maíz, que funcionará por lo menos hasta que la nueva cosecha genere a partir de marzo una situación más holgada. El dato político de esa negociación fue la fractura al interior de la Mesa de Enlace y la consolidación del lugar privilegiado del Consejo Agroindustrial Argentino como interlocutor empresarial del Gobierno.
     

    A su vez, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se ha intentado ampliar los programas de control de precios y se creó el Consejo Federal de Comercio Interior, con el objetivo de amplificar la capacidad de fiscalización. Además de la renovación de Precios Cuidados, la Secretaría de Comercio Interior lanzó otras acciones, con efectos y alcances diversos, como los acuerdos con el sector de la carne y con productores de aceite. En ese marco, desde dicha Secretaría también se imputó a un conjunto de empresas líderes en la producción de productos de consumo masivo ante la falta de mercadería en distintos centros de comercialización, en lo que se identificó como una infracción a la resolución de precios máximos y la Ley de abastecimiento.
     

    Más allá de esta línea de acción, el horizonte aparece con turbulencias. La inflación de enero fue del 4% y se estima que la de febrero rondará el 3,5%. Las condiciones estacionales del mes de marzo hacen que sea un mes que tiende a mostrar importantes aumentos de precios. Por lo tanto, para ser realidad la pauta del 29%, fijada por el Ejecutivo, se requerirá de un cambio de tendencia pronunciado en los meses siguientes.
     

    Sin dudas, concretar la vacunación masiva contra el Covid-19 es el otro gran objetivo del Gobierno. Si hace un año, con el inicio de la pandemia, su legitimidad se jugaba casi en pleno ante la necesidad de evitar un desborde del sistema sanitario, a esta altura la campaña de vacunación tiene un significado similar. En un contexto de disputa descarnada a nivel global, el acceso a las vacunas es determinante para evitar una segunda ola o mitigar sus efectos. Y la concreción de la campaña de vacunación es fundamental para darle aire a la tenue recuperación económica, más aún cuando desde el Ejecutivo se apuesta a no tener que destinar una masa de recursos comparable a la del año pasado para asistir a los sectores que quedarían  más comprometidos con una nueva cuarentena. En este sentido, los efectos negativos del escándalo por los casos de vacunación por fuera del Plan Nacional son aún incalculables.
     

    El Gobierno apuesta a aminorar los daños con una estrategia que combina la construcción del hecho como un “error personal” y un caso aislado, y el incremento del ritmo de inmunización de la población a partir de la llegada sostenida de más vacunas provenientes de diversos laboratorios en los próximos dos meses. A su vez, anunció que en el mediano plazo habrá condiciones para la producción local.
     

    En medio de la dinámica marcada por la crisis económica y la pandemia, el FDT trabajó sobre algunos temas a modo de una agenda propia que remite a su vez a los sectores que conviven en su interior y a los niveles de cohesión que serán puestos a prueba en un año electoral. Entre esas iniciativas se destaca el proyecto que modifica el régimen del impuesto a las ganancias y que beneficia a más de un millón doscientos mil trabajadorxs. Promovido por Sergio Massa, cuenta con la cantidad de votos para ser aprobado en ambas cámaras del Congreso. La medida retoma reclamos de los sindicatos y también concreta una promesa incumplida por el gobierno de Cambiemos. En concreto, mejorará el poder adquisitivo de una franja, cuantitativamente significativa, de lxs asalariadxs que recibe sueldos medios, pero al mismo tiempo implica un esfuerzo fiscal importante por el monto que el Estado dejará de recaudar. Por ende, deja pendiente un debate más abarcativo respecto del sistema tributario. Asimismo, tiende a descomprimir la presión sobre los niveles salariales, y con ello también implica un beneficio indirecto para los empresarios.
     

    Con menos repercusión mediática, el oficialismo impulsó durante el período de sesiones extraordinarias la aprobación de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cajoneada por el macrismo durante su mandato, la norma fija como objetivo de acá a diez años que el presupuesto para ese rubro represente el 1 % del PBI. Lo que significa cuatro veces más que la situación actual. Entretanto, a través de un decreto, el Gobierno Nacional derogó el DNU de Mauricio Macri que endurecía la política migratoria con un sistema de expulsiones exprés de extranjerxs que tuvieran cualquier tipo de vinculación a cualquier tipo de causa penal, dejando así en plena vigencia la Ley de Migraciones. Si con la modificación del impuesto a las ganancias el oficialismo hace un gesto a su pata sindical y al espacio referenciado en Sergio Massa, estas últimas medidas sirven para responder demandas de su base que se ubican del centro hacia la izquierda.
     

    Un párrafo aparte merece la definición adoptada respecto de la nueva licitación para la gestión privada de la llamada Hidrovía Paraguay-Paraná. A pesar de que en agosto, el presidente Fernández había decidido la creación de la “Administración Federal de la Hidrovia Sociedad del Estado”, tres meses después el decreto 949/20 frustró la posible recuperación del control estatal de la principal vía para el comercio exterior que tiene el país y dejó en claro que el manejo de ese espacio estratégico seguirá en manos de grupos empresarios. El llamado para concretar la nueva concesión realizado desde el Ministerio de Transporte (la actual vence en abril), generó dudas y debate entre las propias filas del Frente de Todos que por ahora solo se tradujo en el acuerdo para constituir una comisión bicameral de seguimiento.

     

    Gestos de confrontación
     

    El discurso de apertura de sesiones legislativas mostró a un Alberto Fernández confrontativo. A días de transitar el momento más difícil en el frente interno, producto del affair de las vacunas vip, y en el marco de un año electoral, el presidente asumió una estrategia esperable: evitar quedar colocado a la defensiva apostando por una contraofensiva que tiene en el Poder Judicial y la oposición política a sus dos blancos excluyentes. En este sentido, se trató de una intervención que estuvo en sintonía con el alegato que días más tarde pronunció la vicepresidenta, Cristina Fernández, en el marco de la causa por el dólar futuro.
     

    En términos de anuncios, lo más destacable del discurso presidencial puede resumirse en tres decisiones. El llamado a que el Congreso asuma de manera decidida el control cruzado del Poder Judicial, para lo cual instó a conformar una comisión bicameral. La definición respecto de convertir el combate de la violencia de género en una política de Estado comparable con la actitud asumida en su momento acerca de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar. Definición que tuvo un correlato concreto una semana más tarde con la firma del “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”, junto con todxs lxs gobernadorxs. Y, por último, el anuncio de que el Poder Ejecutivo impulsará la investigación penal sobre los funcionarios del anterior gobierno responsables del acuerdo con el FMI que representó un endeudamiento récord de 44 mil millones de dólares.
     

    En este punto, hay que destacar que en las últimas semanas diferentes voces del oficialismo hicieron énfasis en el hecho de que el crédito otorgado por Christine Lagarde a la gestión de Macri tuvo una finalidad geopolítica y fue aprobado para contribuir a sostenerlo en el poder. Esto, que de hecho fue admitido por funcionarios del FMI en una reunión con la CGT y que está siendo investigado al interior del propio organismo, no modifica la estrategia de no confrontación llevada a cabo hasta el momento, pero incorpora una dimensión que puede ser clave en el tramo decisivo de la negociación.

     

    La oposición
     

    Se cumple un año del inicio del ASPO en marzo de 2020: uno de los blancos elegidos por la oposición más radicalizada y apartada de la gestión, para confrontar con el gobierno del Frente de Todos fue la gestión de la pandemia. Primero fue la cuarentena y su extensión, la falta de libertad y coerción estatal, luego las vacunas y su dudosa eficacia, luego la apertura de escuelas,y por último, en una especie de cinta de moebius de racionamiento, la escasez de vacunas y el vacunatorio VIP. La oposición ante cada coyuntura redobla la apuesta para radicalizar sus posiciones y avanza en construir un ala de derecha conservadora en el armado de Juntos por el Cambio.
     

    Los principales exponentes de la oposición parecen apostar a dañar cualquier estrategia planteada por el Gobierno para contener la crisis sanitaria, y, por lo general, terminan reafirmando su posición de víctima: nos quieren envenenar, nos roban las vacunas. “Emocionado y contento de ver como los argentinos se movilizan”, tuiteó el ex presidente Mauricio Macri el 27 de febrero posterior a la movilización en protesta por el vacunatorio VIP. Ese sábado, una raleada masa de Juntos por el Cambio (JxC) ocupaba una parte de la Plaza de Mayo mientras colocaba bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos y dirigentes de DDHH como Estela de Carlotto. ¿Quiénes lo organizaron? su ala de ultraderecha, la Unión Republicana (UR) y los Jóvenes Republicanos (JR). El acercamiento de Bullrich a los libertarios y este tipo de agrupaciones de jóvenes con “performances” fascistas en la Plaza de Mayo, dan cuenta de una radicalización por derecha de JxC que conduce Patricia Bullrich y que busca socavar la expectativa presidencial de Horacio Rodriguez Larreta. Pero, lo más peligroso parece ser la audacia permanente de este sector por apostar a la acción directa y correr el límite de lo socialmente aceptable para disputar políticamente, al menos del ´83 a esta parte.
     

    Las disputas internas de cara a las legislativas también vienen desde adentro del radicalismo, quienes han empezado a cuestionar su posición dentro de la alianza y también la conducción de Mauricio Macri. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, fue el que tiró la primera piedra y dijo que el ex presidente “no es el líder” de la UCR, anticipó que el radicalismo tendrá un “candidato propio” en las presidenciales de 2023 y criticó a los “tirabombas” de la coalición opositora de derecha. No es el único que piensa esto: lo acompañan en esa idea tanto Alfredo Cornejo como Martín Lousteau. Aunque estuvo destinado al ex presidente, el mensaje también fue para el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que puja por ser el candidato a presidente de Juntos por el Cambio.
     

    En la capital hubo un cruce, que sonó a adelanto de las PASO o, al menos, pone de manifiesto las disputas entre sectores del  PRO: Fernán Quirós vs Patricia Bullrich. Luego de la crisis por el vacunatorio VIP, Fernán Quirós estaba respondiendo a la denuncia penal por enviar vacunas al sector privado de salud (aseguró que las prepagas y obras sociales recibirán una cantidad de dosis proporcional a sus afiliados), cuando mencionó que lo ocurrido con las vacunas a nivel nacional fue «un error grave que daña severamente la credibilidad de la campaña y eso afecta a todas las jurisdicciones, fue muy dolorosa y penosa». Al cruce salió la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien lo trató de tibio: «Recién escuché al ministro Quirós decir que esto es un error y no me parece que sea un error. Es más serio que un error. Tiene que haber definiciones más contundentes». Luego, redobló la apuesta y planteó que era necesario “democratizar la compra de vacunas” permitiendo que las personas compren vacunas de acuerdo a su disponibilidad monetaria en vez de que sea el estado el que centralice la compra.
     

    En la provincia de Buenos Aires, las piezas comenzaron a moverse en Juntos por el Cambio. Elisa Carrió apuesta a liderar la boleta este año. Hizo algunas reuniones  con los intendentes del PRO e hizo las paces con Jorge Macri, quien también podría ir como candidato. Otro actor de JxC que està con los ojos puestos en la PBA es el vicejefe porteño Diego Santilli, quien no sòlo está recorriendo el territorio bonaerense, sino también auspicia de gestor de recursos para intendentes propios: entregó patrulleros viejos de la policía de la ciudad en La Plata y Mar del Plata, y ya lo había hecho en Lanús en el mes de enero. La alianza de Lilita con Jorge Macri busca confrontar a Santilli con Horacio Rodriguez Larreta. Otros dos posibles candidatos provinciales son Cristian Ritondo y Martín Lousteau, quien también salió a recorrer la provincia, pero -en su caso- para militar a Gustavo Posse en la elección interna de la UCR bonaerense, del 21 de marzo. Las internas en PBA se sumaron a las de CABA. y  Córdoba.
     

    Por su parte, Miguel Ángel Pichetto y el PJ disidente lanzaron Peronismo Republicano, una agrupación para disputar espacios dentro de Juntos por el Cambio. Hicieron el lanzamiento durante un acto en San Miguel. El ex candidato a vicepresidente criticó al Gobierno, reivindicó a Carlos Menem, al “peronismo de Perón» e identificó como el problema de la Argentina “la ideología del pobrismo”. Pidió “bajar la carga impositiva de los empresarios porque son los que generan empleo” y reclamó “modernizar las normas laborales: son todas leyes de los años 70 y se mantienen casi intactas“ Afirmó que van a consolidar la coalición opositora para volver a ganar en 2021 y en 2023″
     

    El año electoral asoma como un laboratorio del ala radicalizada que busca sumar adhesiones ya no sólo desde el antiperonismo sino también desde la antipolítica, estrategia más fácil de desplegar lejos del gobierno. Como señala el manifiesto de la revista crisis: la profunda fractura social que atravesamos y sus múltiples caras, han agudizado las contradicciones frente a una clases dominantes que no está dispuesta a negociar nada. Esta situación de crisis sin aparente solución deja a la derecha en una mejor posición para sacar tajada y ganar legitimidad. La antipolítica sobrevuela cada coyuntura, y la ultraderecha local se encarga de vestirse de antisistema para llamar a la rebeldía de la juventud y de los desencantados. El acercamiento de Bullrich con Milei y otros exponentes libertarios apunta a canalizar por derecha un descontento creciente con un sistema que no da respuestas y que ubica a los “políticos” como los principales responsables.
     

    En este sentido, Marisa Duarte (directora del IADE) señala en esta entrevista que uno de los grandes desafìos que presenta la alianza del Frente de Todxs es lograr satisfacer las diversas expectativas que tienen sus diferentes partes frente a una derecha que desafìa permanentemente y una crisis económica que deja en mejores condiciones a los sectores concentrados. Afirma: “En la región hay una disputa en la cual la derecha tiene absolutamente claro hacia dónde debe ir, mientras que en el espectro de la izquierda asistimos a un debate constante entre la radicalización de las propuestas y cierta dilución de determinadas banderas. Esa tensión (…) puede ser una forma gradual de ir camino hacia la derechización de las sociedades, e incluso de los propios movimientos”. Sin dudas, unos de los grandes desafìos del campo popular en este año no sólo se ciñe a lo electoral sino, sobre todo, a dar respuesta a los grandes malestares de la población y ofrecer una salida política que gane logre salir del callejón de lo posible.
     

    Sindicatos y movimiento feminista: entre los efectos de la pamedia, las paritarias y la lucha contra los femicidios

     

    El movimiento sindical
     

    A un año de que se decretaran las primeras medidas de aislamiento, no hay dudas de que la pandemia de Covid-19 transformó la realidad del trabajo y que hay fenómenos que llegaron para quedarse, al menos un tiempo más.
     

    Un relevamiento privado indica que más del 70% de lxs trabajadorxs que hacen home office no recibió ningún equipamiento por parte de sus empleadores y que el 90% no tuvo asistencia económica complementaria para el pago de servicios. El 56% dice que su situación económica empeoró y un tercio considera que sigue igual. La ley de teletrabajo, sancionada en 2020 por el Congreso, regirá a partir de abril. La norma establece, entre otras cuestiones, que el empleador deberá proporcionar las herramientas de trabajo necesarias y asumir los costos del mantenimiento del equipamiento. También fija el derecho a la desconexión. Los gremios más implicados en esta modalidad deberán adecuar sus estrategias para hacer cumplir la normativa.
     

    Aunque lejos del contexto impuesto por las medidas más restrictivas, la pandemia sigue siendo parte fundamental de los conflictos que atraviesan algunos sectores relevantes del mundo sindical. Entre los casos más salientes, en la Caba tanto los Metrodelegados como lxs trabajadorxs de la educación y la salud están a la cabeza de reclamos para garantizar condiciones seguras, incluyendo la pelea por acceder a la vacunación. Los metalúrgicos volvieron a enfrentar al Grupo Techint por despidos y la falta de cumplimento del convenio colectivo. Por su parte, uno de los actores más visibles en la pandemia, como los trabajadores de aplicaciones de reparto, encabezaron en las últimas semanas una nueva medida de fuerza convocada a nivel nacional.
     

    Mesas de acuerdo y cambios en ganancias
     

    En los primeros meses del año las conducciones de las centrales sindicales y los dirigentes de las principales estructuras gremiales tuvieron un importante protagonismo en algunas de las principales iniciativas promovidas por la coalición de gobierno. Fueron actores fundamentales en las instancias convocadas para generar un marco de discusión de precios y salarios. Mientras el Gobierno sostuvo la necesidad de no ponerle techo a las paritarias, en los hechos los dirigentes sindicales avalaron el criterio de que las negociaciones no pongan en discusión el retroceso que los salarios vienen sufriendo en los últimos años, sino que se orienten por la pauta inflacionaria, del 29%, que el equipo económico estableció en el presupuesto de este año. También ocupan una decena de sillas en el flamante Consejo Económico y Social, que comparten con empresarixs, investigadorxs y parte del gabinete nacional. Finalmente, participaron de lleno en la generación del proyecto de ley que modifica el impuesto a las ganancias.
     

    Para las principales conducciones este no es un año más. Prevista inicialmente para agosto pasado, la renovación de autoridades en la CGT está en suspenso. A su vez, si la pandemia lo permite, muchos sindicatos deberán pasar por las urnas en 2021. De hecho, el Ministerio de Trabajo dispuso una nueva prórroga de los mandatos y suspendió la realización de elecciones en los sindicatos de todo el país hasta el 31 de agosto. Tanto bancarios, como la Uom, Sanidad, Alimentación, La Fraternidad y La Unión Ferroviaria tienen que ir a elecciones. También Gastronómicos, Petroleros, Suteba y el sindicato del neumático.
     

    En el marco de la CGT, Daer se proyecta desde hace tiempo para lograr su continuidad. Pero del lado del moyanismo parecen resueltos a poner en la conducción a un nombre propio, como es Pablo Moyano. No hay que descartar la aparición de una tercera figura que cierre por consenso y evite dirimir esta disputa en un Congreso (algo que históricamente ha derivado en la fractura de la central).

     

    Paritarias
     

    El año empezó con un conflicto que a la postre quedaría como un hecho excepcional. Luego de 22 días de huelga, los trabajadores agrupados en la Unión de Recibidores de Granos y Anexos (Urgara), el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y la Federación Aceitera (Ftciodyara) lograron hacer valer la revisión pactada en la negociación paritaria de 2020 que las cerealeras se negaban a aplicar. Fue excepcional porque en medio de la pandemia lo que primaron fueron las negociaciones salariales a la baja a cambio de garantizar puestos de trabajo y porque el resultado de la medida de fuerza reafirmó el criterio que viene promoviendo esa Federación: reclamar aumentos salariales de acuerdo al valor de la canasta familiar y no sólo teniendo en cuenta el nivel de la inflación.
     

    Llegado el mes de marzo las paritarias cerradas no son demasiadas, pero ya se puede hablar de una tendencia a la negociación enmarcada en la pauta que se postula desde el Gobierno Nacional. Aumentos por encima del 29%, con revisiones y sin cláusula gatillo.
     

    La Bancaria marcó el camino al cerrar un 29% de incremento para este año más una actualización salarial del 2,1% pendiente, además de una cláusula que prevé revisiones en septiembre y noviembre. Acuerdos similares fueron sellados por el sindicato de encargados de edificios y el de los trabajadores de entidades deportivas y civiles (Utedic).
     

    También hubo acuerdos importantes que involucran al sector público o a empresas del Estado. En AySA lxs trabajadores tendrán un aumento del 32%, con revisión en noviembre. Mientras que la Paritaria Nacional Docente se cerró con un incremento de 34,5% en tres cuotas con tres revisiones hasta septiembre.

     

    El movimiento feminista

     

    ¿A nosotras quién nos cuida? La cuestión de la reforma judicial feminista
     

    El movimiento feminista cerró el año 2020 con un festejo político que estaba esperando hace dos años. La revancha tuvo lugar en los últimos días de diciembre, cuando el Senado aprobó la legalización del aborto en Argentina. Desde entonces la discusión está centrada en cómo avanzar para garantizar su efectiva implementación. La discusión legislativa por la legalización del aborto significó además la recuperación de la estrategia callejera por parte del movimiento, a partir de cierto relajamiento de las medidas de aislamiento social obligatorio que predominaron desde la irrupción de la pandemia.
     

    El femicidio de Úrsula Bahillo el 9 de febrero por parte de su ex pareja, un agente de la Policía Bonaerense, despertó una nueva zaga de movilizaciones. “Si no vuelvo, rompan todo”, les dijo a sus amigas tiempo antes de su muerte, en alusión a la falta de respuesta de la justicia y la complicidad policial con quien se convertiría en su femicida. La movilización convocada por la familia y amigos los días posteriores a su muerte en la localidad de Rojas fue reprimida. En lugar de respuestas, quienes se movilizaron recibieron balas.
     

    El Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, publicó que durante el año 2019, hubieron “268 femicidios, 54 hicieron denuncias previas, 19 tenían medidas judiciales, y 15 femicidas pertenecen a las fuerzas armadas o de seguridad”.
     

    El movimiento feminista convocó a movilizar en reclamo de justicia, con la consigna “Por Ursula, por todes”. El colectivo Ni Una Menos en articulación con las organizaciones feministas, convocaron a una movilización nacional frente a los poderes judiciales de cada jurisdicción. Con ello el feminismo se inscribe en la discusión política abierta sobre la reforma judicial, tema importante de la agenda del oficialismo. Los contornos de qué implica una reforma feminista de la justicia aún están por definirse y está abierto a la disputa política entre las posturas punitivas (más cárcel, más seguridad), las burocrático administrativas (más pulseras para los violentos y refugios para las víctimas) y las que ponen el foco en la prevención y la no revictimización, al tiempo que muestran los límites de las respuestas punitivistas para frenar la impunidad machista y su complicidad institucional.
     

    La respuesta del Poder Ejecutivo tampoco se hizo esperar. La madre y el padre de Úrsula fueron recibidos en la Casa Rosada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández; junto a Sabrina Frederic, Ministra de seguridad; la entonces responsable de la cartera de justicia y derechos humanos, Marcela Losardo, y Elizabeth Gomez Alcorta, Ministra de la Mujer, Género y Diversidad. Como parte de las respuestas institucionales, el Presidente de la Nación convocó a los gobernadores a comprometerse en la construcción de una sociedad libre de violencia de género, para lo cual llamó a la creación de un “Consejo Federal para la Prevención, Asistencia y Abordaje de los Femicidios”.

     

    8M: los feminismos denuncian a Larreta
     

    Con un febrero movilizado y con la cuestión de la reforma judicial incorporada a la agenda feminista se abrió un nuevo proceso de construcción del Paro Feminista de cara al Día Internacional de la Mujer, en un escenario de pandemia todavía vigente. Las asambleas abiertas, que vienen caracterizando la construcción de los paros feministas, cedieron lugar a un espacio de coordinación entre las organizaciones con mayor incidencia en la escena política.
     

    Otras cuestiones se impusieron en el centro de la agenda. Temas sostenidos desde hace años por las organizaciones populares, sindicales y redes feministas, articuladas al proceso político del movimiento feminista en nuestro país. Parte de esa agenda se expresó en la conferencia de prensa que ese mismo 8M organizaciones sindicales, políticas y feministas realizaron contra Larreta, en la puerta de la Jefatura de Gobierno de la CABA. “Por una Ciudad para Todes”, anunciaron en su convocatoria. Con la presencia de los principales centrales sindicales y organizaciones políticas, se denunciaron las nuevas condiciones de explotación del trabajo que la crisis pandémica impuso a mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries; la problemática habitacional, la falta de trabajo, la ausencia de políticas para erradicar la violencia machista en la Ciudad. Entre las reivindicaciones planteadas se destacan: “trabajo con derechos, recomposición salarial y sistema integral de cuidados”, “reconocimiento de las trabajadoras comunitarias”, “cumplimiento de la Ley cupo laboral travesti trans”, “emergencia habitacional”, “presupuesto para erradicar la violencia machista”.
     

    Desde las asambleas feministas de las villas de CABA se realizaron distintas actividades para denunciar la problemática habitacional que padecen mujeres y la población LGTIBQ, las cuales se vieron agravadas en contexto de pandemia. También denunciaron la falta de infraestructura pública de cuidado y reclamaron por el reconocimiento social y económico de los trabajos de cuidados comunitarios. Techo, tierra y trabajo (de cuidados) son también los temas prioritarios de la agenda feminista de las trabajadoras de la economía popular articuladas en la UTEP
     

    Por la tarde se convocó una concentración en el Congreso Nacional, que contó con la presencia del amplio arco que hace parte del movimiento feminista. Durante la jornada, un lugar especial tuvo el “verdurazo feminista” realizado por las trabajadoras de la tierra “contra el modelo del agronegocio y el modelo agroindustrial que reproduce y promueve el machismo, envenena nuestros cultivo, cuerpos, territorios y alimentos”. Estuvo también presente el reclamo por la liberación de las presas por abortar. Detrás de la consigna “No estamos todas, faltan las presas”, organizaciones feministas junto a organismos de derechos humanos denunciaron las condiciones precarias en las que viven las mujeres en situación de encierro domiciliario.
    
    https://thetricontinental.org/es/ba-research/bc0321/