Consumado el triunfo del pueblo de Venezuela con la realización de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, viene ahora el combate por hacer reconocer la legitimidad de la nueva institución parlamentaria.

Algunos conceptos y enfoques habrá que debatir sobre lo que se considera legítimo. ¿Es legítimo sólo aquello fijado por la ley? ¿O también debemos considerar legítimo lo que está asociado a lo ético, lo justo, lo moral, lo bueno? ¿Estas dos visiones entrarían en contradicción o se complementarían para una definición integral de la legitimidad? Y aún más, cabría preguntarse, ¿quién tiene la cualidad de determinar lo legítimo? ¿La llamada legitimidad de origen, en cuanto a representaciones populares y nacionales, está determinada por consideraciones cualitativas o magnitudes cuantitativas? ¿Tienen acaso un grupo de Estados la potestad de interpretar y calificar la legitimidad de los actos políticos internos de otro Estado determinado?

I

Entremos en materia. Pasemos revista a los aspectos legales formales que tanto interesan a la clase política tradicional que medra en la “democracia representativa”, liberal, burguesa, sufragista.

El plazo. La elección del 6 de diciembre no fue el capricho de un sector político en particular, interesado en sorprender a sus potenciales competidores y tomar algún tipo de ventaja. Es un mandato constitucional con vigencia previa desde el 15 de diciembre de 1999, que, en el caso concreto que nos ocupa, se activó desde el mismo 5 de enero de 2016 cuando tomó posesión la diputación actual para un periodo de cinco años, conclusivos en igual fecha del próximo 2021; más allá de la cual, cualquier pretensión de continuidad es absurda, ilegal, ilegítima y perturbadora, a menos que quien así lo desee se haya sometido al escrutinio del 6 de diciembre pasado, obteniendo una votación favorable para considerarse reelecto según el dictamen del Consejo Nacional Electoral.

El voto. En Venezuela el voto es un derecho que se ejerce libre de toda coacción. Es un acto voluntario y espontáneo de la ciudadanía habilitada al efecto. No lo comparo, por elemental elegancia diplomática, con ningún otro país, pero en Venezuela, votar no es obligado. No existe ningún tipo de sanción administrativa, civil, política y mucho menos penal, para quien simplemente se quede en su casa el día de cualquier elección de las tantas que hacemos. Por eso tampoco es dable una comparación desde otros Estados donde existen parámetros legales diferentes. Más, si hay un aspecto significativo de esta particular condición venezolana del voto, y es que la ciudadanía que decide participar, serena y confiada del carácter personalísimo, secreto y verificable de su sufragio, es la verdadera y única representación del Pueblo de la Nación, que ejerce su soberanía en forma directa o indirecta como actor político fundamental del destino de la Patria.

El árbitro. Este voto venezolano además, goza del soporte estatal al más alto nivel, puesto que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela creó el Poder Electoral –según la Doctrina del Libertador- como entidad autónoma garante de la pulcritud y transparencia de los procesos eleccionarios, ya que en ellos descansa la solidez de la democracia participativa y protagónica que insistimos en construir. No es extraño entonces, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como parte del Pueblo y arma del Estado Social de Derecho y de Justicia, funja como vigilia celosa de la pureza de la elección en todo su proceso logístico y de seguridad. El CNE como rector y encarnación de ese Quinto Poder Público, se ha ganado en sucesivas contingencias el respeto y credibilidad de la Nación, que confía en su gestión y sus resultados. La actual directiva del CNE fue renovada en parte por la vía excepcional del Poder Judicial, precisamente por la dejación que la diputación saliente hizo de sus obligaciones, para dedicarse a robar activos y atentar contra la paz de la República, bajo instrucciones de gobiernos extranjeros hostiles. Esta situación, al contrario de mermarle legalidad a las autoridades electorales, las eleva en su corresponsabilidad para con la tranquilidad institucional, política y social de la Patria, puesto que ellas mismas fueron víctimas de los desmanes de un puñado de peligrosos delincuentes mercenarizados.

II

Las cuestiones de fondo en esta discusión sobre la legitimidad, pasan por una profunda reflexión sobre el concepto de soberanía en sus dos acepciones: popular y nacional. Al descansar la existencia de la República sobre la Doctrina Bolivariana, es innegociable el hecho que la autodeterminación y la independencia son inviolables. Ninguna fuerza foránea puede intervenir en las decisiones que sólo el Pueblo de la Nación debe tomar. El empeño necio del gobierno de Estados Unidos, de algunos en la Unión Europea y otros cipayos en la OEA, de “no reconocer” a priori la elección para renovar la Asamblea Nacional, ya constituye un inaceptable irrespeto a nuestra soberanía, que desautoriza moralmente a esos Estados para cualquier tipo de interlocución. Menos debemos perder tiempo atendiendo su estúpida insistencia en ponerle nombre propio a la jugarreta, como si la opinión de unos extraños fuese a decidir el destino de la Patria del Libertador Simón Bolívar.

Por el contrario, la mayoría absoluta de la Organización de Naciones Unidas, o sea, la comunidad internacional, tiene muy claro que Venezuela se ha dado libérrimamente las instituciones que nuestro Pueblo aprobó a través de los mecanismos constitucionales establecidos. Entonces, también en el marco del Derecho Internacional, las actuaciones del Estado venezolano se apegan a la legalidad y legitimidad que rigen la convivencia en los organismos multilaterales, tan vilipendiados por esa derecha que nos agrede.

En esta confrontación continuada a que nos obligan los imperios decadentes y sus lacayos, tenemos que ser muy inteligentes, explicar nuestras razones con un lenguaje claro y digerible, masificar nuestros argumentos, ser convincentes y didácticos, intensificar los esfuerzos comunicacionales y diplomáticos, también hacia dentro del país, para que los enemigos queden desenmascarados y aislados en sus pretensiones insolentes. Sí, que quede explícitamente aclarada la legitimidad formal y esencial de nuestra institucionalidad republicana, y que la nueva Asamblea Nacional corra a encontrarse con las exigencias de la Venezuela profunda, la que votó y la que aguantó callada porque requiere con urgencia volver a tener esperanzas.