En pocas semanas actores estatales y productores sojeros violentaron tres comunidades, arrasando múltiples derechos de cerca de 1.200 personas.

“Vuelta de tuerca” sobre la tierra

 Durante los dos primeros años de gobierno de Horacio Cartes y su proyecto de “nuevo rumbo” agentes estatales en función de este gobierno violentaron y criminalizaron a 43 comunidades campesinas, que reclamaban sus derechos frente a conflictos de tierra o de fumigaciones sojeras. 1 En todos los casos imputaron, encarcelaron o condenaron a referentes de dichas comunidades. En la mayoría de los episodios, también, los agentes estatales actuaron ilegalmente, pues con simples órdenes de detención ejecutaron desalojos de comunidades enteras, incluido el derribo de viviendas. Todas estas situaciones y su gravedad fueron difundidas públicamente, mas ningún órgano del Estado intervino después de las denuncias públicas.

El de Cartes se inscribe entre aquellas administraciones decididas a encaminar todo tipo de políticas económicas, ambientales, económicas y de seguridad funcionales al modelo de agronegocios, por lo que podemos considerarla como una expresión política del modelo. De hecho el mismo presidente de la República y su vice, Juan Afara, obtienen gran parte de sus riquezas familiares a partir de la explotación sojera, ganadera y la especulación con tierras.

Es parte de la naturaleza del modelo sojero expandirse sobre nuevas tierras para acrecentar sus ganancias, y en Paraguay este crecimiento de superficie se viene dando sobre tierras fiscales, campesinas o indígenas históricamente.

Esto es viable a través de un Estado organizado funcionalmente a los intereses de los sectores acaparadores de la tierra, para las que las familias campesinas e indígenas que disputan la tierra para recrear en ella sus derechos, son un estorbo.

Desde hace unos 20 años Paraguay vive una intensa ofensiva sobre las tierras campesinas e indígenas, pero para la analista Inés Franceschelli, a partir de agosto último se vive una decisión del gobierno de apretar el acelerador de este proceso de acaparamiento, como una “vuelta de tuerca”. En  el último mes y medio autoridades institucionales, fiscales, jueces y policías de Paraguay protagonizaron, en coordinación con empresarios productores de soja, tres grandes operativos ilegales de desalojo forzoso contra dos comunidades campesinas y una indígena, dejando en

situación de emergencia humanitaria a cerca de 250 familias.

En todas ellas el objetivo fue expulsar de colonias del mismo Estado o de territorios ancestrales a familias campesinas e indígenas beneficiarias de las políticas de tierra, para que los intereses sojeros penetren en el lugar. En algunas de estas comunidades se sembró soja el día después del operativo, mientras las viviendas seguían humeando tras los desahucios. En la mayoría de estas comunidades el operativo, además, destruyó infraestructuras del mismo Estado, como pozos, tanques de agua, redes de electrificación, escuelas, etc. montadas en años anteriores.

Pero el nuevo rumbo y sus intereses “rueda” sobre una estructura estatal profundamente definida por niveles de corrupción en torno a la tierra estatal, que involucra principalmente a funcionarios del Instituto de la Tierra (INDERT) y del Registro de Propiedades, fiscales, jueces y escribanías privadas. Estas prácticas generan superposiciones de derechos sobre la tierra, de lo que resulta un escenario de confusión jurídica, que permite dar el golpe final a quienes tienen influencia económica o política.

Por su signo político-económico, el gobierno de Cartes viene recreando un clima favorable a los sectores acaparadores de tierra, que le anima a avanzar sobre nuevas dimensiones que antes eran impensadas.

Esta “vuelta de tuerca” para acumular y hacerse del recurso central de la tierra ocurre cuando el gobierno cumple más de la mitad de su mandato y cuando existe una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar en las elecciones de 2018, luego de que el Congreso denegara al presidente la posibilidad de ser re-electo y luego de que se publicaran encuestas que presentan como favorito al ex presidente Fernando Lugo, depuesto a través de un golpe institucional parlamentario en 2012 luego de la masacre de Curuguaty.

Fuente: Base Investigaciones Sociales (Base Is)