El 22 de abril de este año habrá elección presidencial en Venezuela y ese acto político y constitucional marcará un nuevo momento en la larga lucha del pueblo por la reafirmación de su soberanía nacional, el afianzamiento de la democracia participativa, la profundización de las políticas sociales incluyentes y la recuperación de la economía.

Es importante señalar —de una vez— que la convocatoria a la elección de quien dirigirá los destinos del país como Jefe de Estado, fue tomada por la Asamblea Nacional Constituyente, se rige por la legislación vigente y es conducida por el Consejo Nacional Electoral. La única novedad es el adelanto de la fecha, que es producto de una larga discusión con las fuerzas opositoras, agrupadas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), las cuales venían planteando, insistentemente, que no se podía esperar hasta octubre de este año. Además, cabe subrayar que ese fue uno de los puntos consensuados en los diálogos de Santo Domingo, entre el Gobierno Bolivariano y la derecha.

Huelga decir, que la decisión de los representantes de la MUD de no firmar el documento que contiene los acuerdos alcanzados en Santo Domingo, se debe a que en los últimos meses se ha producido un cambio significativo en la correlación de fuerzas políticas internas, y ello se expresó en los comicios de gobernadores en octubre, en los que participa la MUD y tiene un buen resultado, pues gana en cinco estados, y sobre todo, triunfa en el estado Zulia, la más poblada e importante región del país; empero, quien resultó electo gobernador tomó la insólita decisión de no juramentarse ante la Constituyente, por lo que fue destituido en diciembre. Se repitió el acto electoral en Zulia, y esta vez el PSUV logra una victoria en toda la línea. Uno de los partidos de la alianza opositora, Acción Democrática, ganó en cuatro estados, dos de ellos de peso electoral, Táchira y Anzoátegui, y en Mérida y Nueva Esparta. En los comicios del 10 de diciembre de 2017 para la renovación de las alcaldías, la decisión de la mayoría de la MUD fue abstenerse, lo que se tradujo en que el «chavismo» ganó en 308 de las 335 alcaldías.

Hay que destacar que cuando los acuerdos de Santo Domingo estaban a punto de firmarse, el canciller estadounidense, Rex Tillerson, emprendió una gira por varios países de América Latina, que tuvo como objetivo, deliberadamente expuesto, desatar una campaña agresiva contra la nación venezolana. La política del gobierno del presidente Donald Trump y la decisión de la derecha venezolana de no firmar los acuerdos son hechos que están, evidentemente, vinculados, y ello tendrá repercusión en los acontecimientos políticos en curso.

Uno de los mediadores en los diálogos, el expresidente del gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, quien no solo le pidió a los partidos de la oposición que firmaran el acuerdo al que se había llegado, sino que dejó una observación a ser tomada en cuenta: no existe —afirmó Zapatero— otra proposición desde dentro ni fuera de Venezuela distinta a los puntos consensuados en República Dominicana.

El presidente Nicolás Maduro Moros, fiel a los compromisos contraídos, señaló que «llueva, truene o relampaguee», el 22 de abril habrá elección presidencial, e instó a todas las fuerzas políticas a presentar sus candidatos y a exponer sus programas y proyectos, además de lo cual manifestó que está dispuesto a ir a un gran debate con sus contendores.

La reacción de la derecha del continente no se hizo esperar, y ahora el llamado Grupo de Lima exige cambiar el calendario electoral, algo por lo demás sorprendente, porque hasta hace poco solicitaban el adelanto de la elección. Es esta una posición contradictoria, a todas luces, y esas contradicciones son observadas y analizadas por la ciudadanía, por aquellos que respaldan al gobierno, y también por quienes no comparten parcial o totalmente al proyecto bolivariano. En un país tan politizado como Venezuela, las actuaciones políticas son sometidas al escrutinio de la opinión pública de manera inmediata. La conciencia política es muy alta, y por encima de todo, los recientes acontecimientos han puesto de relieve que hay dos grandes consensos en la población: la paz de la república y que las controversias han de resolverse por la vía democrática y electoral.

¿Será que frente a la posibilidad de ser derrotados en la contienda electoral, una parte de la oposición optará por la abstención y por seguir promoviendo la intervención de una potencia extranjera en Venezuela?

En una mirada al conjunto de las acciones de la oposición, desde la llegada al poder del comandante Hugo Chávez, líder histórico de la Revolución Bolivariana, hasta hoy, puede observarse la conducción errática y la ausencia de un proyecto viable que presentarle al país.

Pareciera que los extremistas de la oposición olvidan con mucha frecuencia que el golpe de Estado de 2002 fue derrotado por una inédita alianza de las clases populares y las capas medias, y que ello tuvo expresión política en un movimiento social que tenía más fuerza de la que parecía, que existía una fortaleza institucional que ni las más enmarañadas conspiraciones pudo torcer, y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cumplió con su deber constitucional porque así lo dicta la Carta Magna y porque así lo dicta su conciencia.

La precaria memoria de la dirigencia opositora la hace olvidar que la oligarquía enquistada en PDVSA, en el mismo año 2002 y primeros meses del 2003, paralizó a la industria petrolera, y aún con todo el poder que tenía no fue capaz de tumbar al gobierno, además, de la asombrosa capacidad de un estratega como Hugo Chávez, que supo sortear el bloqueo de los puertos sin disparar un tiro, y derrotó el «paro petrolero» con las armas de la ley.

En el 2004 la oposición sufre un descalabro de grandes proporciones, al no poder revocar el mandato del presidente Chávez en el referendo. Varios años les costó recuperarse y retomar la iniciativa política. Lo que pasa es que a la derecha venezolana y al polo imperialista estadounidense, les cuesta entender que no existe otra manera de enfrentar al chavismo que no sea reconociendo la justeza y la verdad de la causa que encarna.

En las décadas recientes no se conoce que una fuerza como la nucleada alrededor de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, derrochara un triunfo político tan importante como el que obtuvieron en los comicios legislativos nacionales de diciembre de 2015, cuando alcanzaron una mayoría determinante en la Asamblea Nacional, pero ese triunfo no les sirvió de nada, utilizando una expresión muy venezolana: «se les volvió sal y agua»; y la resultante práctica fue la paralización del parlamento. Lo primero que anunciaron fue que en seis meses el presidente Nicolás Maduro sería derrocado y, como eso no fue así, no hay más que decir que las distintas iniciativas que pusieron en marcha fracasaron, y que el presidente Maduro sigue en funciones en el Palacio de Miraflores.

Uno de sus grupos propuso convocar a una Constituyente pero tal propuesta no contó con el apoyo de los otros partidos. Algunos se fueron por la vía del referendo y fracasaron desde el mismo momento en que lo convocaron a destiempo y acudieron a «triquiñuelas», que pronto fueron advertidas por el Poder Judicial. Otro fracaso más.

A estas insólitas actuaciones habría que añadir que se colocaron al margen de la legalidad al aceptar en su seno a tres diputados del estado Amazonas a los que se les acusó de hacer trampas en el proceso electoral y, en lugar de reconocer el error, insistieron en mantenerlos en la cámara legislativa, con lo cual se colocaron en una situación de desacato constitucional. ¿Por qué? Porque su plan era utilizar la Asamblea Nacional para un golpe de Estado y no para cumplir con las funciones que le otorga la Constitución al parlamento. Y no hubo ningún golpe.

Intentaron recortar el período constitucional para sacar al presidente Maduro Moros del poder, pero a tal propuesta el Tribunal Supremo de Justicia respondió que, siguiendo los cauces constitucionales, a través de una reforma o de una enmienda, ello era posible pero que, en todo caso, no podría aplicarse al actual mandato del Presidente porque no existe la retroactividad de la ley. Se olvidaron del asunto.

Solo para hacer algunas conjeturas: ¿qué hubiese pasado si la oposición, desde la Asamblea Nacional, establece un puente de comunicación y cooperación con el Ejecutivo para encarar de manera conjunta la compleja situación económica del país? ¿Cuál es la razón por la que la oposición no acompañó el plan de recuperación productiva que le propuso el presidente Maduro? La respuesta a estas interrogantes es una sola: la derecha venezolana no tiene un proyecto nacional que presentar, no cuenta con un programa de gobierno viable, ni mucho menos con un liderazgo —individual o colectivo— que exprese una alternativa, frente a un movimiento revolucionario, que ha sido capaz de soportar las embestidas del imperialismo, de mantener la unidad política y programática, y de coincidir en el liderazgo unificador del presidente Nicolás Maduro Moros.

Y si esto fuese poco, que obviamente no lo es, la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un pilar esencial de la democracia venezolana. Ninguna maniobra, ni las más disímiles presiones, ni los ataque reiterados de los extremistas de la oposición, han logrado doblegar su férrea conciencia «profundamente bolivariana y chavista».

La oposición no ha podido leer correctamente que una de las fortalezas del «chavismo» radica en ser una corriente histórica que conjuga la diversidad con la unidad, y que los debates que libra son en torno a cómo alcanzar los objetivos del Plan de la Patria y, en ningún caso, para deslindarse de tales propósitos, porque el pueblo chavista sabe que la solución de fondo a los problemas nacionales y del mundo, no está en el las tesis neoliberales, sino que es imperativo luchar por la construcción de una sociedad basada en la solidaridad, la cooperación y la soberanía popular.

Para una comprensión objetiva de la situación actual y de las ambigüedades e inconsistencias de la política opositora y de la unidad de criterios y de propósitos de parte de las fuerzas revolucionarias, es menester analizar los cinco ejes de la política desarrollada por la derecha venezolana y por sus fuerzas aliadas en el exterior, en 2017, que pudieran calificarse como el plan combinado, coordinado y de mayor envergadura que ha enfrentado el movimiento bolivariano.

La violencia

Este plan consistió en poner en marcha acciones que llevaron a cabo pequeños grupos muy bien entrenados, para promover la violencia en algunos municipios del país, con un saldo de más de cien personas fallecidas, miles de heridos, centenares de personas afectadas de manera indirecta por la violencia y el odio, hecho sin precedentes en la historia reciente de Venezuela. El plan fue acompañado por una coordinada y dirigida campaña mediática, nacional e internacional, que no escatimó en el uso de todos los recursos que aportan los distintos instrumentos de los medios de comunicación, tanto los convencionales, como las redes. Impusieron desde el primer momento que se trataba de «protestas sociales», pero lentamente, esta directriz se fue agotando en sí misma, y es una de las causas de la situación política que hoy tiene la derecha, producto de la indignación y repudio que generó en la sociedad venezolana lo que se conoce como la «guarimba», es decir, violencia generalizada en las calles y agresión a los ciudadanos.

Una buena parte de las comunidades —en especial de los sectores medios y altos— se vieron afectados por los grupos violentos, que se emparentaron con elementos de la delincuencia para provocar desmanes, mientras que los agentes del orden público, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, tuvieron que soportar semanas y semanas las acciones vandálicas. Los recursos cinematográficos también estuvieron presentes. Llegó el momento en el que, cuando los personeros de la oposición se presentaban en los actos, eran muchas más las cámaras de medios de comunicación, nacionales y extranjeros, que ciudadanos participando, pero el colmo fue cuando comenzaron a cerrar las urbanizaciones y calles principales de algunas zonas de las ciudades, a fin de interrumpir el tránsito y generar caos, pero ello terminó siendo un punto de inflexión, dado que los vecinos de las comunidades «bloqueadas» por los vandálicos comenzaron a reaccionar y a hacer valer su derecho al libre tránsito.

¿Qué pasó? Una parte de la población que no acompaña, total o parcialmente, el proyecto político bolivariano quedó conmovida por el horror que causó la violencia de estos grupos, mucho más cuando quemaron vivos a varios ciudadanos, por el hecho de tener la piel oscura o «parecer chavistas». La sociedad venezolana, entonces, reaccionó contra un sector político que, además de utilizar la simbología fascista, sembraron el terror.

Es una verdad meridiana que esos actos vandálicos dividieron al campo opositor y que ello generó las condiciones para que emergiera una salida democrática a la crisis, precisamente, la que presentó el 1 de mayo de 2017 el presidente Nicolás Maduro: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que fue electa el 30 de julio de ese año. En ese momento crítico, los partidos de la oposición vuelven a equivocarse. No se dan cuenta que se abre un proceso de pacificación de la vida política, que su estrategia de violencia ha sido derrotada, que el estado de la opinión pública nacional les era adverso. Lo que habían conquistado en 2015 en los comicios legislativos, lo perdieron en los meses de violencia y horror. La respuesta política de la oposición frente a la Constituyente es desconocerla, de hecho, no solo llamaron a la abstención, sino que promovieron el boicot, que por cierto, no les sirvió para nada, toda vez que toda la ciudadanía estaba decidida a lograr la paz, y la logró. Una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente la violencia callejera cesó.

Es necesario subrayar que aún en los momentos más críticos, el «chavismo» no abandonó las calles, se cuentan por miles las manifestaciones, asambleas, mítines, marchas, en todo el territorio nacional, y se hizo cotidiana la escena del pueblo rodeando el Palacio de Miraflores, listo para defender a su gobierno.

El intento de cerco diplomático

Las acciones de los grupos fascistas estuvieron acompañadas y aupadas desde el exterior, cuando un grupo de expresidentes de América Latina se pronunció en contra del gobierno del presidente Maduro y respaldó la violencia, y en la Organización de Estados Americanos comienza una de las batallas políticas más extraordinarias que se hayan librado en el seno de esa institución: las maniobras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, enemigo jurado de Venezuela, quien dirigió todas las iniciativas para que le fuese aplicada la Carta Democrática a Venezuela, y que se prepararan las condiciones para una intervención internacional, política y militar. Pero no tuvieron los votos en la OEA. Fracasaron en varias ocasiones en el propósito de aislar a Venezuela. La situación llegó al extremo de violentar los estatutos de la OEA, de convocar a reuniones sin el debido proceso, de provocar una especie de asalto a la institucionalidad de la OEA, con tal de lograr las sanciones contra el gobierno del presidente Maduro, que dio la orden de comunicar el retiro de Venezuela de esa organización.

La derecha se equivocó. No pudo medir la repercusión de lo que hacían los Estados Unidos en la OEA contra Venezuela y en otros espacios de la diplomacia. La solidaridad con la patria de Bolívar no se hizo esperar: las declaraciones de respaldo a la institucionalidad venezolana de la República Popular China y de la Federación Rusa, así como también de países como Irán y Turquía, de las naciones que conforman el Alba, y de muchas otras en África y Asia, que se manifestaron abiertamente en contra de cualquier intervención en la patria de Bolívar, así como el valor político y moral de primer orden que tuvo la posición firme de las naciones latinoamericanas y caribeñas que impidieron que en la OEA se aprobara una moción de intervención al país y, al mismo tiempo, se pronunciaran en contra de la violencia y por una salida pacífica a la crisis política en curso. Venezuela no está sola.

No obstante, hay un hecho que debe ser apuntado: en la Casa Blanca está un Presidente que expresa las posiciones más conservadoras de la política norteamericana, y no hay que olvidar ni por un instante que amenazó a Venezuela con una intervención militar.

El bloqueo financiero

Desde hace más de dos años el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actúa en función de impedir que Venezuela pueda realizar transacciones comerciales y financieras en el exterior. De manera callada, presionaron a entidades bancarias, no solo para que no otorguen préstamos al país, sino también para que no sirvan de agentes de intermediación en las operaciones de importación y exportación. Ahora el bloqueo lo impone el presidente Donald Trump a través de una Orden Ejecutiva, y hay que añadir que ha manifestado que está dispuesto a profundizar las sanciones económicas.

Tales medidas apenas son una parte del plan integral que contra la economía de Venezuela ha puesto en marcha la administración Trump. Es importante mencionar que las operaciones dirigidas a renegociar la deuda externa de corto plazo y los trabajos que realiza el gobierno bolivariano para conseguir nuevos recursos, que servirían para enfrentar la compleja situación económica, han sido bloqueadas o interrumpidas por las autoridades norteamericanas, plan al que se sumó la Unión Europea.

Hay otra parte del plan para quebrar la economía que se estaba ejecutando de manera secreta, desde puestos claves de la estatal petrolera, PDVSA, donde se tomaron decisiones dirigidas a reducir la capacidad de extracción de petróleo y de su comercialización, y en definitiva a afectar la principal fuente de ingresos de la economía venezolana.

El frustrado intento de golpe de Estado

Al instalarse la Asamblea Nacional Constituyente, su primera medida fue la destitución de quien fue la Fiscal General de la Nación, artífice de un plan para derrocar al Gobierno Bolivariano. No obstante, este plan no tenía ninguna posibilidad de éxito, toda vez, que las instituciones fundamentales de la democracia venezolana no flaquearon, ni por un instante. El Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y el Ejecutivo Nacional, impidieron, con la Constitución por delante, que el golpe se llevara cabo. La directiva de la Asamblea Nacional y la Fiscalía quedaron al descubierto. El pueblo resolvió el asunto, eligiendo la Constituyente y con ella, manteniendo la fortaleza institucional del país. Una vez más, la derecha resultó derrotada.

La campaña política e ideológica contra la nación

Los científicos de la Comunicación, de la Psicología, la Sociología, y de la Política y el Derecho, tienen un reto por delante: estudiar un hecho que no tiene precedentes, un fenómeno nuevo; se trata de una campaña mediática combinada, articulada en tiempo real, con ejes argumentales definidos, con el uso de espacios comunicacionales que nunca se habían utilizado en una batalla de esta naturaleza, con el empleo a fondo de recursos cinematográficos, con referentes públicos notorios, como artistas, deportistas, cantantes, intelectuales; esta vez, no solo del país, sino figuras del espectáculo a escala mundial.

Cada minuto Venezuela ha de enfrentar una mentira tras otra. Ya no les importa si tal mentira es descubierta y la verdad sale a flote. El efecto de confusión que genera es lo que buscan sus autores. Muchas veces estas llamadas «informaciones» son medias verdades, pero en otras cosas son mentiras descaradas. Los ataques se ponen en marcha en forma simultánea. Es evidente que, cuando uno de los consorcios mediáticos saca una «falsa noticia» sobre Venezuela, está predeterminado y debidamente planificado que todos los otros medios se sumen inmediatamente a la campaña, que pueden durar semanas, días, horas, y en algunos casos, minutos, que a veces son suficientes para colocar en el espacio comunicacional globalizado, una frase, una noticia, una declaración, que haga daño, que destruya.

Un bombardeo mediático de tal naturaleza y alcance no era conocido. No se trata aquí de hacer una valoración científica sobre el mismo, pero es importante resaltar, eso sí, que buena parte del campo social opositor —a través de las redes— se incorpora con mucha frecuencia a tales acciones. Ello va ligado a las campañas de odio. Cuando un vocero del movimiento revolucionario expone algún tema en los medios de comunicación, no ha terminado de hablar cuando los robots que lanzan millares de mensajes en segundos se activan, es decir, no solo ponen en marcha sus campañas «canallas» como las llama Ignacio Ramonet, sino que a través de mecanismos de saturación y de fragmentación de la noticia, impiden que el mensaje de los bolivarianos llegue a la población. Un verdadero clima de odio se ha desatado en el país a partir de estas campañas mediáticas. Todo un plan dirigido a que se produzca una guerra, o lo que se conoce en el argot de los laboratorios del odio, como «pelea de perros».

Es este el campo de batalla más complejo que enfrenta el movimiento popular. Toda la plataforma tecnológica planetaria de los medios de comunicación está al servicio de los objetivos trazados por el imperialismo: doblegar la voluntad de los venezolanos, infundir temor en la gente, generar una sensación de pérdida de perspectivas, de desánimo. Que en algunos casos estas campañas se apoyan en problemas reales, es cierto, pero ello no es óbice para que se manipule, se fragmente, se descontextualice y se ataque de la manera más despiadada a un país como Venezuela. Lo que estas campañas se proponen es la destrucción del Estado-nación, de las bases mismas de la sociedad, de sus valores intrínsecos, de sus instituciones, no solo se proponen derrocar al gobierno del presidente Maduro, sino también, desarticular las bases materiales y morales del Estado-nación.

Los problemas de la economía

Los cinco ejes de la estrategia del imperialismo contra Venezuela, antes descritos, hay que colocarlos en un contexto histórico que permita hacer una valoración profunda de la situación venezolana, más allá de sus especificidades coyunturales, y ese tema no es otra cosa que los efectos de un fenómeno complejo y poco conocido, dadas las peculiaridades de la economía venezolana, en primer lugar, el impacto de la caída de los precios del petróleo, segundo, los desequilibrios macroeconómicos, y tercero: el colapso del capitalismo rentístico.

¿Cómo explicar la situación económica del país?

En este brevísimo ensayo solo es posible hacer una exposición en extremo sucinta, tomando como base algunas anotaciones de la ponencia que presentara en el II Seminario: «Visiones compartidas desde la izquierda», organizado por el Foro de São Paulo y el Partido de la Izquierda Europea, en noviembre de 2017.

Si algún economista obvia el impacto que la caída de los precios del petróleo tiene en la economía nacional, revelaría una ignorancia supina. Tomando como referencia 2014, las cifras que suministra el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, es de $88.42 por barril (precio del barril venezolano); en 2015, la cifra era $44.65 dólares por barril, y en 2016, el precio llegó a su punto más bajo $21, para recuperarse un tanto y llegar a un promedio de $32 por barril. Este comportamiento de los precios del crudo está vinculado estrechamente al de las fluctuaciones de la economía mundial —como resulta obvio, toda vez que es el petróleo la principal fuente de energía que nutre al aparato industrial, de comunicaciones y comercial del planeta—. Es así como se puede identificar que en el 2000 el crecimiento de la economía del mundo fue de 4,38%; en 2001, se registra una baja a 1,97%; luego viene una recuperación entre 2004 y 2008, cuando el crecimiento está de nuevo en 4,31%; pero el crack de 2007 de la economía mundial, la más grave crisis de acumulación del sistema capitalista que se haya registrado desde 1929, genera un desplome sorprendente: el crecimiento es negativo: -1,68% (2008- 2009), como derivación de las medidas adoptadas por el presidente Barack Obama y por la Unión Europea, pero, de manera muy marcada, por el crecimiento de China, se produce una recuperación en 2011 a 35%, y luego viene una tendencia a la baja en los años sucesivos, al colocarse a 3 puntos y mucho más abajo.¹

La tendencia de los precios del crudo venezolano, dato que importa sobremanera para entender lo que está pasando, se puede observar en una comparación: en 2008 el precio llegó a su pico más alto, $129.54 por barril, se produce una caída y luego una progresiva recuperación, pero para 2016, el precio promedio es de $37.32. Ello implica una conmoción sin precedentes en la situación de la economía venezolana, cuya fuente de ingresos principalísima es el ingreso petrolero. Al caer los precios del crudo bajan las importaciones de buena parte de los productos de consumo masivo y de aquellos que sirven al sector intermedio de la industria.

¿Por qué se afirma que existe una contradicción esencial entre los estados nacionales propietarios de los recursos naturales y los factores hegemónicos de la economía capitalista globalizada?

Al comparar la situación del mercado petrolero mundial en el 2000, con la de la actualidad, queda evidenciada una transformación orgánica. Entonces, es preciso aportar algunos datos: el promedio del consumo mundial de petróleo y gas en 2016 fue de 96 millones de barriles diarios; los requerimientos de crudo, por parte de la economía estadounidense —la más grande del planeta— son de aproximadamente 19 millones de barriles diarios, y su producción alcanza los 12 millones de B/D, y para resolver este déficit estructural, tomó la decisión de explotar de sus yacimientos en la franja de las lutitas, por el método fracking, llegando a producir unos 4 millones de barriles diarios; a lo que habría que adicionar, que los Estados Unidos controlan el petróleo que se produce en Irak, de unos 3 millones 500 mil barriles al día, y el de Libia de 2 millones 500 mil de B/D. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, lo había planteado de manera clara: «necesitamos tener autonomía energética». Hoy, es posible afirmar que el propósito político trazado por el Estado norteamericano se ha cumplido en lo fundamental; asimismo, que la política energética de los Estados Unidos es la de apropiarse de los recursos minerales del mundo, a fin de sostener la creciente demanda de su economía, que consume el 25% de la energía del planeta.

Importa, para este estudio, reseñar unas cifras sobre las reservas probadas de petróleo y gas. Veamos este cuadro comparativo:

• Las reservas probadas de petróleo en los Estados Unidos alcanzan la cifra de 43 mil millones de barriles

• Las reservas probadas de petróleo en Venezuela son de 300 mil millones de barriles

• El 25% de las reservas probadas de petróleo del mundo están en Venezuela, que ejerce plena soberanía sobre su principal producto de exportación

Si damos continuidad al estudio, ha de identificarse que la demanda de petróleo y gas es creciente, aún con la decisión de la República Popular China de «enfriar» su economía. Otro inciso para el análisis: en 2017 el precio promedio del petróleo será de $50 por barril (aproximadamente) y su costo de producción no llega —en general— a $20 por barril. Es conocido que la economía mundial en 2016 registró un crecimiento de 3,2%, en 2017 de 3,6%y se prevé que en 2018 sea de 3,7%. Nada indica que la demanda de crudo retrocederá en los próximos años. El problema radica en los precios, que son —y cómo podría no serlo— un asunto político, huelga decir, de primer orden.

La incidencia que en los precios tiene la confrontación política en Oriente Medio y Venezuela es un foco de interés, que no puede perderse de vista. Empero, las negociaciones petroleras no se hacen solo de los barriles físicos, también se comercializa petróleo a futuro, o lo que se le ha dado en llamar: «barriles de papel», es decir, hay un componente especulativo que afecta, al alza o a la baja, los precios del barril. Hay que subrayar —además— que el escenario de precios relativamente altos que se mantuvo hasta mediados de 2014, posibilitó algunos cambios estructurales en el mercado, derivados de la decisión de Arabia Saudita de colocar en el mercado unos 13 millones de barriles al día, del alza en la producción de la Federación Rusa, y a un hecho ostensible, el incremento de la exploración y producción de crudo en naciones que si bien no son exportadores netos, mientras los precios fuesen altos estaban en condiciones de cubrir una parte de su demanda interna.

De esta esquemática exposición se puede arribar a una conclusión: la defensa del pleno ejercicio de los derechos soberanos de las naciones sobre sus recursos naturales, principio consagrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 1803, del 14 de diciembre de 1962, es hoy, una de las demandas de los pueblos, y al mismo tiempo, fundamento de la política de integración, y que en el caso de Suramérica es su base material. Si eso es así, entonces, vale la pregunta: ¿qué falta? Respondemos con Simón Bolívar «Solo la unidad nos falta», y esa unidad ha de fraguarse en la lucha contra las políticas neoliberales, que son abiertamente contrarias a la integración.

El estudio de la economía venezolana tiene como punto de partida el análisis de la economía mundial, en la que está inserta de manera definitiva desde hace cien años, todos estos datos, tomados de las página Web de la OPEP y de la CEPAL, son indicativos de un problema cardinal: el cambio estructural que se registra en el mercado petrolero mundial influye de manera decisiva en el desenvolvimiento de la economía venezolana, toda vez, que la captación de la renta de la tierra internacional, es su principal fuente de ingresos.

El segundo factor a tomar en cuenta solo puede ser enunciado en este artículo, y tiene que ver con lo que destacados científicos han denominado el colapso del capitalismo rentístico, que se caracteriza por: una forma de desarrollo capitalista que tiene como fuente la renta de la tierra internacional, que capta en el mercado petrolero; es un capitalismo nacional; y esa renta corresponde en una primera instancia al Estado.

Es por ello que el nervio central de la economía venezolana se concentra en las decisiones políticas que se tomen o se dejen de tomar en el Estado, de los arreglos políticos que se alcancen, por tanto, es posible afirmar que toda la estrategia de las políticas neoliberales y de las fuerzas imperialistas en lo que a Venezuela se refiere, se ha trazado como objetivo: el control del ingreso petrolero y revertir las decisiones constitucionales y las contenidas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada por el comandante Chávez en noviembre de 2001, en la cual no solo se recupera la soberanía de la nación sobre el petróleo, sino también se traza una línea maestra en cuanto a lo que será el desarrollo económico del país. La renta de la tierra internacional no alcanza para suplir las crecientes necesidades del Estado y de la economía en su conjunto. No es más la locomotora del tren de una economía que ha cambiado de manera significativa en las últimas décadas.

Hay un asunto que debe quedar claro, por encima de todo, y es que la contradicción de Venezuela con el imperialismo está dada porque la propiedad de los yacimientos y el manejo de los ingresos que por concepto de regalía e impuestos capta el Estado, son de la NACIÓN VENEZOLANA, y eso es precisamente lo que intenta modificar la estrategia trazada por Estados Unidos.

Otro asunto está referido al manejo que se haga a lo interno de la economía, sobre todo, en lo que se refiere a las vertientes de la economía política del petróleo, una rentista y otra productiva, y además, de poner en marcha lo que expresa la LOH de 2001, en cuanto al mercado interno de los combustibles, pero tal discusión sobrepasa —largamente— los alcances de este brevísimo artículo.

El tercer problema tiene que ver con los equilibrios macroeconómicos. Ello tiene especial interés en cuanto a la política cambiaria, pero lo decisivo es que en un corto plazo se logre recuperar la producción de barriles de petróleo. Si esa política da resultados, estaríamos ante la posibilidad de una franca recuperación económica, sin despreciar otras iniciativas que puedan y deban desplegarse, como es el de la producción de alimentos.

Una política económica de tal naturaleza requiere de consensos políticos, que paradójicamente pueden ser alcanzados en la campaña electoral, o una vez que se anuncie la victoria del presidente Maduro en la noche del domingo 22 de abril.

Roy Daza es militante revolucionario, periodista, exparlamentario y escritor venezolano, que forma parte de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. [dazaroy@gmail.com].

Este artículo fue publicado en la antología Los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina, Roberto Regalado (compilador), Partido del Trabajo de México, Ciudad de México, 2018.