El atroz fallecimiento de Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán en el incendio de las galerías Nicolini el pasado 22 de junio, ponen nuevamente en primer plano el problema de la informalidad en el Perú.

Hace una década, el Banco Mundial publicó un estudio que abordaba el tema de las causas de la informalidad en América Latina, distinguiendo entre dos enfoques: el del escape y el de la exclusión[1].  Según el enfoque de escape, los trabajadores optarían por la informalidad (escaparían de la formalidad) en base a un análisis costo-beneficio sobre si les conviene o no entrar a la formalidad. Si los costos percibidos exceden a los beneficios percibidos, decidirían ser informales. De allí se deriva que el remedio contra la informalidad es bajar los costos de la formalidad y/o aumentar sus beneficios. Esta es la visión neoliberal de la informalidad, Más aún, desde este punto de vista, el énfasis debe ponerse en bajar los costos de la formalidad antes que en aumentar sus beneficios, a través de medidas como la reducción de impuestos, reducción de costos laborales, reducción de regulaciones de todo tipo y, la cereza de la torta, la reducción de la “tramitología”. Este ha sido el eje de los fracasados intentos por promover la formalización impulsados por los tres gobiernos anteriores con las llamadas Leyes MYPE de 2003, 2008 y 2012.  Cada gobierno ha tenido su propia ley siguiendo este enfoque. Y todas han sido un rotundo fracaso. Desde inicios de este año, el actual gobierno tiene su propia Ley MYPE, en este caso en la forma de un nuevo régimen tributario para las microempresas (RMT). Hasta ahora, las cifras indican que lejos de promover la formalización de microempresas, este régimen está generando que aquellas que antes estaban en el régimen tributario general, ahora se acojan al RMT para pagar menos impuestos. Crónica de un fracaso anunciado.

De otro lado, el enfoque de exclusión señala que los trabajadores no optan por ser informales, como sostiene el enfoque del escape, sino que se encuentran en esta situación porque no les queda otra debido a sus bajos niveles de productividad. Es decir, en vistas de que no tendrían cabida en la economía formal, ellos tendrían que crearse su propio empleo o emplearse en microempresas informales de sobrevivencia para así generar algún ingreso. En este contexto, se conformaría una especie de economía dual, con un sector formal pequeño, con altos niveles de productividad, que produce con tecnologías modernas bienes y servicios caros de alta calidad para consumidores de altos ingresos, muchos de los cuales son precisamente trabajadores formales. Paralelamente, coexistiría un amplio sector informal, con bajos niveles de productividad, que produce con tecnologías obsoletas bienes y servicios baratos de baja calidad para consumidores da bajos ingresos, muchos de los cuales son justamente trabajadores informales. Desde este punto de vista, se deriva que el remedio contra la informalidad es incrementar la productividad de los trabajadores informales. En el largo plazo, la productividad laboral se mejora principalmente mediante agresivas políticas de educación, salud y nutrición que garanticen una población bien educada y saludable. En el corto plazo, esto demanda la combinación de asistencia técnica, crédito barato y abundante, y mercado para que los productores informales puedan colocar sus productos.

El estudio del Banco Mundial concluye que en América Latina, el enfoque del escape explicaría mejor la informalidad en los trabajadores informales auto-empleados, mientras que el enfoque de exclusión daría cuenta mejor de los trabajadores de microempresas informales. Aplicado a los dramáticos casos de Jovi y Jorge Luis, ellos habrían estado trabajando en condiciones infrahumanas de semi-esclavitud debido a que estaban excluidos de la formalidad. Aplicado a los millones de vendedores ambulantes y otros auto-empleados, la mayoría habría optado por trabajar así por decisión propia. Cabe destacar que cerca de la mitad de trabajadores en el Perú son auto-empleados y trabajadores familiares no remunerados (TFNR).

Las cifras del INEI indican que más del 70% de trabajadores ocupados en el Perú son informales. Según cifras de la CEPAL, en lo que va del presente siglo, el Perú es el país que ha crecido más en América Latina, después de Panamá. Sin embargo, es también el segundo país con mayor nivel de informalidad de la región, después de Bolivia. Y es que el modelo económico neoliberal no es capaz de generar empleo formal, productivo, de calidad, ni siquiera en contextos de acelerado crecimiento, en este caso posibilitado por el súper ciclo del precio de las materias primas de 2004-2013. Esa es la tragedia productiva del Perú de nuestros días: el síndrome de precariedad laboral que condena a 7 de cada 10 trabajadores al círculo vicioso baja productividad – bajos ingresos – pobreza y vulnerabilidad – microempresa y auto-empleo – informalidad.

Tengo la absoluta convicción de que la inmensa mayoría de trabajadores informales en el Perú no han optado por serlo, sino que están condenados a ello. Y de que la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras, antes que cualquier programa social, preferirían un empleo digno que les permitiera mantener a sus familias con decoro. La reducción de la informalidad no será posible en el marco del actual modelo económico, debido al síndrome de precariedad laboral que le es intrínseco, y que constituye la principal razón por la que debe ser cambiado.

[1] G. Perry, W. Maloney, O. Arias, P. Fajnzylber, A. Mason, y J. Saavedra-Chanduví (2007). Informalidad: escape y exclusión. Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe. Washington, DC.

http://elgranangular.com/blog/opiniones/informalidad-opcion-o-condena/