En los últimos lustros se ha observado cómo una nueva articulación política ha venido avanzando en el control totalitario del aparato estatal. Dicha articulación se ha constituido en una fuerza que aglutina, por coincidencia o alianza basada en intereses, un conjunto de grupos de poder tradicionales y emergentes devenidos relativamente en nuevos nichos de acumulación de capital, lícitos e ilícitos.

Sus coincidencias están dadas en el dejar hacer y dejar pasar con relación a la apropiación de bienes públicos, al saqueo de las arcas nacionales, a la profundización de privilegios, a la creación de condiciones para la evasión fiscal, al uso de las instituciones para facilitar el crimen organizado y al control y liberalización de nichos de mercado con altas tasas de ganancia.

En esa dinámica, sin duda alguna, han ido emergiendo nuevos grupos de empresarios, políticos, militares y redes de crimen, que han entrado a disputarles el control del aparato estatal a las elites históricamente dominantes. Esta disputa explica algunos momentos de enfrentamiento como los ocurridos durante los gobiernos de Serrano Elías, Alfonso Portillo y Álvaro Colom. Tal enfrentamiento ha quedado supeditado cuando sus intereses han sido coincidentes, de manera particular en aquellos momentos en que se han visto amenazados en sus privilegios y prácticas o han sido procesados por prácticas ilícitas.

Tales grupos, a través de diversas figuras políticas, operadores y partidos políticos, se aglutinaron en torno al Partido Patriota, un partido que, según quedó demostrado, constituyó una organización criminal que se legalizó y legitimó en unas elecciones que le permitieron llegar al control del Gobierno y gestar una alianza congresal que desplegó toda su creatividad para saquear los recursos públicos. Al verse descubierto, impugnado y procesado judicialmente el núcleo dirigente de dicha gestión gubernamental, quienes ahí se aglutinaron se fueron rearticulando finalmente en el partido FCN-Nación y en su candidato ganador de las elecciones de 2015, Jimmy Morales, gobierno que, sorteando su desgaste, pudo concluir su mandato. En las elecciones de 2019, dichos grupos nuevamente vuelven a unirse en torno al partido Vamos y a la actual alianza que controla los organismos Ejecutivo y Legislativo, así como a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Es decir, son grupos que han tenido la capacidad de controlar, asimismo, el sistema de particos políticos y, con ello, buena parte de los aparatos del Estado.

No obstante sus diferencias, han sido habilidosos para garantizar la defensa de sus intereses coincidentes. En ese sentido, después de la crisis política de 2015 y del logro de una salida favorable con la elección de Jimmy Morales, lograron recuperar el control de entidades como el Ministerio de Gobernación y la Secretaría de Administración Tributaria, dirigidos por cuadros sostenidos por la agenda e influencia nodal de la Embajada de Estados Unidos, que en ese momento era proclive al combate de la corrupción. En esa misma dirección, finalmente logran expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), paso clave para debilitar al Ministerio Público, institución a la que finalmente alinean a sus propósitos.

Son esos grupos de poder los que coinciden y concretan una alianza que, según parece, les permitirá elegir a los magistrados integrantes de la CSJ y de las cortes de apelaciones y que mantienen una puja de carácter constitucional frente a la Corte de Constitucionalidad (CC), a la cual pretenden igualmente supeditar. Algo similar ocurre con la institución y gestión del actual procurador de los derechos humanos, férreo crítico de las ejecutorias que estos grupos impulsan desde organismos e instituciones estatales.

Lo que esta articulación pretende es el control absoluto del aparato estatal. Probablemente podrán elegir una CC y un procurador de los derechos humanos afines y concretar una reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que les permita continuar con el manejo del sistema de partidos y de los procesos electorales venideros. Con ello lograrían garantizarse políticas de Estado favorables a su interés, instituciones y presupuestos a su entero beneficio e impunidad para aquellas acciones reñidas con la ley. Con una orientación profundamente conservadora, autoritaria y antagónica al interés público, esta alianza amenaza con hacernos retroceder al período anterior a 1985, dado que su estrategia atenta contra la Constitución Política y la institucionalidad que devino de su aprobación. Por eso se afirma que nos amenaza un proyecto totalitario.

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