Un bombardeo mediático que apunta a instalar nuevamente, como hace 150 años, la idea de que los pueblos originarios son salvajes y violentos. Todo a base de mentiras y burdas generalizaciones. La desaparición de Santiago, y la indiferencia oficial, pareciera dar el mensaje de que cualquier joven de la ciudad debe pensar bien antes de solidarizarse con las causas indígenas.

El Gobierno Nacional ha desatado una fuerte campaña de estigmatización y criminalización del pueblo mapuche y sus organizaciones, en ese marco se produce la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Un bombardeo mediático que apunta instalar nuevamente, como hace 150 años, la idea de que los pueblos originarios son salvajes y violentos. Todo a base de mentiras y burdas generalizaciones. La desaparición de Santiago, y la indiferencia oficial, pareciera dar el mensaje de que cualquier joven de la ciudad debe pensar bien antes de solidarizarse con las causas indígenas.

Sin embargo, no es solo contra el Pueblo Mapuche. Ya en noviembre del año pasado tanto el Diario La Nación como Clarín publicaron varias notas sobre casos en los que acusaban a “falsos indígenas” de “usurpar” campos de empresarios e inversores. Las notas hacen referencia a Salta, Santiago del Estero y Jujuy.

En abril de este año, Gabriel Levinas, tituló en Clarín: “El fantasma de los Diaguitas, y una disputa absurda y cruel en los Valles Calchaquíes”, nota en la cual niega la existencia de los Diguitas, miente y descalifica a los referentes indígenas de la zona y luego arremete en defensa de un empresario.

¿Cuál es la motivación de esta sucia campaña? Aquí un posible hipótesis

Pretenden anular la ley 26160, y generar las condiciones para que el capital financiero internacional profundice la subordinación de nuestras tierras y territorios a sus dinámicas especulativas.

En el marco de la crisis global del capitalismo, los capitales especulativos desarrollaron estrategias para mantener sus tasas de acumulación de la mano de la mercantilización de la tierra y los bienes naturales. Lo que se tradujo en una ofensiva en todo el mundo, empresas y capitales que operaron procesos de acaparamiento y concentración de la tierra.

Argentina no fue una excepción, sin embargo, el  kirchnerismo tomó cuenta de las luchas y demandas de diversas organizaciones y movimientos y se sancionaron una serie de Leyes que adquieren un carácter estratégico en ese contexto.

En el año 2006, la ley 26160, amparada en el artículo 75 de la Constitución Nacional, declara la Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. En el año 2009, fue sancionada, la ley 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que plantea un ordenamiento territorial para evitar el desmonte indiscriminado, en el año 2011 la Ley de Tierras rurales (26137) que regula y pone freno a la extranjerización de la Tierra, y en 2015 la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar que entre varias medidas, legisla la suspensión de los desalojos a familias campesinas.

A medio camino quedó la inclusión de la función social de la propiedad en el nuevo código civil, aunque se dio paso en el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena. Estas leyes, que bien se pueden analizar desde la perspectiva de nuevos derechos, (avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, las comunidades campesinas y los agricultores familiares) también son herramientas que ponen al Estado en un rol de control y regulación de los movimientos del capital financiero y conformaron un gran avance en la perspectiva de preservar los bienes comunes frente al avasallamiento privatizador del Neoliberalismo.

La concepción sobre el necesario desarrollo colectivo para lograr el bienestar individual, podemos encontrarla en la mayoría de los habitantes del campo profundo, (agricultores familiares, campesinos y pueblos originarios), pues en la vida rural, se vive y sobrevive de la mano de la solidaridad. Además la relación con la tierra, la naturaleza y la producción es una relación que va mucho más allá de la ganancia, es una forma de vida, la tierra, es trabajo, es cultura, es memoria y es identidad. Esto plantea una contradicción fundamental con la lógica del capital financiero, lo que se traduce en conflictos territoriales que en innumerables ocasiones derivan en situaciones violentas, pues empresarios inescrupulosos intentan apropiarse de la tierra al costo que sea, que en muchos casos ha sido vidas humanas. Esta conflictividad es permanente, aunque no tiene la visibilidad que debiera por darse alejada de los centros urbanos.

En el año 2013, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la nación publicó un “Revelamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores familiares” dando cuenta de 857 situaciones de conflictos en todo el país, abarcando una superficie del territorio nacional del orden de 9.293.233,80 hectáreas que afectan a 63.843 familias de agricultores familiares.

Los gobiernos kirchneristas crearon condiciones para que estos conflictos adquieran visibilidad institucional, así surgieron las leyes mencionadas, y también quedaron otras en el camino. La democracia llegó también para los campesinos indígenas y se dio un intenso proceso de formación política de las organizaciones que quizás no estaban del todo preparadas para los escenarios institucionales.

Las características de clase del bloque que llegó al poder de la mano de Macri y Cambiemos no nos dejan lugar a dudas, pertenecen en su gran mayoría a los sectores económicos concentrados que históricamente estrecharon alianzas con el poder colonial e imperial, y hoy buscaran por todos los medios terminar con todo lo que obstaculice la libre circulación del capital y el saqueo de nuestros bienes comunes en manos de las corporaciones transnacionales. El Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesino Indígena ya no cumple el rol para el que fue creado. Las organizaciones Campesinas, de la agricultura familiar y de pueblos originarios, prácticamente no tienen espacios de participación en el Estado, nuevamente todo el escenario institucional es de la Sociedad Rural y las transnacionales.

Desde su llegada al poder, comenzaron la contraofensiva acorde a los intereses neoliberales, la Ley de Reparación histórica de la Agricultura Familiar (que entre muchas otras cosas plantea la suspensión de los desalojos de familias campesinas) nunca fue reglamentada a pesar de que estaba listo el proyecto y el informe para hacerlo. A la ley de Tierras rurales, el presidente Mauricio Macri la flexibilizó a la medida de las empresas extranjeras, mediante el decreto 820/2016. Respecto a la ley de Bosques Nativos comenzaron haciendo ensayos de modificación en Córdoba, pero el movimiento campesino, organizaciones ecologistas y sindicales los frenaron.

La ley 26160 debe prorrogarse en noviembre o de lo contrario pierde vigencia. El Instituto nacional de Asuntos indígenas, ha relevado el territorio de 759 de las 1532 comunidades registradas de pueblos originarios, falta a relevar más del 60% para determinar su territorio y luego establecer los títulos de propiedad comunitaria.

De no prorrogarse esta ley, más de 1500 comunidades vuelven a quedar jurídicamente vulnerables a desalojos. Hay tres proyectos en la Cámara de Senadores para lograr esta prórroga y sin embargo se viene dilatando su tratamiento.

Sostenemos, que toda la campaña contra el pueblo mapuche está inserta en este proceso y que uno de los objetivos es la anulación de la ley 26160 para quitar herramientas jurídicas a las comunidades.

Como lo han demostrado históricamente, los pueblos originarios no cederán, han defendido la tierra, la vida y la cultura por más de 500 años, los campesinos y campesinas tampoco se dejaran arrebatar la tierra sin presentar resistencia. La disparidad de fuerzas es enorme, de un lado trabajadores y trabajadoras de la tierra, del otro, grandes corporaciones apoyadas por el propio gobierno nacional, los medios hegemónicos de comunicación y un sector del poder judicial. Pero, la solidaridad de los trabajadores y una mayor articulación de las luchas urbanas con las luchas agrarias y populares cambiaría el escenario. La ética y la razón están del lado de los campesinos indígenas.

Pero, lo que está en juego, no es solo la vida y la cultura de los pueblos agrarios, es mucho más que eso, es que la tierra y los bienes naturales queden totalmente subordinados al capital financiero, a los buitres, a la timba. Está en juego la soberanía alimentaria, las fuentes de agua dulce y los bosques.

Quizás sea tiempo de que el movimiento popular en su conjunto, (el movimiento sindical, los intelectuales, artistas, políticos), profundice el debate sobre la tierra como un tema central para la emancipación de nuestro pueblo. Ahora, en plena campaña, donde debatimos sobre qué modelo de país queremos, sería importante poder contextualizar que la estigmatización del pueblo mapuche, la desaparición de Santiago Maldonado, la militarización de los territorios requiere propuestas políticas de fondo, entre ellas la función social de la tierra, desde una perspectiva pluricultural, que priorice los intereses del pueblo y garantice un desarrollo en armonía con la naturaleza, como uno de los pilares para construir la justicia social y para que las generaciones venideras también puedan debatir su futuro.

Lunes 4 de Septiembre de 2017

Diego Monton es miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y de la Secretaria de Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) Vía Campesina.

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