No hay analista ni gobierno serio que pueda afirmar que el sistema internacional de comercio y financiero goza de buena salud.  Por el contrario existe una creciente preocupación por evitar una mayor crisis global.

Partimos de la premisa que los “nuevos” tratados comerciales y financieros y el orden financiero global están en crisis y retroceso, pero ni los EE.UU. ni la UE son ya los únicos actores determinantes de las tendencias comerciales ni financieras.  Y el fracaso o estancamiento de sus mega-iniciativas y de su territorio de dominio son señales de un proceso de transición contradictorio hacia un nuevo ciclo de acumulación y hegemonía (en el sentido de G. Arrighi) pues se ha creado, también, un espacio político difícil pero de posible avance de poderes y nuevas alianzas sociales y estatales emergentes.

Sus raíces recientes

Las políticas del “Consenso de Washington” (1990), de liberalización comercial y financiera, “disciplina” fiscal, estabilidad monetaria y cambiaria y privatización de las empresas estatales han sido el alma de los tratados comerciales y financieros.  Políticamente estaban destinadas a reducir la presencia del Estado en la regulación económica y política, y dejar todo esto en manos de las “fuerzas del mercado”, es decir de la ley del más fuerte, del capital.

Esas recetas de política económica se volvieron el mantra fundamentalista de estabilizar, privatizar y liberalizar, para “la modernización y la competitividad” y engendrar los llamados tratados de libre comercio (TLC).  El TLC de América del Norte (1993) fue el primer “compendio” que recogió y volvió obligatorias las famosas medidas de Washington.  Su Capítulo 11, relativo a Inversiones, asentó una generosa definición de inversión y de derechos a los inversionistas transnacionales.  Esto se reconoce como el modelo base de varios acuerdos multilaterales sobre comercio e inversión.

La OECD y el FMI fracasaron tratando de reproducir ese capítulo en las negociaciones iniciales de la Organización Mundial de Comercio (OMC, 1994) e insistieron bajo la Agenda de Singapur, en la Cumbre de 1996.  Pero ante sus fracasos optaron por construir y promover el llamado Acuerdo Multilateral sobre Inversión (AMI) buscando las adhesiones de la mayoría de países que no habían participado en su negociación.  Sin embargo, la campaña mundial contra el AMI y OMC (Seattle, 1999) y la destacada oposición de Francia logró abortarlo ese mismo año.

Ante el fracaso de imponer sus acuerdos “multilaterales”, la administración Bush adoptó la vía de intensificar los acuerdos bilaterales de libre comercio para asegurar acuerdos preferenciales… y dada la asimetría de poder en la “negociación”, la crítica social y académica denunció la injusticia y anómala perspectiva.  Jagdish Bhagwati, reconocido experto, sentenció: “…los EE.UU. los ha utilizado para intimidar estados más pequeños que desean tener acceso al gran mercado estadounidenses y los han convertido en las termitas del sistema internacional”.  Esa estrategia la ha retomado D. Trump.

Esa política y sus actores se ha sustentado en la transnacionalización de la producción (globalizada), proceso impulsado por una pequeña pero poderosa clase capitalista transnacional que necesita y ha ido creando mecanismos formales e informales de “gobernanza” global de la economía, una especie de estado transnacional, proceso en el cual los tratados de libre comercio e inversión son una especie de constitución mundial de una única economía, según dijo el ex-director de la OMC (Ruggiero, 1996) o de los derechos del capital.

Rechazo a los megatratados

Usando la telaraña previamente tejida de tratados bilaterales y regionales, los intereses del capital transnacional, encabezados por el dueto EE.UU.-UE, desataron una etapa de megatratados del siglo XXI, con los cuales han buscado unificar infructuosamente las reglas mundiales de inversión, comercio y otras materias de atractivo futuro lucrativo, como la propiedad intelectual, compras gubernamentales y los servicios públicos; las reglas del siglo XXI que debería dictar EE.UU. insistía el derrotado Barack Obama.

La resistencia ha sido más dura que los propósitos transnacionales originales.  La triada de megatratados transnacionales comerciales encabeza la crisis de esos instrumentos corporativos; el tratado transpacífico (TPP) eliminado, el transatlántico (TTIP) en fase terminal, y el Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA) con diagnóstico clínico-político “reservado”.  Estamos ante evidentes síntomas de una parte de la política fracasada de la globalización transnacional; una política, además, social y ambientalmente patológica como nunca se había vivido.

En paralelo, la política financiera y monetaria internacional, la otra parte sustancial de esa política transnacional desreguladora, también se encuentra en crisis.  Sus instituciones e instrumentos resultan cada día más alejados de sus propósitos básicos de propiciar estabilidad financiera y sustento a la economía productiva, y se han transformado en procesos de acumulación financiera parasitarios sin control real que han asaltado ya el poder político público.

Los multimillonarios rescates a los bancos han sido ampliamente criticados por su ineficacia y engaño.  Por ejemplo, “El Congreso –de EEUU- había aprobado $ 700 mil millones para comprar hipotecas tóxicas, pero $ 250 mil millones de dólares del dinero fueron desplazados a las inyecciones directas de capital para los bancos…”… Y “El inspector general especial para la síntesis del TARP (los Programas) de rescate dice que el –verdadero– compromiso total del gobierno es $ 16.8 billones de dólares con los $ 4.6 billones ya abonados”.

Por su parte, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ex Director de Gestión del Goldman Sachs Group, Inc., “decidió en diciembre de 2011, proporcionar un préstamo a tres años para salvar a los bancos europeos, sin consultar, ni a la Comisión Europea ni las otras instituciones de la UE.  La cantidad total fue de poco menos de € 500 mil millones con tasas de interés simbólicas”.  Ahora dicho funcionario esta demandado civil y por petición parlamentaria, y bajo investigación del ombudsman europeo, sobre sus vínculos de posible dependencia política del grupo de los 30 poderosos banqueros, antes que de los países miembros de la UE.

De lo anterior se sirvió D. Trump para decir: "Es una estructura de poder global que es responsable de las decisiones económicas que han robado a nuestra clase obrera, despojado a nuestro país de su riqueza y poner ese dinero en los bolsillos de un puñado de grandes corporaciones y entidades políticas". (¡Sic!)

Persisten los riesgos financieros y el incumplimiento de las promesas

Desde el acuerdo multilateral de Basilea II (2004) del Banco de Bancos, (BIS), se acordó respetar el enfoque de tres requisitos de estabilidad preventiva: un mínimo de capital regulatorio, una revisión supervisora y ajustarse a la disciplina del mercado.  No obstante, recientes informes de laboratorios especializados y oficinas gubernamentales de EEUU y UE de supervisión de la volatilidad demuestran la persistencia de riesgo sistémico, y el alto impacto potencial de quiebra de bancos grandes por incumplimiento de las políticas preventivas.  El grado de interconexión de los mayores bancos constituye también una amenaza grave para la estabilidad financiera global.

Desde que banqueros y Clinton derogaron en 1999 la Ley Glass-Steagall (1933), dique legal que evitaba la especulación entre la banca comercial y financiera, se propició y facilitó la terrible crisis financiera de 2007-2008.  La respuesta fue un fabuloso rescate o mega-subsidio a los bancos por ser “tan grandes que no podían fracasar”, y la emisión de la Ley Dodd-Frank, pero se permitió una impunidad a los delincuentes financieros.  La búsqueda de la desregulación ha vuelto a aflorar en el mismo Congreso, y con un Gobierno Goldmanizado, D.Trump empieza su regreso al pasado con una dudosa Orden Ejecutiva que cínicamente declara el desmantelamiento de la regulación adoptada para evitar una nueva crisis.  Pero también revive la confrontación global, en el Congreso y en otros países.

Derogar o podar la Ley Dodd-Frank busca eliminar los impedimentos para expandir la acumulación financiera vía acciones especulativas, destacadamente con derivados o nuevos instrumentos financieros “innovadores” como la multibillonaria emisión de dinero sin respaldo económico real (QE) y la manipuladora re-compra transfronteriza del BCE o del BOJ de Bonos del Tesoro para sostener artificialmente una economía anómala.  Todo eso bajo el discurso de “…desatascar las arterias de nuestro sistema financiero para que la sangre del capital pueda fluir más libremente y crear empleos".  Esos mismos propósitos están plasmados, pero como “derechos”, en la triada de “nuevos” TLC hoy en crisis.

Pero nuevamente, las políticas transnacionales financieras, monetarias y comerciales en marcha, disfrazadas de nacionalistas, entrañan muchas contradicciones políticas internas e internacionales que no auguran ni éxito en su instrumentación, ni continuidad hegemónica, ni estabilidad económica sustentable.  Los paradigmas neoliberales se resquebrajan y a las élites político-empresariales de América Latina se les mueve el otrora piso firme.  Habrá que prepararse para derrotar su tentación de regresar al pasado.

Alejandro Villamar /RMALC/México Mejor Sin TPP.

El autor agradece a Alberto Arroyo por sus sugerencias.