García Luna y el huevo de la serpiente
- Análisis
Desde que se dio a conocer la noticia sobre el arresto de Genaro García Luna (GGL), el ex todopoderoso Secretario de Seguridad Pública de Calderón, bajo los cargos de colusión con el narcotráfico, numerosos actores políticos y sociales en México no han dejado de expresar su júbilo. La alegría se explica porque ven en ese proceso judicial un hecho capaz de detonar un maxi-proceso que esclarezca qué ha sucedido en el país desde la infame “declaración de guerra al narco” en 2006.
Y si bien el proceso permitirá evidenciar a Felipe Calderón, quien se ha asumido como el principal rival y detractor del presidente López Obrador, también encierra una serie de contradicciones y peligros para la 4T que al día de hoy se están dejando de lado.
El huevo de la serpiente
Hay que reconocer que la imagen de GGL destapando ante la justicia estadounidense los nexos que tuvo el primer círculo de Felipe Calderón con el crimen organizado resulta bastante seductora. ¿Cómo no hacerlo cuando el controvertido expresidente sigue asegurando hasta la fecha que durante su mandato “tuvo los pantalones” para combatir frontalmente y sin distinciones al narco, negando categóricamente los reportajes periodísticos que señalaban las ligas de su equipo de seguridad con una de las bandas en disputa?
Sin embargo, por más idílica que resulte esa escena no podemos dejar de cuestionarnos los otros aspectos e impactos que tendrá el proceso judicial contra GGL. Uno de ellos, quizá el más obvio, es el empoderamiento de la justicia estadounidense para juzgar e intervenir en los asuntos internos de México, con todos los costos y riesgos que ello significa.
Por ende, vale la pena preguntarse: ¿por qué un líder de corte nacionalista como López Obrador permitiría que un caso con potencial de ser el primer maxi proceso de nuestra historia se dé por iniciativa y bajo las leyes estadounidenses y no al amparo de la 4T?
En mi entender, por dos motivos principales. El primero estaría relacionado con la nula fiabilidad del aparato judicial mexicano, envuelto en múltiples escándalos de tráfico de influencias y colusión con las bandas delincuenciales. Seguramente en los cálculos de presidente el juicio contra uno de los pesos pesados de la administración Calderón se empantanaría en esa inmensa maraña de intereses representados en el Poder Judicial, donde los criterios políticos y la necesidad de cubrirse las espaldas pesarían más que los fundamentos estrictamente técnicos y legales.
En segundo lugar y conectado con el anterior, sería el costo político de proceder legalmente contra un predecesor. Para nadie es un secreto la existencia del llamado "pacto de impunidad" en México, mismo que se enraizó entre la clase política hasta convertirse prácticamente en una norma no escrita del sistema político. Salvo muy contados casos en los que el escándalo ha sido inocultable, prácticamente no existen ejemplos de políticos encumbrados sometidos a procesos judiciales y en aquellos que sí se efectuaron, las penas impuestas son menores a las que enfrentaría cualquier ciudadano de a pie. Gracias a esta norma de facto se garantiza el silencio sobre fechorías y borrón de los pecados pues al final, como dice el dicho: "el que vive en casa de cristal no apedrea la del frente".
Partiendo de esas razones, es entendible que el gobierno de AMLO deje correr en EU el proceso contra GGL, el siniestro personaje que antes les fue de utilidad al darles acceso a todos los datos de inteligencia y abrir el sistema de seguridad mexicanos a sus agencias (Cable 07MEXICO983 expuesto por WikiLeaks); pretendiendo con ello que se dé un golpe de autoridad sin tener que asumir el costo político de enjuiciarlo.
Sin embargo, está la otra cara de la moneda. Hoy proceden contra GGL, arrastrando a Calderón y su círculo cercano, que hoy día pretenden erigirse como los principales líderes de la alicaída oposición, pero, ¿qué nos hace pensar que en el futuro no puedan inventar una treta judicial para descarrilar a López Obrador cuando se vuelva incómodo a sus intereses?
Así pues, al avalar de facto que la justicia estadounidense juzgue crímenes cometidos en nuestro territorio porque nosotros no somos capaces de hacerlo, estamos alimentando a los cuervos que en el futuro nos pueden dejar ciegos.
Vemos a contraluz la serpiente en el huevo pero seguimos aparentando que se trata de una gallina.
Por eso, más vale serenarse.
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