Que Enrique Peña Nieto en su condición institucional de comandante supremo de las fuerzas armadas de México, se pronuncie así sea citando a “los comandantes” que lo “han dicho con toda claridad”, respecto a que “Ningún integrante de las fuerzas armadas está obligado a seguir órdenes cuando impliquen un delito, una violación a derechos humanos o una infracción a la disciplina militar”, es un hecho discursivo que nada tiene de anecdótico.

El pronunciamiento puede convertirse en argumento en el alegato jurídico para que soldados y marinos se defiendan ante los tribunales por acusaciones originadas en los excesos que cometen en el desempeño de tareas de seguridad pública, anticonstitucionalmente asignadas por Felipe Calderón y ahora por su sucesor, pero las realizan en cumplimiento de órdenes de los mandos del Ejército y la Marina.

La misma frase la pronunciaron en distintos momentos el general secretario Salvador Cienfuegos y almirante secretario Vidal Soberón más que como convicción como respuesta a las abundantes denuncias –más las periodísticas que las ministeriales ya que la precaución y el miedo existen–, por las persistentes violaciones a los derechos humanos y las garantías individuales por soldados, pilotos y marinos. Esto es así no porque tengan vocación de atropellar ciudadanos, sino debido a que la formación que reciben es para combatir al enemigo.

Sólo a las pragmáticas elites gobernantes –desde Luis Echeverría, pasando por Vicente Fox y hasta Peña Nieto–, se les ocurrió el cambio de las funciones constitucionales de las fuerzas armadas por la dictatorial vía de los hechos –que le atribuyen al gobierno de Venezuela los “aliados a la CIA” (Nicolás Maduro dixit)–, por la incapacidad sistémica para garantizar lo elemental: la vida y los bienes de los mexicanos.

Las consecuencias están a la vista. El fracaso en toda la línea de las políticas y programas punitivos y prohibicionistas estadunidenses e impuestos a México desde los tiempos de Richard Nixon y relanzados por George W. Bush. Y acatados por los presidentes y los secretarios de la Defensa y de Marina de ayer y más aún los de hoy, sobre todo a partir de que Felipe Calderón usó a la milicia para apoderarse de Los Pinos y las caras facturas todavía se pagan.

Resulta comprensible la urgencia presidencial y de los altos mandos para aprobar “lo antes posible” una ley de seguridad interior que establezca el procedimiento para solicitar el apoyo castrense “en caso de que las autoridades policiacas se vean rebasadas”. El ahora directivo de la trasnacional Iberdrola a la que benefició como presidente (2006-12), no se ocupó de tantas sutilezas jurídicas, impuso la “guerra contra el narcotráfico” para legitimarse en el poder y para pagarle a Bush el favor de su temprano reconocimiento.

EPN jura que la participación del Ejército y la Marina es “temporal y subsidiaria”, cuando pronto cumplirá 11 años con un protagonismo desbordado. Hasta los intelectuales del sistema expresan preocupación por la altísima tasa de letalidad en los operativos, como lo reconfirma el realizado en Tláhuac.

“Para nosotros, el único partido ha sido, es y seguirá siendo México”, dijo Cienfuegos entre aplausos de soldados que antes del acto del miércoles 26 en el Campo Militar Número Uno fueron aleccionados para que al momento de escuchar estas palabras aplaudieran al divisionario. Los marinos hicieron lo propio, cuando el almirante se refirió en su discurso a la seguridad interior. Son los métodos propios del Partido Revolucionario Institucional.

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