El operativo de Nochixtlán, Oaxaca, realizado el 19 de junio de 2016 durante 12 horas, por la Policía Federal y su cuerpo de la Gendarmería, así como la Agencia Estatal de Investigaciones y otros, “podría considerarse ejemplo de lo que no deben ser las acciones policiales de esta índole”. Lo anterior, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su recomendación 7VG/2017.

Si el operativo realizado en las poblaciones de Nochixtlán, Huitzo y Hacienda Blanca de Viguera para desbloquear carreteras obstruidas por integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y en el que participaron un millar de agentes del orden, es considerado ejemplo de lo que no deben hacer los cuerpos policiacos, el tamaño de los excesos de la acción represiva y hasta criminal resulta evidente cuando Luis Raúl González Pérez estima que “fue mal diseñado, planeado, coordinado y ejecutado, sin que se observaran plenamente los protocolos de actuación, en particular por lo que hace al uso legítimo de la fuerza y a la necesidad de priorizar el uso de mecanismos y técnicas no violentas”.

Los lamentables saldos casi no dejan lugar para la duda, por más que los famosos de la conducción radiofónica y televisiva, tipo Ciro Gómez Leyva, se apresuran a descalificar los juicios de la CNDH sólo para maquillar la imagen de la PF: siete personas perdieron la vida, 453 civiles resultaron con lesiones (45 por arma de fuego), así como 106 policías (cuatro con heridas por disparos); 46 pobladores fueron afectados patrimonialmente y violentados sin participar en los bloqueos, incluidos menores de edad y adultos mayores.

Y ello obedeció, a tono con la recomendación basada en la investigación que realizó la segunda Visitaduría de la CNDH, a cargo de Enrique Guadarrama López, a que existió una mala coordinación entre las corporaciones que participaron en el operativo y una inexistente cadena de mando clara de responsabilidades y de toma de decisiones; faltó un análisis de inteligencia que considerara el día que se iba a realizar el operativo, los posibles escenarios de respuesta de los pobladores y las afectaciones a terceros ajenos a los hechos.

Como lo estableció la CNDH en último término y es preciso colocarlo en primero, “Los hechos que generaron lo sucedido el 19 de junio de 2016 son expresión del distanciamiento entre autoridades y sociedad, de la falta de canales efectivos e interlocución y de la radicalización de posturas que buscan la consecución de intereses individuales o de grupo”. En efecto, los hechos deben servir como una oportunidad para que, tanto autoridades como sociedad, “reafirmemos nuestra apuesta por la vía del diálogo y el entendimiento como forma básica de resolver conflictos y plantear diferencias, dejando de lado el que el uso de la violencia sea la forma básica en que se pretenda aplicar la ley o plantear un diferendo”. Y la indispensable apuesta por “buscar esquemas de recomposición del tejido social y por fortalecer un entorno de paz y legalidad tanto en Oaxaca como en las demás partes del país” (18-X-17).

La Procuraduría General de la República –la que perdió tres sedes principales en la capital y que eran rentadas en un supuesto negocio público y privado– atrajo las investigaciones del caso, pero no ha subsanado las omisiones en la indagatoria y otras irregularidades de la autoridad ministerial de Oaxaca, señaladas por la CNDH que solicita finque responsabilidades a todos los implicados, como Enrique Galindo excomisionado nacional de la PF.

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