A raíz de la guerra económica los venezolanos nos hemos visto obligados a cambiar nuestros patrones de consumo. Tiempo atrás buscábamos marcas específicas, hoy compramos lo que encontramos disponible y al menor precio. Son los productos llamados “marcas blancas” o “tapa amarilla” como las conocemos aquí.

Estos cambios en nuestros patrones de consumo así como le han servido a la oposición para llevarnos a situaciones extremas, deben servirle al Estado para revisar y replantearse cómo abordar el problema de la productividad en Venezuela. Cómo es ese nuevo modelo que se aparta del rentismo petrolero.

Vale la pena recordar que fue precisamente la bonanza petrolera la que cambió radicalmente nuestros hábitos de consumo y nuestra forma de producir. Rómulo Betancourt al llegar al poder le entregó el país en bandeja de plata a Nelson Rockefeller, quien no solo dispuso de importantes yacimientos petroleros para su Standard Oil Company, sino que logró concentrar grandes extensiones de tierras para experimentar la nefasta “Revolución Verde” basada en la monoproducción, la selección genética y la utilización masiva de fertilizantes, pesticidas y herbicidas.

Estos negocios de Betancourt y Rockefeller orientados a transformar la alimentación en mercancía, cerraron el ciclo con la creación de los supermarkets surtidos con una gran variedad de productos importados. Y así se acabaron las bodegas, las quincallas, las pulperías y se acabó también nuestro patrón de consumo haciéndonos totalmente dependientes de los designios de las industrias transnacionales.

Esta brecha que han abierto actualmente estas industrias llevándose sus productos del país debemos aprovecharla para impulsar una nueva concepción del desarrollo agro industrial acorde con lo que hemos llamado el sitio geográfico y el lugar cultural

Un enfoque holístico que rompa definitivamente con el paradigma industrialista y le de paso al desarrollo sistémico integral. Un sistema que abarque de manera integral la producción de alimentos, el desarrollo ambiental, la igualdad social y la viabilidad económica. En fin, que permita alcanzar las metas de soberanía y seguridad agroalimentaria