El año comenzó en Venezuela con una actividad gubernamental frenética que indica que el presidente, Nicolás Maduro, está determinado a tomar un papel protagónico en este 2017 electoral. Los anuncios realizados por el propio mandatario conforman todo un paquete de acciones destinado a la mejora de la situación económica –principal preocupación de la población venezolana, según todas las encuestas- así como a hacer frente a las maniobras de desestabilización política orquestadas por la oposición desde su mayoría en la Asamblea Nacional.

1. El efecto de fuerza en los cambios ministeriales

En Venezuela es tradicional que se produzca un relevo ministerial a principios de cada año. El movimiento más significativo en este 2017 es el nombramiento de Tareck El Aissami, hasta ahora gobernador del estado de Aragua, como vicepresidente ejecutivo, en sustitución de Aristóbulo Istúriz. A pesar de su juventud (42 años), El Aissami tiene una dilatada trayectoria política. De hecho, ya desde su militancia política en la universidad de la región andina de Mérida, Hugo Chávez se fija en él. Entre 2009 y 2012 asumió la cartera de Interior, un cargo sensible en un país traumatizado secularmente por la inseguridad. Sus principales legados fueron la creación de la Policía Nacional Bolivariana, con el objetivo de continuar la sustitución de cuerpos policiales municipales y regionales que actuaban como guardias pretorianas de los hombres fuertes de cada zona, y el diseño de una estrategia de lucha contra el narcotráfico ajena a las directrices de la agencia estadounidense DEA.

El Aissami tiene una ingente tarea ante sí. Los frentes son múltiples, desde la economía hasta la inseguridad o la contención de las intentonas antidemocráticas de la oposición. Lo previsible es que su protagonismo en determinadas áreas de la acción de Gobierno le permita a Maduro centrarse en temas económicos.

Por su parte, Istúriz, un histórico de la izquierda venezolana, se encargará del Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales, un ente fundamental para la profundización del Estado de las Comunas –último objetivo del proceso bolivariano, como recoge la Constitución de 1999 y se encargaba de repetir una y otra vez Chávez-. Este cargo venía ganando protagonismo por su papel en el funcionamiento los Consejos Locales de Alimentación y Producción- CLAP[1], una de las respuestas gubernamentales a la escasez de productos.

El otro nombramiento relevante es el de Ramón Lobo como ministro de Economía, Finanzas, Banca Pública. Industria y Comercio. No es ocioso escribir el nombre completo de la cartera. Se unifican todas las áreas de la economía que antes estaban dispersas en diferentes ministerios. Con esta centralización ejecutiva se pretende lograr mayor agilidad y coordinación a la hora de tomar decisiones económicas. Lobo aportará sus conocimientos teóricos como economista y especialista en gerencia empresarial, a la vez que su experiencia en política contraída en diferentes cargos, desde alcalde hasta diputado.

Finalmente, cabe reseñar el regreso de Elías Jaua, un histórico de los gabinetes ministeriales de Hugo Chávez, tras su paso por la Asamblea Nacional. Jaua, al frente de la Vicepresidencia de Desarrollo Territorial, se ha caracterizado siempre por un sólido pensamiento político de izquierdas que cobra especial importancia en estos momentos de intentos de restauración neoliberal en todo el subcontinente latinoamericano.

Con este nuevo gabinete, Nicolás Maduro deja tres mensajes de fuerte calado político:

• Las sinergias entre el PSUV y el Gobierno se mantienen. El binomio partido-ejecutivo sigue siendo fructífero a la hora de aportar cuadros con capacidad de gobierno y liderazgo.

• Con esta actividad, Nicolás Maduro reafirma lo evidente: que de ninguna forma ha abandonado el cargo, tal y como pregona la derecha desde su mayoría en la Asamblea Nacional.

• El presidente venezolano traza una agenda económica de largo aliento. Es decir, anuncia de forma implícita que va a concluir su mandato (2019) pese a las arremetidas de la derecha.

II. La derecha en su laberinto

El pasado lunes, la mayoría derechista de la Asamblea Nacional declaró el “abandono del cargo” de Nicolás Maduro y, consecuentemente, su destitución como presidente de la República y la convocatoria de elecciones. Para justificar su decisión, la bancada derechista adujo la “devastación económica”, “ruptura del orden constitucional” y “violentación de los derechos de los venezolanos”. De inmediato, el Tribunal Supremo de Justicia recordó a los parlamentarios que no están facultados para destituir al presidente de Venezuela. La advertencia no era necesaria. Los diputados derechistas ya eran conscientes. Henry Ramos Allup, presidente del parlamento el pasado año (los partidos que componen la frágil coalición opositora se rotarán en este cargo) lo reconoció con su habitual ironía: “No somos oligofrénicos. Sabemos que no va a haber elecciones”.

¿Qué lleva a la oposición a realizar acciones como ésta que, además de no ser legales, generan una frustración creciente entre sus votantes? Recuérdese que el pasado mes de noviembre la derecha anunció la apertura de un juicio político a Maduro y una marcha sobre el palacio de Miraflores para comunicarle su renuncia. El juicio político nunca se llevó a cabo, puesto que ni siquiera está contemplado en la oposición, como tuvieron que reconocer finalmente destacados dirigentes opositores como Capriles o Torrealba. La manifestación hacia Miraflores, obviamente, quedó en el olvido. La indignación entre sus seguidores alcanzó límites nunca vistos, con abucheos en actos públicos incluidos.

La derecha venezolana se encuentra perdida en un laberinto que ella misma construyó. Llegó a la Asamblea Nacional prometiendo que enmendaría la situación económica y no se le conoce ninguna iniciativa en este sentido. También prometió que Maduro estaría fuera del poder en seis meses. Ha transcurrido más de un año y el líder bolivariano sigue en su puesto. Lanzan guiños a sus seguidores más radicales, aquellos que propugnan una salida violenta, pero se olvidan de que las mayorías populares lo que quieren son soluciones a sus problemas cotidianos y no desestabilización callejera. En consecuencia, la atención de la gente hacia el Parlamento cada vez es menor y, por tanto, son mayores sus intentos de llamar la atención mediante medidas que no tienen ninguna posibilidad de prosperar. Los guiños del nuevo presidente, Julio Borges, al ejército son recibidos por éste como lo que son, incitaciones a un golpe de Estado que el propio alto mando militar se ha apresurado a rechazar, ratificando su lealtad al orden constitucional…

La única salida razonable a ese laberinto en el que la derecha se encuentra perdida tiene una fecha: diciembre de 2018, momento en el que se deberían celebrar elecciones presidenciales. Pero da la impresión de que la oposición venezolana no tiene la seguridad de afrontar con garantías ese proceso toda vez que su desempeño en estos años ha concitado un rechazo unánime del pueblo venezolano. Por eso es muy probable que todo este tiempo esté jalonado por iniciativas de este tipo que, en último término, lo que hacen es encerrarles en sí mismos.

III. Es la economía…

De acuerdo al panorama anterior, el principal desafío que tiene el gobierno es ganar la batalla económica. El presidente Maduro fue clave en la construcción del consenso de la Organización de Estados Productores de Petróleo (OPEP por sus siglas en inglés) para reducir la cuota mundial de producción de barriles del crudo que ayudó a estabilizar los precios en un poco más de $50 USD por barril[2]; un indicador definitivo para garantizar el presupuesto de la nación y el cumplimiento de las metas de abastecimiento alimenticio en contra de la especulación, el acaparamiento y la consecuente escasez.

En ese mismo camino, el gobierno ha tomado el pulso a la situación de distorsión que significan el contrabando y el cambio ilegal de moneda en la extensa frontera con Colombia. A la exclusión de circulación y valor del billete de 100 bolívares fuertes, se le sumó la creación de casas de cambio oficiales en la frontera que expenderán y comprarán divisas al valor oficial, luchando contra las conocidas mafias apostadas del lado colombiano, amparadas en la resolución 8 del año 2000, que permite un doble cambio de la moneda venezolana, la cual paga en Banco de la República colombiano a valores oficiales 1 bolívar fuerte=294,66 pesos colombianos, mientras los cambistas la convierten a razón de 1 peso=1 bolívar fuerte[3].

El gobierno también estableció la venta de gasolina en pesos colombianos en territorio venezolano, una medida que pretende ampliar el ingreso de divisas y controlar el contrabando del combustible. Se debe recordar que la gasolina en las estaciones de servicio venezolanas es la más barata del mundo (0,03 dólares por litro)[4], que la convierte en un bien extraíble en forma de contrabando para ser vendida en Colombia donde el promedio del litro es de 1 dólar[5].

Se espera que las medidas económicas antes mencionadas, más la suba del salario en un 50% decretado el pasado 8 de enero[6], el fortalecimiento de los CLAP y la lucha contra la especulación logren mejorar la situación económica de las familias venezolanas. Queda en evidencia que el gobierno de Venezuela viene actuando con fórmulas heterodoxas buscando, en un escenario conflictivo, garantizar el consumo de los principales bienes de necesidad y mantener así las condiciones sociales de dignidad que se han conseguido en estos años de transformaciones.

@javiercc21

Notas

[1]http://www.telesurtv.net/news/Que-son-los-Comites-Locales-de-Abastecimie...

[2]http://minci.gob.ve/2016/10/exitosa-gira-presidencial-por-paises-opep-y-...

[3]http://www.las2orillas.co/como-opera-el-perverso-ataque-contra-el-boliva...

[4]http://www.telesurtv.net/news/Venezuela-tiene-aun-la-gasolina-mas-barata...

[5]http://datos.bancomundial.org/indicador/EP.PMP.SGAS.CD

[6]http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/08/sube-maduro-50-el-salario-...

Fuente: http://www.celag.org/informe-maduro-a-la-ofensiva/