El gobierno de López Obrador continuará desafortunadamente la política migratoria enfocada en la deportación masiva de migrantes de los países del Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). La posibilidad de aplicar una estrategia diferente, que estuviera apoyada en el desarrollo económico, quedó enterrada frente al desinterés del gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, la administración ofrecerá un apoyo solidario en la medida de sus posibilidades, además de reformar a los cuerpos policiales para que no cometan violaciones de derechos humanos en contra de los migrantes.

Ahora la migración ha adquirido una magnitud desproporcionada desde el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos durante la última década. La cantidad de migrantes mexicanos se ha reducido sustantivamente por lo que la población centroamericana ya tiene el rol preponderante en los flujos migratorios que van de forma ilegal hacia Estados Unidos. Además, las caravanas migrantes reciben financiamiento de organizaciones no gubernamentales; se organizan con varios grupos de personas para protegerse de los traficantes de personas; y cubren mejor sus gastos a lo largo del trayecto de forma colectiva.

El despliegue de agentes de la Guardia Nacional y la Policía Federal reforzará la presencia militar en la frontera sur, acción que tiene como objetivo detener de forma significativa el paso de migrantes ilegales de Centroamérica. El compromiso del gobierno mexicano de desplegar 6,000 agentes en la frontera sur corre el riesgo de incrementar las violaciones de derechos humanos de los migrantes centroamericanos; que exacerbaría la violencia y aumentaría el riesgo de que los migrantes tomen rutas más riesgosas poniéndose en una situación vulnerable frente a los traficantes de personas y los grupos de narcotráfico.

En el año en curso, la Guardia Nacional se comenzó a formar con nuevos elementos de la población civil además de miembros de la Policía Militar y Naval, quienes están apenas recibiendo capacitación en derechos humanos, primeros auxilios, protección civil, entre otras cuestiones. Sin embargo, la remodelación de las fuerzas militares tomará un tiempo considerable considerando que han incurrido en graves fallas con respecto al respeto de los derechos humanos, la corrupción y la profesionalización. Estos cuerpos armados no están preparados para abordar la crisis migratoria de una forma que garantice el respeto de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en la frontera sur.

Antes de desplegar significativamente elementos armados, las fuerzas militares deben recibir una capacitación especializada con el fin de cumplir con protocoles internacionales como las políticas recomendadas por la Organización de Naciones Unidas, que respeten los derechos humanos de los migrantes. Entre algunos puntos podemos incluir el uso exclusivo de la fuerza en condiciones inevitables para evitar ataques violentos en contra de grupos pacíficos; la supervisión sobre los grupos armados por organizaciones independientes dedicadas a la defensa de los derechos humanos que reporten los abusos por parte de la policía; y el establecimiento de albergues en condiciones adecuadas para que los migrantes puedan quedarse en lugares seguros y evitar el riesgo de caer en manos del narcotráfico y la trata de personas.

Con la falta de profesionalización, los elementos armados podrían efectuar violaciones de derechos humanos en contra de los migrantes. Por añadidura, los grupos del narcotráfico y los tratantes de personas tienen secuestradas a las instituciones de justicia, que amenazan constantemente a los migrantes de deportarlos de forma inmediata en caso de presentar una denuncia en contra de sus agresores. Así los migrantes han sufrido graves delitos como tráfico de órganos efectuado por traficantes de personas, extorsiones para emplearse en trabajos ilegales como la prostitución, y desapariciones perpetradas por los grupos del narcotráfico.

Por si fuera poco, los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, que se encargan de llevar los trámites administrativos para permitir la permanencia legal de los migrantes, están también involucrados en numerosos casos de corrupción. Los migrantes son extorsionados por el personal administrativo quienes consiguen quitarles dinero y pertenencias para dejarlos pasar hacia Estados Unidos. De esta manera, las autoridades recibirán a los migrantes en un entorno de corrupción en todos los niveles del gobierno, de suerte que nuevas instituciones deben ser creadas para erradicar estas prácticas

En este sentido, la Fiscalía General fue creada para reemplazar a la Procuraduría General de la República que ha sido incapaz de resolver las demandas de la población. Entre las oportunidades de la fiscalía incluimos la contratación de nuevo personal que sustituirá a los antiguos funcionarios; la formación de un Consejo Ciudadano que publicará recomendaciones para el correcto funcionamiento de la institución; la constitución de una Fiscalía de Asuntos Internos que atenderá las demandas de los ciudadanos en contra del personal de la fiscalía y con ello prevendrá la continuidad de la corrupción dentro de la fiscalía. Sin embargo, la fiscalía está en su proceso de formación; con lo cual, no tiene personal calificado contratado y tampoco presupuesto aprobado para atender las demandas de los migrantes.

El gobierno mexicano recibirá a las personas que hayan solicitado asilo en Estados Unidos hasta que termine su proceso administrativo. Hasta mediados del año en curso, el gobierno estadounidense ha enviado a casi 12,000 centroamericanos a México. Tras ingresar al territorio mexicano, los migrantes tendrán acceso a oportunidades de empleo, salud y educación de acuerdo a la declaración conjunta de ambos gobiernos. Para ello, el programa Sembrando Vida creará empleos para los migrantes centroamericanos como jornaleros en el sector agrícola. Por su reducida remuneración, los centroamericanos continuarían optando por intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

El Plan de Desarrollo Integral no recibirá mucho apoyo económico de Estados Unidos, por lo que será financiado principalmente por el gobierno mexicano a través del Fondo Yucatán con un presupuesto de 2,000 millones de pesos. Entre las iniciativas destacó el establecimiento del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América (SIEPAC), que apoyaría la transmisión de energía eléctrica entre México y Centroamérica. Además, la construcción de una red de gasoductos tenía como propósito apoyar la transmisión de gas natural; con lo cual la generación de energía aumentaría en los países centroamericanos con la distribución de este combustible proveniente de Estados Unidos y México. Finalmente, la edificación de líneas ferroviarias fue planteada con el fin de apuntalar el transporte de mercancías.

El gobierno planeó incluir a la población centroamericana en los proyectos de los estados sureños (la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Tren Transístmico), que conllevarán la emisión de visas de trabajo para los migrantes. No obstante, el avance de estos proyectos será lento ya que pasarán por varias licitaciones, entrevistas para contratar personal, entre otros procesos. Estas condiciones de los proyectos de infraestructura reducirá la emisión de visas de trabajo para los centroamericanos; situación que imposibilitará la regularización de su status migratorio.

Ante este contexto, Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, anunció que esperan deportar a 2,500 migrantes diariamente; que implicaría la deportación de aproximadamente 70,000 personas cada mes. Estamos hablando de tres veces la cantidad de migrantes deportados en abril de este año. El gobierno podría conseguir reducir la cantidad de migrantes que llegan a Estados Unidos evitando la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump. Sin embargo, la crisis migratoria no será abordada con una estrategia de largo plazo, de suerte la crisis migratoria será perpetuada en Centroamérica.

-Ulises Noyola Rodríguez es colaborador del Centro de Investigación sobre la Globalización.