Donald Trump emprende dos iniciativas intervencionistas en Venezuela en menos de una semana, en plena crisis por la pandemia del Covid-19 y el inicio de la recesión económica decretado por el Fondo Monetario Internacional la semana pasada y cuyos alcances estructurales en los capitalismos, en primer término, el salvaje o neoliberal todavía no son avizorados con claridad.

Una es la pretendidamente judicial de una potencia imperialista contra un Estado soberano, a cargo de los departamentos de Estado y de Justicia estadunidenses que acusan a Nicolás Maduro de “narcoterrorismo” y ofrecen como en el Viejo Oeste (1830-1920), 55 millones de dólares a quien provea información que lleve al arresto del presidente venezolano y de cinco altos funcionarios más, hecha el 27 de marzo.

Y la otra es el Marco de Transición Democrática propuesto el 1º de abril, por el gobierno del magnate inmobiliario como “una solución para Venezuela” con el fin de lograr su fracasado objetivo de cambio de administración en el país bolivariano, a través de un gobierno de transición conformado por las fragmentadas oposiciones y el partido en el poder –pero sin el presidente Maduro Moros o el líder opositor (Made in USA), Juan Guaidó– que se encargaría de llevar al país a nuevas elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de entre nueve y 12 meses.

El Marco de Transición es tan serio que el gobierno de Donald John afirmó que aceptaría “cualquier resultado de elecciones libres e imparciales” dentro de su esquema, pero no ocultó que tiene un favorito. “Es razonable pensar que él (Guaidó) se lanzaría por la Presidencia”, indicó Elliott Abrams, representante especial para Venezuela, encubridor de la masacre de El Mozote en El Salvador en 1981 y en 1991 fue obligado a declararse culpable de ocultar información del Congreso sobre el escándalo Irán-contras en los 80 (https://fas.org/irp/offdocs/walsh/chap_25.htm).

Y el gorila –con todo respeto para los primates herbívoros– Mike Pompeo sostuvo que “Maduro nunca gobernará Venezuela”. Por supuesto que el cipayo Luis Almagro (OEA) lo suscribió en automático, en disputa cerrada con el colombiano Iván Duque.

No es casual sino causal que las iniciativas de la Casa Blanca, contradictorias para algunos y complementarias para otros, se presenten cuando crece en la aldea la simpatía con la exigencia de la ONU Derechos Humanos, en la voz de Michelle Bachelet, y de la Unión Europea para que se levanten en forma definitiva o temporal mientras perdure la crisis sanitaria por el coronavirus, los bloqueos económicos y comerciales impuestos por Washington y que padece Cuba desde 1962, pese a lo cual auxilia con médicos a 14 países, entre ellos Italia y Andorra y 45 más lo solicitaron a La Habana; Corea del Norte, Irán –donde Francia e Italia encontraron mecanismos para eludirlo–, Siria… Todos los países que no se subordinan a los intereses y la geopolítica del gobierno más intervencionista en la historia. A los mexicanos nos consta con el despojo de la mitad de nuestro territorio y la amenaza de Donaldo Juan de imponer aranceles a los productos mexicanos si el gobierno del presidente Andrés Manuel no frena los flujos migratorios.

Otro factor son las elecciones de noviembre después de la costosísima factura que en vidas humanas pagará Estados Unidos por la conducta negacionista y criminal de Juan Donaldo, quien estima la pérdida 250 mil vidas humanas que perfectamente pudieron salvarse pese al desmantelamiento del sistema de salud pública por el gobierno de las elites empresariales.

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