El proceso electoral que debió realizarse en el mes de mayo fue postergado por motivo del Covid-19 para agosto. Posteriormente, los principales partidos políticos (incluyendo el de la Doble Autoproclamada Añez) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llegaron a un acuerdo para celebrar las elecciones en septiembre. La Asamblea Plurinacional, equivalente al Parlamento, con mayoría del MAS-IPSP, aprobó una ley a tal efecto. Sin embargo, de manera intempestiva, la señora Añez anunció que no la promulgaría, utilizando como excusa la frágil situación sanitaria del país. Por su parte, Eva Copa, Presidenta de la Cámara de Senadores, indicó que de acuerdo a las normas vigentes la propia Asamblea podría promulgar la ley. Posteriormente afirmó que si desde el Poder Ejecutivo no se la promulga se debería llevar adelante el proceso electoral en la fecha prevista de agosto.

Para agregar ingredientes a la incertidumbre, el TSE anunció ahora que iniciará una demanda penal por lo que considera fraude en las elecciones de 2019, una operación que muy probablemente apunta a obtener la condena del MAS-IPSP e inhabilitarlo como partido político. Es conveniente recordar que todos los sondeos siguen posicionando en primer lugar de preferencias a su binomio Arce Catacora/Choquehuanca, aún cuando varían los porcentajes.

Si todo el complejo panorama anterior fuera insuficiente, hay que sumarle el notable agravamiento de la pandemia, que ya ha colocado en situación de colapso al sistema nacional de salud. Hace tres meses el gobierno de facto anunciaba que tenía todo bajo control y que se habían tomado los recaudos suficientes. Con el paso de las semanas, y ante su evidente improvisación e incompetencia, echó la responsabilidad sanitaria sobre las espaldas de los gobiernos departamentales y municipales aunque sin garantizarles recursos. En una fase más reciente recurrió a la culpabilización de las víctimas, un clásico subterfugio de los grupos dominantes a lo largo de la historia boliviana.

Con respecto a la gestión de la pandemia debemos subrayar tres aspectos. Por un lado, el gobierno golpista apostó desde un principio por maniobras de control y represión contra la población, priorizando los operativos policiales y militares por sobre las acciones sanitarias y pedagógicas. Paralelamente, no dejó de aprovechar la oportunidad para realizar negociados y comprar insumos médicos inservibles y con sobreprecio. En tercer lugar, ocultó el destino real de 2.400 millones de dólares provenientes de donaciones o préstamos del PNUD, CAF, FMI, Banco Mundial, Fonplata, Francia y Alemania para alivio de la pandemia.

Asi las cosas, el escenario se complica por minutos. A la desesperación creciente de la ciudadanía se le suma:

-La urgencia y la demanda de elegir de una vez por todas un gobierno que cuente con respaldo legal y legitimidad.

-El descalabro económico y financiero de una administración que sólo se muestra eficiente malversando fondos y solicitando “ayuno y oración” a la población.

-El empoderamiento de fuerzas militares y policiales represivas (en la práctica son los ministerios de Defensa y Gobierno los que toman las decisiones estratégicas).

-La voluntad manifiesta de la señora Añez de auto-prorrogarse, esto como ejercicio de fuga hacia adelante tanto para lograr un mejor posicionamiento en los sondeos preelectorales, como forma de evitar ser enjuiciada y condenada por sus múltiples tropelías, o con ambos objetivos.

-El descontento progresivo de sectores populares organizados.

Dos posicionamientos

Con relación a los fenómenos mencionados, es importante destacar algunas afirmaciones de dos documentos recientes que reflejan la gravedad de la situación.

El que emitió la Dirección Nacional del MAS-IPSP comienza indicando que la negativa de Añez a celebrar elecciones en septiembre va en contra de un importante esfuerzo de concertación de los partidos políticos involucrados, lo cual confirma su decisión de prorrogarse en el poder. Asimismo, el documento afirma que “…Hoy impera en el país una política de saqueo, corrupción, racismo, nepotismo, persecución de adversarios políticos, criminalización de la protesta popular, restricciones a la libertad de expresión y vulneración sistemática de los Derechos Humanos”. En otro párrafo, agrega “Apelar al argumento de cuidar la salud del pueblo por la pandemia para no promulgar la ley de elecciones es un contrasentido en un gobierno que en 90 días de cuarentena muestra una absoluta ausencia de estrategia de contención sanitaria, incapacidad y corrupción en los recursos destinados a salvar vidas, la falta de pruebas de Covid-19, la paralización de obras hospitalarias y equipamiento pese a recursos comprometidos, entre otros”. Por ello, prosigue el documento “…para el MAS-IPSP no es sólo la fecha de las elecciones lo que está en juego sino la vida de los bolivianos y las bolivianas, y la democracia que el pueblo construyó”.

Por su parte, la histórica Central Obrera Boliviana, que llamativamente jugó un papel nebuloso durante las jornadas del golpe de estado, parece ahora reencauzarse y tomar posición cuando afirma que el gobierno transitorio está hundiendo al país en una crisis económica y social, citando como ejemplos la corrupción, desfalco en entidades públicas y gestión irresponsable para encarar la pandemia. Hace un llamado a sus bases (confederaciones, federaciones, centrales obreras departamentales y regionales) para “elaborar una agenda nacional destinada a reactivar el aparato productivo, garantizar estabilidad laboral, y recuperación económica sin privatizar los recursos naturales”. Señala que “…la actual crisis es consecuencia de las malas políticas del gobierno que sólo anuncia medidas de mitigación que no se cumplen y prefirió politizar el manejo de los sectores de salud, educación y demostrar una mala administración de las empresas del Estado”.

Ambas organizaciones se declaran en estado de alerta, emergencia y lucha. Sólo parece cuestión de tiempo para que se agudicen las tensiones y contradicciones. Lo que parece indudable es la imposibilidad de mantener el estado de cosas actual.