Fiscal de EEUU acusa al presidente de Honduras de recibir sobornos millonarios de narcos
- Opinión
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La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al mandatario ultraderechista hondureño Juan Orlando Hernández de ser “un hombre que recibió millones de dólares en sobornos de dinero de drogas” de parte de narcotraficantes como “El Chapo” Guzmán y el cartel de Sinaloa.
Esta acusación fue lanzada por el fiscal Jason Richman en el primer día de juicio por narcotráfico contra Juan Antonio Hernández, mejor conocido como Tony Hernández, hermano del mandatario hondureño. Richman dijo que el capo mexicano de la droga “personalmente entregó un millón de dólares al acusado para su hermano, sobornos que le pagaron para proteger al acusado, para proteger a su organización y mantenerlos en el negocio”. El gobernante salió al paso y aseguró que “de hecho, el fiscal no dijo eso, nunca dijo que el presidente recibió nada”.
Juan Orlando Hernández amplió que “la alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula… esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas”. El fiscal no especificó cuándo ocurrió el supuesto pago de “El Chapo”. El mexicano fue recientemente condenado a cadena perpetua y está preso en una cárcel de Estados Unidos. “Durante mucho tiempo estos sobornos funcionaron. El acusado y sus co-conspiradores tuvieron mucho éxito”, dijo el fiscal.
Richman también aseguró que Tony Hernández confiaba en que nunca sufriría repercusiones porque su hermano era el presidente de su país. El proceso legal se espera con expectación en Honduras porque ha salpicado al presidente, a quien los fiscales acusaron en agosto de recibir 1.5 millones de dólares proveniente de las drogas para la campaña que lo llevó a la presidencia en 2013.
Richman afirmó que Tony Hernández pertenecía a “una organización auspiciada por el Estado que distribuyó cocaína durante años” en Estados Unidos. Además, señaló que negoció con narcos de siete países para traficar la cocaína. Reveló que Tony Hernández traficó cientos de miles de kilos de cocaína junto a Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, al occidente de Honduras.
La droga aparentemente era transportada por una ruta controlada por Ardón, quien resultó salpicado por primera vez el 23 de enero de 2019 en la acusación presentada por la Corte Federal de Manhattan por conspirar para traficar droga y usar armas de grueso calibre.
Richman dijo al jurado que durante el juicio se darán detalles sobre dos asesinatos en los que Tony Hernández habría estado involucrado: el de un traficante que estaba bloqueando una ruta de droga hacia la frontera con Guatemala y de un exsocio que había sido arrestado y se temía hablara demasiado con las autoridades.
Añadiò que en el juicio se escuchará el testimonio de agentes de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), de un experto en historia y política de Honduras y de extraficantes que supuestamente colaboraron con Tony Hernández. Entre ellos se encuentra uno que ha confesado haber estado involucrado en casi 80 asesinatos, dijo Richman.
La agencia AP explicó que el fiscal no mencionó a ese traficante por nombre, pero que Devis Leonel Rivera Maradiaga, exjefe del cartel de Los Cachiros que testificó hace años en la misma corte durante el juicio de un hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, aseguró haber participado u ordenado ese número de asesinatos.
Richman añadió que durante el juicio se mostrará un video de 2014 que muestra a Tony Hernández, que en ese momento era congresista, reuniéndose con el traficante. El fiscal destacó que Tony Hernández era tan “arrogante” que estampaba sus ladrillos de cocaína, con sus iniciales TH, y que los miembros del jurado podrían ver una fotografía que lo demuestra.
Tony Hernández recibió jugosas cantidades de dinero por la cocaína que transportaba, ya que “un kilo en Estados Unidos cuesta unos 30,000 dólares. Una tonelada tiene un valor de unos 30 millones de dólares. Estamos hablando de cientos de veces esa cantidad. Números increíbles”, dijo el fiscal.
“Performance” presidencial
El primer escándalo que sacudió al gobierno fue la revelación del uso de dinero proveniente del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social en la primera campaña presidencial de Hernández, donado a través de empresas fantasmas. Hernández admitió este hecho y alegó desconocimiento sobre la fuente ilegal de dichas donaciones.
El escándalo provocó que decenas de miles de hondureños protestaran cada viernes en las principales ciudades del país, portando antorchas y pidiendo la renuncia del presidente bajo la consigna “Fuera JOH”, y exigiendo la conformación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH).
En marzo de 2016 asesinaron a la mundialmente conocida activista indígena y ambientalista Berta Cáceres, lo cual fue condenado a nivel nacional e internacional. Amnistía Internacional y el Comité de la ONU contra la Tortura criticaron la deficiente investigación de las autoridades hondureñas en el caso. Congresistas estadounidenses propusieron suspender la ayuda económica a los entes de seguridad en Honduras, por lo cual Hernández viajó a Washington para impedirlo.
En enero de 2017, Global Witness publicó un informe en el que señalaba a Honduras como el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, con 123 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de represas, con participación de la policía y el ejército. Señalaba directamente a la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López Calderón y a su marido.
En abril de 2015, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de un recurso de inaplicabilidad al artículo 239 de la Constitución, lo cual permitió la reelección presidencial. La decisión fue calificada por expertos como una violación a la constitución y una extralimitación de las facultades de la Corte Suprema.
Tras las elecciones generales de 2017, en las que Hernández fue declarado ganador, se sucedieron una serie de protestas violentas alegando fraude, las cuales dejaron un saldo de al menos 23 muertes según la ONU. Incluso análisis de la OEA y la revista The Economist arrojaron dudas sobre la transparencia de los comicios; todo lo cual contribuyó a la generación de una crisis poselectoral.
Al final de mayo de 2019, fiscales estadounidenses abrieron algunos documentos, los cuales revelaron que Hernández fue investigado por narcotráfico y lavado de dinero, junto a su hermana Hilda, y otros personajes.
Mirko C. Trudeau|
Economista del Observatorio de Estudios Macroeconómicos (Nueva York), Analista de temas de EEUU y Europa, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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