Lo que está en cuestión en el Perú de hoy es no solo el derecho de la izquierda a hacer política, sino a hacer política constituyente. Con la campaña ya lanzada para las elecciones parlamentarias del 26 de enero la derecha neoliberal quiere mantener la disputa entre sus dos facciones en conflicto: el casi ex orden establecido que ha sido gravemente golpeado con la disolución del Congreso y el gatopardismo de Vizcarra y sus amigos que quieren que algo cambie para que nada cambie en el actual modelo neoliberal peruano. En ambos casos se abrazan a la Constitución de 1993 como visión programática porque no les queda otra tabla de salvación.

Con este propósito eluden el debate constituyente porque saben que amenaza sus intereses fundamentales. Por esa razón, cualquier mención al mismo es considerada fuera de lugar y a lo sumo les permite señalar que la carta de 1993 es el origen de la prosperidad, falaz al fin y al cabo, que habría tenido el Perú en los últimos 30 años. 

Sin embargo, para evadir el debate no sólo es importante ningunearlo, la derecha sabe que para ser efectiva debe proscribir, es decir mantener fuera del juego político, a la izquierda que levante la necesidad de instaurar un poder constituyente. La voluntad de proscribir a la izquierda porque significa algo distinto es antigua, viene de los orígenes del régimen del cinco de abril que hoy se debate en su lecho de muerte, y fue establecida como condición para el funcionamiento de la democracia precaria que hemos vivido los últimos 30 años. Las leyes de criminalización de la protesta social y las dificultades para inscribir nuevos partidos han apuntado precisamente a eso.

En la última coyuntura el monopolio mediático neoliberal ha aprovechado una discrepancia en la conformación de una alianza de izquierda, para lanzar una campaña de demolición contra esta alternativa que tiene como objetivo lograr una izquierda a su medida, que no le haga ni cosquillas al modelo en crisis. De tal manera que la disputa continúe entre los que quieren proseguir con el capitalismo de amigotes y los que quieren salvar los muebles para construir una versión remozada del mismo.

Esta realidad ha querido ser velada en las últimas semanas instalando una “opinión pública” ad hoc, que ha puesto por delante la opinión de personalidades como Marisa Glave, Indira Huillca, Vladimir Cerrón y Yehude Simon y por detrás la opinión de los movimientos sociales (tan apreciada en otros momentos) y de las construcciones partidarias que tras años de mucho trabajo de bases aspiran a la unidad. 

Esta creación de opinión pública ad hoc se ha esforzado por resaltar la opinión de los que piensan parecido y llenan las redes y los medios influyentes, dejando de lado a los líderes populares y a la opinión de las regiones que súbditamente desaparecieron de las evaluaciones mediáticas. Una vez más la política es entendida como la interacción entre personas y no como la expresión de intereses sociales.

No ha bastado y no bastará con señalar que la unidad es indispensable, que hay que tratar de unir a todas las fuerzas anti-neoliberales susceptibles de ser unidas para llegar a una mayoría nacional. Que la unidad se hace en base a un programa común que considera todos los principios supuestamente olvidados, y que las personas cuestionadas por tener sospechas o sentencias por levantar han sido separadas del proceso. Que así como la derecha tiene la plata la izquierda debe tener la capacidad de juntar a muchas voluntades diferentes. 

Y no basta porque la derecha ve a la izquierda constituyente como un enemigo que amenaza su forma de vida más que como un adversario al cual derrotar. Hay que ser conscientes de ello, por lo que debemos reafirmar nuestra lucha en los marcos de la democracia y el Estado de Derecho, leales a nuestro pueblo y a sus necesidades de emancipación fundamentales. Por esto, más allá de los vaivenes, de los avances y retrocesos que puedan haber en el proceso de alianzas, la campaña de proscripción va a continuar. Hay que estar atentos a nuevos ataques, porque lo que quieren es demoler, no aclarar 

La única manera de entrar a la campaña, entendiendo que las elecciones parlamentarias del 2020, las elecciones generales del 2021 y las elecciones locales y regionales del 2022, son parte de un mismo proceso es lanzar de manera firme un proceso constituyente que señale la necesidad de una Nueva Constitución como la única solución de fondo a los problemas del Perú. 

Al respecto y en especial en estos momentos, tampoco hay que quedarse en nimiedades. La Constitución de 1993 tiene un núcleo que es el capítulo económico, que sacraliza la subordinación del Estado al capital privado y los famosos “contratos-ley” y no es suficiente con reformarlo o hacerle ajustes. Este capítulo económico no es otra cosa que el fondo de una carta que expresa la dictadura de los grandes propietarios y los intereses extranjeros sobre el conjunto del pueblo peruano. Esta dictadura es la que se nutre de todas las desigualdades de clase, raza, género, edad y procedencia regional para persistir y se proyecta a todas y cada una de las partes de esa Constitución. Es con ella que hay que terminar. Será la única forma de construir una República Democrática, en la que el voto de cada peruano valga lo mismo y donde un pequeño grupo deje de vivir a costa de los demás, para poder vencer así todas las desigualdades anotadas.

Solo de esta manera, lanzando un proceso constituyente, habrá campaña para los próximos años y futuro para el Perú.

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