El segundo semestre de 2018 ha estado fuertemente marcado por un incremento de la movilización social en diferentes países de la región. Diversas marchas, protestas, plantones, paros, huelgas, ocupaciones, etc. han copado las agendas políticas de los gobiernos de la derecha regional.

Tanto aquellos que asumieron la presidencia con la promesa de ‘cambio’ (caso del argentino Gobierno de Mauricio Macri); como quienes ofrecieron ‘estabilidad’, pero dieron un giro de 180^o con su política económica, social y geoestratégica respecto del Gobierno anterior (buen ejemplo de ello es Lenín Moreno, en Ecuador); así como los que representaron opciones continuistas de sus predecesores (en Honduras, Guatemala, Costa Rica y Paraguay) hoy son presa de multitudinarias manifestaciones en respuesta a políticas económicas de ajuste, o a las acciones y omisiones asociadas a la corrupción de sus propias formaciones políticas.

La inestabilidad política en Argentina, Ecuador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Paraguay emerge y lo hace no de forma coyuntural, sino como producto de un malestar social latente, que los administradores de la derecha regional no han sabido atajar. No lo han hecho siquiera en el mediano plazo, como es el caso de los gobiernos de Mauricio Macri, Lenín Moreno y de Jimmy Morales. Y tampoco en el corto plazo: en Honduras, Costa Rica y Paraguay los gobernantes electos entre finales del 2017 e inicios del 2018 ni siquiera alcanzaron a experimentar la llamada “luna de miel” postelectoral.

Las movilizaciones que amenazan la estabilidad política de los gobiernos de la derecha regional han tenido altos niveles de participación de jóvenes y, especialmente, en Argentina, Ecuador y Costa Rica han movilizado a los sindicatos y trabajadores públicos, reacios a las medidas de ajuste que afectan fundamentalmente a las clases medias y a las capas sociales más vulnerables. Por ello, se puede decir que, a diferencia de otras movilizaciones que han tenido lugar en la región -las cuales han estado marcadas por la participación de formaciones y de grupos opositores a los gobiernos de turno- en las movilizaciones que están teniendo lugar en Argentina, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Paraguay hay un componente pluriclasista que define una perspectiva de amplia participación de la ciudadanía indignada.

Y, a pesar de la amplia participación social al interior de los países, la repercusión mediática internacional y el seguimiento por parte de organizaciones supranacionales defensoras de los derechos humanos y la democracia ha sido menor. Más bien son las redes sociales y los medios no tradicionales los que marcaron la pauta informativa. A su vez, se han convertido en espacios de denuncia a las violaciones de derechos humanos que han tenido lugar después de las respuestas violentas alentadas por los gobiernos, cuya salida es la represión, persecución, criminalización y tortura de personas que demandan un cambio de rumbo.

Este informe tiene como objetivo analizar la casuística de los países previamente indicados, a fin de identificar escenarios y perspectivas comunes de la inestabilidad de los gobiernos de la derecha latinoamericana, que, en un breve periodo de tiempo, acumulan un importante desgaste, resultado de las políticas neoliberales y la salvaguarda de la corrupción al interior de sus propias filas.

Argentina, la gran crisis

El 25 de septiembre se desarrolló el segundo paro nacional de trabajadores en contra del Gobierno de Mauricio Macri, que fue respaldado por todos los sectores sindicales, organizaciones populares y la mayoría de la ciudadanía. Se llegó a este punto luego de que Macri, en menos de tres años, llevara al país a una crisis económica fruto de un shock neoliberal, con una gigantesca brecha interna y endeudamiento externo (31 mil millones de USD más, sólo en 2018). Esta deriva que facilitó la fuga de capitales, destruyendo la industria nacional, el consumo interno, generando la inflación más alta desde el 2002 y una devaluación del peso argentino que llega al 100,2 %[i].

De forma ágil, el Gobierno Macri avanzó en la estrategia de quitar derechos individuales y sociales para ampliar el margen de ganancia de los capitales, con la promesa de ‘lluvia de inversiones’ extranjeras. Bajar salarios, dolarizar las tarifas de servicios y borrar los avances en materia de distribución de la riqueza durante los gobiernos progresistas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández fue la receta inicial de una promesa de ‘cambio’.

Desde 2016, es evidente el incremento de la movilización social en respuesta a las medidas económicas que van afectando a más ciudadanos. Las movilizaciones contra las tarifas de servicios domiciliarios se han multiplicado (el servicio de energía eléctrica ha subido 1.300% y el de gas 1.000%[ii]). Las movilizaciones en contra de la abrupta disminución del presupuesto de educación pública (que ha golpeado duramente el salario de maestros y profesores de la educación básica) han alcanzado a aglutinar cerca de medio millón de personas.

El punto más alto de esas movilizaciones fue contra la reforma previsional, a finales del año 2017, cuando, de forma transversal, la sociedad se expresó en masivas protestas para tratar de impedir el ataque al poder adquisitivo de los jubilados. Dichas marchas fueron duramente reprimidas por la policía e ignoradas por la mayoría parlamentaria macrista. Sin embargo, significaron un punto de inflexión en la imagen del Gobierno y el respaldo ciudadano a esas movilizaciones logró la primera derrota simbólica para el macrismo[iii].

Durante todo el año 2018, cada sector social afectado por el ajuste ha desarrollado movilizaciones por el salario y contra las políticas neoliberales. También se ampliaron las movilizaciones feministas, que venían creciendo desde años anteriores y llegaron a un punto histórico con tres grandes y multitudinarias manifestaciones: el paro feminista del 8 de marzo y las vigilias de junio y agosto frente al Congreso en respaldo a la ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo[iv].

El impacto social de las políticas económicas del Gobierno no sólo es visible en las calles, también lo es en el rechazo –incluso de una porción de votantes del macrismo– a su gestión: el 61% la desaprueba, el 19% aprueba algunas cosas y sólo el 16% aprueba toda la gestión[v].

Lo que falta y lo que viene

El ajuste neoliberal no termina, el Gobierno de Macri anunció nuevas y peores medidas en contra de la amplia mayoría social. Este fin de año será de mayor conflictividad, la inflación no cede, la devaluación continúa de la mano de la especulación financiera y la actividad industrial se desploma. Macri advierte que vendrán tiempos para ‘poner el hombro’, es decir, que la situación para las y los trabajadores empeorará. La respuesta seguirá siendo de movilizaciones que podrían escalonarse, en la medida en que la comida falte en la mesa.

La situación empieza a parecerse más a la década de los noventa. Con los fantasmas de la hiperinflación y del corralito financiero, el Gobierno tendrá que lidiar con el 2019, año de la elección presidencial y de una parte del Congreso. El escenario político sigue estando abierto, pero las condiciones favorables para el Gobierno, con la gran ayuda del blindaje mediático, se deterioran. En la actualidad el oficialismo sólo cuenta con el respaldo del núcleo duro de la derecha argentina y del Poder Judicial que está haciendo la tarea para impedir la unificación de la oposición, en la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la mejor posicionada en las encuestas.