Están detenidos la ex dictadora Áñez, 2 exministros y 2 militares

Jeanine Áñez tuvo dos malas noticias. La primera fue que su cosecha electoral en el departamento de Beni había sido de un ridículo 15 por ciento, para un cómodo tercer lugar. La otra, más preocupante, fue que el viernes 12 de marzo la justicia boliviana expidió orden de arresto para ella y cinco de sus ministros de su dictadura cívico-militar. Y la peor fue su error de cálculo en la huida, pues en la madrugada del sábado 13 la policía la encontró escondida dentro de un baúl, en su casa familiar de Trinidad. Tiene 53 años, no era una niña jugando a las escondidas…

Los requeridos por la fiscalía, además de la exdictadora, fueron sus exministros Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía), todxs acusados de sedición, terrorismo y conspiración. Los fiscales también pidieron la detención de los exministros Arturo Murillo (Interior), Luis Fernando López (Defensa) y Yerko Núñez (Presidencia), pero aún no pudieron ser localizados. El primero está en Estados Unidos, un lugar amigable para dictadores y represores a la hora de dejar sus funciones y poner distancia con la justicia.

Sí fueron aprehendidos el almirante Flavio Gustavo Arce, ex jefe del Estado Mayor al momento del golpe de Estado, y el exgeneral del Ejército, Pastor Mendieta Ferrufino. Se busca al excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman y el general de la Policía, Yuri Calderón Mariscal. Todos tuvieron activa participación en la ruptura del orden constitucional en noviembre de 2019, cuando depusieron al presidente Evo Morales en un planteo militar combinado con graves hechos de violencia de paramilitares y civiles. La violencia antipopular aumentó en los días posteriores al golpe, pues la presidenta de facto dictó el decreto 4.078 que aseguraba impunidad a las fuerzas militares y policiales para cometer delitos de lesa humanidad. Las autorizaba a restablecer “el orden público” sin generar responsabilidad penal.

Una investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional en octubre de 2020 determinó que en ese baño de sangre hubo 37 personas asesinadas y 861 heridas. Las masacres más conocidas fueron las de Senkata, Sacaba, Montero y Zona Sur de La Paz.

Muchas causas

Estas justas detenciones se originaron en una denuncia penal formulada en diciembre del año pasado por la exdiputada del MAS, Lidia Patty, contra el líder cívico de la región de Santa Cruz, el ultraderechista Luis Fernando Camacho. Áñez y sus exministros también fueron alcanzados por la denuncia de “terrorismo, sedición y conspiración”.

Camacho es un separatista que con comandos cívicos y grupos religiosos extremistas promovió el golpe y la violencia de 2019. Quizás tenga mejor suerte que Áñez teniendo en cuenta que el 7 de marzo fue elegido gobernador del departamento Santa Cruz con el 55 por ciento de los votos.

Los detenidos entre viernes 12 y sábado 13 fueron interrogados por la jueza Regina Santa Cruz, del Juzgado Noveno de Instrucción Penal de La Paz, quien resolvió que sigan detenidos durante 4 meses (la fiscalía general había solicitado 6). Adujo que existe riesgo de fuga y los procesados pueden interferir en el proceso judicial.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó que su ministerio pedirá una condena de 30 años contra Áñez y demás acusados por las cuatro matanzas ya mencionadas. “Acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado sin padres, madres que han quedado sin hijos”, declaró Lima.

Como la dictadura de Áñez se condujo de esa forma fascista, en Argentina la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares presentó una denuncia penal por delitos de lesa humanidad, ante la Fiscalía Federal N.º 2 de Córdoba. La hizo el abogado de la entidad de Derechos Humanos, Rafael Ortiz, con firmas y adhesiones de personalidades y otros organismos, invocando los principios de la justicia universal. Dicha querella acumuló pruebas y testimonios desde su presentación a fines de 2019 y Ortiz manifestó que está a disposición de la causa de la doctora Santa Cruz.

Tiemblen genocidas

El ministro de Justicia, Lima, justificó la detención preventiva del grupo de exdictadores y afirmó que bregará para que les impongan 30 años de cárcel. En apoyo a ese objetivo, informó que el lunes 15 de marzo se presentaron ante la Fiscalía General cuatro denuncias por juicios de responsabilidades contra Áñez. La lista incluye el préstamo de 346,7 millones de dólares pedido al FMI en 2020, la prórroga ilegal de la concesión del registro de sociedades comerciales de Fundaempresa, la violación a los derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile y las restricciones durante la pandemia.

La detenida pretextó su muy dudosa inocencia. “Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un 'golpe' que nunca ocurrió”, escribió en Twitter.

Hubo amigos suyos, copartícipes del golpe, que le extendieron su solidaridad, casos de Camacho en Santa Cruz y los ex expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga. De ese mismo espectro, pero de sotana, la Conferencia Episcopal exigió “la inmediata puesta en libertad de los detenidos, ciudadanos que han servido a Bolivia”.

No podía falta en esa lista Luis Almagro, secretario general de la cloaca OEA, que condenó “el abuso de mecanismos judiciales en Bolivia que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”. Almagro fue el artífice político del golpe contra Morales, manipulando un informe sobre un supuesto fraude que nunca existió del entonces presidente constitucional. Posteriormente entendidos en la materia demolieron ese informe de la OEA.

La nueva administración yanqui aportó en auxilio de los detenidos: “EE UU sigue con preocupación los acontecimientos relacionados con el reciente arresto de ex funcionarios por parte del gobierno boliviano”, dijo Jalina Porter, portavoz del Departamento de Estado.

La sintonía fina que existe entre los golpistas bolivianos, el Departamento de Estado y los sectores reaccionarios de nuestra región incluye a los medios concentrados y agencias de noticias. El diario Clarín, de Argentina, el 13 de marzo publicó la columna titulada “Historias de venganza en Bolivia y de un golpe que nunca existió”, firmada por su responsable del área internacional, Marcelo Cantelmi. Allí se lee: “En Bolivia, en noviembre de 2019 no hubo un alzamiento militar, con proclamas y comunicados. Ni un general lleno de chapas en la solapa arrestando a los mandos civiles. Hubo sí una convulsión social que llevó a la renuncia a Evo Morales”.

Aún con estas interesadas defensas, lo cierto es que responsables del golpe y delitos de lesa humanidad están detenidos en La Paz. Es una excelente señal en una región donde en estos últimos años hubo muchos crímenes políticos, sobre todo en Colombia, Haití, Ecuador, Chile y Paraguay.

Bolivia no sólo tiene la segunda reserva mundial de litio – que empresas inglesas y yanquis querían rapiñar con el golpe - sino, lo más importante, es una democracia no pusilánime ni cómplice como tantas otras del mercado.

Sergio Ortiz

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