SAN JUAN, 28 de mayo de 2017 (NCM) – Una opinión emitida por el Departamento de Justicia sobre restricciones en los pagos a funcionarios públicos, escrita para atender el problema de la huelga universitaria, ha tenido el inesperado efecto colateral de meter en problemas legales a la directora ejecutiva de la junta de control, Natalie Jaresko.

El problema surge de la extensión de la opinión, que cubre a todas las agencias y corporaciones del Estado y dispone que sólo se pueden pagar servicios directos prestados al gobierno sin excepciones, sin importar lo que diga el contrato.

Sin embargo, el caso más notable de contratación excepcional es el de Jaresko, a quien se le autoriza a usar tiempo de trabajo y dinero público para viajar a Ucrania, atender sus inversiones privadas, dirigir el Instituto Aspen de Kiev, intervenir en la política interna de ese país del oriente de Europa y en la conducción de asuntos de organizaciones de tipo internacional de las cuales Puerto Rico no forma parte. Todo eso resulta ilegal a base de la opinión emitida por Justicia.

Pero las dificultades para la estrategia del Gobierno que busca prevenir que la oposición a las medidas impuestas por la junta de control se convierta en un alzamiento, no se limitan a los problemas legales de Jaresko. La parte de la estrategia referente a las medidas de coerción para enfrentar a los rebeldes ha tenido también efectos colaterales inesperados, como en el caso de la prisión sumaria de la activista estudiantil Nina Droz.

Lejos de servir de escarmiento para los estudiantes en huelga, el encarcelamiento de Droz, varias veces campeona nacional ecuestre, ha entrado en una ruta controversial al circular informes extraoficiales que indican que en la cárcel federal de Estados Unidos se le han estado negando los medicamentos imprescindibles para una condición crónica y grave de salud. A la fecha de cierre de esta crónica, Droz llevaba 28 días sin medicamentos, lo que levanta el tema de la tortura.

El trato privilegiado para Jaresko frente a lo que podría considerarse castigo cruel e inusitado de Droz marca puntos extremos a los que está llegando la tensión en Puerto Rico, que a pesar de ser colonia de EEUU fue el primer país del mundo que proclamó en su constitución –a mediados del siglo pasado- que la dignidad del ser humano es inviolable.

El encono entre bandos ha terminado también por involucrar directamente al Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación, que ha quedado en situación incómoda por la información sobre el manejo de una carta y un correo electrónico que le involucran directamente en los intentos de una treta para descarrilar la huelga universitaria. Ante eso, los funcionarios de Palacio hacen malabares para tratar de mantener la apariencia de que han estado al margen de la situación interna de la Universidad de Puerto Rico, donde fracasaron al menos cinco intentos de tomar su principal centro por asalto policial mientras se daba la apariencia de negociar un acuerdo con los huelguistas.

Contrario a lo que se hubiera podido esperar, los estudiantes del principal recinto de la UPR se reunieron por miles en su cuarta asamblea general celebrada durante este período de  paralización  y acordaron abrir los portones sólo cuando el Gobierno ratifique los acuerdos negociados. Además, el germen rebelde se sigue regando y ya se han registrado medio centenar de paros en planteles públicos de enseñanza ante la decisión del Gobierno de continuar cerrando escuelas.

Peritos de Washington han advertido que una rebelión podría anular el valor de las propiedades que se ofrecerían para aplacar a los acreedores de Wall Street.

Ante ese panorama, el Gobierno y la junta de control hacen esfuerzos por presentar la mejor cara para el proceso judicial de quiebra especial y negociaciones con los acreedores. Pero las medidas y reformas económicas siguen sin dar señales de tener los efectos deseados y continúa la caída libre de la economía de Puerto Rico, hasta el punto de que la especialista Cheryl D. Block, de la Universidad de Washington, advirtió en una artículo publicado este año que nadie ha producido una explicación total de por qué está ocurriendo este desastre.

De hecho, a pesar de que se aprobó una contra reforma laboral que se esperaba fuese respondida por los empresarios con la creación de muchos empleos, ese renglón económico ha experimentado una nueva caída. Según la base de datos del Departamento del Trabajo, las cifras más recientes, correspondientes a abril, muestran bajas en los puestos ocupados en la agricultura, la construcción, el comercio y los servicios para marcar el empleo total en 991.000, lo que representa una pérdida neta de 26.000 en dos meses o más de 425 cada día.

Un indicador todavía más preocupante es el del Índice de Actividad Económica, que en el primer trimestre del año marcó un nivel de apenas 21 puntos sobre la base de 100 establecida en 1980, la puntuación más baja en casi 25 años.

El efecto de encerrona política ya es observable a simple vista por los preparativos para el plebiscito del próximo 11 de junio sobre la condición colonial, que han sido objeto de boicot por parte de los partidos opositores, a lo que se han sumado sindicatos, grupos sociales y los estudiantes en huelga.

Informes obtenidos en la Comisión Estatal de Elecciones indican el registro electoral no ha crecido y el simulacro para probar la transmisión de los resultados tuvo que conducirse en cerca de 100 mesas de votación solamente cuando se suponía que cubriera tres mil.

A esas señales se suma que las solicitudes para voto adelantado bajaron en cerca de 90 por ciento con 1.250 cuando para los comicios del año pasado fueron 13.978. Además, los pedidos de voto a domicilio se limitaron a 1.909, mientras en 2016 fueron 10.341.

En una protesta que paralizó una avenida del distrito financiero, los estudiantes rebeldes cantaban “revolución del corazón, la lucha inspira mi canto, reclama revolución”.