Más de diez horas por las calles de Caracas el 31 de marzo bajo el ambiente de un día normal. Sin embargo, en las redes y los medios de la derecha internacional ardíamos entre una disuelta Asamblea Nacional y un Autogolpe de Estado. Finalmente había llegado –por enésima vez- el día aciago de la anunciada dictadura del régimen. En Wikipedia ya aparecemos junto a países como la Alemania nazi, Lesoto, Uganda, Gambia, como ejemplo de un Gobierno que asume ilegalmente funciones parlamentarias.

Para quienes están fuera del país la noticia es una sola: el presidente Maduro no acepta la mayoría parlamentaria de oposición y resolvió acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para disolverla. La realidad: la Asamblea Nacional lleva más de un año en desacato porque juramentó como diputados a tres candidatos que participaron en fraude electoral en el estado Amazonas. Esta juramentación es decisiva en el país, pues daría una mayoría absoluta a la oposición para legislar sobre la aprobación del presupuesto de gastos operativos del Banco Central de Venezuela, autorización del Presupuesto Nacional, aprobación de decretos de estados de excepción, de iniciativas de enmiendas a la Constitución, incluso de Reforma Constitucional.

Bajo desacato no es posible juramentar una nueva junta directiva, pero lo hicieron. Con una Asamblea Nacional en desacato que a su vez solicita intervención extranjera, el TSJ emitió las sentencias 155 y 156 en las que se establece que mientras persista esa situación la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho.

La sensación de gloria de la oposición vino con las declaraciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien manifestó: “En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento”.

El presidente Nicolás Maduro convocó entonces al Consejo de Defensa de la Nación (conforme al artículo 323 de la Constitución y la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación), donde se acordó por medio de un comunicado la exhortación al TSJ a revisar las decisiones 155 y 156 para mantener la estabilidad institucional porque “los conflictos entre poderes se encausan mediante mecanismos de control constitucional y colaboración entre poderes”. ¿Esto pasaría en una dictadura?

Quienes vivimos el Golpe de Estado del año 2002 recordamos que una vez que el presidente Chávez volvió a Miraflores los medios de derecha se negaron a admitir que se hubiera ejecutado un Golpe, “fue un vacío de poder”, dijeron. Son los mismos medios que hablan hoy de un Autogolpe y de la supuesta disolución del Parlamento, cuando solo se ha llamado a que las y los diputados entren en el hilo constitucional.

En un país de supuesta dictadura el mismo presidente pidió al TSJ la revisión de la sentencia. El resultado: el TSJ sigue garantizando el Estado constitucional de derecho y el cumplimiento de los mandatos dados por la Carta Magna para mantener la soberanía y la estabilidad democrática. “Las decisiones emanadas por el TSJ no han despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado”.

Mientras tanto, en el Congreso paraguayo se trabajó a puerta cerrada una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial. Literalmente arde Paraguay. Centenares de personas detenidas y lesionadas por la policía.

Se cumplieron siete meses desde que en Brasil Michel Temer asumió la presidencia luego de que el Parlamento destituyera con 61 votos a la presidenta Dilma Rousseff, elegida con 56% del voto popular.

Pero es en Venezuela que no hay democracia.

Desde el año 2013 las arremetidas contra Venezuela se han profundizado y las políticas han respondido a la inmediatez de las necesidades alimentarias principalmente. Quienes conocemos la cotidianidad política sabemos de las estrategias de la derecha para movilizar a las calles mientras sus líderes están fuera del país, pero hay una realidad abierta y urgente desde hace tiempo: ¿Dónde están gestándose los debates y acciones que vayan más allá de las coyunturas? ¿Cómo trascender de una relación cada vez más distante entre el poder popular y los desgastados espacios de articulación institucional? ¿Cómo atravesar este y otros nuevos panoramas con un importante músculo de base cuyas banderas de lucha no son asumidas como agenda fundamental?

El poder popular sigue ahí, activo, comprometido, ocupando fábricas y tierras, produciendo pan, sistemas de distribución y alternativas. Desde ahí nos levantamos hoy en Venezuela para sostener lo que hay, lo que queda por hacer.

Texto: Katherine Castrillo / Contacto @ktikok

http://laculturanuestra.com/venezuela-ni-autogolpe-ni-brazos-caidos/