Después de repasar con calma los últimos sucesos contra Venezuela en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) para aprobar la aplicación de la Carta Democrática, el accionar de la derecha en las elecciones presidenciales ecuatorianas, los ataques contra la figura de Evo Morales en Bolivia y en el lanzamiento en el Congreso norteamericano de la iniciativa legislativa "Nica Act 2" contra el gobierno de Daniel Ortega, deja de manifiesto que ningún suceso en el escenario político latinoamericano está aislado.

Aunque aún hay cierta incertidumbre en el establishment sobre la tendencia de Donald Trump en política exterior, hasta el momento el presidente norteamericano ha dado muestras de apoyar una agenda política de presión hacia América Latina.

El propósito final sería el de descomponer lo que queda del bloque integracionista, que hace unos años representó la cumbre de la izquierda y el progresismo latinoamericano.

Trump intenta bilateralizar las relaciones para ejercer mayor presión sobre países dependientes económicamente de Estados Unidos. De esta manera serán ellos los que den la cara. Una estrategia antigua respaldada por Langley, como ya es costumbre en la política hacia lo que Washington considera su patio trasero.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha sido un componente clave de dicha estrategia. Su estocada contra Venezuela en el primer trimestre del año en curso -con el apoyo de México y Canadá, casualmente los países más débiles en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) que evalúa Trump- así lo demuestra.

Fuerte presión en los pasillos de la OEA

Al parecer, los fondos que Donald Trump recortó al Departamento de Estado y la USAID fueron a parar a los bolsillos de diplomáticos extranjeros que han cedido ante las presiones, a cambio de una cuenta off-shore en algún paraíso fiscal del área.

Sin embargo, países como Cuba, Bolivia y Nicaragua se han mantenido firmes en su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, mostrándose entre los países con mayor compromiso solidario de la región latinoamericana y de mayor decoro en la defensa de la soberanía.

Sería ingenuo pensar que, en este contexto, el resurgimiento del Nicaraguan Investment Conditionality Act,  también conocido como Nica Act, sea un tema aislado.

La amenaza es clara: retirar el apoyo a Venezuela o sufrir las consecuencias de una política de guerra económica que fue anunciada por Estados Unidos contra el gobierno sandinista durante la campaña electoral de 2016, y respaldada por los cabecillas locales de la oposición.

Los congresistas de origen cubano Ileana Ros-Lethinen, Albio Sires y Marco Rubio vuelven a ser pieza clave en la implementación de la estrategia con acceso directo a la oficina de Donald Trump.

Uno de los trampolines parece ser Helen Aguirre Ferré, de origen nicaragüense y nombrada por Trump como asesora especial para temas de comunicación. Vinculada a una familia de la derecha criolla (ex militares de la dictadura de los Somoza), goza de la confianza de las estructuras de la inteligencia estadounidenses.

En este sentido no debe sorprender que el Congreso norteamericano haya retomado esta iniciativa legislativa, que se caracteriza por su fuerte connotación injerencista. Una especie de "waiver" que aseguraría el voto contrario -y determinante- de Estados Unidos a la aprobación de cualquier préstamo de organismos multilaterales de crédito a Nicaragua.

Todo en aras de favorecer un supuesto restablecimiento de la democracia y la realización de elecciones libres, justas y transparentes, así como una supuesta lucha contra la corrupción.

El reciente viaje de Ileana Ros-Lethinen en países como Guatemala y Honduras tuvo como propósito presionar a grupos de poder económico, con vínculos en Nicaragua, para que retiren sus inversiones del país.

Además, representó un procedimiento "menos riesgoso" para la entrega de fondos del Instituto Republicano Internacional (IRI) que Ros-Lethinen gestionó a favor de opositores locales, como la ex directora del Movimiento Por Nicaragua (MpN) Violeta Granera, la presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Ana Margarita Vijil Gurdián, del secretario general de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) Marcos Carmona y el director del Centro de Investigación de las Comunicaciones (CINCO) Carlos Fernando Chamorro, para que desarrollen sus estrategias previo a las elecciones municipales del próximo noviembre.

Lo que no sabe el contribuyente norteamericano es que el viaje de Ileana Ros-Lethinen, pagado con fondos federales, también sirvió para acercarse a la frontera nicaragüense y reunirse con sus socios tabacaleros de Estelí, que financian parte de su campaña. De igual forma, pudo controlar las inversiones privadas que tiene en empresas involucradas con la explotación ilícita de camarón en la costa Caribe nicaragüense, con destino a países asiáticos como China.

Pronunciamientos contra Nica Act

La posición del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha sido firme. Hasta el momento el presidente Daniel Ortega cuenta con amplio respaldo, tanto interno como regional, en la denuncia de esta iniciativa injerencista. Los pronunciamientos en contra del Nica Act en todas las esferas de la sociedad nicaragüense y organismos regionales así lo demuestran.

Fuente: LINyM

http://nicaraguaymasespanol.blogspot.it/2017/04/la-nica-act-2017-trump-y-latinoamerica.html