«Me pregunta usted qué piensan los obreros ingleses de la política colonial. Pues lo mismo que de la política en general; lo mismo que piensan los burgueses. Aquí no hay partido obrero, no hay más que el partido conservador y el partido liberal-radical […]»

Carta de Engels a Kautsky, 12 de septiembre de 1882

La reciente tanda de alegatos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, a propósito de la demanda de salida al mar de Bolivia, y la cruzada nacionalista suscitada por ella plantean una excelente ocasión para debatir la posición que la izquierda revolucionaria debiese adoptar respecto a tan espinoso tema de la política chilena.

Según Marx, la “prueba de fuego” para un socialista de una nación opresora era la posición que este adoptaba respecto a las naciones oprimidas por la suya su propia. Esta era la mejor prueba de la firmeza de sus convicciones, ya que dicho criterio permitía separar claramente aguas entre quienes asentaban sus concepciones socialistas en un sólido internacionalismo obrero y aquellos que no lograban superar la categoría de meros rumiantes de los prejuicios nacionalistas burgueses.

Siendo Chile el país que resultó vencedor de la llamada Guerra del Pacífico (1879-1883) –condición que le permitió anexionarse los territorios de Tarapacá y Antofagasta pertenecientes hasta ese entonces a Perú y Bolivia, respectivamente–, el criterio marxista es, mutatis mutandis, completamente aplicable para evaluar la posición de las distintas expresiones de la izquierda chilena respecto a la demanda boliviana de salida al mar.

Más aún, en el ámbito específico de la izquierda revolucionaria, la cuestión sirve para ver la claridad y maduración programática de las organizaciones que la componen y la solidez político-ideológica de sus militantes. Dependiendo de cuál sea la posición adoptada, se revela también el tipo de relación que estas establecen con los trabajadores, en el sentido de cómo y con qué propósitos pretenden educar a su clase.

Antecedentes históricos

Para efectos de la acción política actual desde la perspectiva de las clases trabajadoras y sus intereses el primer paso consiste en dilucidar la naturaleza de la acción bélica que dio origen a la anexión de territorios por Chile, y que terminó por privar a Bolivia de una salida soberana al mar.

La evidencia histórica es inequívoca al respecto, dejando poco espacio para la duda. No por nada la historiografía oficial de las clases dominantes suele evadir el problema. Con tal de no encararlo –y sustentar el chovinismo chileno– da una serie de vueltas, prefiriendo concentrarse en los aspectos más superficiales de la cuestión. Abundan en ella las aproximaciones “superestructurales”, como aquellas que se enfocan en la dimensión jurídica de la disputa, o abiertamente vulgares que se limitan a hacer épica a partir de la crónica de las distintas peripecias militares.

Sin embargo, si los hechos son analizados objetiva y desprejuiciadamente queda inmediatamente clara la naturaleza que dicha guerra tuvo desde sus inicios. Sus fines no fueron sino abiertamente anexionistas. Se trató de una simple y ramplona guerra de conquista y rapiña de la riqueza salitrera de los territorios norteños perpetrada por las clases dominantes chilenas. Esta es la razón por la que algunos historiadores, en honor al rigor y apego a la verdad histórica, sugieren que el conflicto sea denominado más bien como “Guerra del Salitre” antes que “Guerra del Pacífico”, como comúnmente se le conoce.

Dicha guerra fue una de las expresiones culmines en el plano político del largo proceso de penetración y afianzamiento del capitalismo chileno, proceso del cual también formó parte orgánica la ocupación (mal llamada “pacificación”) de la Araucanía en el sur del país unos años antes. Revelador de aquello es que quien diseñara el plan y condujera las operaciones militares en Wallmapu, Cornelio Saavedra, apareciera posteriormente a la cabeza del Ministerio de Guerra justo en los inicios de la conflagración con Bolivia y Perú.

Desde mediados del siglo XIX en Chile experimentaba un ciclo de auge y euforia de la actividad económica en una serie de sectores claves de esta; el cuál culminaría en una brusca recesión en la segunda mitad de la década de los 70’, agravada por la difícil situación internacional. Se fue configurando así un cuadro de crisis político-social al interior del país. La guerra de conquista aparecía para las clases dominantes como una salida a dicho escenario[1].

La burguesía chilena estaba altamente envalentonada, sintiéndose dueña legítima de las provincias de Tarapacá y Antofagasta producto de la intensa penetración de sus capitales en aquellos territorios. Así, por ejemplo, el diputado Enrique Mac Iver en un discurso pronunciado en el parlamento en 1880 expresaba: «Tan nacionales son las salitreras de Tarapacá como las de Antofagasta, Aguas Blancas y Taltal. Si estas pertenecen a sociedades y personas chilenas, pertenecen aquellas a la nación chilena, al fisco chileno… Las contadas salitreras particulares que existen actualmente en Tarapacá pertenecen también a chilenos o extranjeros avecindados en Chile»[2].

Estaban en juego además una serie de intereses geopolíticos en la región, en particular el desafío por parte de Perú a la hegemonía comercial-financiera del puerto de Valparaíso como centro de gravedad de los principales flujos mercantiles de la época. La guerra era por tanto también una oportunidad para ajustar cuentas con las clases dominantes peruanas en dicha disputa.

La estrecha relación –que en la práctica era una franca superposición– entre la clase capitalista y los dirigentes políticos hacía que cualquier lesión a los intereses económicos de aquella, por más mínima que fuera, se tomara inmediatamente como una afrenta nacional. Algo que debía ser encarado “unidos como país”, por sobre los intereses particulares de tal o cual grupo.

El mayor grado de consolidación económica del capitalismo chileno fue determinante para que las clases dominantes nacionales enfrentaran el conflicto de manera mucho más cohesionada social y políticamente que sus pares bolivianas y peruanas, y pudieran finalmente adjudicarse la victoria militar sobre ellas[3]. La oligarquía peruana incluso albergaba posiciones quintacolumnistas pro chilenas en su seno.

Con la redefinición de las fronteras nacionales, a través de la anexión de Tarapacá y Antofagasta, la burguesía chilena se apropió de las enormes riquezas naturales de la zona norte, permitiéndole dar un salto cualitativo en el ritmo de la acumulación. El resultado de la guerra también dejó abiertas de par en par las puertas a la entrada de la inversión extranjera, en especial del capital inglés[4], situación que fortaleció la influencia del imperialismo inglés en el país.

El chovinismo vergonzante de la izquierda y el progresismo chileno

Dada la naturaleza del conflicto que originó la mediterraneidad boliviana, resulta en verdad patética la miseria política que reina entre las distintas expresiones de la izquierda y del progresismo chileno, especialmente aquellas con representación institucional, frente a la demanda altiplánica de salida soberana al mar.

Las posiciones hasta ahora oscilan entre la adscripción acrítica a las cruzadas de unidad nacional impulsadas por el gobierno de turno y el remedo vergonzante de excusas y silencio cómplice.

Miserable ha sido hasta ahora la actuación del Frente Amplio, en el sentido de no poder (o querer) alzar una posición única, clara y firme frente a la cuestión.

Ya en el contexto de las elecciones primarias sus dos precandidatos presidenciales se habían pronunciado sobre el tema en un debate televisivo en el mes de mayo del año pasado.

El supuestamente más izquierdista Alberto Mayol era de la idea de canjear kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado de territorio con tal de otorgarle a Bolivia una salida soberana al mar. Se apuraba, en todo caso, en tranquilizar a su audiencia aclarando que el territorio que eventualmente se le cedería a Bolivia bajo ninguna circunstancia se emplazaría en el territorio que le fue arrebatado, sino que estaría en el límite con Perú. Así, su solución consistía a fin de cuentas en azuzar las rencillas nacionales entre países, en donde Chile, cual Poncio Pilatos, se terminaba desentendiendo de su responsabilidad histórica.

¡Era en verdad un hermoso concepto de la fraternidad latinoamericana, que apelaba además al principio del intercambio equivalencial (kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado) como mecanismo de resolución de espinosos conflictos limítrofes entre países! ¡Jamás la fantasía pequeñoburguesa había volado tan alto para desnudar su propia miseria!

Nada de mal lo hizo también en aquella ocasión quien a la postre terminaría siendo la candidata presidencial del nuevo bloque. Beatriz Sánchez simplemente evitó referirse al tema, señalando que «Por responsabilidad política, no puedo contestar esa pregunta». ¡Esto cuando precisamente lo único responsable políticamente es pronunciarse sin ambages ni ambigüedades respecto a la cuestión!

Sin embargo, ya ungida como toda una personalidad de la política chilena después del 20% obtenido en la primera vuelta presidencial, era menos ambigua en sus planteamientos respecto a la posición de Chile en el Tribunal de La Haya. En efecto, en un programa de debate político, transmitido por la estación estatal el 18 de marzo recién pasado, era enfática en señalar que «Yo aquí yo no me pierdo, ¡ah! Cuando hay una resolución de Estado, como lo que está pasando hoy día,… que atraviesa gobiernos además, la posición de Estado es una sola. Y ahí se respalda también»[5].

Habría que preguntarle eso sí a la ex candidata a cuál Estado se estaba refiriendo, ¿será ese mismo que se funda en la Constitución del 80’ que tanto denunció en su campaña presidencial? ¿O es que el carácter del Estado chileno cambia por arte de magia de una ocasión a otra? ¿Es acaso uno durante las elecciones y otro cuando hay que “defender al país” y su integridad territorial lograda a costa de la rapiña capitalista? Por otra parte, ¿a qué “resolución” se refería? ¿Por quién o quiénes fue tomada dicha resolución? ¿Será acaso la resolución impuesta por las clases dominantes chilenas por la fuerza de las armas? Y finalmente, ¿a qué “gobiernos” se refería? A excepción del breve paréntesis de la Unidad Popular, los únicos gobiernos que la historia de Chile conoce desde que el país se anexionara los territorios norteños son de naturaleza oligárquico-burguesa, simplemente no hay más.

Toda la monserga frenteamplista contra el “1% más rico”, “el maridaje entre poder económico y político”, etc., es simplemente un discurso comunicacional destinado a capturar incautos (y no tanto) de izquierda. Sin embargo, este es de tal vulgaridad que no logra conectar siquiera superficialmente los fenómenos materiales de la sociedad burguesa con sus manifestaciones políticas en la crudeza que estas se dan en la realidad histórica concreta. Es por esto que, puestos entre la espada y la pared por las expresiones más consecuentes de la burguesía chilena, sus principales figuras se limitan a rumiar todos los prejuicios nacionalistas de aquella o a esquivar el problema con fantásticas soluciones surgidas de la imaginación pequeñoburguesa.

Caso de estudio aparte lo constituye el Partido Comunista (PC). Habiendo tenido entre sus filas a destacados historiadores que investigaron los reales intereses detrás del conflicto bélico que dejó a Bolivia sin salida al mar[6], sorprende que hoy sus dirigentes prefieran esconder la cabeza cual avestruces y repetir todos los lugares comunes de la realpolitik burguesa.

No se puede sino calificar de patético el actuar de los parlamentarios comunistas. Ante la invitación formulada desde el gobierno a seguir el primer día de alegatos por televisión en el palacio de La Moneda, los diputados Camila Vallejo y Daniel Núñez se hicieron los desentendidos, dando excusas de lo más irrisorias que remitían de Poncio a Pilatos, y de Pilatos a Poncio, ¡pero en ningún momento ofrecieron un posicionamiento claro respecto a una cuestión tan trascendental de la política nacional!

Al final del día tuvo que salir el presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, a aclarar que, si bien él no había sido invitado, no tenía problemas en asistir. Además fue taxativo en señalar que «independiente de la postura que cada uno pueda tener [en relación a los diputados “disidentes” Vallejo y Gutiérrez], nosotros estamos con la política de Estado». «Nosotros [los comunistas] consideramos que este [la demanda boliviana] es un tema de Estado y nosotros vamos a estar siempre presente».

De paso aprovechó de aclarar por qué no se había sumado a la delegación parlamentaria que acompañó al canciller Ampuero en La Haya. Adujo que “razones personales” (sic) lo habían llevado a restarse de la invitación. Al margen del aprovechamiento político y cazabobos tendidos por el gobierno de Piñera, ¿es acaso solo por “razones personales” que un militante comunista, y a su vez máximo dirigente partidario, declina ir a hacer causa común en el extranjero con los partidos burgueses de su país? ¿A tanto llega la descomposición político-ideológica del PC?

De todas formas, esta “firme” posición del parlamentario comunista no lo exculpa. Basta con hacer un poco de memoria y refrescar ciertos hechos. En efecto, una de las postales más bellas que dejó el pasado gobierno de la Nueva Mayoría fue aquella de la delegación que en 2015 acompañó al ex canciller Heraldo Muñoz a la anterior ronda de alegatos en La Haya. Esta estuvo compuesta por parlamentarios de todo el espectro político-institucional del momento, desde la UDI, pasando por el PPD en la persona del payaso nacionalista Jorge Tarud, hasta el PC. De hecho, fue el mismo Teillier quien formó parte de la comitiva. Aquella vez no hubo “razones personales” para declinar la invitación del gobierno de la presidenta Bachelet. Al contrario, había que cerrar filas tras él, independientemente de que el origen de la privación de salida al mar de Bolivia siguiera siendo el mismo: una guerra de rapiña capitalista.

Sin embargo, volviendo a la actual ronda, ya para el segundo día de alegatos la capitulación comunista era total. Las rabietas y “razones personales” como formas de protesta quedaban superadas. La declaración de rendición incondicional estuvo a cargo de Carmen Hertz, diputada miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y parte también del Comité Asesor del ministro en la demanda boliviana. A través del sitio electrónico de El Siglo, la diputada era enfática en señalar que el PC apoyaba «sin matices y sin ninguna limitación en forma clara» (sic) la posición chilena. Nótese, ¡sin matices y sin ninguna limitación! Acto seguido agregaba que «tenemos que privilegiar la unidad nacional y no las rencillas domésticas». Terminaba eso sí expresando su molestia con el gobierno por la no representación del PC en la delegación oficial en La Haya, argumentando que se trataba de una discriminación arbitraria.

¿Cuáles son las lecciones de todo este triste espectáculo? En el caso del Frente Amplio, habría que preguntarles a todas aquellas personas honestamente de izquierda que cifran ilusiones en él dónde están las organizaciones, militantes e intelectuales en su interior alzando la voz contra el servilismo que sus dirigentes y figuras muestran para con el chovinismo del “1% más rico”.

Para el caso del PC la cuestión se torna más dramática aún, y por lo mismo más vergonzosa. Por su historia y por la filiación ideológica que todavía profesa en el papel, es bochornoso que sus dirigentes no sean capaces de levantar una posición independiente que confronte al chovinismo chileno.

Si las obras completas de Lenin que todavía conservan los jerarcas y burócratas partidarios sirven para algo más que acumular polvo en sus estanterías, habría que recordarles que la razón que llevó al revolucionario ruso a poner el grito en el cielo fue precisamente toda la podredumbre que significaba la capitulación vergonzosa que los partidos socialistas de la época mostraron ante el nacionalismo de sus gobiernos.

Ante el desolador paisaje que la miseria de los principales referentes institucionales de izquierda deja, las clases populares chilenas quedan a la deriva política, abandonadas a su suerte y sin defensa posible ante la inoculación de todos los venenosos prejuicios nacionalistas de la burguesía.

Para una posición revolucionaria de izquierda

Ahora bien, ante la capitulación vergonzosa de la izquierda y el progresismo frente al chovinismo, ¿cuál debería ser la posición de la izquierda revolucionaria? ¿Qué debería decirles a las clases trabajadoras y al pueblo de Chile ante tanta confusión?

Este es un ámbito de crucial importancia para la izquierda revolucionaria chilena. Uno en el cual simplemente no puede titubear ni mostrar vacilaciones. Es su verdadera “prueba de fuego”. Si no la pasa, es mejor que derechamente baje las banderas del socialismo.

La posición revolucionaria no puede ser otra que abogar por una salida soberana de Bolivia al mar mediante la restitución inmediata y sin condiciones –a Bolivia y Perú– de los territorios anexionados por Chile en la guerra salitrera.

Esta es una reivindicación que no debe avergonzar a ningún militante de izquierda. Al contrario, el único motivo de verdadera vergüenza es prestarse para la defensa de territorios logrados a costa de la rapiña capitalista y ayudar a su justificación mediante uno u otro subterfugio argumental.

En lo político esta es una reivindicación que para su materialización requiere el ascenso de los trabajadores a clase dominante en la sociedad chilena. No hay otra forma de ponerla en práctica. Esto lo deben tener claro las hermanas clases trabajadoras de los países vecinos, en especial en Bolivia. Siendo el laberinto jurídico internacional y las negociones diplomáticas entre países caminos que no llevan a ninguna parte, la alternativa burguesa para que Bolivia acceda al mar sería la aventura militar; cosa que, si bien no está a la orden del día, hay que descartar de plano.

Por lo mismo resulta triste que un gobierno de izquierda como el de Evo Morales, que supuestamente debería abogar por la hermandad latinoamericana, mantenga a orillas del Titicaca un mural de un soldado boliviano de la Guerra del Pacífico matando a bayonetazos a otro chileno, con el agravante de que con toda seguridad ambos no eran sino miembros del bajo pueblo usados como carne de cañón por las clases dominantes de sus respectivos países.

Al igual que en Chile, en Bolivia las clases trabajadoras no deben prestarse para payasescas acciones patrioteras (bandera de 200 km, por ejemplo) ni cruzadas de unidad nacional impulsadas por ningún gobierno. Este es, por el contrario, el momento de dejar en evidencia la responsabilidad histórica que les compete a las clases dominantes bolivianas en la pérdida de salida al mar del país, no de exculparlas tras la consigna de la unidad nacional.

Hay que aclarar además que la mediterraneidad de Bolivia no es la causa de la pobreza que afecta a sus clases trabajadoras, sino del régimen de explotación capitalista que rige. Todo esto, sin embargo, pertenece a las cuentas que el pueblo boliviano deberá ajustar con sus clases dominantes a su debido momento.

Ahora bien, adoptar el programa de restitución territorial inmediata e incondicional para la cuestión de la demanda marítima de Bolivia le plantea una serie de cuestiones a las organizaciones revolucionarias de izquierda, especialmente en lo político, orgánico y estratégico.

En primer lugar, una reivindicación así pone, sin duda, en lo inmediato en minoría a las organizaciones revolucionarias en la sociedad chilena, incluso dentro de los mismos sectores populares. Sin embargo, ¿hay que tener miedo a remar contra la corriente? En absoluto, especialmente si lo que está en juego son los intereses más fundamentales de las clases trabajadoras: la hermandad internacional. De hecho, allí está el elemento de audacia que toda política revolucionaria requiere, el no dejarse llevar por la euforia chovinista del momento.

Todo depende además de los objetivos que finalmente se persigan. Naturalmente esta reivindicación no forma parte de un programa para ganar votos, acceder al gobierno o sostener una bancada parlamentaria. Por el contrario, forma parte de una consigna inserta en un programa y estrategia de conquista del poder por las clases trabajadoras. Por tanto, sacada de dicho contexto no tiene sentido. Revela además el concepto de sociedad que subyace en los programas y líneas de acción de las organizaciones revolucionarias: internacionalismo versus provincialismo chovinista de las clases dominantes.

En lo orgánico esta reivindicación plantea también una serie de desafíos. Levantar una reivindicación de tales características no es un juego. Frente al Estado chileno significa exponerse a la acusación de “traición a la patria”, que en circunstancias de mayor conflictividad político-social puede llegar incluso a poner en riesgo la vida de los militantes que hagan agitación a partir de ella. Tampoco quedan descartados ataques personales de fanáticos nacionalistas y/o de acciones encubiertas de los aparatos represivos.

¿Significa lo anterior que la izquierda revolucionaria debiese renunciar (o al menos “moderar”) a levantar dicha reivindicación y a educar a las clases trabajadoras en ella? Para nada. Solo debe tomar desde ya todos los resguardos orgánicos pertinentes para no exponer innecesariamente a su militancia.

En lo estratégico abre también un campo de discusión al interior del sector revolucionario, en el sentido de si la restitución de los territorios anexionados debiese estar condicionada o no a la naturaleza social del régimen de dominación de clase que rija en Bolivia y Perú al momento de que sea factible llevarla a la práctica.

Naturalmente si el capitalismo ya hubiese sido derrocado en los países vecinos la cuestión no plantea problema alguno. Las clases trabajadoras chilenas devolverán con alegría de forma inmediata e incondicional los territorios usurpados por sus explotadores nacionales en el siglo XIX. Lo más probable es que los términos del problema cambiarían radicalmente con respecto a cómo hoy están planteados. De hecho, el concepto mismo de fronteras nacionales se desdibujaría en un escenario de socialismo latinoamericano.

Sin embargo, ¿qué sucedería si el capitalismo siguiera vigente en Perú y/o Bolivia? ¿Debería entonces condicionarse la restitución de los territorios anexionados? La respuesta es no.

¿Por qué? La cuestión remite a la concepción internacionalista del socialismo, la cual tiene una dimensión de principios y otra de política práctica.

En el primer ámbito, con la restitución inmediata e incondicional de los territorios usurpados las clases trabajadoras chilenas, sus organizaciones de avanzada y dirigentes demostrarían toda su estatura político-moral en los terrenos de la diplomacia internacional y la geopolítica regional. Su estatura se agigantaría hasta el infinito frente a toda la mezquindad de la variopinta fauna de politicuchos burgueses, politicastros de izquierda y burócratas del derecho internacional. Demostraría con hechos prácticos, no con declaraciones de buenas intenciones, que el criterio más sagrado y único en la relación entre naciones es la hermandad. Que el derecho fundado sobre la imposición de las armas es un sinsentido barbárico del capitalismo.

Sin embargo, el internacionalismo no es solo una cuestión de principios, es también –y fundamentalmente– una cuestión de estrategia política.

Hay dos consecuencias que se desprenden al momento de restituir los territorios anexionados por Chile a regímenes burgueses de Bolivia y Perú. La primera es que a través de esta medida las clases trabajadoras lograrían “protegerse las espaldas” temporalmente de ciertos enemigos al ganase como “aliados circunstanciales” (o al menos la neutralidad) a las burguesías de dichos países. Naturalmente, a las burguesías peruanas y bolivianas les gustaría ver caer a la clase trabajadora chilena, pero también tendrían que admitir a regañadientes que es solo el poder de ella el que le asegura en la práctica la devolución de los territorios usurpados, y en especial la salida soberana al mar para Bolivia. Así, si se la jugaran por la caída de los trabajadores y la restitución del capitalismo en Chile, tendrían que estar dispuestas a entrar en un conflicto bélico con la burguesía chilena que vendría inevitablemente a reclamar lo suyo después de ajustar cuentas con los trabajadores.

En consecuencia, la restitución de los territorios usurpados a gobiernos burgueses es la forma material que tienen las clases trabajadoras chilenas de abrir una fractura entre las clases dominantes chilenas, por una parte, y las bolivianas y peruanas, por otra. Es la mejor táctica también con que cuentan los trabajadores de cubrirse momentáneamente las espaldas y liberarse de manos para emprenderlas contra el régimen de dominación en la arena nacional.

Sin embargo, la cuestión más importante que se desprendería de dicha acción es otra, a saber: sería un potente llamado e incentivo práctico a la insubordinación popular contra la burguesía de los países vecinos. La restitución territorial inmediata e incondicional haría evaporarse de la conciencia popular todo resto de anti chilenismo en Bolivia y Perú, base última del chovinismo y de las cruzadas de unidad nacional. Dichas burguesías quedarían privadas de sus banderas nacionalistas. El fin del denso –y a veces sutil– velo ideológico del patrioterismo que nubla la conciencia popular haría que finalmente las clases trabajadoras dirijan su mirada hacia sus propios explotadores, y no hacia Chile.

Por tanto, la reivindicación por la restitución inmediata e incondicional de los territorios anexionados por Chile como solución a la demanda boliviana de salida soberana al mar es la única que hace justicia desde el punto de vista histórico y que se ajusta a los principios de hermandad entre los pueblos latinoamericanos. Es también la mejor opción político-estratégica que tienen las clases trabajadoras chilenas, siendo un impulso directo a las luchas populares en América Latina. Finalmente, es la única que permite a la izquierda revolucionaria sortear con éxito la prueba de fuego del chovinismo burgués, y ante el cual el resto de las expresiones de la izquierda y el progresismo ya fracasaron estrepitosamente.

Marzo 2018

Notas